A la fiscalía general del estado






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A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

C/ Fortuny, 4

28071 Madrid.
___________________________________________, con DNI _________________, ______________________________________________ con DNI _________________, ______________________________________________ con DNI __________________, domicilio a efecto de notificaciones en la calle _______________________________________________________________________________y teléfonos de contacto _____________ / ______________, ciudadanos indignados, en virtud de la obligación que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 264) ante su Institución comparecen y como mejor proceda en derecho, formulan denuncia por la posible comisión de un delito de prevaricación, de tráfico de influencias o de cualquier otro que se determine, en base a los siguientes HECHOS:
I.- La existencia de un Auto de la Audiencia Nacional, de fecha 15 de junio de 2011 (Diligencias Previas 70/2011),1 en el que se admite a trámite denuncia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, contra el señor Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos (presidente del Banco de Santander) y buena parte de su familia, por la comisión de un supuesto delito contra la Hacienda Pública entre los años 2005 a 2009.
II.- En relación a este caso he tenido conocimiento, entre otras vías, por la edición digital del periódico La Vanguardia del día 24 de junio de 2010,2 de un comunicado que la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) emite denunciando un “escandaloso trato de favor” de la Agencia Tributaria a un determinado número de ciudadanos españoles con cuentas opacas en Suiza, por haber dado a estas personas la oportunidad de presentar, previo requerimiento, declaraciones complementarias con las que poder regularizar su situación y librar así responsabilidad penal, un trato que no se suele dispensar al resto de contribuyentes en circunstancias normales.

En este sentido, considera la propia IHE en su comunicado que se está pudiendo causar con tal trato de favor a estas personas un perjuicio claro a las arcas públicas, por cuanto que al ser avisados se les aplica únicamente un recargo del 20%, cuantía mucho menor que la que hubiera podido corresponder de proceder de una investigación con sus posteriores sanciones.

Conviene destacar que dicho perjuicio a la arcas públicas no sería pequeño, pues según se sabe y se da cuenta en el texto, para poder tener cuenta en el banco suizo al que hace alusión el caso se necesita disponer como mínimo de 2 millones de dólares (1´62 millones de euros) en activos líquidos en cuenta.
III.- Entonces no se sabía que entre las personas beneficiadas por este trato de favor se encontraba la familia Botín, cosa que se ha sabido recientemente y también han denunciado entre otros el colectivo GESTHA, que agrupa a Técnicos del Ministerio de Hacienda. Los técnicos de Gestha se expresan en la misma línea que los de IHE al afirmar: la Agencia Tributaria (AEAT) "ha perdido un tiempo precioso" al permitir a 300 contribuyentes regularizar voluntariamente su situación tributaria pagando únicamente recargos por presentación extemporánea e intereses de demora, ahorrándose las sanciones.3
IV.- Este advertencia o aviso para regularizar su situación tendría algo de lógica cuando el supuesto defraudador lo hace por descuido o por no haber sabido cumplimentar bien su declaración de la renta, esto es: no existiendo dolo o culpa. Pero no parece ser este el caso que nos ocupa, que llega a saberse por la apropiación de una documentación confidencial del banco suizo por parte de un antiguo empleado, información de unos clientes que se entiende sabían muy bien lo que hacían cuando abrían esas cuentas opacas en Suiza.
V.-Este supuesto trato de favor, en circunstancias normales ya me parece un claro agravio comparativo con el resto de ciudadanos, al margen de suponer también un perjuicio considerable para la Hacienda Pública. En las circunstancias actuales de grave crisis que atraviesa nuestro país, con millones de familias sufriendo situaciones de extrema precariedad y unas instituciones aplicando recortes sociales en todos los ámbitos, un trato de favor de este tipo me parece mucho más que un agravio, un asunto de máxima gravedad que merece consideración especial.
Tras todo lo expuesto, rogamos tenga a bien aceptar este escrito y proceder al efecto a investigar las actuaciones que aquí se citan, con el objeto de determinar las personas responsables por si pudieran haber incurrido en la comisión de algún delito de los que se citan al inicio.
En _______________________, ____ de ______________ de 2011.


Firmado: Firmado: Firmado:


OTROSÍ DIGO: El día 28 de junio de este año sale publicada en el periódico digital El Confidencial4 una noticia referida al asunto que nos ocupa, en la que se apunta que el supuesto trato de favor hacia la familia Botín al permitirles regularizar su situación pudiera haber sido orden directa de la propia Ministra de Economía Elena Salgado y no cosa de los inspectores de Hacienda, muy acostumbrados a proceder judicialmente contra grandes fortunas.

De ser cierto lo que se apunta en este último párrafo, la cuestión planteada es aún más grave, motivo por el cual SOLICITO tenga por completada con lo aquí expuesto la anterior denuncia, a los fines indicados.
Fecha y lugar “ut supra”.

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