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Estimado Germán: Muchas gracias por tus apreciaciones acerca de mis comentarios, los cuales me obligan a ahondar en el tema de la Planificación del Desarrollo, el SNIP y los proyectos de agua potable y saneamiento básico. El debate es pertinente y oportuno, porque es la primera vez en la historia del Perú que un cuestionador del sistema, que promete un programa inclusivo, accede a la primera magistratura del Estado. Y, como mencionas acertadamente, son soportes del desarrollo: la erradicación de la pobreza extrema, la inclusión social y la superación de la inequidad. Como sabemos el SNIP fue creado después de haberse decretado la muerte del Sistema Nacional de Planificación. El SNIP era la muleta para un país cojo, el instrumento del Ministerio de Economía y Finanzas para amarrar la caja fiscal, o lo que es lo mismo, la herramienta del gasto despensero. El país no tenía recursos, la balanza de pagos era deficitaria y era necesario reducir el Estado a su mínima expresión. Por supuesto, el pago de la deuda externa era mucho más importante que la satisfacción de las necesidades sociales. Sin embargo, por razones simplemente políticas, grandes proyectos, algunos de ellos poco rentables y con enorme gasto público, fueron exonerados del SNIP, como Olmos, Majes II, Los Corredores Bioceánicos (norte y sur) y el Alto Piura. Antes de la creación del Sistema Nacional de Planificación en el Perú se hicieron grandes inversiones desde la época de Leguía. La sostenibilidad de los proyectos se ha demostrado en los hechos; allí están las irrigaciones de La Joya en Arequipa, del Imperial en Cañete y otras. Los proyectos que no se hicieron no obedecieron a que alguien demostró su baja sostenibilidad; no, los proyectos no se hicieron porque el Estado no tenía recursos y el país no podía endeudarse más. Cuando ocurre el golpe de estado de Velasco la deuda externa estaba en el orden de 700 millones de dólares, al terminar este gobierno la deuda sumaba 2,500 millones y dos años después, solo por su refinanciación, Morales Bermúdez y Silva Ruete dejaron la deuda en 7,500 millones y después del segundo gobierno de Belaúnde llegó a 18,000 millones. Las estadísticas que presentas se refieren a proyectos de una dictadura que, a la vez, que hizo alianza con la vieja plutocracia del país, entregó (como toda dictadura clásica) las dádivas y migajas (y también circo) a su clientelaje político constituido por un sector de los más pobres. Por supuesto que todo esto fue hecho sin SNIP. Y, es cierto, lo que dices: “toda esa inversión, fue insostenible y sobredimensionada. Insostenible porque no se analizó ni se determinó, los condicionantes que permitirían que el servicio creado, rehabilitado o mejorado, pueda subsistir en el tiempo, ya que solo se le se desarrollaron expedientes técnicos y se entregó infraestructura y no se preocuparon de los temas de gestión, operación, mantenimiento, educación sanitaria y otros aspectos que garantizan la permanencia del servicio (que incluye el garantizar la vida útil de la infraestructura)”. ¿Cuánta inversión hemos perdido en esa época? Te quedas corto, porque no solamente se perdió la inversión hecha por Fujimori, sino también toda la inversión acumulada por el país durante 60 años en las empresas públicas, pues, éstas tenían un valor en libros de 32,000 millones de dólares y según el informe de Bologna se vendieron a 9,500 millones. Las inversiones perdidas que mencionas y estas deben ser materia de investigación que aún no se ha hecho y de sanción que está pendiente. Pero, no es un problema de la economía, ni de la planificación, sino de la justicia. Cuando se actúa por intereses pequeños y personales hay sobredimensionamientos y sobrevaloraciones; es lo normal en una dictadura. Pero, resulta que ahora vivimos en democracia, por primera vez tenemos superávits fiscales y ya no es tan cierto que nuestros recursos son escasos para atender las graves necesidades de la pobreza extrema. Claro que si un Gobierno o un Ministro de Economía quiere puede seguir enarbolando la bandera de los recursos escasos; así nos enseñaron en la Facultad de Economía. Pero tu mismo aciertas, el problema no es este, sino cómo optimizar la inversión. Y, a mi modo de ver, la inversión en la situación actual está optimizada de antemano si atiendes lo urgente. Evidentemente, lo urgente es darle agua potable y saneamiento básico a los más pobres del medio rural dentro de una perspectiva planificada de desarrollo económico social. Y aquí el perfil sobra y es un gasto inútil. La sostenibilidad en este caso es de carácter social; por tanto, la labor paralela de educación pública y salud pública aseguran esta sostenibilidad. Por supuesto que esto implica capacitación de los beneficiarios de acuerdo a un diagnóstico en la utilización, administración, operación y mantenimiento del sistema. Nadie que tiene 4 hijos y con la justa puede pagar el alquiler de una vivienda modesta, piensa en planos de una casa de 10 habitaciones, esto no sucede jamás en la realidad; en estas circunstancias las casas se hacen en un proyecto de largo plazo, sin perfil: compra del terreno, cerco, algunas habitaciones en casco habitable, después otras habitaciones si es necesario, un poco de pintura, parquet si tengo algo de plata, etc, etc. Conozco amigos ingenieros civiles que hicieron su casa en 15 años y aún siguen construyendo. Tus estimados a partir del Censo de Población del 2007 son correctos y dramáticos. Hay que atender una población de 8 millones en los próximos 10 años. El PRONASAR funcionando durante 10 años (desde el 2,004 hasta el 2,013) tiene una meta de 800,000 habitantes (exagerando). Mi estimado Germán, necesitamos 10 UGP PRONASAR para continuar haciendo perfiles recargados (casi estudios de factibilidad) de proyectos de agua y saneamiento que puede hacer cualquier buen maestro de obra sin ningún problema con planos adecuados. Necesitamos resucitar el Sistema de Planificación y acabar de una vez por todas con un SNIP que era bueno para amarrar el gasto fiscal en épocas pasadas y que no sirve para una política de inclusión social. Vamos a invertir los 4,800 millones de dólares que estimas en las mejores condiciones de preparación del desarrollo y no en el contexto de la ausencia de planificación que representa el SNIP. Además el mayor problema de la preinversión para los proyectos inclusivos no es en realidad el costo, sino, sobre todo, el tiempo. Allí están los niños muriendo de diarrea mientras nosotros exigimos perfección en los perfiles y después, su reelaboración, porque los expedientes técnicos demostraron que no servían; y nuevamente la actualización de los expedientes técnicos. Tu y yo ssabemos que la saga puede continuar. Termino con tus palabras: “Me parece que el país debe invertir mucho en creación de capacidades en lo que se refiere a inversiones, tanto en los gobiernos subnacionales como en la creación de un mercado de consultores de agua y saneamiento fuera de Lima en particular. Solo así agilizaremos y mejoraremos la formulación y evaluación de los proyectos tanto en calidad como en tiempo. Solo así contribuiremos de manera sostenible a la lucha contra la inequidad, porque la identificación de necesidades, las alternativas de solución y las decisiones de ejecución, serán tomadas por los actores directos, siendo esta sí, una forma efectiva de descentralización”. Un abrazo Ricardo Sánchez Carlessi. |