Prólogo XI reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos Unión Europea
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El Acuerdo Marco de Cooperación México-Unión Europea y los Planes Plurianuales A la luz de tales propósitos en 1997 México y la Comisión Europea suscribieron el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, signando en el año 2002 el Acuerdo Marco de Cooperación bilateral, con base en el cual fue puesto en marcha el primer Plan Plurianual de Colaboración México-UE 2002-2006, en el cual se definieron cuatro áreas prioritarias de la relación bilateral:
Este Plan contó con una asignación presupuestaria de la UE 56.2 millones de euros, realizándose durante su instrumentación programas y proyectos en temas como el Fortalecimiento y la Administración de Justicia, el proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Chiapas, el Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, el Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio México-UE y el Programa de Derechos Humanos México-UE.61 Tras este periodo, en 2007 fue firmado el Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación Relacionada con el Programa Indicativo Nacional 2007-2013, con una aportación económica de la UE de 55 millones de euros, mismos que son complementados en una cuantía equivalente por México, en cuyo marco se desarrollan acciones en los ámbitos de la asistencia técnica, formación, capacitación y realización de eventos. En cuanto a las esferas de actuación, por su importancia destacan la cohesión social, los derechos humanos y la educación y la cultura, mismos que se analizan a continuación. Cohesión Social Sobre el primer rubro, es importante señalar que en el ámbito bilateral destacan las acciones realizadas al amparo de los “Diálogos sobre Políticas de Cohesión Social entre México y la Unión Europea”.62 Esta iniciativa tiene como propósito contribuir al mejoramiento de la cohesión social63 en la sociedad mexicana mediante la realización de eventos con miras a facilitar la formulación y la instrumentación de políticas públicas a favor de la cohesión social en el ámbito gubernamental del país. Independientemente de que como se ha argumentado en otra oportunidad el fomento de la cohesión social mediante este tipo de acciones resulta una tarea compleja de lograr,64 los distintos encuentros realizados en el marco de este ejercicio han permitido a las instituciones mexicanas participantes contar con conocimiento actualizado y buenas prácticas europeas en los temas específicos que se tratan.65 Derechos humanos En 2008 México y la Comisión Europea firmaron un Convenio cooperación bilateral por una cuantía de $700,000 euros para ser ejecutado en un periodo de dos años, denominado Programa de Derechos Humanos entre la Unión Europea y México (PDHUEM)66 correspondiente a la segunda fase de este tipo de actividades realizadas del 2004 al 2007. Su objetivo es fortalecer la cohesión social del Estado Mexicano, fomentando el Estado de derecho y la protección a los derechos humanos mediante el otorgamiento de asistencia técnica a las instituciones públicas en el desarrollo de capacidades institucionales, con el fin de elaborar reformas legislativas y de políticas públicas, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado mexicano en materia de derechos humanos.67 Esta iniciativa, que emana del “Instrumento de Financiación para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos,68 corresponde al ámbito proactivo del activismo europeo en torno al impulso de sendos valores a escala global. Mediante este mecanismo,69 la UE contribuye mediante acciones concretas al mejoramiento de las condiciones en dichos tópicos en sus países socios, en particular en aquellas cuestiones en donde se registren elementos de oportunidad. Entre las actividades más recientes y representativas del PDHUEM, que como en el ámbito de la cohesión social se realizan en buena medida a través de seminarios de instrucción y concientización en la materia, se encuentran las siguientes: “Seminario sobre el uso legítimo de la fuerza y la protección de los derechos humanos” (Cancún, 2009); “Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas” (Mérida, 2009) y “Seminario para la Implementación del Protocolo de Estambul en las Instituciones del Estado mexicano: Estrategia eficaz para la investigación y documentación de la tortura y el maltrato” (Monterrey, 2008). Educación y cultura En el marco de este rubro de actuación -de menor dinamismo que los anteriores- se ha conseguido, entre otras metas, establecer el Fondo Cultural México-Unión Europea Fase II, cuyo propósito es fortalecer e incrementar los intercambios de artistas mexicanos y europeos, así como favorecer proyectos que amplíen la oferta cultural y el acceso de minorías culturales. Asimismo, fue firmada por la Secretaría de Educación Pública de México y la Comisaria para la Educación, Capacitación, Cultura y Juventud de la Comisión Europea la Declaración Conjunta en Educación y Juventud, que aspira a incrementar la movilidad académica y estudiantil y el reconocimiento mutuo de títulos y grados entre ambas partes, entre otros asuntos. Finalmente, en el marco de la Declaración Conjunta entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y la referida Comisaría de 2009, misma que pretende promover el desarrollo de industrias culturales en México y en la UE y el diálogo intercultural entre las Partes, se prevé celebrar el Seminario del Diálogo Sectorial en Cultura, a llevarse a cabo en México en el año 2011. Consideraciones finales Como se ha referido en este texto, la UE y México registran una creciente proactividad en materia de CID a favor del impulso de temas de interés mutuo, en donde la cohesión social, los derechos humanos y el fomento a la educación y la cultura constituyen referentes importantes, mas no exclusivos, en este sentido. A este respecto, la cofinanciación y la colaboración en un plano de equidad y corresponsabilidad en cuanto a la definición, financiación y puesta en marcha de los programas y proyectos entre ambas partes ha caracterizado las relaciones entre instituciones, funcionarios y otros actores tanto mexicanos como europeos; en apego al espíritu y principios de la cooperación internacional, en el sentido de instrumentarse mediante esquemas de horizontalidad participativa. Empero, si bien es cierto que estas acciones de colaboración han incrementado sus logros y alcances en los últimos años, tal parece que sus resultados aún carecen de suficientes efectos visibles o tangibles en cuanto a los sectores y ámbitos a los que pretenden atender; particularmente en cuanto al impulso de la cohesión social se refiere. De igual forma, continua siendo latente la necesidad de incrementar y mejorar las evaluaciones de los resultados emanados de las actividades realizadas, lo cual puede contribuir a la identificación de buenas prácticas o, en su caso, de elementos de oportunidad, a favor de la optimización de insumos y recursos invertidos en programas bilaterales posteriores. En síntesis, la CID entre la UE y México, realizada desde el 2002 a la fecha en el marco de sus dos periodos programáticos, ha generado un acervo de actividades y experiencias que contribuyen y complementan las relaciones políticas y económicas entre ambos. Estas acciones si bien han propiciado espacios para la atención a rubros de interés mutuo, aún encara el reto de incidir con mayor determinación en el fomento de la cohesión social, ámbito en el que México registra importantes rezagos. Referencias: -CEPAL-AECI-SEGIB, Cohesión Social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, Santiago, 2007, p. 14. -Comisión Europea, Reglamento Comisión Europea no. 1889/2006, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1889:ES:NOT -European Commission, “Mexico Country Strategy Paper, 2007-2013”, (E/2007/1063), Brussels. -Juan Pablo Prado Lallande, “Cooperación europea para la cohesión social en América Latina: EUROsociAL/Educación”, en Roberto Peña (coord.), México-Unión Europea: políticas sociales y gobernabilidad, UNAM, México, 2010 pp. 265-300. -SRE-DGCTC, “Temas de Cooperación Técnica y Científica México-Unión Europea”, SRE-DGCTC. México, 2010, -SRE, “Programa de Derechos Humanos de la Unión Europea y México, 2008-2010”, en http://www.sre.gob.mx/pdhuem/ -SRE, “Proyecto Diálogo sobre Políticas de cohesión Social entre México y la Unión Europea”, www.cohesionue.mx.eu. Cooperación política y participación ciudadana: aclaración conceptual y factores de éxito Marta Ochman Desde la década de los ochenta, y las transiciones a la democracia en el sur de Europa, Europa Central y del Este, y en Latinoamérica, existe la preocupación por la consolidación y la profundización de la democracia. Para política pública -incluyendo la política exterior- esta preocupación se ha traducido en el paradigma de la gobernanza, el cual tiene fundamento en la percepción de que el gobierno por sí solo nunca será capaz de resolver los problemas que la sociedad y el contexto presentan. El principio de la gobernanza plantea la necesidad de involucrar al mercado y a la sociedad en la política pública. Más que enfatizar los recursos necesarios para gobernar, la gobernanza enfatiza las capacidades de relacionarse con los actores sociales, para -por un lado- definir los objetivos que la sociedad quiere lograr, y -por el otro- satisfacer las necesidades y resolver problemas considerados de interés público. De esta forma -y como lo plantea Luis F. Aguilar (2006)- la gobernanza implica la connotación de que la gobernación de la sociedad involucra a muchos actores, no sólo al Estado; que las relaciones entre el Estado y los actores sociales deben ser no verticales, no monopólicas, ni unilaterales; así como la necesidad de consolidar formas sociales independientes de coordinación, autorregulación y autogobierno. Por su parte, la Comisión Europea, en su documento Handbook On Promoting Good Governance in EC Developmente and Co-operation (2004) define el concepto de la siguiente manera: Gobernanza concierne la capacidad del Estado de servir a sus ciudadanos. Se refiere a reglas, procesos y conductas a través de los cuales se articulan los intereses, se administran los recursos y se ejerce el poder en la sociedad. En este contexto, se necesario preocuparse de los tópicos como la forma en que se realizan las funciones públicas, se administran los recursos públicos y se ejerce el poder regulatorio. A pesar de su carácter abierto y amplio, la Gobernanza es un concepto significativo y práctico, que se relaciona con los aspectos básicos del funcionamiento de cualquier sociedad, así como de los sistemas político y social. Éste puede ser descrito como una medida fundamental de estabilidad y desempeño de una sociedad. (p.5) La gobernanza se refiere así a una visión general de un Estado democrático, y por extensión, a un fundamento normativo para el proceso de la política pública. Sin embargo, no debemos ignorar que los mecanismos de la gobernanza son particularmente difíciles de aplicar en el ámbito de la política exterior, dado que históricamente ha sido el ámbito de la decisión del Gobierno, protegido por principio de la secrecía y necesidad de obedecer más los principios del interés nacional (entendido como interés del Estado) que las preferencias ciudadanas. Por otro lado, como lo plantea Robert Dahl (1994), en el contexto de la globalización y la complejidad de problemas transnacionales, la participación ciudadana enfrenta el dilema de la eficiencia: los ciudadanos pueden preservar la autoridad en unidades democráticas pequeñas, el control e influencia sobre las decisiones de sus gobiernos o pueden perder la capacidad de influir en las decisiones del gobierno, para que éste actúe más efectivamente en el sistema-mundo. Es decir, los ciudadanos pueden participar en decisiones de poco impacto (definir cuestiones ambientales de su localidad), que no tienen impacto sobre retos grandes (sobrevivencia de la especie humana). Este dilema surge no sólo por la complejidad de la problemática internacional, sino también por la ausencia de instituciones democráticas transnacionales. El planteamiento pesimista de Dahl, está, sin embargo, contrarrestado por la evidencia del surgimiento y evolución de la sociedad civil transnacional, la cual -sin negar los problemas que enfrenta (Edwards y Gaventa, 2001; Grugel, 1999; Smith, 1998)- ha desarrollado los mecanismos de acción transnacional muy eficientes (Nelson y Dorsey, 2007; Keck y Sikkink, 2000). Surge entonces la pregunta por qué la cooperación política entre México y la Unión Europea no se ha traducido en mecanismos eficientes de la participación ciudadana. Primero, debemos entender que la contradicción entre el planteamiento de Dahl y los estudios sobre la sociedad civil transnacional es sólo aparente. La participación ciudadana no es sinónimo de la inclusión de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el proceso de toma de decisiones. Las reflexiones de Dahl se refieren a la participación de ciudadanos no organizados, que en ámbito nacional tampoco participan directamente: son representados e incluidos en los procesos políticos a través de mecanismos electorales y de accoutability. En el marco de la cooperación entre México y la Unión Europea, en contraste, la preocupación por la inclusión de actores sociales se ha centrado en las Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes -debemos ser realistas- no representan necesariamente a todos los ciudadanos. Ahora, asentada esta aclaración, considero que el papel de la sociedad civil en la cooperación política no es diferente al que juega en la política nacional. Ante todo, la sociedad civil tiene la obligación de asegurar la permanencia de ciertos temas y preocupaciones en la agenda, a pesar de cambios políticos y de ideologías que enfrentan gobiernos. Sin la presión, sin la auditoría de la sociedad civil, no se puede asegurar la estabilidad de la agenda política y su independencia de las contingencias electorales o de política interna de cada país. Por otro lado, -y tampoco es tarea exclusiva de la cooperación entre México y la Unión Europea- la sociedad civil debe ir construyendo su fortaleza interna, para aumentar la eficacia del impacto que tiene en la agenda política. Para ello, vale la pena considerar los factores de éxito en la incidencia de la sociedad civil en la agenda pública, que han sido identificados y comprobados en estudios empíricos. Éstos son (Karlsson, 2004):
En conclusión, la tarea de fortalecer la representatividad social en la cooperación entre México y la Unión Europea es de ambas partes: de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la inclusión de las OSC no resuelve el problema de la participación ciudadana. De ahí el papel fundamental de los parlamentarios, quienes -a través de procesos electorales y mecanismos de accoutability- deben representar a los ciudadanos de la misma manera que los intereses nacionales. |
