Prólogo XI reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos Unión Europea
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Bibliografía: -Aguilar Villanueva, Luis F. (2006) Gobernanza y gestión pública, Fondo de Cultura Económica, México -Comisión Europea (2004) Handbook On Promoting Good Governance in EC Developmente and Co-operation, versión electrónica, disponible en: http://ec.europa.eu/europeaid/what/governance-democracy/documents/final_draft_handbook_gg_en.pdf (12 de noviembre de 2008) -Dahl, Robert (1994) “A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation”, Political Science Quarterly, 109,1 (Spring), pp. 23-34 -Edwards, Michael y John Gaventa (eds.) 2001 “Introduction”, en: Edwards, Michael y John Gaveta (eds.) Global Citizen Action. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Pub. -Grugel, Jean (1999) (ed.) Democracy without Borders. Transnationalization and conditionality in new democracies. Reino Unido: Routledge, -Karlsson, Michael “Epistemic Communities and Cooperative Security: The case of Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region” Journal of International and Area Studies, 11, 1 (junio 2004), pp. 79-100. -Keck, Margaret E. y Kathryn Sikkink (2000) "Una presentación de las redes transnacionales de defensa en la política internacional”, en: Activistas sin fronteras. Redes de defensa en política internacional, Siglo XXI, México, pp. 17-65. -Nelson, Paul y Ellen Dorsey (2007) “New Rights Advocacy in a Global Public Domain”, European Journal of International Relations, 13, 2, pp. 187-216. -Smith, Jackie (1998) “Global Civil Society? Transnational Social Movement Organizations and Social Capital”, American Behavioral Scientist, 42, 1 (septiembre), pp. 93-107. 4o Foro de diálogo entre la sociedad civil y las instituciones de Gobierno de la Unión Europea y México. Un diálogo sin verdadero deseo Thibaud Mariage El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra (Acuerdo de Asociación o Acuerdo Global), firmado en Bruselas, Bélgica, el 8 de diciembre de 1997, consiste en tres componentes70. Define el marco jurídico dentro del cual la relación UE-México se desarrolla y establece El Foro de Diálogo entre las sociedades y las instituciones de Gobierno de la Unión Europea y México. Este encuentro, organizado por primera vez en Bruselas en noviembre de 2002, tiene lugar alternativamente en la Ciudad de México y en Bruselas, cada dos años. Este año, el IV Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las instituciones de Gobierno de la Unión Europea y México se celebró en la Ciudad de México, en el recinto de las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). A partir de una perspectiva crítica, el objetivo de este ensayo es identificar una serie de retos actuales que deben superarse para fortalecer esta relación transatlántica. La Organización Más allá de los discursos oficiales, tanto el discurso mexicano como el europeo, que fomentan la implicación de la sociedad civil en los asuntos tratados por el Acuerdo Global, el desarrollo general del Foro revela algunos defectos en la organización así como una cierta falta de consideración de parte de las autoridades mexicanas y europeas hacia la sociedad civil. Según las autoridades mexicanas71, la Comisión Europea (la Comisión) no cumplió adecuadamente con su compromiso. El Gobierno mexicano le reprocha no haber puesto todos los medios para invitar a las distintas Organizaciones Europeas a realizar su desplazamiento hasta la Ciudad de México. Por su parte, la Comisión72 alega –con toda la razón– que no se encuentra en la posibilidad de obligar a la sociedad civil europea a desplazarse y que no cuenta con los recursos financieros suficientes para fomentarla adecuadamente. Asimismo, afirma que insistió ante las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) europeas para que vinieran a la Ciudad de México. Por otro lado, insiste en que el Comité económico y social europeo (CESE), como intermediario institucionalizado y representante de la sociedad civil europea, sí acudió. Según la Comisión, existe un malentendido a propósito del papel que le corresponde jugar en la organización del Foro. Contrariamente a las expectativas de las autoridades mexicanas, la Comisión se niega a desempeñar un papel de « tutor » de la sociedad civil. En su perspectiva, su rol organizacional debe limitarse al de un simple « facilitador », que sólo implica el asistir al Foro como un mero observador y no como una parte interesada, como es el caso actualmente. En cuanto a las ONG europeas, el Centro Nacional de Cooperación para el Desarrollo Belga73 (CNCD) lamenta los incumplimientos en el seguimiento de las relaciones y en la organización del Foro74. Sin embargo, la CNCD reconoce las dificultades con las que se enfrenta actualmente la Comisión, ya que se encuentra en plena reestructuración, a causa de las modificaciones efectuadas en el marco del Tratado de Lisboa75. Sin embargo, según la cúpula belga, la Comisión no cumple con sus obligaciones. Así, la promesa de una videoconferencia, prevista entre los dos foros, sobre temas como los Derechos Humanos, el fenómeno migratorio e, incluso, el cambio climático76 se limitó a tratar cuestiones de orden organizacional. La negativa del CNCD de ir a la Ciudad de México se explica también por razones financieras, de personal y de prioridades, puesto que el interés de las ONG europeas en México va en declive. En efecto, después de su ingreso en la OCDE en 1994, es uno de los países de América Latina que atrae cada vez menos a las ONG europeas. Respecto a la sociedad civil mexicana, ésta sí se consideró satisfecha de la organización general del foro, aunque lamenta también la endeble tasa de participación de sus homólogos europeos. En calidad de observadores del foro, resaltamos algunos indicadores que interpelan al interés de las autoridades gubernamentales en la realización del Foro:
Debilitado por una pobre representación cuantitativa, así como «cualitativa»77, el Foro se desarrolló casi sin repercusión alguna en la escena internacional, ya que no hubo medios de comunicación y apenas se transmitió una muy sucinta información sobre el evento en la página Web de la Secretaría. Rehusándose a aprovechar la oportunidad de dialogar con las instituciones gubernamentales mexicano-europeas, una parte de la sociedad civil asume, junto con las instancias oficiales, una parte de la responsabilidad en el desarrollo del Foro que no tuvo grandes efectos diplomáticos ni comunicacionales. Los Debates Las discusiones se centraron, en un primer momento, en las respuestas otorgadas por la Comisión de las recomendaciones sometidas durante el Foro anterior. La falta de clarificación y el tiempo que se tomó para su otorgamiento fueron señalados por las diferentes organizaciones mexicanas y europeas que representan a la sociedad civil como indicios de un diálogo que no se realizó. La Comisión asume su responsabilidad respecto al retardo, pero insiste en el hecho de que las respuestas que deseaba otorgar eran, definitivamente, más detalladas y mejor articuladas que las que se escogieron conjuntamente con México. La Comisión se erigió, por el valor añadido –a nivel político–, por una respuesta conjunta. Se trataron a continuación los temas que apuntan a la Asociación estratégica78, los campos de cooperación y los resultados económicos derivados del Acuerdo global, lo mismo que la institucionalización del diálogo con la sociedad civil. Los intercambios revelaron una carencia de información y de conocimiento en una parte de la sociedad civil, sobre todo en cuanto a las cuestiones relacionadas con los campos de competencia, convirtiendo las discusiones en intercambios mexicano-mexicanos. Las razones de esta ignorancia son múltiples, pero la falta de cooperación y transparencia gubernamentales son, sin lugar a duda, un elemento de respuesta. Finalmente, este Foro ha permitido que la sociedad civil mexicana llegue a un acuerdo, para proponer la creación de un Comité consultativo, compuesto por personalidades que representan a la sociedad civil mexicana, encargado de jugar un papel idéntico al del CESE. La creación de este comité no se encuentra con ningún obstáculo jurídico, ya que el Artículo 4979 del acuerdo global lo permite. Pero, a pesar del entusiasmo europeo del CESE y de las demás organizaciones comunitarias, el futuro de este comité sigue siendo incierto. Durante la sesión de clausura del Foro, mientras se estaban comprometiendo a someter la propuesta al conocimiento del Consejo conjunto encargado de las modificaciones al Acuerdo Global80, las autoridades mexicanas ya se empeñaron en criticar la realización del proyecto. Por último, pensamos que la sociedad civil mexicana debería dedicarse primero a su organización interna y tomar todas las medidas que tenga en sus manos para así hacerse, poco a poco, de una representatividad, que le hace tanta falta, antes de realizar peticiones en el seno de las relaciones UE-México. Conclusión Diez años después de la entrada en vigor del Acuerdo Global81, y a pesar de los festejos oficiales que alaban los resultados positivos del Acuerdo, no cabe duda alguna que éste peca de un déficit democrático. El Diálogo con la sociedad todavía no se ha institucionalizado mientras que existen las posibilidades jurídicas como se indica y se recomienda en el Aviso del CESE de 200682. Al igual que en otros áreas lo que falta es otra vez la voluntad política. El breve análisis de este último Foro, nos ha permitido ilustrar algunas carencias organizacionales e institucionales, que reflejan la falta de atención concedida al encuentro con la sociedad civil, a pesar de ser esencial para el buen funcionamiento del diálogo político y punto de partida de la democracia. Bibliografía -Acuerdo de Asociación económica, concertación política y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, Diario Oficial de la Comunidad Europea, L 276/45, 28 de octubre de 2010, 17 p. -Coloquio: El Acuerdo Global entre México y la Unión Europea; organizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 16 de marzo de 2010, México. -Consejo de la Unión Europea, la Asociación Estratégica UE-México, Plan Ejecutivo Conjunto, 9820/2010, Prensa, Comillas, 16 de mayo de 2010, 33 p. -Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (dictamen de iniciativa) sobre el tema "Las relaciones UE-México" , REX/180, CESE 246/2006, Bruselas, 15 de febrero de 2006, 19 p. -Entrevista realizada a la DG RELEX de la Comisión Europea, el 18 de noviembre de 2010. -Entrevista realizada en el CNCD, el 16 de noviembre de 2010. -Entrevista realizada en la Embajada de México en Bruselas, el 17 de noviembre de 2010. Unión Europea y México: Dos culturas de participación distintas Dr. Nicolas Foucras El esquema de participación de los diferentes actores sociales y económicos en los procesos de toma de decisiones puede adquirir diferentes formas dependiendo de los factores endógenos que caracterizan un espacio político. En este breve ensayo analizaremos en una primera parte el caso de la Unión Europea (UE) que tiene un cierto liderazgo en la construcción de un nuevo modelo democrático de tipo deliberativo y luego estudiaremos el caso de México cuyas premisas afectan su capacidad para entrar plenamente en la democracia participativa. Sin embargo, es interesante observar que ambos se enfrentan actualmente a un fuerte déficit democrático y a una crisis de legitimidad. Los dos buscan resolver estos problemas a través de una consolidación de los mecanismos de participación social. El análisis de estos esquemas nos puede ayudar para entender el proceso de elaboración de la agenda de ambos actores y la fuerza de las posturas respectivas en las negociaciones. La Unión Europea: hacia una democracia deliberativa A partir del fin de la guerra fría, la UE anuncia claramente su deseo de seguir el proceso de profundización a través de la democracia. La idea es acabar con la percepción de una Europa dirigida por euro-tecnócratas lejos de las preocupaciones de la sociedad civil y lograr la legitimidad. Este acercamiento había empezado en 1979 cuando se tomó la decisión que las elecciones al Parlamento Europeo se iban a realizar por sufragio universal directo. Con el fin de democratizar el funcionamiento institucional se incluye paulatinamente la sociedad a la esfera política. A través de los tratados sucesivos (Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa), pero también a través de la carta de los derechos fundamentales, se hace explícitamente referencia a los valores democráticos (ciudadanía europea, pluralismo, libertad, derechos humanos, justicia, estado de derecho, solidaridad, no-discriminación, etc.). Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos realizados para conectar la ciudadanía con la esfera supranacional, muchos coinciden diciendo que la UE sufre de un fuerte déficit democrático que debilita sus decisiones (De Benoist 2008; Follesdal y Hix 2005). Este déficit se refleja principalmente a través de la tasa de participación en las elecciones europeas a pesar del voto obligatorio en varios países: en 2009 fue de 43% contra 62% en 1979. Vale la pena considerar que a lo largo de las elecciones el porcentaje ha ido disminuyendo y que esta tendencia es muy contradictoria con las responsabilidades crecientes del parlamento europeo que logro conseguir un verdadero poder de colegislador con el Consejo. La UE esperaba un repunte de la participación a raíz de la ampliación pero no se dio; al contrario, los nuevos países ex−comunistas son los que menos votaron (Verluise 2009). De la misma manera, la victoria del “no” en Francia y Países Bajos en 2005 en el referéndum sobre el tratado de la Constitución Europea resalta el sentimiento de déficit democrático. Para muchos, la construcción europea parece inaccesible y compleja. Hay poco sentimiento de pertenencia al mismo espacio y por ende de compartir los mismos problemas. Según el Eurobarómetro, no existe una identidad europea que podría permitir legitimar no solamente un proyecto pero también instituciones supranacionales; en 2007, solo 4% se sentían europeos antes que cualquier otra identidad. Lo más preocupante es que son los ciudadanos de los países más poblados de Europa que muestran una ausencia de sentimiento de pertenencia a la UE. La consolidación de la opinión europea resulta ser a primera vista un proceso muy lento. Hay pocos debates públicos europeos y las preocupaciones se quedan al nivel nacional y/o regional lo que no permite a los euro-partidos lograr conseguir la audiencia necesaria para surgir como actores políticos relevantes. Cabe resaltar, que la política exterior de la UE sufre aún más del déficit ciudadano sobre todo que sigue siendo fundamentalmente un campo de soberanía nacional y que por ende las decisiones se toman en un esquema inter-gubernamental lo que no permite abrir el espacio a la participación ciudadana por lo menos directamente. Para contrarrestar este contexto, que podría obstaculizar/amenazar los proyectos de integración reforzada, la UE multiplica los mecanismos de participación directa basados en una racionalidad técnica e instrumental. Podríamos mencionar el derecho de petición ante el Parlamento Europeo (Parlamento Europeo 2010)83, la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo (Ombudsman)84, la iniciativa ciudadana85, etc. Hasta el momento estos mecanismos han mostrado sus límites debido a la persistencia de un fuerte desinterés por la UE de Bruselas. A pesar de este entorno de déficit en cuanto a la democracia participativa directa, es importante aclarar que la dinámica política europea en términos de relaciones entre representantes y representados está cambiando (Moravcsik 2002). En el contexto actual no basta analizar a la sociedad civil como un conjunto de ciudadanos independientes. Los sectores socio-económicos ya no se satisfacen de una presencia activa en la arquitectura institucional a través de un canal como por ejemplo el Comité Económico y Social de Europa (CESE)86; intervienen cada vez más de manera no institucional en los diferentes lugares donde se van tomando decisiones aportando informaciones y análisis a instituciones como el Coreper, el Consejo, la Comisión, las comisiones del Parlamento, etc. Los sectores se están estructurando en redes flexibles y abiertas que se posicionan cada vez más como actores fundamentales en los procesos de toma de decisiones. En el Tratado de Niza, refiriéndose al CESE, aparece por primera vez el concepto de “sociedad civil organizada” (art. 257). La Comisión contribuye al acercamiento de los grupos con la esfera de decisiones porque le da la posibilidad de rivalizar con la legitimidad electiva del Parlamento. De hecho se refleja en su libro blanco de 2001 sobre la gobernanza europea que propone abrir el dialogo sobre el proceso de elaboración e implementación de las políticas europeas (Comisión 2001). El propósito consiste no solamente en involucrar a la sociedad civil estructurada pero también a los diferentes niveles regionales y locales. Pinon (2010), convencido de que se trata del esquema que adoptaran las democracias en un futuro próximo, habla de gobernanza mutli-niveles, de poliarquía deliberativa y de democracia de las redes. Estos nuevos contra poderes sociales son entonces observables en los diferentes niveles territoriales de la toma de decisiones y de esta manera se van acoplando al concepto de subsidiariedad que tiende a guiar el proceso político europeo desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. Se infiltran con gran facilidad en la medida en que las instituciones europeas, que en la nueva gobernanza europea se encuentran en los diferentes eslabones del poder (local, regional, nacional, supranacional), suelen tomar en consideración los intereses plurales de la sociedad para evitar los costos políticos y asegurar el éxito al momento de implementar las políticas públicas. A través de una participación de los intereses organizados igualmente representados se busca volver la democracia más fluida pero sobre todo legitimar y generar confianza al momento de formular un “interés general comunitario” que correspondería al proyecto europeo consensuado. Europa, como laboratorio de la democracia, tiende a desarrollar naturalmente una nueva conceptualización del poder. Antes el poder era considerado como la victoria de la mayoría sobre la minoría y en el contexto actual se mide por la capacidad para conseguir una decisión consensuada a raíz de un proceso de deliberación. Es interesante resaltar que la UE se acerca a la idea original de Habermas para quien la democracia deliberativa es la mejor manera para volver a conectar el espacio político con el espacio social (Duarte 2005). En el nuevo panorama, las instituciones y los intereses socio-económicos dialogan en una base no-conflictiva para negociar horizontalmente y consensualmente acciones públicas. La democracia no se limita a la participación sino que busca reconciliar las contradicciones presentes en un espacio socio-territorial europeo muy fragmentado. La jerarquía tiende entonces a desaparecer y se impone una cultura del compromiso (Pinon 2010). Tal como lo menciona Magnette (2006), estos compromisos se logran a través de ajustes graduales complejos y fluctuantes; requieren tiempo pero terminan siendo eficaces y eficientes. La teoría del gobierno del consenso encuentra su expresión empírica en una UE que busca cada vez más la integración dinámica de la pluralidad para construir un interés común a través de la deliberación entre intereses opuestos. La nueva cara de la democracia no está exenta de cuestionamientos en cuanto a su capacidad para (1) asegurar una parcialidad respeto a la selección de las organizaciones representativas; (2) adaptarse al constante cambio del panorama socio-económico que requiere de una revisión del esquema de la representatividad; (3) evitar que las organizaciones escapen al proceso de burocratización debido a su contacto permanente con las instituciones europeas (como lo que ocurre con los sindicatos o partidos políticos)87. Ahora bien, nos podríamos cuestionar sobre la manera como se definen las acciones públicas en México y si el país está preparado para acoplarse a la nueva-gobernanza diseñada por Europa. |
