Promueve accion de amparo. Solicita cautelar: declaración de inaplicabilidad articulos 1º; 2º; 4º; 6º, 18º y 30º de la ley nº 26. 855






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títuloPromueve accion de amparo. Solicita cautelar: declaración de inaplicabilidad articulos 1º; 2º; 4º; 6º, 18º y 30º de la ley nº 26. 855
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X. 5) GARANTÍA DE IGUALDAD.
La afectación al principio de igualdad se advierte desde distintas facetas. En primer lugar la igualdad ante la ley de forma genérica, ante el surgimiento evidente de un nuevo sector favorecido, constituida por los miembros de la primera minoría a cargo del poder, con facultad de remover y nombrar jueces de acuerdo a sus propios intereses.
El segundo, más específico y concreto, supone el quebrantamiento del derecho a litigar en “igualdad” con mi contraparte, cuando esta sea el propio Estado nacional.
La igualdad también se encuentra afectada en la composición misma del CMN y en la forma dispar en que se pretende sean elegidos sus miembros.
Mientras que los representantes de los abogados, académicos y jueces son elegidos por voto popular, los representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo son elegidos por los integrantes de dichos poderes.
Al respecto Bidart Campos enseña: “El derecho judicial ha pormenorizado, desde la jurisprudencia de la Corte Suprema, los alcances de la igualdad. Un extracto de sus principios arroja el siguiente repertorio: a) la igualdad exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en iguales situaciones b) por eso, implica el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (…)”. Derecho Constitucional Argentino, pagina 386, Editorial Ediar, 1995, Buenos Aires).
La violación que la ley de reforma del Consejo hace del valor jurídico “igualdad ante la ley” se observa, muy explícitamente, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, en su artículo 14 garantiza “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.
En este instrumento supralegal se ve explícitamente la estrecha relación entre la garantía de igualdad ante la ley y la garantía que supone que todos seamos iguales ante los tribunales y cortes de justicia, demostrando la palmaría inconstitucionalidad de una ley que le entrega al partido político que obtenga la mayoría ocasional, la facultad suficiente para nombrar y remover jueces, otorgando, de esa manera, a los dirigentes políticos que lideren dicho partido el status legal de “jefes de los jueces”.
La afectación de la garantía de igualdad ante los jueces también se produce cuando hay una posición de superioridad del Estado nacional y éste litiga con el particular, en razón del quiebre del principio de la división de poderes.
En efecto, según la acreditada doctrina de derecho constitucional que se ha pronunciado sobre estas normas (Ver: “La independencia de la Justicia en el abismo”, Sabsay Daniel, 09/04/2013, Eldial.com, ver también “En Defensa de la Independencia del Poder Judicial y los Derechos y Garantías de los Justiciables” comunicado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional) nos encontramos ante el fin del principio de división de poderes que rige en el sistema republicano. Donde no hay división de poderes, no hay “igualdad “posible para litigar contra un Estado que, en cualquiera de sus formas, -ejecutiva, legislativa, judicial- expresa la misma voluntad de las mismas personas que son las que obtuvieron la mayoría ocasional tal y como lo es el escenario resultante de la presente ley.
La Igualdad hace a la esencia misma de la Democracia. Su destrucción implica la creación de un fuero especial y de privilegio, integrada por personas que están por encima de la ley y en abierto desafío a los principios republicanos de gobierno.
No se debe confundir el fin loable que se declama (esto es: lograr una mayor participación de la sociedad en la justicia), con el mecanismo utilizado. Cuando se habla de “politización” de la Justicia, o del intento del “poder político” de dominar la Justicia, se describe la realidad con una excesiva abstracción, que deja de lado el hecho de que este “poder político” se encarna en personas concretas, que no son otros que aquellos que han logrado escalar escalafones dentro de la lógica partidaria de los partidos políticos. Se coloca a estas personas por encima de la ley, haciendo rendir frente a ellos toda pretensión de independencia de la justicia.
La “igualdad ante la ley” es un valor jurídico de altísima jerarquía que se encuentra enfáticamente tutelado por la CN, artículo 16, y diversos instrumentos supralegales con jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22) tales como Declaración Universal de los Derechos Humanos (preámbulo, art.1, art. 2, y art.7), Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica- (art.24), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.2, 3, 7 y 10) y cuyo reconocimiento y ejercicio pretendemos a través de la presente acción .
XI.- SOLICITA COMO MEDIDA CAUTELAR LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 1º; 2º; 4º; 6º; 18º y 30º LEY 26.855.
Con base en las razones expuestas, se solicita a S.S. ordene la suspensión de la fuerza ejecutoria de los artículos 1º; 2º; 4º; 6º; 18º y 30º de la Ley 26.855 fundado en el peligro que implica que durante el transcurso del tiempo que demande la resolución definitiva del presente Amparo, los legítimos derechos reclamados, tanto a título personal como en representación de los abogados de la matrícula federal con domicilio en la Capital Federal, resulten burlados por la aplicación de la norma que por esta acción se impugna.

Si bien son reconocidas las presunciones de ejecutoriedad y legitimidad del acto administrativo, “(l)a supervivencia de la ejecución forzosa del acto administrativo – como regla general – difícilmente pueda convivir mucho tiempo más con el principio de “tutela judicial efectiva”, el cual excluye la posibilidad de ejecutar coactivamente el acto impugnado antes de su juzgamiento por el poder judicial” (Juan Carlos Cassagne, Efectos de la Interposición de los Recursos y la Suspensión de los Actos Administrativos, E.D. 153,995.).
Asimismo, esta presunción de legitimidad no significa que éste sea válido, sino que simplemente se presume que ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico. “Indiscutiblemente es una presunción legal relativa, provisional, transitoria, calificada como presunción iuris tantum, que puede desvirtuar el interesado demostrando que el acto controvierte el orden jurídico. Tal presunción no es un valor consagrado, absoluto, iure et de iure, sino un “juicio hipotético”, que puede invertirse acreditando que el acto tiene ilegitimidad” (Tomás Hutchinson, Régimen de Procedimientos Administrativos, Ed. Astrea. 5°ed.).
Difícilmente pueda el Poder Ejecutivo Nacional ampararse en el interés público para oponerse a la suspensión en la aplicación de la Ley 26.855, ya que no basta la alegación de un interés genérico, sino que deben acreditarse los intereses específicos y concretos que se oponen a la presente medida cautelar solicitada.
No termina de advertirse cuál es el fin perseguido con la modificación en la integración y forma de elección de los miembros del CMN, pero seguramente no responde a una necesidad reclamada por la sociedad, ni a una supuesta “democratización de la justicia”.
La medida que el CPACF requiere importa un verdadero anticipo de la garantía jurisdiccional que se solicita con el objeto de impedir que el derecho cuyo reconocimiento se reclama pierda virtualidad durante el plazo que transcurra entre la articulación del proceso y el pronunciamiento definitivo.
Así la doctrina nacional viene sosteniendo que: “…se ha abierto camino una tendencia amplia y flexible, que ha terminado por prevalecer, porque tanto o más que al interés privado del solicitante, interesa al orden público que la justicia no fracase por la inevitable lentitud de su actuación, motivo por el cual se viene resolviendo que es preferible un exceso en acordarlas que la parquedad en desestimarlas, ya que con ello se satisface el ideal de brindar seguridades para la hipótesis de triunfo” (Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, Códigos procesales, V III).
A todo efecto, el daño que la aplicación inmediata de la Ley 26.855 provoca es indudable, toda vez que la inminencia de las elecciones, y la eventual conformación de listas con candidatos afines a los, en principio, dos únicos partidos políticos que estarían en condiciones de ofrecer candidaturas, provocaría un daño de imposible reparación ulterior.
Sólo adviértase las consecuencias que sobrevendrían con la conformación de un CMN conforme lo pretende la Ley 26.855, para luego, como es de esperarse, se declare la inconstitucionalidad de la norma. Nos enfrentaríamos ante una situación de altísima gravedad institucional, ya que se impondría disolver el cuerpo, dejando en un manto de duda y sospecha todas las decisiones que ese mismo Consejo hubiera tomado, como inclusive las designaciones de Jueces de la nación, y la conformación misma de las proyectadas Cámaras de Casación.
Antes bien, y en atención a que la integración actual del CMN se mantiene por los próximos dos años, ninguna duda cabe que NO se encuentra configurado daño alguno al funcionamiento del cuerpo, por lo que difícilmente podrá el Estado nacional alegar perjuicio como consecuencia de la efectiva concesión de la cautelar como se pide.
Resulta difícil imaginar el funcionamiento, durante los próximos dos años, de un órgano que sume la composición actual de 13 miembros a los 19 previstos por la Ley 26.855. De hecho, cabe adelantar que carecerán de toda legalidad y estabilidad las designaciones que se concreten, circunstancia que se agrava si se recuerda que podría estar a cargo de este nuevo CMN la conformación de las recientemente creadas Cámaras de Casación, Ley 26.853.
En cuanto a la aplicación del artículo 15 de la Ley 16.986, solicitamos que, en el supuesto de concesión de la medida, si ésta fuera recurrida, el recurso sea concedido solamente a efectos devolutivos, por ser la concesión a efectos suspensivos claramente inconstitucional (Morello, Augusto y Vallefin, Carlos, “El Amparo. Régimen Procesal”, pág. 150, Platense, Argentina, 1998; Rossi, Alejandro, “El efecto de la apelación de las medidas cautelares en el proceso de amparo (la derogación del artículo 15 de la ley 16.986 y las fuentes supranacionales del derecho. Notas para el litigante)”, L.L., 31 de mayo de 2000; Sagüés, Néstor, “La inconstitucionalidad de la concesión con efecto suspensivo de la resolución admisoria de una medida cautelar en el amparo”, L.L., 16 de agosto de 2000 y Gil Domínguez, Andrés, “El amparo del artículo 43 y el desamparo de la ley 16.986”, Revista Argentina de Derecho Constitucional, Nº 3, Ediar, Argentina, 2001.).
Surge palmario que en la presente concurren los presupuestos que ameritan la concesión de la medida cautelar solicitada, a saber: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y la exigencia de contracautela.

XI. 1) VEROSIMILITUD EN EL DERECHO
El “fumus bonis iuris” surge inequívocamente de la descripción de los derechos y garantías amenazados por la Ley 26.855.
En el campo jurisdiccional, para que la viabilidad de la medida precautoria prospere los tribunales nacionales han exigido la acreditación “prima facie” de la arbitrariedad del acto cuya descalificación se persigue, o la violación de la ley, a fin de hacer caer la presunción de legalidad de que goza y, por lo tanto, suspender la ejecutoriedad del acto.

Sin perjuicio de destacar que lo expuesto hasta aquí permite considerar que en el caso existe verdadera certeza sobre la bondad del derecho alegado, no huelga recordar que la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha sentado una importante pauta interpretativa para el análisis de este requisito al señalar que “...las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad de la medida cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (conf. CSJN in re "Evaristo Ignacio Albornoz v. Nación Argentina - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/Medida de no innovar", 20/12/84, Fallos 306:2060). Por ello, estimo que V.S. debe considerar acreditada la bondad del derecho invocado.
XI. 2) PELIGRO EN LA DEMORA

El artículo 2º Ley 26.855, que sustituye el artículo 2º de la Ley 24.937 establece que los jueces (1), los abogados (2) y los académicos (3) serán elegidos por el Pueblo de la Nación por medio de sufragio universal.

Correlativamente el artículo 30º de esa misma Ley determina que:”La promulgación de la presente ley importa la convocatoria a elecciones primarias, abiertas y obligatorias para la elección de candidatos a Consejeros de la Magistratura por los estamentos previstos en el artículo 3º bis de la misma, debiéndose adaptar el cumplimiento de las etapas electorales esenciales al calendario en curso.”
A su vez, el calendario electoral dado a conocer por el Ministerio del Interior y Transporte con miras a las elecciones legislativas del día 27 de octubre del presente año, indica en lo pertinente que el día 12 de junio finaliza el plazo para la constitución de alianzas y adhesiones; el día 17 de junio se realizará la constitución de Juntas Provisorias de Agrupaciones y la solicitud de asignación de colores de las boletas; el 22 de junio será la presentación de listas para las PASO y el 24 de junio la oficialización.
Es decir que a poco más de un mes vista desde la promulgación de la Ley 26.855 ya deberán estar definidos los candidatos a Consejeros de la Magistratura, lo que demuestra, una vez más, que la velocidad impresa a todo el trámite legislativo no reconoce otra motivación que tomar por asalto el CMN bajo la fachada de la “democratización de la justicia”, resultando así la ley dictada un mero vehículo para instrumentar la voluntad de un partido político en su exclusivo beneficio con absoluta indiferencia por la calidad institucional de un Órgano tan fundamental para el Poder Judicial de la nación.
Como S.S. puede apreciar, el peligro en la demora se encuentra configurado aquí, por la extraordinaria premura del PEN en contar con el predominio excluyente en el CMN por lo que sólo ordenando la suspensión inmediata de la Ley 26.855 es posible evitar la realización de un acto eleccionario absolutamente teñido de improvisación y precariedad y que, a tenor de lo expuesto en esta presentación en su conjunto, configuraría la más flagrante violación de la institucionalidad de la nación, de un modo difícil de corregir a posteriori.
Permitir la aplicación inmediata de la ley impugnada supone convertir en ilusorios los derechos tanto a título personal, como en representación de los abogados de la matrícula invoco, toda vez que si se admitiera avanzar en este arbitrario proceso eleccionario en marcha, se consentirían las violaciones constitucionales alegadas.
Es de esperar que, dentro del contexto de urgencia explicitado, S.S. suspenda la aplicación de los artículos impugnados de la Ley 26.855, y resuelva conforme se solicita,
XI. 3) CONTRACAUTELA
Ofrezco como contracautela la caución juratoria, en los términos y con el alcance previsto por el artículo 199 del CPCCN.
XII.- PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 26.854
Sin perjuicio de adelantar que el CPACF, en forma autónoma, se ha presentado impugnando la constitucionalidad de los artículos 2º inciso 2, 4º, 5º, 9º, 10º, 13º incisos 1, 2, 3; 14º y 15º de la Ley 26.854, para el hipotético y poco probable supuesto que S.S. entienda aplicable sus disposiciones, se plantea la inconstitucionalidad de la norma y se solicita que a la medida cautelar solicitada no le sean aplicables dichos artículos.
Este planteo se efectúa aún a pesar de la letra expresa de la Ley 26.854 que excluye a las acciones de amparo, toda vez que su confuso texto no permite apreciar con claridad cuáles han sido los alcances de las excepciones establecidas en el artículo 19º.
La inconstitucionalidad de la ley que restringe las medidas cautelares contra el EN se funda en que padece graves anomalías que la tornan manifiestamente inválida y contraria a los principios constitucionales ampliamente reconocidos, a saber: derecho de propiedad, igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva, independencia del poder judicial, defensa en juicio, supremacía constitucional, seguridad y razonabilidad.
El conjunto de exigencias impuestas a las medidas cautelares contra el EN constituye un obstáculo insalvable, convirtiendo a las cautelares en un derecho ilusorio. De esta manera, si se aplicara la Ley 26.854 se privaría al CPACF de una herramienta imprescindible ante la necesidad cierta de garantizar justicia en tiempo oportuno. La aplicación inmediata de la norma provocaría, tanto al Dr. Jorge Gabriel Rizzo, como a todos aquellos abogados que, legítimamente, pretendan presentarse a elecciones a fin de ser elegidos como representantes de sus pares ante el CMN, un perjuicio de imposible reparación ulterior.
Por ello se solicita que, a fin de no destruir la naturaleza misma de la medida cautelar cuya concesión se requiere en la presente, ésta se conceda inaudita parte, a efectos de no vulnerar la igualdad entre las partes, y en consideración a la urgencia que la medida requiere. Es dable recordar que sólo el Juez de la causa es quién debe cotejar los extremos que habilitan su procedencia, y, en su caso, el EN podrá solicitar el debido control de legalidad a través del correspondiente recurso de apelación.
Asimismo, y respecto a los límites impuestos a la contracautela, y atento que se ha solicitado y ofrecido caución juratoria, se solicita que ésta se tenga por suficiente garantía. En este contexto, entendemos, y así lo solicitamos, que sea sólo el Juez quien estime cual es la contracautela que resulta indicada para el caso concreto, no pudiendo extremarse el rigor a punto tal que torne materialmente imposible la concesión de la medida.
Va de suyo que las arbitrarias limitaciones a las cautelares contra el EN impuestas por la Ley 26.854, comprometen la independencia judicial, sometiendo la decisión del Juez a reglas rígidas, impropias y ajenas a la discrecionalidad de aquel a quien le cabe decidir que tipo de medida y aseguramiento es el indicado.
Particularmente grave resulta lo dispuesto por artículo 13 inc. 3 de la Ley 26.854, que otorga efecto suspensivo al eventual recurso de apelación interpuesto por el EN. Esta norma pretende vaciar de contenido la oportuna decisión merituada por el juez de la causa, quien, al dictarla, entendió que se encontraban reunidos los requisitos para dicha concesión, convirtiendo en letra vacía de contenido a toda medida cautelar en su contra.
Conforme lo planteara el CPACF a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad, actualmente en trámite, artículos 2º inciso 2, 4º, 5º, 9º, 10º, 13º incisos 1, 2, 3; 14º y 15º de la Ley 26.854 al aniquilar el fundamento mismo de las medidas cautelares, que se basan en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el proceso, son groseramente irrazonables, ilegales y violatorios de la garantía del debido proceso sustantivo, por lo que se solicita, expresamente, que no sean aplicables a la presente causa.
A todo efecto, téngase presente lo manifestado por esta parte en los puntos XI 1) y XI 2) relativos a la verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, a fin de no desmerecer la gravedad institucional alegada al momento de resolver la inconstitucionalidad que se solicita.
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