Promueve accion de amparo. Solicita cautelar: declaración de inaplicabilidad articulos 1º; 2º; 4º; 6º, 18º y 30º de la ley nº 26. 855






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títuloPromueve accion de amparo. Solicita cautelar: declaración de inaplicabilidad articulos 1º; 2º; 4º; 6º, 18º y 30º de la ley nº 26. 855
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Finalmente he de decir que es cierto que todos los hombres participan en la vida política de su sociedad y comparten un cúmulo heterogéneo de valores, sentires e ideas que prevalecen en una determinada época (el hombre y su circunstancia al decir del filósofo). Esos hombres también llegan a ser jueces, pero una vez que lo son, resulta imprescindible que se eleven por sobre esos valores particulares para atender a los valores generales de toda la comunidad y, si bien es cierto que no existe un sistema de selección y enjuiciamiento de magistrados perfecto; puesto que aún el mejor sistema que pueda lograrse siempre dependerá de las personas que lo ejecuten, lo cierto es que ha quedado plasmado en el articulado de esta Ley cuya tacha de inconstitucionalidad solicito a la magistratura, un sistema de elección de miembros del CMN que resulta el más imperfecto de todos cuantos se ha establecido a la fecha, puesto que OBLIGA a la politización (partidaria) de Magistrados, Abogados y Académicos, vaciando de contenido el artículo 114 CN.




X.- AFECTACIÓN CONSTITUCIONAL



La arbitrariedad e ilegalidad de la Ley 26.855 es de tal trascendencia que afecta la armonía y homogeneidad misma del propio texto constitucional.
Alberdi, ya expresaba: "la ley puede ser un medio, y el más temible, de derogar las garantías que la Constitución concede. La misma Constitución pone en manos del legislador el pretexto de ejercer ese abuso por ignorancia, inconsecuencia o mal espíritu, ajeno a ella. Ni la Constitución argentina ni ninguna otra habría sido capaz de evitar este escollo, concediendo la libertad sin sujeción ni referencia a la ley. Las leyes reglamentarias de las declaraciones, derechos y garantías de los mismos son un mal necesario".

Como es sabido, es el legislador, por una parte, y el juez, por la otra, los causantes y guardianes, respectivamente, de reglamentar dichas garantías. La CN establece principios generales, reconoce derechos individuales y regla el mecanismo de los poderes de gobierno, sin que exista la posibilidad de agotar su repertorio ni poder prever todas las contingencias del futuro. Pero es la justicia la encargada de declarar cuando una ley y cualquier otro acto de autoridad es contrario a la CN, y a tal fin se deben atener no sólo a la letra de la cláusula constitucional sino que se debe analizar su espíritu.
Así, la politización y dependencia del PJN es lo que el espíritu constituyente quiso evitar al incluir el artículo 114 CN, circunstancia no respetadas por la Ley 26.855, la cual legisla en total oposición a la naturaleza originaria del CMN.
En este orden de ideas, el entramado jurídico establecido en la CN se ve distorsionado por la Ley mencionada, al no respetarse sus lineamientos, menos aún su congruencia y principios.
En la misma línea argumental a la expuesta por el CPACF, la Relatora especial de la ONU, la brasileña Gabriela Knaul, en un comunicado difundido en Ginebra, exhortó al PEN a que reconsidere el proyecto de ley de reforma del CMN, señalando que la "disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura" son "contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos",

Agregó que: "El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales".

"Hago un llamado a Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial". Conf. Infobae, 30/04/13.

Luego que desde el gobierno nacional se criticaran las declaraciones de la titular de la Relatoría Especial de la ONU, la funcionaria internacional, Gabriela Knaul, reafirmó sus dichos y sostuvo que “… elegir los consejeros por elección popular, que los académicos tengan candidaturas partidarias y que la elección se haga por medio de comicios abiertos, me parece que genera grandes probabilidades de que se politice el Consejo… Si la reforma se da, ¿cuál será la garantía del ciudadano argentino de que va a tener acceso a jueces imparciales?", se preguntó. "¿Por qué hay necesidad de vincular a los consejeros con los partidos?", añadió. Diario La Nación, 02/05/2013.

Por su parte los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con fecha 07/05/2013 emitieron un comunicado sosteniendo que: “La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, consustanciada con el proceso de transparencia y eficacia de la justicia, quiere contribuir con su aporte al esclarecimiento de algunos temas que entiende revisten gravedad institucional. Este cuerpo… expresa su preocupación por el conjunto de proyectos y leyes sancionadas que podrían atentar seriamente contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y conducir a una inconveniente politización del Consejo de la Magistratura y de sus integrantes, afectando eventualmente la división de poderes. Si bien no afirmamos la inconstitucionalidad de todas las normas, lo cierto es que el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura podría provocar un desequilibrio en su composición. Dejaría temas de trascendencia institucional, como la elección y remoción de los jueces, a la decisión del partido gobernante de turno, vulnerando el principio de independencia judicial y el derecho de todo habitante de la República Argentina a un juez imparcial establecido por la Constitución Nacional. El sistema de elección de los consejeros jueces y abogados por el voto popular en las listas partidarias, podría constituir una violación a lo dispuesto a los arts. 1, 75 inc. 22, 99 inc. 2º y 3º, 108, 109, 113 y 114 de la Constitución Nacional.”

Es entonces que al quebrantarse el equilibrio y la representación estamentaria del CMN, se avanza sobre los preceptos, derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna, a saber:
X. 1) INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Es este uno de los pilares de la democracia y fundamentalmente de la República; y piedra angular de un sistema de justicia imparcial, eficiente, confiable. Sin independencia no se puede hablar de Estado de Derecho.
Dicha independencia responde al principio constitucional de División de Poderes, basado en la ideología clásica de seguridad y control que organiza toda la estructura de contención del poder para proteger a los miembros de la sociedad en sus libertades y derechos.
En este contexto, la incorporación del CMN tuvo como finalidad “despolitizar” el mecanismo de selección y remoción de jueces, evitando designaciones amiguistas o partidarias.
Como queda dicho, la Ley 26.855 afecta la independencia del PJN, en la medida que expone a los jueces al riesgo de quedar sometidos a un proceso ante un Jurado de Enjuiciamiento politizado por una mayoría oficialista circunstancial, por el sólo hecho de que sus sentencias no sean de la conveniencia o agrado del poder político de turno o el económico que financió su campaña como representante ante el CMN.
Un juez sometido a influencias o coacciones es, sin dudas, garantía de parcialidad en sus decisiones pues siempre estarán condicionadas por su grupo de pertenencia político partidaria. La garantía del juez imparcial, en sintonía con los principios de juez natural e independencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del justiciable que le asegure plena igualdad frente a su contraparte y le permita expresarse libremente. Así como, además, es garante incondicional del ejercicio de la abogacía en la medida en que su actividad dependerá sólo del derecho aplicable al caso que defiende.
El artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial...".
Por lo expuesto, avasallar el equilibrio, representatividad y forma de elección de los distintos estamentos que la CN requiere para conformar el Consejo, compromete seriamente la independencia del PJN.
“… El fin último de la independencia de los jueces es lograr una administración imparcial de justicia; fin que no se realizaría si los jueces carecieran de plena libertad de deliberación y decisión en los casos que se someten a su conocimiento… Que es obvio que este presupuesto necesario de la función de juzgar resultaría afectado si los jueces estuvieran expuestos al riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias puedan ser objetables…” CSJN , 15/09/1969, T° 274, F° 415.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado el carácter fundamental del derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, como garantía del debido proceso: “…Se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función de juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática…” CIDH, Serie C, N° 107, caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”
La circunstancia de que las decisiones del CMN pasen a estar sujetas a mayorías de actores políticos partidarios, en coincidencia con el Poder Ejecutivo, es una prueba clara que la Ley 26.855 genera una sujeción y dependencia del PJN a los otros poderes del Estado, con la inevitable vulneración de su independencia e imparcialidad.

X. 2) PRINCIPIO DE SUPREMACÍA IRRESTRICTA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ART. 31 C.N.
El artículo 31 CN establece el principio de supremacía constitucional, que determina la necesidad de subordinación de todas las normas y actos, tanto públicos como privados, a las prescripciones explícitas e implícitas contenidas en la Carta Magna.
En virtud de lo expuesto, las distintas normas y actos que se dicten o ejecuten en nuestra vida institucional deben adecuarse a las disposiciones constitucionales. Es decir que, gobernantes y funcionarios de los tres poderes de gobierno, deben ajustar sus decisiones en las competencias que les sean pertinentes, a la letra y espíritu de la CN.
La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden jurídico derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores y todo el conjunto se debe subordinar a la Constitución. Cuando esta relación de coherencia se rompe, hay un vicio o defecto que altera la constitucionalidad del acto.
La CN está concebida por todo el Pueblo para todo el Pueblo, con independencia de los responsables del ocasional gobierno que lleguen a sus cargos por la ocasional mayoría electoral. La participación popular directa en una elección es base legitimante para quienes resulten electos y ocupen cargos trascendentes, como el Poder Ejecutivo, o el de quienes dicten las reglas generales de convivencia.
Pero la sabiduría del diseño constitucional de gobierno radica en prevenir los excesos de las mayorías ocasionales, pues sino una democracia podría degenerar en un régimen abusivo o aún totalitario, si sus acciones de gobierno no sólo favorecieran a quienes lo respaldan políticamente sino además si desoyen, acallan, perjudican o persiguen a sus opositores políticos.
Cuando la CN prevé que el acceso a determinados cargos de la función pública o la representación política deba serlo por elección popular, lo requiere expresamente (artículo 45 -Diputados-, artículo 54 -Senadores-, y artículo 94 -Presidente-). Y cuando no, también lo dispone expresamente (artículo 85 -Presidente de la Auditoria General de la Nación- y artículo 86 -Defensor del Pueblo-). En el diseño constitucional del poder, el acceso, permanencia, y conclusión o remoción, no está librado a la discrecionalidad legislativa de los poderes constituidos, quienes tan sólo podrán reglamentar la directriz ya impuesta desde el poder constituyente.
En ese sentido adviértase que, precisamente, de los tres Poderes del Estado, al Poder Judicial la CN lo ha excluido de ser conformado por elección popular, lo que viene dado por los poderes constituyentes, reafirmando así la plena vigencia de un equilibrio republicano como aditamento al sistema democrático de gobierno, que procura el balance entre la voluntad popular, los derechos y garantías individuales y las instituciones políticas de la Nación Argentina.
Quienes son intérpretes finales de la CN y las leyes, dirimen conflictos de terceros y protegen al individuo ante la autoridad pública, no pueden estar atados a los humores sociales o a las coyunturas que pueda determinar una ocasional mayoría electoral.
La Ley 26.855 no se subordina al texto constitucional, alterando y vulnerando principios constitucionales del Estado de Derecho y perjudicando a los estamentos representativos del quehacer judicial, especialmente a los abogados y jueces en su derecho de participación y representación en el órgano institucional tal como lo prevé el artículo 114 CN.
X. 3) LOS DERECHOS POLÍTICOS Y LA REPRESENTATIVIDAD.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar.
Los abogados tenemos el derecho activo, como cuerpo electoral, de elegir a nuestros representantes ante el CMN, postularnos libremente y ser elegidos por nuestros pares, conforme lo previsto por el artículo 114 CN, en armonía con la Declaración mencionada. La actividad que desarrollan los representantes de los abogados en el seno del Consejo y en las Comisiones, entre otras cosas, garantiza el pluralismo en la toma de las decisiones, cuya mayor crítica, en años anteriores y que ahora se reeditan, se vinculan con la politización del sistema judicial.
La Ley 26.855 distribuye cargos exclusivamente reservados a los representantes del estamento de los abogados de la matrícula federal, pero se entromete inadmisiblemente en la forma de su elección alterando el espíritu y letra del artículo 114 CN.

La representación que estipula el artículo 114 CN, se vincula con el concepto de representatividad. En este sentido explicaba el maestro Bidart Campos: “Hay, en cambio, fuera del dogma mítico de la representación popular, un posible dato empírico, cuya realidad –existente o no existente- no depende de normas, ni es privativa del gobierno, sino extensiva a cuantos son dirigentes de cualquier entidad, asociación o grupo humano. Se trata de representatividad.” El Poder, Ed. Ediar, Bs. As. 1985, p. 84 “Sociología del Derecho Constitucional”.
X. 4) PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y RAZONABILIDAD.
La CN defiende las libertades y derechos de los ciudadanos frente al Estado nacional. Su contenido se dirige a proporcionar garantías y seguridad a la sociedad frente a sus posibles avances.
Las garantías constitucionales son el soporte de la seguridad jurídica, y los abogados no podemos consentir vivir en un país carente de garantías constitucionales, en el campo que fuera, a merced de determinados actos de gobierno que, sin sujeción a principio alguno, deciden cambios de enorme trascendencia y profundidad, avanzando sobre libertades y derechos.
La Ley 26.855 no hace más que avanzar sobre las garantías y libertades que poseemos como abogados al alterar el equilibrio y la representatividad estipulada en el artículo 114 CN, quebrantando toda seguridad jurídica.
En este marco, adviértase que desde su creación la integración del CMN ha pasado por tres leyes distintas. Ninguna de ellas ha sabido, o ha querido traducir en un texto legislativo las exigencias contenidas en la Carta Magna. Las influencias, ajenas a las reales necesidades del cuerpo o del Poder Judicial, han impedido que se organice y se traduzca a la realidad un sistema de selección de los jueces de la nación, que contemple en igualdad y equilibrio a todos los actores que debemos formar parte del proceso, a saber: jueces, abogados y legisladores, además de académicos.
A lo largo del escrito se han desarrollado las arbitrariedades relativas a la integración y selección de los miembros del CMN, que sólo puede comprendérselo si finalmente se admite que la verdadera intención de la ley lejos está de “democratizar la justicia”.
La reglamentación del artículo 114 CN que realiza la Ley 26.855 carece de razonabilidad por no perseguir el fin que requiere la conformación y funcionamiento del CMN.
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