Promueve accion de amparo. Solicita cautelar: declaración de inaplicabilidad articulos 1º; 2º; 4º; 6º, 18º y 30º de la ley nº 26. 855






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títuloPromueve accion de amparo. Solicita cautelar: declaración de inaplicabilidad articulos 1º; 2º; 4º; 6º, 18º y 30º de la ley nº 26. 855
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VI- ANTECEDENTES. REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 Y LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


La Reforma de la CN del año 1994, desarrolló importantes modificaciones en el PJN, entre ellas la creación del CMN y el Jurado de Enjuiciamiento, en un claro intento por mejorar la elección y desempeño de los funcionarios públicos que integran el PJN.
La designación de los integrantes jueces del PJN es una cuestión esencial para cualquier sistema político que respete los derechos y la dignidad de las personas, pues son ellos quienes están facultados por la CN para administrar y hacer justicia.

La CN de 1853/60, en cuanto al procedimiento de designación de magistrados, adoptó el modelo norteamericano de la Constitución de Filadelfia, por donde el Poder Ejecutivo proponía los candidatos y el Congreso, por medio del Senado, prestaba el acuerdo respectivo. El criterio de designación, implicaba una elección que era a todas luces política, pues la realizaban los poderes surgidos del sufragio popular.

La esencia de este sistema en Estados Unidos fue limitar, en lo posible, los excesos de los diputados, haciendo intervenir en la designación a los dos poderes más débiles, el Senado y el Ejecutivo.
En nuestro país, el resultado de la designación de magistrados se diferenció del de ese país, en donde el Poder Ejecutivo carece de discrecionalidad y su propuesta resulta sometida a distintos estamentos que realizan múltiples negociaciones. En Argentina tal procedimiento conspiró contra la independencia y legitimó una decisiva influencia del PEN.
El Dr. Juan A. González Calderón ya en 1923 en su tratado “Derecho Constitucional Argentino”, (Vol. III, páginas 403/9, Ed. Lajouane) criticaba severamente el sistema de elección de jueces, sosteniendo que éste presentaba notables inconvenientes, aumentando la preponderancia del Poder Ejecutivo contra la independencia de los jueces y reduciendo el papel del Senado a la mera aceptación o rechazo de los propuestos.
Además, el sistema no había funcionado ajustadamente, básicamente por la influencia política en la nominación de magistrados, lo que originó sólidos reclamos de transparencia, honestidad, celeridad, inmediatez, imparcialidad y compromiso por parte de la sociedad civil. El resultado fue una institución debilitada, con una grave carencia de imparcialidad, con ciertos jueces sin capacidad técnica y otros que protagonizaron escándalos y actos de corrupción.
Profundizando esta situación, el Senado de la Nación, en su Reglamento Interno, estableció la alternativa de sesiones secretas. Aplicado a la aprobación de los pliegos de los candidatos a jueces federales, el secreto impidió, en los hechos, el control de la opinión pública sobre las designaciones y favoreció los acuerdos de repartos partidarios. Tal mecanismo debilitó al propio Poder Judicial, cuyos integrantes no podían acreditar por cuáles razones se aprobaban o rechazaban sus nombramientos.
El constitucionalista Carlos Sánchez Viamonte en su obra “Manual de Derecho Constitucional, 1959 decía al respecto: “En rigor, el Poder Judicial no puede tener verdadera independencia si el nombramiento de sus miembros proviene del Poder Ejecutivo, aunque sea con acuerdo del Senado...Sin embargo, los Estados Unidos, al crear la institución del Poder Judicial como poder público, omitieron tomar las precauciones necesarias para asegurar su independencia con relación al Poder Ejecutivo, y confirieron a éste la atribución de designar los magistrados con acuerdo del Senado. La Constitución argentina, como todas las otras de América, siguió ese ejemplo. La independencia del Poder Judicial quedó reducida, pues, a la inamovilidad de sus cargos mientras dure su buena conducta, y a recibir por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanezcan en sus funciones (art. 96)”.
El Convencional Constituyente de 1994, ante la debilidad del PJN por la injerencia del PEN buscó un modelo alternativo, creando el CMN y el Jurado de Enjuiciamiento como institutos garantes de la independencia judicial, cabe señalar, resultado del Pacto de Olivos (entre los dos partidos mayoritarios del momento) que dio cauce a la reforma indicada plasmado en el Núcleo de Coincidencias Básicas. Más allá de las críticas que pudiesen hacerse, lo cierto que importó un serio intento de mejora del sistema, fruto de cierto consenso político del que hoy carece la “pretensa reforma” propuesta por el PEN.
Así surge de la voluntad del Constituyente, manifestada en la Convención Nacional Constituyente en 1994:
En primer término, cabe mencionar las expresiones del miembro informante sobre este tema en el seno de la Convención Constituyente de 1994. Se alude al Sr. Convencional, Dr. Enrique PAIXAO, quien, en el carácter aludido, dijo: “La sociedad argentina apetece mayor transparencia en el nombramiento de sus jueces, mayor eficiencia en la remoción de los magistrados, respecto de los cuales se registren actos de inconducta, y mayor confiabilidad en la administración de la cosa judicial, mientras los jueces se desempeñan en su función específica, que es la de resolver casos contenciosos. A estos objetivos apunta la importante reforma judicial que contiene el proyecto en consideración”. Más adelante señaló que: “En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano... De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente –por participación de los propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participación de estamentos vinculados con la actividad forense u otras personas- el sistema judicial esté gobernado con pluralismo...”.

Convencional HITTERS, (páginas 2416, 2417, 2418 y 2419): “...el Consejo de la Magistratura está enclavado en el sistema propuesto por el Núcleo de Coincidencias Básicas, al que tantas veces hemos hecho referencia los representantes de los partidos firmantes del Pacto de Olivos porque significa nada más y nada menos que una forma de limitar el poder presidencial...me importa destacar que el partido al que pertenezco y que se encuentra en el gobierno —el justicialismo— ha aceptado de buen modo esta figura y propuesto en su plataforma limitar el poder del presidente en este aspecto delegando funciones en un cuerpo especializado que además de seleccionar a los jueces va a tener otra augusta misión, que es la de gobernar al Poder Judicial”.
Convencional AGUILAR TORRES (páginas 2574/75/76): “...Me siento satisfecho al poder votar estas normas porque el nuevo sistema de designación de los jueces, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – a través de los dos tercios de los votos del Senado – y de los magistrados inferiores – con la intervención del Consejo de la Magistratura que se crea, y que se implementará por medio de concursos públicos -, habrá de mejorar notablemente la calidad de los jueces y acentuará aún más la independencia del Poder Judicial...”.
Convencional MESTRE (página 2602/08): “...Al plantear la necesidad del funcionamiento del Consejo de la Magistratura estamos tratando de terminar con ese poder absoluto a través del cual el presidente es el único que selecciona a los magistrados. El Consejo de la Magistratura representará en el futuro un organismo independiente para la selección de los más idóneos a efectos de ser promovidos como jueces de la Nación...”.
Convencional ALFONSIN (páginas 2631): “...No puede quedar duda alguna de que las propuestas que estamos analizando tienden a construir la base de una nueva y más amplia democracia al crearse nuevas instituciones que aseguren un mejor equilibrio entre los poderes y desconcentren las facultades presidenciales...”.
Lo cierto es que con la reforma constitucional de 1994, el constituyente ha querido que el ejercicio de la denominada “política judicial” sea responsabilidad de órganos específicos: el CMN y el Jurado de Enjuiciamiento, asegurando la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia. Así, se dejó atrás un sistema de elección totalmente político y discrecional que frente a la opinión pública distaba de ser transparente, habiéndosele atribuido la responsabilidad de ciertas designaciones que no hicieron honor a la responsabilidad que importa el poder de jurisdicción de que el Estado inviste a los jueces.
Su incorporación quedó plasmada en el artículo 114 CN que expresamente dice:

El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

VII.- LEY DE CREACION DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 24.937 Y SU CORRECTIVA LEY Nº 24.939
La puesta en marcha del CMN fue a través de la Ley 24.937. Al Congreso de la nación le tomó tres años generar el consenso necesario que permitiera reglamentar el equilibrio exigido por el Constituyente, requisito fundamental para que el novel cuerpo pudiera satisfacer las expectativas: garantizar la independencia del servicio de justicia y privilegiar la idoneidad en la selección.
En oportunidad de debatirse en el seno de la Honorable Cámara de Senadores de la nación, el proyecto que luego se convertiría en la Ley 24.937, el Senador Yoma (Diario de Sesiones 6/7 de marzo de 1996, pág. 619), destacó que equilibrio, según el Diccionario de la Real Academia Española equivalía a “contrapeso”, “contrarresto”, “armonía entre cosas diversas”. Seguidamente marcaba “esto es lo que buscamos respecto del diseño legislativo del Consejo de la Magistratura: la armonía entre los diversos órganos, procurando el equilibrio, tal como nos lo encomendaran los constituyentes de Santa Fe”. Ampliando su pensamiento agrega “...consideramos que cuando el constituyente habla de procurar el equilibrio se refiere al hecho de que un sector no predomine sobre los otros. Es decir que uno de los sectores mencionados no ejerza una acción hegemónica respecto del conjunto o que no controle por si mismo al Consejo de la Magistratura”.
Coincidentemente con el Senador Yoma el entonces Diputado Pichetto, expresó que el equilibrio implica “... que ningún sector debe tener predominio sobre el otro... el concepto de equilibrio es el de contrapeso, donde ningún sector que integra el Consejo de la Magistratura tiene predominio sobre otro. Esta fórmula ha sido lograda después de mucho esfuerzo, con un largo y arduo trabajo de consenso... creo que el verdadero concepto es el del equilibrio, y aquí está muy bien logrado porque, con la integración de diecinueve miembros no predomina ningún sector sobre el otro. Ningún sector puede lograr quórum propio...” (Diario de Sesiones, pág. 698).
La Ley 24.937, modificada por Ley 24.939 conformó el primer CMN con una composición que, sin bien perfectible, mantenía cierto equilibrio al determinar que éste estaría integrado por diecinueve miembros, de acuerdo con la siguiente integración por estamento:

1.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

2.- Cuatro (4) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D'Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República.

3.- Ocho (8) legisladores, designados por los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría.

4.- Cuatro (4) representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula.

5.- Un (1) representante del Poder Ejecutivo.

6.- Dos (2) representantes del ámbito académico.

Surge claro, tanto en el texto del artículo 114 CN, como en la ley de creación del CMN que la representación de los abogados obedeció a la necesidad de asegurar la voz del justiciable -en igualdad de peso, valor y equivalencia que los representantes jueces y los órganos políticos.
VIII.- PRIMERA REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - LEY 26.080
Apenas ocho años y pocos meses después de su creación, el 24 de febrero de 2006 se promulgó la Ley 26.080, que vino a modificar la Ley 24.937 y su correctiva 24.939.
Esta ley constituyó una clara trasgresión a los preceptos constitucionales contenidos en el artículo 114 CN y especialmente el de “equilibrio”, violación que fue denunciada por el CPACF, en el Expte. Nº 2503/2006, Tomo 42, Letra M, en trámite ante la CSJN, aún a la espera de su resolución desde el 28 de agosto de 2009.
La Ley 26.080 disponía una representación imperfecta, que no reflejaba en su composición el necesario equilibrio entre los sectores que lo deben integrar, condenándolo de antemano al fracaso al darle preeminencia al sector político, volviendo recaer en antiguas prácticas viciosas que se creían superadas.
A pesar de las duras advertencias de los legisladores, la ley, pergeñada por la entonces senadora Dra. Fernández de Kirchner, fue sancionada y promulgada, comprometiendo severamente la estabilidad del cuerpo en su conformación, hasta llegar a la virtual paralización actual.
La ley 26.080 en su artículo primero estableció que el CMN debía estar compuesto por:
1.- Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema D´Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República.

2.- Seis (6) legisladores, designados por los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría.

3.- Dos (2) representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula.

4.- Un (1) representante del Poder Ejecutivo.

5.- Un (1) representante del ámbito académico y científico, elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con mayoría absoluta, profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales.
Esta reforma redujo a trece los miembros del CMN, disminuyendo la representación de los estamentos correspondientes a los jueces, abogados y miembros del ámbito académico y científico; destruyendo el precario equilibrio logrado por la Ley 24.937.
De esta manera se apropió el sector político de la mayoría del cuerpo, provocando una concentración de poder en ese sector, en desmedro de la representación que antes detentaban otros sectores, como los abogados de la matrícula federal.
El CPACF denunció judicialmente la inconstitucionalidad de la norma, presentándose en el amparo iniciado por el Dr. Ricardo Monner Sanz, y fue tenido por parte en esa acción. En una clara negación de justicia, la CSJN tiene a resolver la causa desde el 28 de agosto de 2009, privando al CPACF, y a la postre a sus más de 100.000 matriculados y a la matrícula federal en general, de la decisión judicial que hubiera puesto claridad a los conceptos contenidos en el artículo 114 CN, y hubiera, muy probablemente, evitado este atropello a la legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica.
La Ley 26.080 puso por primera vez en evidencia las claras intenciones del poder político de controlar la designación y enjuiciamiento de los magistrados de la nación. La ruptura del equilibrio cristalizada a través del predominio del sector político es decir, de aquellos provenientes de la elección popular, en desmedro de los otros estamentos que lo componen, generó que ese sector pudiera imponer por si mismo sus decisiones; o pudiera evitar aquellas que no le fueran afines a sus propósitos.

El Consejo así concebido nació virtualmente herido de muerte ante la imposibilidad de disimular y/o enmascarar el desequilibrio de su “nueva” composición y el intento de influir decididamente en ciertas decisiones del Poder Judicial, a través de las nuevas designaciones o la consiguiente amenaza de destitución velada a los jueces, consecuencia indiscutible de mantener el control de las decisiones en la Comisión de Acusación o en el Jury de Enjuiciamiento.

El CPACF mantiene la acción que fundamenta la inconstitucionalidad de la Ley 26.080, en razón de la severa desigualdad en la representación de los abogados e inclusive de los jueces frente a las otras representaciones; de suerte tal que el “desequilibrio” afecta no sólo la función sino el fin para el que fue creado el órgano por el constituyente del 94 conforme hemos visto precedentemente.
IX.- SEGUNDA REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: LEY 26.855

IX. 1) DE LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL CMNIMPUGNA ARTICULOS 1º y 2º.
Esta nueva ley, sancionada sin debate en el Congreso de la nación, desde el artículo 1º que dispone la: “…elección de sus integrantes a través de mecanismos no discriminatorios que favorezcan la participación popular…”, enmascarando así bajo un supuesto manto de “democratización de la justicia”, vuelve a transgredir la directiva contenida en la manda constitucional al modificar la integración del CMN.
El artículo 2º ejecuta este enmascaramiento al disponer que el CMN estará compuesto por diecinueve (19) miembros, electos por la “voluntad popular” (supuesto “mecanismo no discriminatorio”), que viene a pervertir definitivamente el equilibrio requerido por la CN, a saber:
1.- Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán dos representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno a la que resulte en segundo lugar.

2.- Tres (3) representantes de los abogados de la matrícula federal, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán dos representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno a la que resulte en segundo lugar.

3.- Seis (6) representantes de los ámbitos académico o científico, de amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán cuatro representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y dos a la que resulte en segundo lugar.

4.- Seis (6) legisladores. A tal efecto, los presidentes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres, legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primer minoría

5.- Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
La norma consolida la ingerencia absoluta del sector político, eliminando definitivamente el equilibrio por carencia de representación de los estamentos que deben conformarlo, llevándolo al extremo de trocar la esencia misma del Consejo, para convertirlo en un órgano politizado y partidizado por definición, al servicio de mayorías circunstanciales y sujeto a los vaivenes que los cambios de conducción generen en las elecciones nacionales.
Desaparece la composición estamentaria pacíficamente reconocida, ya que, al exigir que la elección de los representantes de los jueces, los abogados y académicos se efectúe mediante el sufragio universal y simultáneamente con las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), obliga a sus postulantes a enrolarse o alinearse políticamente con algún partido afín y, desde ese lugar, formar parte de las decisiones cruciales que hacen a la integración del PJN Nación.

Es decir que el artículo 114 CN se convierte en letra muerta en la medida en que todos sus integrantes resultarán de la elección popular y no ya por los estamentos cuya composición está prevista en la CN que así sea. El texto del artículo 114 CN claramente establece que los órganos resultantes de la elección popular son sólo aquellos provenientes de tal elección, senadores y diputados designados por el poder legislativo de entre sus miembros, además del representante del PE. De lo contrario el texto no tendría ningún sentido.
De este modo, queda institucionalizada para siempre la faz agonal de la política en desmedro absoluto de la alta política que es la política institucional. Para que no queden dudas respecto a la influencia del sector político que esta nueva reforma establece, traducido a números significa que el nuevo CMN quedará, en los hechos, sometido a la decisión de:
1.- Los dos jueces integrantes de la lista perteneciente al partido político que resulte ganador en las elecciones nacionales.

2.- Los dos abogados integrantes de la lista perteneciente al partido político que resulte ganador en las elecciones nacionales.

3.- Los cuatro académicos de la lista perteneciente al partido político que resulte ganador en las elecciones nacionales.

4.- Los cuatro legisladores que hubieran resultado elegidos por los presidentes de las Cámara de Senadores y Diputados a propuesta de los bloques del partido político que resulte ganador en las elecciones nacionales.

5.- El representante elegido por el Presidente de la Nación, perteneciente al partido político que resulte ganador en las elecciones nacionales.
El total de votos de la primera minoría será de 13 miembros y 6 corresponderán a la segunda minoría, por lo que queda palmariamente demostrado que la nueva norma propone un cuerpo dependiente de los intereses políticos, que podrá decidir por mayoría automática y que tendrá a su cargo la función de designar y disciplinar a los integrantes del PJN.
Es así entonces que no sólo se está violando el equilibrio entre los estamentos que, conforme el artículo 114 CN, conforman el CMN, a saber: políticos, abogados y jueces, y, aunque en menor medida, académicos; sino que se quiebra el sistema mismo de composición: políticos por la primera minoría y políticos por la segunda minoría.
El resultado es abrumador puesto que a pesar que es independencia lo que la ciudadanía reclama cuando se refiere a la administración de justicia, y debiera ser guía al momento de definir qué alcance se pretende de la injerencia política como más adecuado, se termina excluyendo definitivamente toda representación no partidaria como es la que corresponde a las representaciones de jueces, abogados y académicos no partidarios.
Deviene necesario defender esta independencia y propender a un sistema institucional que efectivamente elimine la concentración del poder político que esta ley establece, -que monopoliza las decisiones que involucran al poder judicial, en aras de crear una justicia adicta, temerosa y alineada a los intereses políticos de turno -.
Además, esta forma de elección de los miembros del CMN, obliga, tanto a jueces como a abogados, a participar de la actividad de los partidos políticos en aras a sumar votos a sus respectivas campañas.
Desde ese lugar, imaginamos a jueces y abogados sujetos a las reglas que impone someterse a una elección popular, expuestos a realizar concesiones que afectarán la independencia que deberían guardar en su delicada misión como futuros consejeros del CMN. Sumado a que la inevitable necesidad de obtener votos los hará proclives a pensar en la popularidad como un valor ineludible en pos de lograr el triunfo en las urnas, por lo que será imposible confiar en el futuro en que sus decisiones no tengan en cuenta otras cuestiones que no sean exclusivamente las que derivan de la estricta observancia de la CN y las leyes que en su consecuencia se dicten.
La Ley impugnada responde a circunstanciales intereses de coyuntura pero se proyecta del modo más amenazante sobre la columna vertebral misma de la independencia judicial y, además, somete a los abogados de la matrícula federal a perder la representación estamentaria – no partidaria- reconocida en la CN, al convertir sus cargos en lugares de militancia partidaria, a riesgo de que las decisiones electorales que deben pertenecer exclusivamente a esta profesión sean manipuladas por punteros barriales, especuladores, aprovechadores de necesidades o vendedores de fantasías colectivas.
Los obvios condicionamientos derivados de la inevitable necesidad de afrontar el financiamiento de una campaña electoral, presionarán sobre los candidatos que se presten a competir e, inevitablemente, condicionarán sus decisiones en el seno del CMN, ya nunca más independiente, y a cargo de una de las más altas responsabilidades de la nación: la elección y juzgamiento de sus magistrados.
A no dudarlo, las decisiones del CMN conformado de esta manera, tenderán a beneficiar a aquellos que no hubieran sido indiferentes a las necesidades del otrora candidato ni a sus simpatías político partidarias. Ergo, las eventuales decisiones de los nuevos jueces podrían estar teñidas de las mismas connotaciones subjetivas, lejos de la objetividad exigible, pues la medida de sus decisiones será correlativa a la medida de sus simpatías y compromisos.

En este marco entiendo que sólo una transformación profunda en la forma en que el poder político irrumpe e impone sus decisiones podrá ser el vehículo que la Argentina necesita para consolidar y desarrollar sus instituciones democráticas y republicanas.
El constituyente quiso que la elección y juzgamiento de los magistrados recayera en la responsabilidad de decisión de cuatro estamentos: uno con representación de toda la base electoral en equilibrio con los representantes de los jueces, abogados y académicos elegidos libremente por sus pares.
Sostener lo contrario, además de pretender hacerle decir a la Constitución algo que claramente no dice, supone desconocer los elementales principios que deben regir la elección y enjuiciamiento de los jueces, afectando la seguridad jurídica y la garantía de efectividad e imparcialidad de la justicia.
Sabido es que los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 40) deben presentar, periódicamente, un informe al Comité de Derechos Humanos, y después del diálogo entre ese órgano y los representantes del Estado, el Comité evalúa la situación nacional imperante a la luz del Tratado, y emite su informe. El 23 de marzo de 2010, el Comité sobre el Cuarto Informe de Argentina, trató la integración del CMN surgido de la Ley 26.080. El examen internacional apuntó al equilibrio que debiera procurarse en la representación de los distintos estamentos.
El Comité precisó con claridad dos circunstancias concretas. La primera, señaló con preocupación, que “a pesar” del señalado “principio” constitucional (equilibrio), existe en el Consejo “una marcada representación de los órganos políticos allegados al Poder Ejecutivo, en detrimento de la representación de jueces y abogados” (artículo 2 del Pacto). En segundo término, que nuestro país “debe tomar medidas con miras a hacer efectivo el equilibrio previsto en el precepto constitucional en la composición del Consejo… evitando situaciones de control del Ejecutivo sobre este órgano…” Kiper, Claudio, Reforma del Consejo de la Magistratura, LL, 2010 - E, 967.

La desaparición del equilibrio que esta Ley 26.855 impone es clara e insalvable. De mantenerse sus disposiciones, la representación política mayoritaria tendrá una preeminencia y preponderancia decisiva desde ahora y para siempre que la CN quiso expresamente evitar, y ello importa un grave retroceso institucional, ya que la creación de dicho órgano precisamente respondió al objetivo y propósito de impedir que la discrecionalidad del poder político –por excelencia, el PEN  sea decisiva a la hora de designar y remover a los magistrados.

IX. 2) DE LA FORMA DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CMNIMPUGNA ARTICULOS 4º Y 18º.
El artículo 114 CN establece en su segundo párrafo: “El Consejo (de la Magistratura) será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular (1); de los jueces de todas las instancias (2); y de los abogados de la matrícula federal (3). Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico (4), en el número y la forma que indique la ley.” (el resaltado no es del original)
De lo anterior se desprende que el texto constitucional establece expresa y taxativamente tres categorías de representantes que deberán integrar el CMN. Luego difiere su número a la forma que indique la ley siempre procurando el equilibrio entre los “órganos políticos resultantes de la elección popular” (diputados y senadores); “jueces de todas las instancias” y “de los abogados de la matrícula federal”; además de los académicos.
Tal es la manda constitucional que ningún poder emanado de la CN puede vulnerar so pena de inconstitucionalidad, artículo 31 CN. Más allá de que podría incurrirse en una suerte de atentado al orden constitucional al pretender suprimir en forma indirecta el estado de derecho y el sistema representativo, republicano y federal establecido por el artículo 1 CN.
Tiene establecido nuestra CSJN que ninguna interpretación cabe hacer de la Ley cuando su texto expreso es claro. Y aquí no hay excepción a la regla.
El constituyente de la reforma establecida en 1994 fue preciso en cuanto a la composición que deseaba, y que se ve reflejada en las distintas manifestaciones de los Sres. Convencionales Constituyentes.
Así, la Dra. Falbo, a la sazón convencional por la Provincia de Buenos Aires dijo, en lo que aquí interesa: “Todos los puntos de este Pacto me han llamado poderosamente la atención. Pero hay uno que es muy caro a mis sentimientos y a mi papel permanente como abogada y como presidenta del Colegio de Abogados de Quilmes: me refiero a la necesidad de justicia. ... En comisión presenté algunas objeciones al proyecto de la mayoría porque me gustaba que esa necesidad de transparencia se viera plasmada a través del artículo constitucional para evitar cualquier desvirtuación. Hoy pienso que tal como está el despacho, como creo en las instituciones y en la Legislatura, espero que los legisladores sean fiel reflejo de este espíritu que lleva el artículo, el instituto, la Constitución, y que se basen en un verdadero equilibrio cuando tengan que plasmarlo en una ley. Espero que allí se encuentren representados en forma equilibrada el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los abogados, a través de sus instituciones colegiadas y de los matriculados en las Cámaras Federales en el interior el país. Porque los Colegios somos también un poco los salvaguardas del Poder Judicial; somos miembros de ese Poder Judicial; y que además estén las mejores personas pertenecientes a las academias de Derecho, que el término personalidades sea realmente aplicado.

“Creo en las instituciones de la democracia. Estoy convencida de que con el Consejo de la Magistratura se ha dado un avance muy importante; pero sólo no podrá hacer nada. El andamiaje con el que vaya caminando y con el que se vayan dictando las posteriores leyes; con el espíritu que puedan tener quienes las hagan, va a ser nuestro seguro. El seguro de un Poder Judicial mejor, con una imagen mejor para la sociedad; esa sociedad que espera de cada uno de nosotros algo mejor. Entonces el objetivo estará logrado, y los constituyentes de hoy estaremos muy satisfechos por haberle dado a nuestro país algo más de todo lo que pretendemos entregarle.”

Baste la cita para dejar claramente sentado cuál era la voluntad, el ánimo de los constituyentes, lo que viene a reforzar aún más lo que ya claramente puede leerse en la letra del artículo 114 CN:

1) representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular;

2) representantes de los jueces de todas las instancias;

3) y representantes de los abogados de la matrícula federal;

4) Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Es dable destacar que cada uno de los “representantes” de que se habla en los puntos 1) a 4) son elegidos por aquellos segmentos de la sociedad que van a ser “representados”. Afirmar otra cosa es no sólo pecar de absoluta ignorancia o mala fe, sino que también pone de manifiesto una actuación que va en desmedro de la inteligencia del conjunto social que desemboca en un atropello constitucional expreso, que no puede ser avalado por el más elemental sentido común a esta altura de la vida institucional de la Nación.
Es por ello que, tanto la primera ley que reglamentó la conformación del CMN Nº 24.937 como sus modificatorias, en lo que respecta al modo de elección, aunque no en el equilibrio, respetaban el texto constitucional: los representantes de los órganos políticos eran elegidos por sus pares; los jueces elegían a sus pares; y los abogados de la matrícula federal a los suyos. Lo propio en el ámbito académico.
Como el CPACF ya puso oportunamente de manifiesto a través de la acción de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 modificatoria de la Ley 24.937, puesto que, se dijo, se encontraba afectado gravemente el “equilibrio”; ahora, el extravío del poder da una nueva vuelta de tuerca, y so pretexto de una mayor representatividad “democrática” establece que quien represente “a los abogados de la matrícula federal” no sea electo por sus representados los abogados, sino por todos los habilitados a emitir sufragio en las PASO.
Con lo cual, quien aspire a “representar” al segmento de los abogados de la matrícula federal, deberá, obligatoriamente, ser afiliado o al menos haber acordado con un partido político su precandidatura; participar en las primarias “partidarias”, etc., para finalmente no “representar” a los abogados (aunque lo sea), sino para “representar” al Partido Político que le permitió llegar a ese lugar.
En forma extraordinaria, la Ley viene a acentuar la “proscripción” de los candidatos independientes de los partidos políticos.
En efecto, la redacción definitiva del artículo 4º de la Ley 26.855 que incorpora el artículo 3º bis Ley 24.937 y sus modificatorias, establece requisitos excluyentes para ser candidatos a consejeros del CMN tales como:

  1. ser candidatos sólo de agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales (1er. párr);

  2. NO podrán constituirse agrupaciones políticas (locales) al único efecto de postular candidaturas al CMN (1er. párr.);

  3. Las precandidaturas o candidaturas a Consejeros integrarán UNA LISTA ÚNICA con los representantes de académicos, jueces y abogados de la matrícula federal (2do. párr.);

  4. Establece que tal LISTA ÚNICA conformará un cuerpo de boleta que irá adherida a la derecha de las candidaturas legislativas de la agrupación por la que son postulados y tal voluntad de adhesión se manifestará a través de la autorización expresa del apoderado nacional por ante el Juzgado Federal electoral de la Capital Federal. (2do. párr.);

  5. Tanto el registro de candidatos como el pedido de oficialización de listas de candidatos a consejeros del CMN se realizará ante esa misma sede judicial. (2do. Párr.);


A la gravedad de la sumatoria de requisitos restrictivos descripta, debe agregarse, lo que establece el artículo 18, 2do. párrafo de esta Ley que sustituye el artículo 33º de la Ley 24.937 de las PASO, que establece además y complementariamente que el acto eleccionario previsto en el artículo 3º bis que “…a los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la Magistratura con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere la comprobación de la existencia de que en al menos 18 de los 24 distritos, la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación…” El subrayado es propio.
La extrema gravedad del propósito proscriptivo a la par que excluyente que la ley determina no puede menos que ser considerada como un verdadero escándalo jurídico, puesto que de su aplicación resulta que, en principio, SOLO UN PARTIDO A NIVEL NACIONAL podrá llevar adherida al cuerpo de la boleta la categoría de candidatos a consejeros del CMN. El resto de los partidos deberá concurrir con boleta separada.
Véase que, de todas maneras, el único resultado inevitable es que sólo dos partidos lograrán estar representados; y sólo entre ellos quedará conformado el CMN.
Por lo que no debe perderse de vista que existen sobradas muestras a lo largo de nuestra historia reciente, sobre manifestaciones de distintos partidos políticos a través de sus dirigentes más caracterizados respecto a la (necesaria) “obediencia partidaria” que se exige a quienes deben votar en cada una de las funciones desempeñadas.
Con lo anterior se traza apenas un pálido esbozo de la “politización” en la peor de sus versiones, del organismo que, nada menos, debe seleccionar y juzgar a los Jueces de la nación.
Ante ello, y la situación que esta Ley viene a crear, no cabe sino preguntarse hacia dónde se encamina la República ante estos intentos inescrupulosos de cooptar la suma del poder público so pretexto de “democratización”.
Párrafo aparte, si bien breve pero ineludible, debe dedicarse a la tristeza que produce imaginar a Jueces de la Nación que tienen vedado por el artículo 33 inc. d) de la Ley orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298 ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos nacionales, negociando con los partidos políticos su inclusión en las respectivas boletas, y porqué no, tal vez compartiendo tribuna con aquellos mismos candidatos, luego funcionarios, a los que deberán investigar ante posibles futuras denuncias o resolver conflictos de cualquier índole que los involucren.
Ni cabe pensar en la exigida “obediencia partidaria” de la que ya expresamos opinión o en los aportes económicos para solventar sus candidaturas que indudablemente condicionarán luego su accionar frente a determinados actos de gestión, en la medida en que aquellos jueces que no respondan o no acuerden con aquellos intereses podrán ser eliminados de un plumazo con la mitad más uno de los miembros en su “nueva” versión.
Se presentarán diversos “conflictos de intereses” en novedosas versiones, modos y formas entre los jueces, los justiciables y esta “justicia democrática”.
Un evidente dislate que desconoce la esencia misma de la idea republicana de gobierno que debería refinarse en beneficio de los derechos de los pueblos, pero que se pone en grave peligro de desaparecer – y no es mera retórica - ante intentos como el que aquí se denuncia mediante tacha de inconstitucionalidad.
Finalmente, no debemos cansarnos de analizar qué queda de aquella recomendación que da el artículo 114 CN a los legisladores de turno respecto a “procurar el equilibrio” en la representación, a saber:

1) SEIS (6) “representantes” de los órganos políticos resultantes de la elección popular (dos a uno a favor de la mayoría circunstancial que surja del voto popular);

2) TRES (3) “representantes” de los jueces resultantes de la elección popular (dos a uno a favor de la mayoría circunstancial que surja del voto popular);

3) TRES (3) “representantes” de los abogados resultantes de la elección popular (dos a uno a favor de la mayoría circunstancial que surja del voto popular);

4) SEIS (6) “representantes” de los académicos resultantes de la elección popular (dos a uno a favor de la mayoría circunstancial que surja del voto popular);

5) UN (1) “representante” del Poder Ejecutivo nacional que NO está contemplado en el texto del artículo. 114 CN.
De la sumatoria de lo anterior, se desprende claramente que (v.g) en el supuesto de triunfar el actual partido de gobierno, tendría TRECE (13) representantes “partidarios” que en la ficción creada representarían a jueces, abogados y académicos, resultando los restantes SEIS (6) integrantes de la segunda minoría circunstancial que arroje el escrutinio. TODOS igualmente obligados a cumplir con la disciplina partidaria o saber que serán condenados al destierro político si votaran a conciencia en algún caso contrariando los intereses del partido.
Como vemos claramente, las mayorías circunstanciales estarán en condiciones de determinar cuál de los jueces continúan en sus cargos y cuáles no (téngase presente que también se alteraron las mayorías agravadas para convertirlas en simples); quiénes son nombrados jueces y quiénes no; conforme lo determine el deseo del jefe partidario de turno, o sea materia de negociación con otras facciones políticas.
La alarma que produce semejante situación no puede ser expresada con palabras, puesto que si bien es cierto que la buena fe debe presumirse, las instituciones de la República no pueden quedar al arbitrio de la buena voluntad de los gobernantes, sino que deben existir fuertes mecanismos institucionales de LIMITACION Y CONTROL AL PODER DE TURNO, que en la ley 26.855 y con el alcance que aquí pretendo respecto a su inconstitucionalidad, brinda poco menos que la SUMA DEL PODER PUBLICO a mayorías circunstanciales, independientemente de qué partido sea el beneficiado por el voto mayoritario en cada oportunidad.

Cabe preguntarse sobre la tranquilidad con que un juez que no participe del círculo áulico de cercanía a ese poder popular circunstancial, o que no cuente con “contactos” protectores a través de algún partido político, podrá ejercer su magistratura, especialmente cuando tenga que hacerlo respecto de intereses contrarios a sus compañeros de lista o de adversarios circunstanciales o de sectores económicos cercanos al poder.
Y no hay respuesta porque se está a las puertas de ser testigo de uno de los más grandes latrocinios cometidos sobre el PJN, que aún con sus claroscuros se encuentra hoy muy lejos de tamaño peligro.
Finalmente cabe reproducir LOS PRINCIPIOS BASICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA adoptado por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en lo que aquí resulta pertinente.

1. La independencia de la Judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la Judicatura.

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo…

7. Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la Judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.

8. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la Judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la Judicatura.

9. Los Jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces u otras organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, promover su formación profesional y defender la independencia judicial, así como el derecho de afiliarse a ellas. …

13. el sistema de ascensos de los jueces, cuando exista, se basará en factores objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la integridad y la experiencia.

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