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Flexibilización del empleo y ciudadanía social: análisis de la industria del calzado en Elda (Alicante)
Carlos de Castro (UAM)
Arturo Lahera (UCM)
María Arnal (UCM)
Francisco J. Tovar (UCM)
Resumen
Este artículo pretende ilustrar la hipótesis de cómo el deterioro extremo de las relaciones laborales provoca un severo debilitamiento de la condición de ciudadanía de los trabajadores. Este proceso se analiza en el caso de la industria del calzado eldense (Alicante) y a partir de una amplia serie de entrevistas en profundidad realizadas a trabajadores del sector entre 2009 y 2010. Este es un sector en el que se ha constituido en las últimas décadas una norma informal de empleo caracterizada por un elevado grado de trabajo informal, alta temporalidad y estacionalidad del trabajo, salarios bajos, falta de negociación colectiva, flexibilidad extrema que pone en peligro las condiciones de reproducción social de los trabajadores y el acceso a la gama de derechos sociales, que, en general, proporcionaba la participación en el trabajo asalariado. Sostenemos que bajo estas circunstancias se dificulta el acceso al control democrático de las condiciones de mercantilización de los trabajadores lo cual explica el debilitamiento de su ciudadanía social
Abstract
This article aims to illustrate how the extreme deterioration of labor relations causes a severe weakening of the citizenship status of workers. This process is analyzed in the case of the footwear industry of Elda (Alicante). It is a sector in which an informal employment norm has been constituted in recent decades a standard characterized by a high degree of informal work, high temporary employment and seasonality of work, low wages, lack of collective bargaining, extreme flexibility that endangers social reproduction of conditions of workers and their access to the range of social rights, which, in general, provided the participation in paid work. In these circumstances there is little democratic control over the conditions of commodification of workers, that explains the weakening of their social citizenship
Palabras clave
Ciudadanía, relaciones laborales, empleo, desregulación, trabajo informal
Key words
Citizenship, industrial relations, employment, deregulation, informal work,
Introducción
El sector del calzado en España se concentra principalmente en la Comunidad Valenciana (el 64% de la producción del sector, el 65,36% de las empresas de calzado y el 62,28% del empleo del sector1) y dentro de la Comunidad Valenciana, Elda es uno de los municipios más especializados en el sector del calzado junto a Elche (Ybarra, San Miguel et al. 2004). De hecho, según señala Soler (2000), Elda podría considerarse como uno de los cuatro “distritos industriales” de la región. En la actualidad, el sector del calzado atraviesa una profunda crisis que se manifiesta en la reducción de la producción, del comercio y del empleo2. A pesar de ello, Elda sigue siendo una importante ciudad industrial en la que el 51,3% del empleo se concentra en el sector industrial y el 41,3% en el sector servicios. A su vez, el 83,6% del empleo industrial se concentra en la industria del calzado3, lo cual hace que exista una fuerte identificación de la ciudad con el calzado tanto en Elda como fuera de Elda (Arnal, de Castro et al. 2012).
El recurso generalizado de las empresas a la estrategia de competencia por costes, como vía de salida a la profunda crisis que el sector atravesó a finales de los setenta, ha dotado de unos rasgos propios a la industria eldense del calzado: la fragmentación del tejido productivo en pequeñas y medianas empresas4 y la enorme proporción de la economía y del empleo sumergido5 (Ybarra, San Miguel et al. 2004, Ybarra, Giner Pérez et al. 2002, Cachón 2005).
Las consecuencias de la informalización del sector sobre las relaciones laborales han sido la extensión de contrataciones irregulares y de la contratación temporal semi-legal. Además, este deterioro de las condiciones de trabajo se ha traducido en un déficit permanente de mano de obra especializada, en un descrédito de la profesión zapatera entre los jóvenes y, en consecuencia, en su huida del sector, en una pérdida de confianza en el futuro del sector, en la ruptura de las relaciones de confianza entre trabajadores y empresarios y en una extensión de la insolidaridad ((Ybarra, San Miguel et al. 2004, Cachón 2005, San Miguel del Hoyo 2000).
En el sector del calzado eldense se ha producido una peculiar trayectoria de flexibilización del empleo basada en la informalización que ha dado como resultado la constitución de una “norma informal”6 de empleo. El caso de Elda se inscribe dentro de una tendencia general hacia la flexibilidad iniciada en los años 1970 (Miguélez, Prieto 2009). Una flexibilización que supuso un abierto cuestionamiento de la centralidad social y política del empleo, lo cual implicaba cuestionar las bases constitutivas del modelo de ciudadanía social: la norma salarial de empleo y los derechos sociales (Alonso 2004, Wilson 2004, Rodríguez 2006).
La norma social de empleo consiste en el conjunto de regulaciones sociales y políticas del trabajo y pueden distinguirse dos tipos de normas sociales de empleo: la salarial y la flexible (Prieto 2002). En cada una de ellas, la regulación política contribuye a configurar la condición política del trabajo y a convertir al trabajador en ciudadano, esto es, considera al trabajador como un sujeto inscrito en el marco de un conjunto de derechos que participa en el proceso de producción no en calidad de individuo portador de habilidades comercializables sino como miembro de una comunidad política más amplia que regula las condiciones de los procesos de trabajo.
En la norma salarial de empleo la participación en el trabajo asalariado se constituye como la fuente primordial de ciudadanía y de acceso a un amplio abanico de derechos sociales. El empleo dentro de esta norma es un empleo estable en el que las jornadas son regulares y el salario varía según la cualificación y se actualiza según el coste de la vida, en el que jornadas y salarios se fijan por medio de la negociación colectiva, en el que se reconoce a los trabajadores el derecho a organizarse y a ser representados, en el que se establecen algunas limitaciones a las decisiones empresariales con respecto a la asignación de tareas según la cualificación y en el que se reconocen y se amplían los derechos de los trabajadores a la protección social y económica.
En las últimas décadas se ha producido una tendencia general hacia una norma flexible de empleo (Prieto 2002, Miguélez, Prieto 2009) que se ha manifestado de formas distintas en cada país y en cada sector (Fevre 2007, Doogan 2009). Dentro de esta norma flexible, el empleo es inseguro e inestable, las jornadas son irregulares y las remuneraciones se han dispersado debido a que se negocian individualmente por lo que el poder de negociación de los trabajadores ha disminuido. Esta dinámica de flexibilización del empleo ha contribuido a que se haya deteriorado la participación en el trabajo asalariado como acceso a derechos sociales y a un reconocimiento pleno de la ciudadanía. En términos generales, puede afirmarse que la flexibilización del empleo ha conducido hacia un debilitamiento de la ciudadanía (Alonso 1999, 2007).
Por su parte, la incorporación de los derechos sociales al estatus de ciudadanía llevada a cabo tras la Segunda Guerra Mundial implicaba no sólo el establecimiento de criterios no productivistas en la organización de la vida económica, tales como la democratización socio-económica o la justicia social, como vía para la eliminación de la desigualdad social, sino también una radical ampliación de la ciudadanía más allá de la esfera productiva y hacia la esfera de la reproducción social. Esta ampliación del horizonte de la ciudadanía suponía, además, una socialización parcial de la responsabilidad por la reproducción social, en la medida en que se asignaba a las instituciones estatales la responsabilidad para garantizar su cumplimiento. El Estado de Bienestar surgiría, por tanto, para garantizar y proveer ese nuevo conjunto de derechos sociales ligados a la esfera de la reproducción social (Mingione 1994, Esping Andersen 2000, Doogan 2009).
La articulación entre la ciudadanía y el trabajo dependía, por tanto, de que el Estado se constituyera en el responsable de la prestación de una serie de servicios indispensables para la participación del trabajo en los procesos productivos mercantilizados y en general para la reproducción en conjunto de la vida social. De esta forma el Estado garantizaba, por un lado, la disponibilidad de la mano de obra “adecuada” para los empresarios y, por otro lado, garantizaba la estabilidad y la seguridad del empleo para los trabajadores. La ciudadanía social reflejaba, por tanto, una relación de interdependencia entre capitalistas, estado y trabajadores, que constituía las bases del llamado pacto keynesiano.
No obstante, una relación de interdependencia no tiene por qué ser una relación de igualdad (Ingham 2010). De hecho, en el desarrollo del capitalismo y de la economía de mercado de las sociedades modernas esta separación entre lo productivo y lo reproductivo, entre instituciones económicas y no económicas, ha conducido a una subordinación de la esfera reproductiva a la productiva (o de las instituciones sociales no económicas a las económicas) (Polanyi 1989, Castel 1997). Los derechos sociales, que se mueven dentro de la esfera reproductiva, se encuentran en una relación de subordinación con respecto al empleo en al menos dos dimensiones. En primer lugar, sólo aquellos que ocupan un empleo se constituyen en titulares directos de los derechos sociales. El modelo de trabajador con el que se diseñó el EB era un trabajador asalariado, del sector industrial, varón, nacional, cabeza de familia. Algo que excluía de una condición plena de ciudadanía a numerosos sujetos como las mujeres, los extranjeros, trabajadores no asalariados, trabajadores de otros sectores como la agricultura y los servicios, etc… Por lo que todo el trabajo y los servicios de reproducción social necesarios para que los trabajadores puedan participar en el mercado de trabajo proceden no sólo del EB sino también de las familias, más concretamente de las mujeres.
En segundo lugar, la cobertura de los derechos sociales se basa en que el EB obtenga los recursos económicos derivados de las actividades económicas de la esfera productiva. De ahí que muchos hayan señalado que el modelo de ciudadanía social incorpora lógicas incompatibles: la lógica de acumulación del capitalismo y la lógica de redistribución del estado de bienestar (Gorz 1998, Alonso 2007, Standing 2009).
La flexibilización del empleo y la restructuración del EB iniciadas en los años 1970 han supuesto un incremento de la subordinación de la esfera reproductiva a la esfera productiva. El resultado ha sido tanto una atenuación del conjunto de los derechos sociales como una reducción de los derechos sociales a los que se puede acceder por la participación en el trabajo y, por consiguiente, un debilitamiento del modelo de ciudadanía social
Este artículo pretende demostrar que el deterioro extremo que han sufrido las relaciones laborales en la industria del calzado ha provocado un severo debilitamiento de la condición de ciudadanía de los trabajadores. Es decir, los cambios en la norma de empleo y en las redes de protección social están recomponiendo radicalmente el vínculo entre el trabajo y la ciudadanía, en el sentido de que los trabajadores tienen cada vez un menor control sobre la organización del ámbito productivo y reproductivo. El menor control sobre el ámbito reproductivo se manifiesta en la mercantilización, individualización y familiarización de los servicios de reproducción social. No obstante, nosotros no nos ocuparemos aquí de esto sino del modo en que las nuevas formas de empleo impiden a los trabajadores cualquier tipo de control sobre el ámbito productivo, debilitando así su condición de ciudadanos.
Para analizar este caso no resulta posible ni adecuado recurrir a las fuentes secundarias de datos tales como estadísticas laborales debido a la tendencia hacia el ocultamiento de la actividad informal (Portes, Castells et al. 1989, Benton 1990, Ybarra, San Miguel et al. 2004). En consecuencia, aunque se han utilizado fuentes secundarias para contextualizar el caso, este texto basa su análisis7 en entrevistas a expertos, entrevistas individuales en profundidad y grupos de discusión con trabajadores del sector8.
La norma de empleo y las redes de protección social en la industria del calzado
La naturaleza estructural de la informalidad en el sector del calzado de Elda obliga a que se realice una aclaración conceptual de la economía informal. La presencia de la informalidad ha estado vinculada a la transformación internacional del sector y de la economía global. En línea con esta idea, Sassen (2003, 2007) ha señalado que la informalización del empleo está ligada a la restructuración global de la economía y a la nueva división internacional del trabajo. Sassen (2007) sostiene que se ha producido una polarización económica entre los sectores de actividad. Los servicios especializados y, sobre todo, los financieros se estarían imponiendo al resto de los sectores de servicios de escaso valor agregado y al sector industrial gracias a sus rentabilidades más altas. La presencia de una red de empresas con capacidad de generar beneficios exorbitantes estaría contribuyendo a elevar el precio de los espacios comerciales y el resto de los servicios auxiliares. En un contexto así se hace muy precaria la supervivencia de empresas de menor tamaño. Lo paradójico es que aunque la demanda de sus bienes y servicios siga existiendo e incluso vaya en aumento, estas pequeñas y medianas empresas no pueden competir a menos que funcionen informalmente. En otras palabras, la informalización de la actividad económica constituye un elemento estructural de la economía global. El caso de Elda ilustra este extremo puesto que la proliferación de talleres clandestinos y de aparadoras que trabajan desde casa forman parte de una estrategia de competencia del sector para ser “viable” en un mercado global.
Resulta muy complicado distinguir nítidamente entre actividades formales y actividades informales9. Las diferencias en la economía formal e informal no radican en la naturaleza del producto o del servicio final sino en que la forma en que se produce y se distribuye. Según (Portes, Haller 2005), a la hora de definir y de explicar el fenómeno de la actividad económica informal, suele recurrirse de manera insistente al papel del Estado. La informalización, por tanto, suele asociarse a la total desregulación o a la ausencia de normas legales para realización de actividades económicas legales. Así pues, cualquier bien o servicio legal puede producirse y distribuirse dentro del marco legal que regula tales actividades o fuera de él.
A pesar de su aparente sencillez, esta distinción no oculta la existencia de solapamientos entre las actividades formales e informales. Así, por un lado, todos los bienes y servicios legales suelen producirse en diferentes etapas y puede ocurrir que algunas de esas etapas no respeten la regulación legal mientras que otras sí lo hagan. Por otro lado, pueden cumplirse algunas de las normativas (por ejemplo, la fiscal) y no cumplir otras (por ejemplo, la laboral). Y, por último, pueden cumplirse las normativas “a medias” (por ejemplo, tener un plantilla en la que sólo la mitad tiene contrato o cotizar a la seguridad social por un cantidad menor a la real). En realidad, lo común es que en las actividades económicas coexistan fases formales e informales, tal y como veremos que ocurre en el caso de Elda.
En el caso de Elda el momento decisivo en que se dio impulso a la informalización del sector se encuentra en la resolución de la crisis de mediados de la década de 1970 provocada principalmente por la huida de las grandes empresas norteamericanas de distribución comercial hacia los entonces emergentes países asiáticos en busca de los menores costes productivos. Como dicen algunos expertos del sector, los eldenses fueron los primeros chinos de los americanos (Valero 1992, Miranda 2001). Algunas grandes empresas estadounidenses dejaron de producir en su país para convertirse en comercializadoras. Controlaban el diseño, las redes comerciales del mercado estadounidense y coordinaban la producción en las regiones hacia las que se había trasladado, entre ellas al Vinalopó. La industria del calzado eldense quedaba así apartada de esa importante fase del proceso productivo y se dedicaba tan sólo a la elaboración del producto. La producción de grandes cantidades de zapatos de un solo tipo provocó la aparición de empresas más grandes y de una mayor mecanización. El desarrollo de la industria se había basado en los reducidos costes de una mano de obra que recurría al calzado como complemento de la actividad agrícola. El crecimiento del sector fue tan espectacular que atrajo una gran cantidad de mano de obra. Se produjo así un gran desplazamiento migratorio desde las zonas rurales cercanas (Albacete, Murcia, y de la provincia de Valencia). En consecuencia, también empezó a extenderse significativamente el trabajo asalariado y comenzaron a emerger algunos conflictos laborales típicos. No obstante, los trabajadores procedían de un entorno rural, estaban escasamente organizados puesto que la dictadura franquista acababa de concluir, los centros fabriles no eran lo suficientemente grandes ni estaban lo suficientemente concentrados y las relaciones paternalistas entre obreros de origen rural y los empresarios estaban muy extendidas. Aun así, las relaciones laborales que surgieron durante esa breve época de producción en masa fueron lo más parecido a la norma salarial de empleo, dada la homogeneidad de las condiciones de trabajo (Miranda 2001).
La respuesta mayoritaria a la crisis de la década de 1970 en el sector del calzado consistió, por tanto, en una estrategia basada en la reducción de costes que a la larga ha dado lugar a un progresivo deterioro de las condiciones de trabajo. Lo verdaderamente significativo no es el recurso a la informalidad, puesto que es algo que se ha realizado desde el inicio del sector a finales del siglo XIX, sino que desde finales de los años 1970 y principios de los años 1980 se empezara a utilizar como estrategia de competitividad (Ybarra, San Miguel et al. 2004).
El ingreso de España en la UE en 1986 permitió alcanzar el mercado europeo y mejorar la producción y las exportaciones pero no logró eliminar la estrategia de la competencia por costes sino más bien consolidarla. Hasta principios de los años 1990 el sector tuvo una leve recuperación tanto en la producción como en el empleo. Sin embargo no sería hasta el periodo 1993-2000 en que la industria eldense del calzado atravesara una nueva época dorada (Cachón 2005), sólo comparable con la etapa de las comercializadoras americanas y la de los felices años veinte (Valero 1992). El periodo entre el 2000 y el 2008 no es exactamente de crisis sino de desaceleración o de agotamiento del modelo de competencia basado en costes debido a que la industria china del calzado siguió remontado la cifra de producción y de exportaciones en toda la gama de productos, incluso en los de calidad media10.
En resumen, desde mediados de los setenta, la presión de la competencia en los mercados internacionales se incrementó e impulsó una tendencia hacia la flexibilización de la organización de la producción pasando de un modelo fordista de producción a gran escala a un modelo de “especialización flexible” basado en la descentralización de la producción y en la consecuente subcontratación a otras empresas (Arnal, de Castro et al. 2012). En el caso de Elda, la extensión de este modelo ha dado lugar a la proliferación de una tupida red de subcontratas por las que se distribuyen las numerosas fases de fabricación del calzado, concentrándose en la empresa matriz las áreas de diseño y comercialización (Ybarra 2000). Se trata, por tanto, de un tipo de descentralización en el que las empresas subcontratadas se encuentran subordinadas a la estrategia comercial de las empresas matrices, ya sean estas marcas o comercializadoras. Por otra parte, la estrategia de subcontratación al empeoramiento de la calidad en el empleo (Prieto, Arnal et al. 2009).
Lo más relevante para el objetivo de este trabajo radica en que esta tendencia hacia la descentralización e informalización colisionaba con el marco jurídico que regulaba las relaciones laborales de ahí que se insistiera en la necesidad de emprender simultáneamente la desregulación del mercado de trabajo. Así pues, la presión de la competencia se traducía en una presión por la desregulación del mercado de trabajo, una tendencia que se acentuará en el espacio de la economía informal, en el que precisamente se evita la regulación laboral, fiscal o medioambiental. Este parece ser el caso de Elda.
En 1982 se inició en Elda una reconversión salvaje donde se desarrollaron prácticas de falso cierre de empresas, de impago de cotizaciones a la seguridad social y de impuestos, de estrategias fraudulentas de contratación para beneficiarse de las bonificaciones para la contratación, etc. (Benton 1990, Ybarra 2000).
La estrategia del cierre falso de empresas ha otorgado al sector un dinamismo espectacular y ha creado una dinámica de creación y desaparición de empresas con una lógica financiera propia (Ybarra 2000).
“…además mucho cambio de empresa… Además, aunque tú estés en la misma empresa, no estás en la misma empresa nunca, es otro nombre… Cobras finiquitos que firmas que cobras y no los cobras, todo así…” (Mujer, 57 años, trabajadora del calzado jubilada)
La declaración fraudulenta de insolvencia por parte de la empresa le permite dejar impagados los costes de seguridad social, los impuestos (IRPF e ISS), y las indemnizaciones de los trabajadores. Los trabajadores no suelen ser demasiado críticos con esta estrategia puesto que ellos suelen cobrar las deudas salariales del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial). Por su parte, los proveedores y los bancos son los únicos agentes que cobran en su totalidad las deudas. De hecho, para mantener esta estrategia de apertura y cierre resulta fundamental hacer frente a las deudas bancarias y de proveedores (Benton 1990, Ybarra 2000). En su conjunto, una empresa con problemas puede cerrar un día y abrir al siguiente con la misma maquinaria, puesto que ésta nunca está a nombre de la empresa, y con una parte reducida de los trabajadores, aprovechando estos cierres para deshacerse de los trabajadores molestos y de paso eliminan la antigüedad de la plantilla:
“Aprovechan para depurar. Los toca-huevos se van quedando atrás
(Grupo mixto, jóvenes, no trabajadores del calzado)
“Yo tuve una experiencia. Cerró la fábrica, estaba 12 años trabajando allí. Cerró y a la semana siguiente abrió, haciendo el mismo tipo de faena, todo igual. Mandaron a la inspección, fue la inspección, le pilló con la ropa de trabajo, de la marca antigua, y no les hizo nada. Nada. Y te quedas con cara de aquí qué pasa. Y no me readmitieron ni nada. Fui a Fogasa, me pagó Fogasa y fuera.
Eso se estila mucho, que pague el Fogasa.
Aquí eso se estila mucho.
A reventar Fogasa”
(Grupo hombres jóvenes trabajadores del calzado)
El desarrollo de esta estrategia del persianazo durante más de treinta años ha provocado que la informalización se haya constituido en rasgo estructural del sector y, más importante, ha permitido aflorar una cultura laboral de la informalidad compartida, aunque de forma discreta, por empresarios, trabajadores e instituciones, y considerada como la única vía de supervivencia del sector en el contexto de una economía global crecientemente competitiva. Así pues puede hablarse de la existencia de una “norma informal” de empleo en el calzado eldense cuyos rasgos específicos se muestran a continuación.
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