Presidenta y demás Magistrados de la Sala Constitucional del






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Ciudadana

Presidenta y demás Magistrados de la Sala Constitucional del

Tribunal Supremo de Justicia.

Su Despacho.-

Nosotros, MOVIMIENTO ECOLÓGICO DE VENEZUELA (MOVEV), Asociación Civil registrada en la Oficina Principal del Registro Civil del Estado Carabobo, bajo el Nº 35, folios 1 al 3. Protocolo Primero, Tomo 19, de fecha 23/08/2007, representada por Presidente, Manuel Joel Díaz Capdevilla, venezolano, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nº 26972, cédula de identidad Nº 7.072.397, con domicilio en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo (Anexo “A”); ASOCIACIÓN CIVIL BRÚJULA ECOLÓGICA (ACBE), registrada en la Oficina de Registro Público del Municipio Los Salias, Estado Miranda, bajo el No. 47, folio 264, Tomo 14, de fecha 16/04/2009”) representada por el abogado en ejercicio -------- tal como consta en poder notariado por-------(Anexo “B”) y Nelson Ramón Troconis Parilli, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 3.523.368, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 11.935, con domicilio en jurisdicción del Municipio Trujillo del Estado Trujillo, quien actúa en su propio nombre y en representación de su menor hijo Nelson José Troconis Berrios, estudiante, Cédula de identidad Nº 23.596.326, de igual domicilio (Anexo “C”) ante Uds., respetuosamente acudimos para interponer una Acción de Amparo Constitucional, por violación de derechos e intereses de carácter colectivos y difusos, en atención y fundamentado en los motivos de hecho y de derecho que a continuación se enuncian:

FUNDAMENTACIÓN

En Venezuela en materia de Derechos Humanos, desde su cúspide jurídica, representada en su Carta Magna vigente (1999), resalta un especial tratamiento sobre la materia, bien en forma autónoma o por vía transversal. A partir de la propia Exposición de Motivos, hace una declaración de Principios Fundamentales alusivos a los Derechos Humanos, al señalar que dentro de los propósitos del Estado está el de garantizar su libre desarrollo y disfrute (Título I)

Luego en su Preámbulo, destaca el carácter de universalidad e indivisibilidad de los mismos. Luego en forma puntual los rotula en un Capítulo especial, acompañados con varios Capítulos (Título III, Capítulos I al IX) en cuyo apartado hace una discriminación por materia. En este sentido, la Constitución Venezolana de 1999 en comparación con las de otrora, presenta significativos avances en materia de Derechos Humanos, que los omitían o referenciaban bien difusa y/o vagamente.

Pesquisando sobre la historicidad de los Derechos Humanos, se revela que ellos se fueron insertando progresivamente y en forma secuencial en las Constituciones o Cartas Políticas de los pueblos, por eso, algunos doctrinarios los han denominado generacionales, todo en función de su orden de aparición histórica en el escenario normativo e institucional son llamados de <> o de solidaridad, donde se anotan específicamente los ambientales conjuntamente con el derecho a Paz y al Desarrollo.

Se les conoce también como altruistas y/o felicitarios, comprendiendo aquellos derechos de recién aparición, sin ninguna figuración en la tradición constitucional de los Estados, surgiendo como respuesta a las implicaciones y relaciones emanadas del desarrollo y progreso técnico-científico y socio-cultural de los pueblos, representando un notable avance legislativo como nota resaltante de una nueva modernidad.

En el texto constitucional venezolano y en particular dentro de los Principios Fundamentales, se establecen un conjunto de dispositivos inherentes con los Derechos Humanos (Art. 19 al 31) de esencialidad para su realización, que definen y realzan su importancia al darles una especial valía, como lo son: irrenunciabilidad; jerarquía constitucional; preeminencia; la obligatoriedad del Estado venezolano de velar por su cumplimiento y protección; interdependencia; progresividad; indiscriminados e indivisibles. Y haciendo un monitoreo del cartabón constitucional patrio en relación y secuencia tipológica de los Derechos Humanos, en el Titulo III se patentiza y se desarrolla la materia en el orden siguiente:

-Derechos Civiles: Derecho a la Vida (Art. 43, 45); Derecho a la Libertad Personal (Art. 44); Derecho a la Integridad Física, Psíquica y Moral (Art. 46); Derecho a la Inviolabilidad del Hogar Doméstico (Art. 47); Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones (Art. 48); Derecho al Debido Proceso (Art. 49); Derecho al Libre Tránsito (Art. 50); Derecho a Dirigir o Representar Peticiones (Art. 51); Derecho a Asociarse (Art. 52); Derecho a Reunirse Pública o Privadamente (Art. 53); Derecho a no ser Sometido a Situaciones de Esclavitud o Servidumbre (Art. 54); Derecho a ser Protegido por el Estado en su Integridad Física (Art.55); Derecho a tener un Reconocimiento e Identidad Propia (Art. 56); Derecho a la Libertad de Pensamiento (Art. 57); Derecho a una Información Oportuna, Veraz e Imparcial (Art. 58); Derecho a la Libertad de Religión y de Culto (Art. 59); Derecho a la Protección del Honor, Intimidad, Privacidad, Imagen y Reputación (Art. 60); Derecho a la Libertad de Conciencia (Art. 61)

-Derechos Políticos: Derecho de Participación en los Asuntos Públicos de Carácter Político, Social y Económico (Art. 62, 70 al 714); Derecho al Sufragio (Art. 63 al 66); Derecho de Asociarse con Fines Políticos (Art. 67); Derecho a Manifestar Pacíficamente (Art. 68); Derecho a no ser Extraditado (Art. 69)

-Derechos Sociales y de las familias: Derecho de Protección a la Familia (Art. 75); Derecho de Protección a la Paternidad y Maternidad (Art. 76); Derecho a la Protección del Matrimonio y las Relaciones Estables entre Hombres y Mujeres (Art. 77); Derecho a la Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (Art. 78, 79); Derecho a la Protección de Ancianos y Ancianas (Art. 80); Derecho a una Vivienda (Art. 82); Derecho a la Salud (Art. 83 al 86); Derecho al Trabajo (Art. 87 al 97).

-Derechos Culturales y Educativos: Derecho a la Propiedad Intelectual (Art. 98); Derecho a la Protección del Patrimonio Cultural y la Historia Nacional (Art. 99 al 101); Derecho a la Educación (Art. 102 al 110); Derecho al Deporte (Art. 111).

-Derechos Económicos: Derecho a la Libre Actividad Económica (Art. 112); Derecho a la Propiedad (Art. 115); Derecho del Consumidor (Art. 117); Derecho de los Trabajadores de Asociarse en forma Participativa y en mejora de la Economía Popular (Art. 118).

-Derechos de los Pueblos Indígenas: Derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas al Reconocimiento de su Organización Social, Económica, Cultura, Usos, Costumbres, Lenguaje, Religión y Hábitat (Art. 119); Derecho de los Indígenas a su Integridad Cultural, Social y Económica cuando sean intervenidos los recursos naturales existentes en sus hábitat, debiendo ser consultados previamente (Art. 120); Derecho de los Indígenas a Mantener y Desarrollar su Identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad, lugares sagrados, de culto y a tener una educación propia (Art. 121); Derecho a una Salud Integral, cónsona con sus prácticas culturales, etno-médicas y botánicas (Art. 122); Derecho a la Propiedad Intelectual de sus Conocimientos y Tecnologías (Art. 124); Derecho a la Participación Política e Institucional de la Nación (Art.125).

-Derechos Ambientales: Derecho a Disfrutar de un Ambiente Sano, Seguro y Ecológicamente Equilibrado y Libre de Contaminación (Art. 127); Derecho a la Consulta y Participación Ciudadana en los asuntos inherentes al Desarrollo Sustentable y en los Planes de Ordenación Territorial (Art. 128); Los Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural, previo a cualquier actividad de afectación al ambiente (Art.129)

A los fines de precisar el objeto de la presente acción de amparo, importa destacar el referente constitucional relacionado con los derechos educativos y la enseñanza ambiental, observándose que en su <> nuestra Constitución destaca lo siguiente:

“…Se proclama la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia y se le declara gratuita obligatoria, y la asume el Estado como función indeclinable de servicio público…Para ser incluidas en los diseños curriculares, se le dio rango constitucional a las materias relativas al ambiente, a lo lingüístico y a lo neohistórico. En efecto la educación ambiental debe estar presente en todos los niveles de sistema educativo, aun en la educación no formal…Así encuentra fundamento constitucional la obligatoriedad de la educación ambiental…”

Esta declaratoria se encuentra se corresponde con el tratamiento que la nuestra Carta Magna le otorga al ambiente, al categorizarlo como un Derecho Humano, en rigor de lo dispuesto en el Título III Capítulo IX referente a los Derechos Ambientales, concretamente en el artículo 127: “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro.Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado…”

Por su parte el artículo 102 constitucional señala: “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad…” Y en su artículo 107, estableció sin distinción y/o restricción la Educación Ambiental en todas las escalas del sistema educativo venezolano: “La educación ambiental es obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal…”

La citada norma también le dio el carácter de obligatoriedad de enseñanza a otros saberes, pero limitado al ciclo diversificado: “…Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela…”

Este mandamiento normativo constitucional lo desarrolla en primera fase la Ley Orgánica del Ambiente, G.O. Ext. N°5.833 del 22/12/06, que señala en el Título IV los lineamientos de la educación ambiental y específicamente en su artículo 35, N° 1° dispone taxativamente:Incorporar una asignatura en materia ambiental, con carácter obligatorio, como constitutivo del pénsum en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano...”

También resalta esta ley como algo novedoso y necesario la creación de la jurisdicción especial penal ambiental (art.136-137) norma que igualmente se encuentra incumplida ya que su implementación en la actualidad es inexistente dentro de la organización y administración del sistema de justicia venezolano.

A este aforo normativo, se le suma la novísima Ley Orgánica de Educación (G.O, Ext. Nº 5.929 del 15/08/09) en su art. 6º, Nº 2, literal c; art.14; art.15, literal 5º y art.25, que desarrolló el sentido teleológico y la interpretación gramatical de los citados instrumentos legales, resumidos en la trilogía siguiente: a) la educación como un derecho humano; b) el impulso a la formación de una conciencia ecológica; c) la obligatoriedad de la educación ambiental en todos los centros e instituciones educativas públicas y/o privadas: subsistema básico (inicial, primaria y media) y universitario

Como se puede notar, el tratamiento constitucional dado a la materia ambiental en las dimensiones que lo ha hecho nuestra Carta Magna, marca un hito legislativo, lo cual se refuerza también con las expresiones señaladas, tanto en su Exposición de Motivos, como en la Parte In fine del Preámbulo, sumado a un conjunto de normas conexas, tales como las contenidas en los artículos 11, 15, 107,112, 119, 120, 153, 178, 184, 299, 304, 307 326 y 327 entre otros.

El rango de categorización como derecho humano al ambiente como la incorporación de los valores y el bien ambiente (cláusula ambientales) en la Constitución venezolana, como en algunas de otras regiones (principalmente europeas e iberoamericanas) plantea la existencia de un <> tal como señalan los autores CANOSO, Raúl. Constitución y Medio Ambiente. Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2002 y MEIER, Enrique. Introducción al Derecho Ambiental. Ediciones Homero. Caracas-Venezuela, 2007.

Como consecuencia y en rigor de los referentes normativos ut supra, de su espíritu y propósito, se convierte la institucionalidad y los procesos del sistema educativo, en el mecanismo idóneo para poner en ejercicio la constitucionalización de los derechos ambientales y que hace menester la obligatoriedad de su desarrollo e implementación a todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano y en tal sentido, la propia Constitución por virtud del Artículo 156 Numeral 24, le atribuye la competencia en la materia y en <> al Poder Público Nacional.

Como conclusión preliminar, partiendo del prisma constitucional, el ambiente es considerado como un Derecho Humano, complementado con todo un andamiaje jurídico irrefutable, en cuanto a la obligatoriedad de la educación ambiental. Empero desde el punto de vista de su concreción, existe un injustificado incumplimiento y omisión a los mandatos legales sobre la materia, por parte del Poder Público Nacional, por vía del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Esta omisión desde la perspectiva y hermenéutica jurídica, se denomina mora legislativa, con data cierta a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, (1999) sin ninguna excusa legal justificante, máxime cuando se encuentran involucrados derechos macrosociales de primer orden en la vida de la nación, asunto medular, clave y esencial para la edificación de una verdadera ética y conciencia conservacionista, que haga comprensible la unidad hombre-ambiente y la íntima interdependencia entre todos los seres vivientes (visión sistémica)

Todo ello en función del enrrumbamiento de la nación venezolana, hacia un nuevo modelo de desarrollo científico-técnico, soberanía alimentaria y de desarrollo ambientalmente sustentable, como contrapeso a los desenfrenos ecológicos generados, junto con profundas secuelas de iniquidad ¿No es preferible decir INEQUIDAD? Inicuo es muy fuerte social y económica

La Acción de Amparo como mecanismo de protección

Se anota en nuestra legislación, la existencia de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (22-1-1988) instrumento que desarrolla y contempla por excelencia todo el entramado jurídico-procesal relacionado con la protección legal de los Derechos Humanos. En este texto legal se encuentra contenida toda una normativa procedimental de tutela de los Derechos Humanos, en cualquiera de sus categorías: civiles y políticos; económicos, sociales, culturales y de solidaridad, como otros en expansión.

Artículo 1º: “Toda persona natural habitante de la República o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes un amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución...”

Articulo 2º: “La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto, u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta ley...”

Artículo 3º: Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violadas o amenazadas de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.”

Tanto a la luz de las normas constitucionales, como las de la ley especial que regulan la materia, la acción de amparo en su esencia consiste en el derecho de toda persona de ser protegida por los Tribunales de la República en el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, cuando éstos son lesionados, o bien cuando existe una <> de que esto suceda. Ante tal situación, se acciona jurisdiccionalmente, con el propósito de obtener la restitución de la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella.

Se pueden destacar algunas características o especifidades procedimentales de este instituto, señalando al respecto las siguientes: oralidad, publicidad, gratuidad, simplicidad, celeridad, potestad jurisdiccional de reestablecimiento y procedencia incluso en estados de excepción, dada su condición de inalienables.

Una vez ocurrido un <> que ello acontezca, violatorio de derechos y garantías contenidas en el texto constitucional, el afectado y/o legitimado, puede accionar y activar los órganos jurisdiccionales del Estado, a fines del restablecimiento y necesaria enmienda de la lesión al derecho constitucional violentado, se estaría hablando de la acción de amparo constitucional, como solución jurídica para tratar de restablecer y solventar la situación jurídica infringida o aquella sometida a inminente riesgo.

Y tratándose de derechos de corte macrosociales o garantizados constitucionalmente, opera la protección y tutela judicial efectiva (art.26) independientemente de la existencia a posteriori de dictados o normas de desarrollo garantista de dichos postulados:” Toda persona tiene el derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los, difusos o colectivos, a la tutela efectiva de los mismos y obtener con prontitud la decisión correspondiente.”

La orientación del discurso jurídico, es resaltar la fortaleza y el músculo jurídico-institucional de tutela de los derechos humanos en el país ante el acertado insumo normativo de rango constitucional de éstos (sustantiva y adjetivamente), por ejemplo con la <> la cual se flexibiliza, al estar en juego intereses de alta valoración social, que validan parte de los fines primordiales del Estado Social de Derecho y de Justicia y principios y valores medulares para su consagración en cuanto a la pretensiones demandadas, al tratarse y ser objeto de la controversia hechos violatorios de Derechos Humanos de amplio espectro (plurisubjetivos).

En este orden, verbigracia llega a operar el denominado Despacho Saneador del Juez, de presentarse algunas debilidades en la controversia, por vía de potestades inquisitivas del juzgador, en actuación oficiosa tal como lo refiere FABIO, Ochoa, en su obra: Los Procedimientos en Venezuela para la Tutela de los Intereses Difusos. IV Congreso Venezolano de Derecho Procesal. Editorial Jurídica Santana. Táchira-Venezuela, 2003 destacando, las facultades inquisitivas del juez del proceso, actuando como despacho saneador, para controlar la acción en cuanto a suplir algunas deficiencias que se presenten, y en tal cometido puede ordenar correcciones, solicitar la ampliación de la exposición de los hechos y de las pruebas, etc.

El avance en el planteamiento de nuevos paradigmas jurídico-procesales, en la legislación venezolana, permite al Juez dictar medidas y providencias anticipadas cuando se encuentran en riesgo derechos e intereses de valía macrosocial -como son los ambientales- independientemente de la previa comprobación de los riegos y daños que pesan sobre ellos, bastando simplemente la <> sobre su inocuidad. Afirmación que queda de relieve, por ejemplo con la revisión de la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos (G.O. Ext. No 5.554 del 13/11/01) cuyo objeto es la protección de la salud y el ambiente (derechos plurisubjetivos de protección constitucional) que cuando se encuentra en juego su afectación pone en funcionamiento, novedosos mecanismos jurídicos para su salvaguarda, en virtud del principio precautelativo, artículo 4º: “La falta de certeza científica no podrá servir de fundamento para postergar la adopción de medidas preventivas y correctivas que fueren necesarias para impedir el daño a la salud y al ambiente.”

O la exigencia de la <> en materia de ilícitos penales ambientales, tal como lo estable el 116 de la Ley Orgánica del Ambiente: “La responsabilidad derivada de daños causados al ambiente, es de carácter objetiva, la simple existencia del daño determina la responsabilidad en el agente dañino de haber sido el causante de ese daño, y por tal deberá indemnizar los daños y perjuicios causados por su conducta. Queda exceptuada el de probar el nexo de causalidad entre la conducta ejercida y el daños causado, bastando la simple comprobación de la realización de la conducta lesiva.

Nuestro legislador le ha dado un especial tratamiento legislativo procedimental a los derechos plurisubjetivos y en especial a los que tienen sustrato y contenido ambiental, tal como se infiere de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 19, aparte15 y 16°, cuando excepciona de la figura de la <
> los asunto que se ventilen en dicho Tribunal que guarden relación con el tema ambiental: “ La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de lo presentación de informes… “La perención de la instancia no se podrá declarar en los proceso que comprendan materia ambiental…”

El instituto de la Perención de Instancia, según la doctrina, constituye uno de los modos anormales de terminación del proceso, mediante el cual, en términos generales se pone fin al juicio por la paralización del proceso, durante un período establecido por el Legislador, en el que no se realizó ningún acto de impulso procesal. A través de este mecanismo anómalo se <> por falta de gestión en él imputable a las partes, durante un determinado período establecido por la Ley, con el objeto de evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en incertidumbre a las partes y en suspenso los derechos ventilados.

Dicho de otro modo, este instituto procesal se erige como un mecanismo de ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés por parte de los sujetos procesales. Se plantea también en la materia atenor del 19, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, remisión al Código de Procedimiento Civil, en su artículo 267 (ver exp. Nº AP42-N-2005-001102, año 2009 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo)
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