Resumen la aparición de problemas de índole medioambiental que afectan a dos o más países es un factor que incide cada vez más en las relaciones internacionales.






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títuloResumen la aparición de problemas de índole medioambiental que afectan a dos o más países es un factor que incide cada vez más en las relaciones internacionales.
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20La Red 21, Editorial, 20 de abril de 2010. Disponible en: http://www.lr21.com.uy/editorial/407444-hoy-a-las-10-de-la-manana(consultada 15 de junio de 2012).

vinculaciones partidarias y rechazando cualquier afiliación ideológica. La “declaración de Gualeguaychú” pasó a ser firmada por 40.000 personas y a partir de este momento, el reclamo se va a centrar en denunciar que el gobierno uruguayo había violado el Tratado del río Uruguay al no haber informado al gobierno argentino a través de los mecanismos que prevé el Estatuto. La Asamblea logra llevar la controversia a que el objeto del reclamo sea el Uruguay y no las empresas BOTNIA y ENCE, haciendo que el lógico y legítimo interlocutor sea el gobierno argentino. El conflicto deja de ser un tema local y pasa a ser un problema nacional para ambos países y bilateral en cuanto a la relación con el otro Estado.

Sólo cinco días después del “abrazo al río” los presidentes de ambos países deciden crear un Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) para analizarlas consecuencias de la instalación de las dos plantas en Fray Bentos. Sin embargo la ACAG no estará de acuerdo con la conformación del mismo tal y como estaba planteado, ya que entiende que los resultados no serían vinculantes, por lo que continúa ejerciendo presión sobre los gobiernos provincial y nacional. Como señala el semanario Brecha, con las elecciones legislativas argentinas muy cerca, el gobernador entrerriano Jorge Busti necesita “retener su mayoría propia y crecer con uno o dos diputados más (…) y media provincia reclamando contra la contaminación ambiental no es poco a la hora de medir votos. Kirchner, por su parte, necesita mantener su mayoría parlamentaria a nivel nacional sin oposición orgánica a la vista.”21

Más allá de la legítima preocupación medioambiental que pudiera existir en el gobierno, es importante tener en cuenta que el rédito político que se podía sacar de la situación no ayudaría a suavizar el conflicto en ninguno de los dos países. Muy por el contrario, el mismo empieza a escalar lentamente a lo largo del año. A nivel de la AGAC se comienza a repartir volantes a los turistas que cruzaban a Uruguay por el puente que une a ambos países, posteriormente se llevarán a cabo cortes parciales del mismo y más adelante el corte será continuo. Estas medidas de lucha, los llamados piquetes que son ampliamente realizados en Argentina, atraen más cobertura mediática haciendo más visible el conflicto y ejerciendo más presión sobre el gobierno. En junio de 2005, el gobierno argentino envía una carta al Banco Mundial trasladando su preocupación por la posibilidad de que la Corporación Financiera Internacional, dependiente de ese organismo, otorgara los préstamos solicitados por ENCE y BOTNIA y en julio del mismo año, el canciller argentino Rafael Bielsa visita Gualeguaychú comprometiéndose a que las medidas resultantes del GTAN sean vinculantes. Sin embargo, estas medidas hacen que Uruguay postergue la reunión del grupo técnico que no

21Fabian Kovakic. “Botnia y Ence metieron la cola”. Semanario Brecha,20 de mayo de 2005, p 13.

se reunirá hasta el mes de agosto. En esta espiral hacia la radicalización del conflicto, tiene gran importancia la primera reunión entre los asambleístas y el presidente Kirchner quien les asegura que el tema “es una cuestión nacional”,22a lo que se suma la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del gobernador y vicegobernador de Entre Ríos, a título personal y como afectados por la posible contaminación que podrían generar las plantas. Los mismos también realizarán un pedido ante la Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional acompañado de casi cuarenta mil firmas pidiendo una evaluación de los riesgos ambientales, sociales y económicos antes de otorgar los préstamos a las empresas. Ante los comentarios del canciller argentino asegurando que si contaminaban las papeleras no se construirían, Uruguay respondía dejando claro que el proyecto no tenía marcha atrás porque era “una decisión soberana.”23

De aquí en más, el conflicto bilateral no hizo sino endurecerse sin que se pudiera encontrar un punto en común en las posiciones de las partes que ayudara a rebajar la tensión y comenzar un diálogo constructivo. Así luego de unas desafortunadas declaraciones del gobernador Busti que Uruguay consideró como un agravio24, se llegó al retiro en consulta de los embajadores de ambos países, retomando sus actividades luego de que la Cancillería argentina emitiera un comunicado que satisfizo a las autoridades uruguayas.

A partir de mediados de diciembre de 2005 y coincidiendo con el comienzo de la temporada de verano, se produce el corte al puente internacional General San Martín por parte de integrantes de la Asamblea que continuará, en forma más o menos ininterrumpida, hasta mayo de 2006. A este corte se le añadirán en el futuro y ocasionalmente, los de las ciudades fronterizas argentinas de Colón y Concordia. Se le suma así un elemento más que ahondará las diferencias y que hará mover el eje del conflicto por parte del gobierno uruguayo que lo interpreta como una violación de principios internacionales y regionales. De aquí en adelante, la posición del Uruguay será la de exigir el levantamiento de los cortes y de no negociar hasta tanto esto se haya producido. Esta política contará con el apoyo de todo el espectro político nacional y cada vez más con el apoyo de la población uruguaya independientemente de su afiliación política, ya que resurgen antiguos recelos y comienza a agitarse la bandera de la soberanía.

El 2006 empieza entonces, con una profundización del conflicto muy clara. La disputa en

22Verónica Toller. “El gobierno pidió que Uruguay frene la construcción de las papeleras”. Diario Clarin, 23 de agosto de 2005. 23“Gargano y Bielsa vuelven a discrepar por plantas de producción de celulosa” Diario El País, 27 de agosto de 2005. 24Busti habló de que podría haber habido “incentivos” en los dirigentes uruguayos para aceptar la instalación de las plantas de celulosa, lo que generó la inmediata protesta del gobierno uruguayo.

cierta medida, había logrado unir hacia el interior de cada país al espectro político frente a lo que se planteó como la defensa de una decisión soberana y derecho al desarrollo por un lado, y al derecho a mantener una forma de vida y ano sufrir contaminación por el otro.

La reunión del presidente Kirchner con los asambleístas, la definición de la causa como nacional y la escenificación del apoyo recibido por el presidente Vázquez por parte de toda la oposición en una conferencia de prensa, no hacen sino demostrar la existencia de un antagonismo profundo con posiciones cada vez más consolidadas e inflexibles en ambas márgenes del río.

2.3 REGIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO: SEGUNDA ESCALADA (2006)

Tal y como era previsible en este clima de confrontación, el GTAN acabó sus estudios el 30 de enero de 2006 sin que el grupo lograra un acuerdo, por lo que se presentaron informes separados y con conclusiones opuestas. Mientas que Uruguay insistía en que habría una “afectación indetectable” en las aguas del río por el uso de las tecnologías más modernas existentes en la materia, Argentina reclamaba el obtener toda la información necesaria para poder establecer qué impactos al medioambiente producirían las plantas.

Poco a poco el camino bilateral se iba agotando y en febrero el presidente Kirchner expresó su intención de acudir a La Haya para solucionar el conflicto. Al verse agotados los mecanismos bilaterales se irá abriendo un frente judicial, de alcance regional e internacional.

Una última oportunidad, por lograr una solución antes de acudir a los tribunales, se intentó en el encuentro que tuvieron los presidentes en Santiago de Chile con motivo de la asunción de Michelle Bachelet. Allí ambos mandatarios acordaron suspender las obras de construcción de las plantas por un período de noventa días para realizar un estudio medioambiental, a la vez que los asambleístas levantarían los cortes de rutas. Duramente criticado en Uruguay por la oposición como una “traición” de Vázquez, el acuerdo no se llevó a cabo por la negativa de BOTNIA a suspender los trabajos por un tiempo superior a diez días.25

El 30 de abril de 2006 y a un año de la primera gran manifestación contra las papeleras, 80.000 personas se reunieron nuevamente en el puente para exigir la relocalización de las mismas. 25

25Fuerte rechazo en Uruguay al pacto entre Tabaré y Kirchner”. Diario Clarín,13 de marzo de 2006.

Los acontecimientos se aceleran. A principios de mayo el presidente Kirchner envía una segunda carta al Banco Mundial, solicitando que no se otorguen los préstamos a las empresas papeleras y el 4 de mayo Argentina presenta la demanda contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia por violación del Estatuto del río Uruguay, pidiendo como medida cautelar que se paralicen las obras de ENCE y BOTNIA por la posible contaminación que pudieran provocar. El mismo día, Uruguay inicia los trámites para convocar a un Tribunal arbitral ad-hoc del MERCOSUR reclamando a la Argentina por los cortes de ruta y la inacción del gobierno que violaría el Tratado de Asunción que establece la libre circulación de bienes y servicios en el territorio de sus miembros.26

Se abren así dos instancias judiciales. Uruguay apuesta por el ámbito regional intentando constantemente involucrar al MERCOSUR, pero la negativa argentina y la posición brasilera reacia a tratar temas forestales a nivel internacional y que sostendrá en todo momento que era un conflicto bilateral, hará que fracase esta estrategia. Argentina, en cambio, apostará por el camino judicial internacional con esta demanda, que por otra parte es la instancia que establece el Estatuto del río Uruguay, y cuyo fallo se obtendrá en abril de 2010.

En el mes de junio comienzan las audiencias en La Haya y el 13 de julio por 14 votos contra 1, la Corte no hace lugar a la medida cautelar solicitada por Argentina argumentando que “...las constancias del caso no contienen ningún elemento de prueba de que la decisión del Uruguay (…) generaría un riesgo inminente de perjuicios irreparables para el medio acuático del río Uruguay o para los intereses económicos y sociales de las poblaciones ribereñas.”27

.Ante lo que consideró un respaldo a su posición, Uruguay intentó reactivar las negociaciones pero el gobierno argentino ante el revés sufrido, redobló los esfuerzos tendientes a bloquear el financiamiento de las empresas enviando nuevamente cartas a organismos financieros del Banco Mundial y advirtiendo a los inversores en la Bolsa de Nueva York que quisieran invertir en esas empresas, de los riesgos que corrían si las mismas fueran clausuradas por un fallo favorable en la CIJ.

En septiembre se produce el fallo del Tribunal Arbitral del MERCOSUR que acoge “parcialmente” el reclamo uruguayo por los perjuicios provocados por los cortes de ruta.

Reconoce que “...las manifestaciones de la población de Gualeguaychú fueron perdiendo legitimidad y que causaron innegables inconvenientes que afectaron tanto al comercio uruguayo como al argentino”. Declara que el gobierno argentino tuvo una “actitud

26Heber Arbuet-Vignali. y Luis Barrios. Papeleras enla región. ¿Qué hacemos con los daños? Montevideo: Carlos Alvarez Editor, 2008, p.14. 27Ver fallo en Corte Internacional de Justicia, disponible en: http://www.icjcij.org/docket/files/135/11237.pdf(consultada 10 de junio de 2012).

permisiva” por haber “omitido su deber de adoptar las medidas apropiadas para prevenir o corregir los actos de los particulares sometidos a su jurisdicción que causaren perjuicios a otro Estado”. Sin embargo, reconocen la “buena fe” del gobierno argentino “por haber tenido razón para creer que actuó dentrode la legalidad”con respecto a los cortes. Finalmente, entiende que no es competencia del Tribunal adoptar determinaciones sobre conductas futuras como solicitaba Uruguay. En este juego de suma cero que se había instalado en el conflicto ambas partes quedaron satisfechas con el laudo. Uruguay veía que se condenaba a Argentina por no actuar ante los cortes y la Argentina destacaba que no se la obligaba a indemnizar a Uruguay por los daños económicos que provocaban los mismos. Esta fue la única acción dentro del marco del MERCOSUR, todas las demás iniciativas fueron bloqueadas por Argentina que mantuvo a lo largo de los años, su postura de no regionalizar el conflicto.

Ante la llegada del verano austral de 2007 y viendo que la situación en el puente Gral. San Martín no se modificaba, Uruguay también acude a la CIJ para solicitar medidas cautelares contra Argentina en relación a los cortes. También en este caso y en línea con la jurisprudencia de la Corte que sólo en casos excepcionales adopta medidas cautelares, éstas son denegadas.

En septiembre el presidente de la empresa ENCE comunica la relocalización de la planta proyectada en Fray Bentos, lo que levanta sospechas en el gobierno uruguayo de que la misma no se construiría. Más adelante realizará un comunicado desde Buenos Aires junto al subsecretario del gabinete argentino especificando la nueva localización, en el departamento de Colonia frente al Río de la Plata, lo que no cayó bien en Uruguay que vio en la maniobra el resultado de las presiones en el vecino país. Los cortes se habían retomado desde el mes de octubre y la situación se radicalizaba cada vez más mientras dirigentes de la Asamblea declaraban “Gualeguaychú es un polvorín y que no está lejos la violencia”28 y que se pensaba no solamente cortar las rutas sino también el río. Se llegaba a finales de año volviendo a una situación de escalada del enfrentamiento y donde las posiciones de cada una de las partes permanecían inamovibles. En el mes de noviembre se produce la aprobación del préstamo del Banco Mundial a la empresa BOTNIA, lo que provoca la protesta del gobierno argentino y la profundización de las medidas por parte de la AGAC que lanzó una campaña de boicot al turismo en Uruguay. Si bien el gobierno argentino pide que no se profundice el tema de los cortes ya que no le servía a la estrategia argentina en La Haya, de todos modos Kirchner declara “no voy a

28 Guillermo Waksman. “De bien en peor” Semanario Brecha, 13 de abril de 2007, p. 22.

levantar la mano contra otro argentino”,29 por lo que quedan descartadas las medidas de fuerza para finalizar el bloqueo. A raíz de la radicalización de la protesta en Gualeguaychú comienzan a aparecer cada vez con más frecuencia en la prensa, declaraciones de miembros de la AGAC de carácter más radical sugiriendo que podría haber acciones violentas contra BOTNIA e incluso en una asamblea se planteó cruzar el puente, ingresar en Uruguay y realizar una “abrazo pacífico” cercando las instalaciones de la pastera.30

En este sentido aparecieron trascendidos de prensa, incluso en medios extranjeros como el Washington Post, que recogían comentarios de que “podía surgir un Bin Laden” o la existencia de una persona dispuesta a ser una bomba humana contra la planta.31

Asimismo hubo algunos antecedentes concretos como el desembarco de Greenpeace en el muelle de BOTNIA y también el robo de plantas en un vivero perteneciente a la empresa y donde supuestamente se habría dejado una nota advirtiendo “No son invulnerables”.32

Quizás el gobierno haya tenido datos a los que no tenemos acceso o quizás haya sido una estrategia, pero lo cierto es que el a principios de diciembre el presidente Vázquez encomienda al ejército montar una guardia perimetral del predio de BOTNIA. La decisión sorprende tanto en el ámbito nacional como en la Argentina. Será la primera vez que el ejército es llamado a realizar tareas de protección de una empresa privada y el hecho de que fuera una decisión tomada por un gobierno de izquierda hacía aún más inverosímil la noticia, ya que su programa de gobierno especificaba que el mantenimiento de la seguridad y el orden público eran competencia de la policía y que el ejército sólo podría actuar con la venia del Parlamento. El decreto generó una fuerte reacción de Argentina que vio en la decisión “una afrenta”33y solicitó una rectificación de lo que consideraba “un error”34
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