12 El reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: carlismo y guerra civil. La cuestión foral. Construcción y evolución del Estado liberal. El reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: carlismo y guerra civil. La cuestión foral
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Tema 12 LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL 12.1. El reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: carlismo y guerra civil. La cuestión foral. Construcción y evolución del Estado liberal. - El reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: carlismo y guerra civil. La cuestión foral. a) La cuestión sucesoria. b) Las guerras carlistas. c) La cuestión foral. - Isabel II (1833-1843): Las Regencias. a) la regencia de María Cristina (1833-1843) b) La regencia de Espartero (1849-1843) - Isabel II (1843-1868): El reinado efectivo. a) La década moderada (1844-1854) b) El bienio progresista (1854-1856) c) El gobierno de la Unión Liberal y el final del reinado (1856-1868) 12.2. Sexenio democrático (1868-1874): Intentos democratizadores. La revolución, el reinado de Amadeo I y la Primera República. a) La revolución de 1868. b) La Constitución de 1869. c) El Gobierno de Prim y la búsqueda de un rey (1869-1870) d) El reinado de Amadeo de Sabaya (1871-1872) e) La Primera República (1873-1874) 12.3. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista. La oposición al sistema. Nacimiento de los nacionalismos periféricos. Guerra colonial y crisis de 1898. - El reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y la Constitución de 1876. - La Regencia de María Cristina de Habsburgo y el turno de partidos. La oposición al sistema. Regionalismo y nacionalismo. - Guerra colonial y crisis de 1898. 12.1. El reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: carlismo y guerra civil. La cuestión foral. Construcción y evolución del Estado liberal. - El reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: carlismo y guerra civil. La cuestión foral. a) La cuestión sucesoria. En octubre de 1830 nació la princesa Isabel, primera hija de Fernando VII y fruto de su matrimonio con María Cristina de Nápoles. Según las normas que regulaban entonces la sucesión al trono español contenidas en la ley Sálica aprobada por Felipe V en 1713, la corona sólo podía transmitirse entre varones, de tal forma que las mujeres quedaban excluidas y únicamente podían hacer valer sus derechos al trono en caso de faltar heredero varón en línea directa o colateral. Sin embargo, esta ley fue derogada por Fernando VII al conocer la noticia del embarazo de su esposa. La nueva disposición cambió la situación por completo, ya que la hija mayor del rey podía ahora heredar el trono en caso de faltar hijos varones. Esto significaba la pérdida de todas las opciones al trono para el infante Carlos María Isidro, que estaba respaldado por los absolutistas más intransigentes. Ante el aumento de las protestas de don Carlos, el rey Fernando adoptó a finales de 1832 tres importantes decisiones:
El 1 de octubre de 1833, dos días después de la muerte de Fernando VII, don Carlos reivindicó desde Portugal sus derechos dinásticos (Manifiesto de Abrantes). Fue proclamado rey en diversas ciudades españolas, mientras surgían partidas carlistas por todo el país. Comenzaba una guerra que era algo más que dinástica, era un conflicto civil de fuerte contenido ideológico. Se enfrentaban dos sectores con intereses ideológicos, políticos y económicos completamente opuestos. b) Las guerras carlistas El bando isabelino o cristino recibió el respaldo mayoritario de las clases medias urbanas y de los empleados públicos, así como de todos los individuos pertenecientes a los grupos dirigentes (alta burocracia estatal, mandos del Ejército, jerarquías eclesiásticas, alta nobleza y grandes burgueses y hombres de negocios), los aún escasos obreros industriales y una parte del campesinado, el del sur peninsular, no tan influido por los curas rurales como el del norte. También los liberales eligieron la defensa de los derechos dinásticos de la princesa Isabel confiando en la posibilidad de que una victoria en la guerra pudiera favorecer su acceso al poder y facilitar el triunfo de sus ideas. Tras la muerte de Fernando VII y como consecuencia de la minoría de edad de su hija Isabel, la reina viuda María Cristina de Nápoles pasó a asumir la regencia. Su gobierno contó desde el principio con el reconocimiento y, desde abril de 1834, el apoyo diplomático y militar de Portugal, Inglaterra y Francia (Cuádruple Alianza). En cuanto al bando carlista, el infante don Carlos recibió el respaldo de todos aquellos sectores sociales que contemplaban con temor la posibilidad de una victoria liberal por estar convencidos de que las reformas amenazaban directamente sus intereses: los pequeños nobles rurales, el bajo clero, sobre todo del clero regular, algunos de los oficiales más reaccionarios dentro del Ejército, numerosos campesinos con pequeñas propiedades e importantes sectores del artesanado que temían que los cambios terminasen por hundir sus talleres frente a la gran industria. Desde el punto de vista geográfico, el carlismo encontró una mayor implantación en Navarra, el País Vasco, las zonas situadas al norte del río Ebro y en la región castellonense del Maestrazgo. Las tropas carlistas jamás lograron conquistar las grandes ciudades. En el plano internacional, los carlistas no llegaron a conseguir un reconocimiento expreso, aunque sí contaron con las simpatías de los imperios austriaco y ruso y de Prusia. El programa político se resumía en su lema “Dios, Patria, Fueros y Rey”. Sus valores y principios más característicos eran:
Desde el punto de vista militar, la guerra civil entre carlistas e isabelinos tuvo tres etapas: a) Primera etapa (1833-1835) Los carlistas intentaron provocar una insurrección general del país sin lograrlo. Se inicia la guerra civil. El general Zumalacárregui, al mando de 35.000 hombres del ejército carlista del norte, empleó con éxito tácticas guerrilleras y logró controlar grandes espacios rurales en las provincias vascas y en Navarra, aunque sólo consiguió dominar territorios discontinuos y no llegó a ocupar ninguna gran ciudad. Zumalacárregui muere durante el asedio de Bilbao (1835). A lo largo de estos dos primeros años de guerra apenas hubo combates en la mitad sur peninsular y ambos bandos emplearon métodos brutales de represión contra sus adversarios, fusilando a prisioneros, civiles y mujeres. El general Ramón Cabrera se encargó de dirigir a las tropas carlistas, formadas tan sólo por unos 5.000 hombres, en la región valenciano-aragonesa. b) Segunda etapa (1836-1837) Tras su éxito en Bilbao, el general liberal Baldomero Espartero accedió al mando supremo del ejército isabelino y tuvo que afrontar otra ofensiva carlista. Las columnas armadas carlistas realizaron varias expediciones (Expedición Gómez (1836) y la Expedición Real (1837)) penetrando en Castilla, Andalucía, Cantabria, Asturias y Galicia con el propósito de extender los combates a otros territorios –donde suponían la existencia de partidarios de don Carlos- y atenuar los devastadores efectos de una guerra ininterrumpida sobre la población vasco-navarra. El general Miguel Goméz llegó hasta Cádiz, el general Juan Antonio Zaratiegui consiguió hacerse, durante algunos días, con la ciudad de Segovia y las tropas carlistas llegaron incluso hasta Arganda y Aravaca, a pocos kilómetros de Madrid. Sin embargo, todas estas expediciones fracasaron y los carlistas no encontraron nuevos respaldos de importancia entre las poblaciones del centro y sur peninsular. c) Tercera etapa (1838-1840) El bando carlista, desmoralizado y debilitado por los enfrentamientos entre sus jefes, sufrió continuas derrotas. Los fracasos militares provocaron un aumento de las discrepancias, que terminaron por escindir a los dirigentes carlistas en dos facciones opuestas: por una parte los ultras más duros, absolutistas extremistas e integristas católicos, que se negaban a aceptar cualquier intento de solución pacífica del conflicto; por otro lado, los carlistas más moderados, como los generales Gómez, Zaratiegui y Maroto, que eran conscientes de la imposibilidad de una victoria militar y se mostraban favorables a un pacto con los isabelinos a cambio del respeto a los fueros. El general Maroto, que inició las negociaciones sin contar con don Carlos, llegó incluso a detener y fusilar bajo la acusación de traición a varios generales del sector ultra. Aunque algunos cientos de combatientes carlistas continuaron resistiendo en Aragón y Cataluña hasta julio de 1840, la guerra civil concluyó con la victoria de las tropas liberales isabelinas, con la huída de don Carlos a Francia y con la firma del Convenio de Vergara (1839). El carlismo se mantuvo militarmente activo a lo largo del siglo XIX reivindicando en particular el mantenimiento de los fueros y provocando otros dos conflictos: - La Segunda Guerra Carlista (1846-1849) También llamada guerra dels matiners (madrugadores), se desarrolló en Cataluña y tuvo como pretexto inmediato el fracaso de la planeada boda entre Isabel II y el pretendiente carlista al trono (Carlos VI), lo que habría resuelto el pleito dinástico. Posteriormente se produjeron otras sublevaciones carlistas, como la ocurrida en Cataluña en 1855; o la denominada Ortegada, el frustrado pronunciamiento de Carlos VI en el monasterio de San Carlos de la Rápita (1860). El carlismo se revitalizó militarmente después del derrocamiento de Isabel II tras la Revolución de 1868. - La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) En esta ocasión, los carlistas se enfrentaron primero a un rey perteneciente a una nueva dinastía, Amadeo I, que fue considerado un intruso, y después a la I República. La guerra se desarrolló en Cataluña, Navarra y el País Vasco, donde los carlistas volvieron a intentar, sin éxito, la ocupación de Bilbao. También se produjeron expediciones hacia el interior de la Península, como el saqueo de Cuenca (1874). La restauración de los Borbones en el trono (1875) supuso el declive del carlismo. En febrero de 1876, el pretendiente carlista, Carlos VII, cruzó la frontera en dirección a Francia. c) La cuestión foral. La primera guerra carlista concluyó con la firma del Convenio de Vergara –suscrito en 1839 por el general carlista Rafael Maroto y por el general Espartero en representación del bando isabelino- que fue un compromiso donde predominó la búsqueda de la reconciliación entre ambos bandos y el deseo de reintegrar a los derrotados carlistas en el nuevo sistema político creado por los liberales vencedores. Así pues, el contenido de este convenio era abiertamente conciliatorio. Los isabelinos reconocieron los grados de los oficiales y mandos que habían servido en el bando carlista para facilitar su reinserción en el Ejército regular español. Al mismo tiempo, el convenio de Vergara incluía una ambigua promesa de mantenimiento de los privilegios forales específicos de vascos y navarros. Sin embargo, poco después, en 1841, se aprobaron varias leyes según las cuales Navarra perdía sus aduanas, sus privilegios fiscales, sus exenciones militares y sus instituciones propias de autogobierno (como las Cortes). Pero a cambio, los navarros consiguieron un sistema fiscal muy beneficioso, consistente en el pago de un cupo contributivo único anual, de reducida cuantía, a la Hacienda estatal. En 1841, las tres provincias vascas también perdieron algunos de sus viejos y tradicionales privilegios forales, como las aduanas y las Juntas. No obstante, la población vasca conservó su exclusión privilegiada y excepcional del servicio militar obligatorio. Algunos años después, en 1846, se produjo un nuevo recorte de los fueros vascos con la introducción de los denominados “conciertos económicos”, por medio de los cuales se calculaba la contribución anual de los ciudadanos vascos a los gastos generales del Estado. La cantidad total de esta aportación era fijada, de manera pactada, entre los representantes de las diputaciones forales de las tres provincias y el gobierno estatal (este modelo fiscal especial resultó bastante ventajoso para la población vasca). - Isabel II (1833-1843): Las Regencias. a) la regencia de María Cristina (1833-1840) La muerte de Fernando VII dejó al absolutismo monárquico sin ninguna posibilidad de supervivencia en España. Además, el levantamiento armado carlista y la posterior guerra forzaron a la reina madre María Cristina de Nápoles –que personalmente estaba muy lejos de simpatizar con las ideas liberales- a confiar en aquellos que habían sido los máximos adversarios de su difunto esposo y a facilitar la introducción de reformas en el sistema político. La alianza entre la reina regente y los liberales era un acuerdo de conveniencia, ya que los liberales parecían ser la única fuerza capaz de sostener frente a los carlista los derechos al trono de Isabel. Así pues, durante los años de la guerra civil fue reforzándose el vínculo entre el movimiento liberal y la defensa de la causa de la princesa. Durante los primeros meses posteriores a la muerte de Fernando VII, el gobierno presidido por Cea Bermúdez, con Francisco Javier de Burgos en el Ministerio de Fomento, ya impulsó algunas mínimas reformas como la reorganización de la administración territorial mediante la división del país en 49 provincias, la prohibición de crear nuevos gremios y la introducción de algunas libertades comerciales. Sin embargo, en enero de 1834 y como consecuencia de la presión de los mandos liberales del Ejército y de los embajadores de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, la regente situó al frente del gobierno a Martínez de la Rosa. Este liberal moderado ya había sido jefe de Gobierno durante el Trienio Liberal. Convenció a la regente de la necesidad de una apertura. Se amplió la amnistía para que los liberales pudieran volver del exilio. Se publicó un decreto de libertad de prensa limitada, que, sin embargo, permitió la aparición de periódicos liberales. Y se restableció la Milicia Nacional para conseguir voluntarios para la guerra. Se encargó de proyectar y aprobar el Estatuto Real con la intención de preparar el tránsito político desde el absolutismo hacia un sistema representativo liberal. El Estatuto Real era una carta otorgada, ley fundamental que combinaba la tradición con las novedades, y que concedía la reina regente con la intención de renunciar a algunos de sus poderes y competencias. Por lo tanto, su redacción se llevó a cabo sin ningún tipo de participación por parte de representantes elegidos por los votantes. En realidad su contenido sólo incluía un reglamento de reforma de las Cortes, que pasaban a convertirse en una asamblea para asesorar a la Corona. Éstas eran muy conservadoras y elitistas tanto por su composición (nobleza, Iglesia, funcionarios y militares de alto nivel, alta burguesía) como por lo limitado del voto, indirecto y muy restringido. Además, la Corona se reservaba una amplia capacidad legislativa y de veto (el consentimiento del rey era imprescindible para la elaboración y aprobación de una ley), incluida la libre disolución de las Cortes. Las Cortes, a semejanza del sistema británico, quedaban formadas por una Cámara alta de Próceres y una Cámara baja de Procuradores. La Cámara de Próceres estaba compuesta por los grandes de España, los arzobispos y otros individuos que debían ser designados por el monarca con carácter vitalicio. Los 118 miembros de la Cámara de Procuradores, que no recibían ningún sueldo por desempeñar su cargo, eran elegidos por sufragio restringido indirecto, y las condiciones fijadas para ser candidatos exigían superar los 30 años de edad y los 12.000 reales de renta anual personal. Sólo se concedió el derecho a voto a los 16.000 hombres más ricos del país. El contenido del Estatuto Real no logró satisfacer las expectativas de los liberales más exaltados y radicales, que sólo lo consideraban como un pequeño primer paso hacia el establecimiento de un sistema parlamentario constitucional pleno. Por este motivo, la mayoría de los procuradores elegidos –que eran conocidos y veteranos liberales como Argüelles, Alcalá Galiano y Evaristo Pérez de Castro- exigieron al gobierno desde el primer momento la realización de reformas más profundas. Poco a poco en las filas liberales van cristalizando dos tendencias o alas diferentes: los moderados y los progresistas. Aunque ambos colaboran en la lucha contra los carlistas, mantenían importantes diferencias ideológicas y competían electoralmente. Y en ocasiones, los conflictos políticos entre ambos concluyen en violentos enfrentamientos por el poder. Durante el verano de 1835, el gobierno presidido por Martínez de la Rosa parecía incapaz de vencer a los carlistas y se multiplicaron las protestas de los liberales más extremistas, que se encargaron de organizar y animar continuas revueltas callejeras en numerosas ciudades (matanza de frailes en Madrid, 1834). Algunas fábricas fueron asaltadas y destruidas por la multitud (fábrica textil Bonaplata en Barcelona, 1835), e incluso el mismo jefe del Gobierno sufrió un atentado. También, en Barcelona, Zaragoza y Murcia se produjeron violentas revueltas populares anticlericales, fueron quemados conventos y 85 clérigos murieron asesinados. El motivo que contribuyó a desatar esa brutal matanza colectiva de frailes fue el resentimiento provocado por el respaldo mayoritario del clero católico al bando absolutista del infante don Carlos. Todos estos acontecimientos intimidaron a la reina regente quien, con la intención de frenar los desmanes, tomó la decisión de encargar la formación de gobierno a los liberales progresistas con Juan Álvarez Mendizábal a la cabeza. Este nuevo gobierno emprendió la desamortización eclesiástica, suprimió los gremios, introdujo las plenas libertades de producción y comercio, libertad de imprenta, supresión de conventos, reforzó los efectivos de la milicia nacional (de 30.000 a 40.000 miembros), ordenó el alistamiento de hombres para el Ejército, con el propósito de derrotar a los carlistas, amplió el número de personas con derecho a voto y rebajó en un 40% la cantidad de dinero que el Estado adeudaba a los compradores de títulos de deuda pública (de manera que perdieron así parte de su inversión). Esta política demasiado radical, le enfrentó a los moderados y a María Cristina, que en mayo de 1836 forzó la dimisión de Mendizábal. El intento de la regente de acabar con las reformas y volver al moderantismo desencadenó en julio una nueva insurrección progresista, que culminó el 12 de agosto con la sublevación de la Guardia Real en el Palacio de la Granja. María Cristina se vio obligada a entregar el gobierno a los progresistas y a restablecer la Constitución de 1812. El nuevo gobierno, encabezado por José María de Calatrava, continuó la labor de demolición del absolutismo. Se eliminaron definitivamente el régimen señorial, las vinculaciones y el mayorazgo. Se suprimió el diezmo y se sustituyó por un impuesto de culto y clero. También se restableció la ley municipal del Trienio, que permitía la elección popular de los alcaldes. Por último, se sustituyó a los jefes del ejército y se puso al frente de la dirección de la guerra al general Espartero. Las Cortes elegidas en otoño elaboraron la Constitución de 1837, un intento de contentar por igual a progresista y moderados, ya que configura un sistema político constitucional de cierta inspiración progresista, pero que incorporaba también buena parte de las ideas propuestas por los moderados. Proclamaba la soberanía nacional y los derechos individuales, pero mantenía un poder ejecutivo fuerte, con competencias legislativas, derecho de veto y suspensión de las Cortes. Éstas serían bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio censitario y un Senado de designación real. Los aspectos más relevantes de su contenido eran: 1. la síntesis entre los principio de soberanía nacional y soberanía compartida, pues se declaraba que la potestad legislativa pertenecía a “las Cortes con el rey”. 2. La introducción del bicameralismo parlamentario: el Congreso de los Diputados y el Senado. 3. El mantenimiento de importantes atribuciones en manos del rey: iniciativa legislativa, derecho de veto ilimitado y designación de senadores. Además, el monarca se encargaba del nombramiento de los ministros. 4. El reconocimiento de los derechos individuales y de la libertad de imprenta como garantía de la libertad de expresión. 5. la afirmación de la libertad religiosa y el compromiso del Estado a mantener económicamente el clero católico, que había perdido la mayor parte de sus rentas como consecuencias de la desamortización. La Constitución de 1837 se completó con una nueva ley electoral que establecía el voto directo y el sufragio restringido masculino para la elección de diputados (2% de la población, 240.000 hombres mayores de 25 años, sobre una población de 13 millones). Durante tres años, María Cristina eligió gobiernos moderados que ganaban las elecciones gracia a un sufragio muy restringido. Pero en 1840 el intento de modificar la ley municipal para eliminar el voto popular provocó la oposición de los progresistas, que tenían ahora el apoyo del general Espartero, el héroe de la victoria sobre los carlistas. Tras un verano de enorme tensión, una nueva insurrección, en septiembre de 1840, forzó la dimisión de María Cristina, que optó por abandonar el país. b) La regencia de Espartero (1840-1843) Espartero se convirtió en el nuevo regente. Durante casi tres años gobernó con el apoyo de los progresistas y de otros jefes militares. Pero su política autoritaria y tendente a reprimir las protestas tanto de moderados como de progresistas radicales, hizo que se popularidad inicial fuera disminuyendo poco a poco. Durante su regencia se recortaron los fueros vasco-navarros y se aceleraron las ventas de bienes desamortizados con la orden de subastar todas las propiedades del clero secular a excepción de las iglesias, los edificios escolares y las viviendas de los sacerdotes. En 1843, ya se habían vendido el 75% de las propiedades que pertenecieron a las comunidades religiosas regulares y el 30% de los bienes del clero secular. Algunos generales moderados intentaron sublevarse contra el regente como Diego de León o Manuel Montes de Oca, pero el acontecimiento que precipitó la caída de Espartero fue el estallido de una violenta revuelta popular en Barcelona en diciembre de 1842. Entre los factores que explican la insurrección están:
Espartero mandó bombardear la ciudad para dominar la algarada urbana. Los cañonazos de la artillería dejaron cientos de muertos y más de 500 edificios destruidos. Este suceso liquidó el prestigio del regente. Seis meses después, los moderados y algunos progresistas protagonizan un pronunciamiento militar que obligó a Espartero a dimitir y a abandonar el país en agosto de 1843 con destino al exilio en Londres. Entre los impulsores de la sublevación estaban los moderados Narváez y Gutiérrez de la Concha y los progresistas Serrano y Prim. En los meses siguientes, el artífice del golpe, el general Narváez, desencadenó un acelerado proceso de reacción. Cerró periódicos y clubes políticos, destituyó a los militares progresistas y persiguió a los diputados más radicales, muchos de los cuales optaron por el exilio. Finalmente, en 1844 Narváez se convirtió en jefe de Gobierno. - Isabel II (1843-1868): El reinado efectivo. En el otoño de 1843, las Cortes, para evitar una nueva regencia, votaron la mayoría de edad de Isabel II, que iniciaba así con trece años su reinado efectivo. Un reinado que duraría 25 años y que, aunque en apariencia fue agitado y cambiante, presentó unas características que se mantuvieron a lo largo del tiempo. En primer lugar, fue un período de tendencia muy conservadora, regulado por la Constitución de 1845, que establecía la participación política exclusiva de una oligarquía de propietarios, viejos aristócratas, ricos burgueses, generales, prelados y altos funcionarios. El sufragio censitario excluía al resto del país. Fue además un régimen de gobiernos autoritarios, defensores del “orden” y de una monarquía fuerte, que limitó las reformas sociales y restringió las libertades individuales y colectivas. En segundo lugar, la reina Isabel intervino activamente en la vida política, apoyando invariablemente a los sectores más conservadores y evitando el acceso al poder de los progresistas. Para participar e influir en las decisiones políticas, la reina utilizó los recursos que poseía: capacidad de veto absoluto, derecho de disolución de las Cortes y nombramiento de ministros y senadores. En todo caso, los deseos y actuaciones de Isabel II siempre estuvieron condicionados por las personas que formaban su “camarilla” o círculo íntimo de amistades, que aprovecharon su estrecha relación con la reina para intrigar y maniobrar en beneficio de sus intereses particulares, así como influir en los nombramientos ministeriales o intentar enriquecerse valiéndose de sus privilegiados contactos. Fuera cual fuera el signo político de los que ocupaban el poder, el fraude y las manipulaciones electorales para falsear los resultados en las votaciones se convirtieron en una práctica constante. Durante los años del reinado de Isabel II ningún gobierno que convocó elecciones las perdió. En tercer lugar, la participación de los generales en el Gobierno fue continua. La exclusión de la oposición la llevó a recurrir a los militares y al pronunciamiento para acceder al Gobierno. Los conservadores, por su parte, pensaban que la presencia de un militar al frente del ejecutivo garantizaba el mantenimiento del orden liberal, frente al carlismo y a la revolución social. A lo largo del siglo, la intervención en política de los mandos militares se convirtió en un fenómeno crónico. Los medios que utilizaron para actuar en la vida política iban desde el ejercicio de presiones y amenazas sobre los gobernantes, hasta el recurso a la violencia saltándose abiertamente la legalidad por medio de pronunciamientos o golpes de Estado. Entre 1833 y 1874, la intromisión activa de los militares de alta graduación (llamados entonces “espadones”) provocó decenas de pronunciamientos exitosos o fallidos. Del mismo modo, varios generales: Espartero, Narváez, O’Donell, Serrano, Prim, lideraron los principales partidos y ocuparon en diferentes momentos la presidencia del Gobierno; además muchos otros mandos del Ejército desempeñaron puestos de relevancia como ministros o senadores (por ejemplo, en 1853, había 93 jefes militares en el Senado). Otra característica del periodo fue la exclusión de la gran mayoría del país de la vida política. Ni los campesinos ni el creciente número de obreros industriales o trabajadores urbanos vieron mejoradas sus condiciones. Al contrario, el régimen liberal supuso una degradación de sus condiciones de vida. Las protestas, manifestaciones y huelgas fueron contestadas con una dura represión, la prohibición de las asociaciones y la persecución de sus dirigentes en nombre del “orden”. a) La década moderada (1844-1854) Los primeros diez años del reinado efectivo estuvieron protagonizados por la figura del general Narváez, líder de los moderados, pese a que no siempre presidió el Consejo de Ministros. Esta época transcurrió en aparente estabilidad, tranquilidad y orden, sin que se produjeran sobresaltos, disturbios o agitaciones. Las actuaciones políticas más relevantes que llevaron a cabo los moderados fueron: 1. La creación de la Guardia Civil en 1844. Las principales funciones que asumió este cuerpo de policía rural (compuesto por 6.000 agentes y dirigido por el duque de Ahumada) consistieron en el mantenimiento del orden público, la protección de la seguridad de las personas, la defensa de las propiedades, la lucha contra el bandolerismo y la represión de revueltas sociales. 2. La aprobación de una nueva ley de Ayuntamientos, en 1845, para introducir el nombramiento gubernativo de todos los alcaldes entre aquellos concejales que habían resultado elegidos previamente por los vecinos de cada municipio según un restrictivo sistema electoral por sufragio limitado. De este modo, el gobierno –que también podía sustituir fácilmente a los alcaldes según su conveniencia- consiguió estrechar el control sobre la vida municipal con la intención de evitar insurrecciones locales y de manipular a su antojo el desarrollo de las elecciones. 3. La reforma del sistema fiscal elaborada en 1845 por el ministro Alejandro Mon. Con esta reorganización se pretendía mejorar la eficacia del sistema de impuestos para obtener un aumento de los ingresos estatales, reducir el déficit y costear la realización de modernas infraestructuras y de nuevos servicios públicos (como la construcción de canales y caminos, de la red telegráfica y de las obras de canalización de agua para el abastecimiento de las ciudades). Después de esta reforma, los impuestos quedaron clasificados en: a) Impuestos directos: la contribución por actividades industriales y comerciales, y la contribución territorial sobre las propiedades inmobiliarias urbanas y sobre los rendimientos de las fincas rústicas cultivadas (un impuesto que constituía la base del sistema y que representaba el 25% de los ingresos fiscales totales). b) Impuestos indirectos: las tarifas aduaneras, el impuesto sobre transmisión de bienes (herencia, compraventa) y el impuesto de “consumos” (una importante e impopular tasa que gravaba el consumo de algunos artículos de primera necesidad como el jabón, las carnes, las bebidas alcohólicas, el aceite de oliva y la harina). 4. La elaboración y aprobación de una Constitución en 1845 para sustituir al anterior texto constitucional de 1837 y que estuvo en vigor hasta 1869. En su redacción intervinieron de manera destacada los políticos extremeños Donoso Cortés y Bravo Murillo. Incluía una declaración de derechos muy teórica, que permitió más tarde limitarlos de forma muy restrictiva mediante las leyes ordinarias. Los aspectos más novedosos de la misma eran la afirmación de la confesionalidad del Estado (el catolicismo es la única religión de la nación), el robustecimiento de la autoridad del monarca que tenía con las cortes el poder legislativo (que pasó a convertirse, por encima de las Cortes, en la fuerza política más poderosa y preeminente, ocupando el centro del poder en el proceso de toma de decisiones) y la introducción de modificaciones en el Senado, cuyos miembros pasaban a ser designados exclusivamente por el rey entre individuos que debían superar los 30 años de edad y pertenecer a la nobleza, al generalato, al alto clero o poseer una elevada fortuna personal y eran vitalicios (de este modo, la composición social de los senadores se asemejó a la Cámara de los Lores británica. Además se suprimía la Milicia Nacional, que venían controlando los progresistas, permitía a la reina disolver el Congreso sin otro límite que convocar elecciones para una nueva cámara. También favorecía la intervención continua de la reina en la vida política. Por último, alcaldes y presidentes de Diputaciones serían elegidos por el Gobierno. 5. La modificación de la legislación electoral, en 1846, por medio de la cual se duplicó la cantidad de dinero exigida en pago de impuestos directos para adquirir el derecho a voto con la intención de reducir así el número de electores a 97.000 hombres (sólo el 0,8% de la población total). 6. La neutralización de un intento de revolución llevado a cabo por lo demócratas y los republicanos más exaltados en marzo de 1848. Narváez se encargó de liquidar con rapidez a los insurrectos, que habían conseguido levantar barricadas en Madrid, Barcelona y Alicante. Varios amotinados fueron fusilados por su participación en el levantamiento. 7. La solución de los problemas pendientes con el Vaticano mediante la firma del Concordato de 1851. El gobierno español se comprometió a paralizar la venta y subasta de bienes desamortizados, permitió el regreso de varias órdenes religiosas suprimidas y cedió por completo al clero el control sobre la enseñanza de los niños y jóvenes en centros públicos y privados y universidades, conforme a los valores religiosos mas puros. Por su parte, la Santa Sede aceptó como un hecho consumado las ventas de tierras desamortizadas realizadas antes, perdonó a los compradores de dichas propiedades suspendiendo su excomunión, y no puso objeciones para que la Corona recuperase su tradicional y antigua prerrogativa de patronato con derecho a intervenir en la elección de los obispos. Además, en este tratado con el Vaticano se regulaban con detalle las cantidades anuales de dinero que el Estado debía entregar en compensación por las pasadas desamortizaciones (por ej., al arzobispado de Toledo se le asignaban 160.000 reales). Como resultado del Concordato, la Iglesia se distanció del carlismo y logró recuperar buena parte de su influencia sobre la sociedad española, mientras que los liberales moderados consiguieron obtener el importante apoyo del clero. Durante los primeros años de la década el dominio de los moderados fue absoluto. Desde 1849 el clima se fue deteriorando. En ese año algunos progresistas radicales fundaron el |
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