Constitución Política del Estado






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títuloConstitución Política del Estado
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Derecho al Trabajo

Constitución Política del Estado



En el art. 7 reconoce como derecho fundamental el trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo; a una remuneración justa por su trabajo, que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano; Asimismo establece que se tiene derecho a una remuneración justa por su trabajo, que asegure para sí y la familia una existencia digna del ser humano;
Por su parte en el Título Segundo, “Régimen Social”, se encuentra regulado el trabajo y la seguridad social:
Art. 156.- El trabajo es un deber y un derecho y constituye la base del orden social y económico.
Art. 157.- I. El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado. La ley regulará sus relaciones estableciendo normas sobre contratos individuales y colectivos, salario mínimo, jornada máxima, trabajo de mujeres y menores, descansos semanales y anuales remunerados, feriados, aguinaldos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de las empresas, indemnización por tiempo de servicios, desahucios, formación profesional y otros beneficios sociales y de protección a los trabajadores.

II. Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todos posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa.
Art. 158. I. El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población; asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas: propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.

II. Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.
Art. 159. I. Se garantiza la libre asociación patronal. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores, así como el fuero sindical en cuanto garantía para sus dirigentes por las actividades que desplieguen en el ejercicio específico de su mandato, no pudiendo éstos ser perseguidos ni presos.
II. Se establece, asimismo, el derecho de huelga como el ejercicio de la facultad legal de los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, previo cumplimiento de las formalidades legales.
Art. 161. El Estado, mediante tribunales u organismos especiales resolverá los conflictos entre patronos trabajadores o empleados, así como los emergentes de la seguridad social.
Art. 162. I. Las disposiciones sociales son de orden público. Serán retroactivas cuando la Ley expresamente lo determine.
II. Los derechos y beneficios reconocidos a favor delos trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.
Art. 164. El servicio y la asistencia sociales son funciones del Estado y sus condiciones serán determinadas por Ley. Las normas relativas a la salud pública son de carácter coercitivo y obligatorio.


Ley General de Trabajo, Decreto Ley de 24 de mayo de 1939, elevado a Ley el 8 de diciembre de 1942


Determina con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo, con excepción del agrícola. Excluye a los funcionarios públicos y al Ejército, que cuentan con normas especiales.
Regula aspectos relativos al contrato o convenio colectivo, el contrato individual con sus diferentes modalidades, el de aprendizaje; prohíbe el enganche, establece un régimen especial relativo al trabajo a domicilio, al trabajo doméstico y el aeronáutico. Determina las condiciones de trabajo (jornada, días hábiles, descansos, remuneraciones, primas anuales), el trabajo de mujeres y menores, ascensos, seguridad e higiene en el trabajo, asistencia médica y otras previsiones sociales, como provisión de artículos de primera necesidad, perfeccionamiento técnico de los trabajadores, riesgos profesionales, grados de incapacidad y las correspondientes indemnizaciones, primeros auxilios, seguro social obligatorio.
Asimismo, establece el derecho de libre asociación para empleadores y trabajadores, regula los conflictos colectivos, la huelga y lock-out, determina el arbitraje obligatorio, la prescripción de los derechos laborales y las sanciones.
Decreto Supremo Nº 224 de 23 de agosto de 1943

Reglamenta la Ley General del Trabajo, estableciendo algunos procedimientos y complementando en algunos aspectos a la Ley, pero es básicamente reiterativo de ésta, sin agregar un mayor detalle que facilite su aplicación.
Decreto Ley Nº 16986 de 25 de julio de 1979 (Código Procesal del Trabajo)

Establece los procedimientos para la tramitación de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales, cuyo conocimiento corresponda a la Judicatura del Trabajo y de Seguridad Social. Determina, a diferencia de otras materias, la inversión de la prueba (corresponde al empleador) y los procesos son sumarísimos. También establece procedimientos especiales más breves, por infracción de ley social, para desafuero sindical, declaratoria de derechos para cobro de beneficios sociales al fallecimiento de un trabajador, en materia de seguridad social y recuperación de patrimonio sindical.
Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal

El Código Penal contiene previsiones expresas que prohíben la esclavitud, sancionando con privación de libertad de dos a ocho años a quien redujere a una persona a esclavitud o estado análogo (artículo 291); asimismo, sanciona con privación de libertad de seis meses a dos años a quien con violencia o amenazas graves obligare a otro a hacer, no hacer o tolerar algo que no está obligado (artículo 294, coacción).
Asimismo, contiene un capítulo relativo a los delitos contra la libertad de trabajo (Arts. 303 a 307), el monopolio de una actividad lícita de trabajo, comercio o industria, la violencia o amenazas por empleadores, obreros o empleados y coacciones por patrón, empresario o empleado, imponiendo penas máximas de tres años.
Por su parte, existen también delitos contra la industria y el comercio (Arts. 232 a 239), tipificados como sabotaje; monopolio de importación, producción o distribución de mercancías; lock-out, huelgas y paros ilegales; fraude comercial; engaño en productos industriales; desvío de clientela; corrupción de dependientes y tenencia, uso y fabricación de pesas y medidas falsas.


  1. Derecho a un trabajo productivo y seguro de desempleo



Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de 1985


Establece en su artículo 55 que las empresas y entidades del sector público y privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de trabajo, con estricta sujeción a la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario. Abroga los decretos supremos Nº 7072 de 2 de febrero de 1965, 9190 de 23 de abril de 1970, 17289 de 18 de marzo de 1980 y decreto ley 17610 de 17 de septiembre de 1980, relativos a la estabilidad laboral.
Además de no garantizar la estabilidad en el empleo, las disposiciones laborales no contemplan una cobertura especial de desempleo.

b) Derecho a un salario equitativo en función al trabajo
Ley General de Trabajo, Ley el 8 de diciembre de 1942

Establece en el Art. 52, con relación a las remuneraciones, que no podrá convenirse un salario inferior al mínimo, cuya fijación según los ramos de trabajo y zonas del país, se hará por el Ministerio de Trabajo (actualmente es de Bs. 460.- o $us. 57). Determina que el salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad. El Art. 54 dispone que los trabajadores de ambos sexos menores de 18 años y las mujeres casadas reciban válidamente sus salarios y tendrán su libre administración.

Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de 1985


Determina la consolidación al salario básico de todos los bonos existentes que correspondían a cualquier forma de remuneración, tanto en el sector público como privado, sea que se originen en convenios de parte, laudos arbitrales o disposiciones legales, con excepción de los bonos de antigüedad y de producción, de zona, frontera o región. Dispone que las remuneraciones en el sector privado se establezcan a través de negociaciones obrero-patronales, prohíbe el régimen de pulperías bajo el sistema de precios inferiores al costo de adquisición y el pago de salarios en especie (Arts. 58 y siguientes).
c) Derecho a la sindicalización, negociación y huelga
Ley General de Trabajo de 8 de diciembre de 1942

En el Título IX, “De las organizaciones de patronos y trabajadores”, reconoce el derecho de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, gremiales o profesionales, mixtos o industriales de empresa; para su reconocimiento deberán tener carácter de permanencia, legalizar su personalidad jurídica y constituirse con arreglo a las reglas legales.
Define como finalidad esencial del sindicato la defensa de los intereses colectivos que representa, reconociéndoles facultades para celebrar contratos colectivos, representar a sus miembros en el ejercicio de derechos emanados de contratos individuales, en conflictos colectivos y en instancias de conciliación y arbitraje, crear escuelas profesionales e industriales, bibliotecas populares, organizar cooperativas de producción y consumo, etc.
Para la constitución de un sindicato se requiere un mínimo de 20 trabajadores tratándose de sindicatos gremiales o profesionales y no menos del 50 por ciento de los trabajadores de una empresa, tratándose de sindicatos industriales. Determina que los dirigentes de sindicatos serán bolivianos de nacimiento, los inspectores de trabajo concurrirán a sus deliberaciones y fiscalizarán sus actividades. Prohíbe la sindicalización de los funcionarios públicos, cualquiera su categoría y condición.
La negociación colectiva está regulada en el capítulo referido al contrato colectivo, que dispone que el empleador está obligado a celebrar con las organizaciones sindicales contratos colectivos de trabajo, cuando éstas lo soliciten.
Con relación a los conflictos colectivos, el Título X establece la conciliación y arbitraje obligatorios, como requisito previo para la declaratoria de huelga o lock-out. En caso de conflicto, los sindicatos deben tramitar su pliego de reclamación ante el Inspector del Trabajo, con lo que se inicia el procedimiento de conciliación, que de no lograr un acuerdo es remitido a un Tribunal Arbitral, cuyas decisiones deben ser tomadas por mayoría absoluta de votos y tienen carácter obligatorio para las partes.
Cuando fracasan las gestiones de conciliación y arbitraje, recién los trabajadores pueden declarar huelga y los empleadores lock-out, la cual debe ser declarada y notificada con cinco días de anticipación a la autoridad política del departamento (Prefectura) y a la autoridad laboral, con una nómina de los trabajadores responsables y sus domicilios. Para la declaratoria de huelga se requiere el acuerdo de por lo menos tres cuartas partes del total de trabajadores activos.
El concepto de huelga comprende la suspensión pacífica del trabajo, quedando comprendida dentro la ley penal toda manifestación de hostilidad hacia las personas o la propiedad. Se prohíbe la huelga en los servicios de carácter público.

Decreto Ley Nº 38 de 7 de febrero de 1946


Establece la estabilidad laboral para obreros o empleados elegidos para desempeñar cargos directivos de un sindicato, a quienes solamente se podrá despedir previo proceso, prohibiéndose su transferencia de un empleo a otro ni de una sección a otra dentro una misma empresa, sin su libre consentimiento, salvo trámite judicial expreso en el que se justifiquen las razones técnicas y necesarias que justifiquen el traslado.

Resolución Ministerial Nº 119/88 de 31 de mayo de 1988


Establece la estabilidad laboral para dirigentes sindicales que concluyan su mandato, por un período mínimo de tres meses a fin de que rindan cuentas de su gestión, salvo la comisión de infracciones que constituyan causales de despido sin goce de beneficios sociales. Asimismo, establece la obligación de que los ex - dirigentes retornen a los mismos puestos de trabajo que ocupaban al momento de ser elegidos.

Resolución Ministerial Nº 284/89-B de 14 de agosto de 1989


Ratifica la vigencia de las organizaciones sindicales como personas jurídicas de interés social, al amparo de la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, su reglamento y el Convenio 87 del a OIT, sobre cuya base determina que los principales dirigentes de las centrales nacionales, confederaciones y federaciones, serán declarados en comisión mediante Resolución Ministerial expresa, con el goce del 100 % de sus haberes y demás beneficios sociales, mientras desempeñen sus funciones sindicales. Los dirigentes declarados en comisión a nivel departamental, pertenecerán a diferentes centros de trabajo.

Decreto Supremo Nº 1958 de 16 de marzo de 1950


Define los servicios de carácter público en los cuales está prohibida la huelga o el lock-out. Estas son: la administración pública, fiscal y municipal; servicios de agua potable y aprovisionamiento de combustibles y energía eléctrica; comunicaciones y bancos; servicios de sanidad y mercados públicos.

Decreto Ley Nº 2565 de 6 de junio de 1951


Prohíbe las huelgas generales y las de simpatía o solidaridad, así como las que no se sujeten a los trámites y términos establecidos en la Ley General del Trabajo, facultando a los empleadores a no pagar salarios durante el tiempo que dure el abandono del trabajo, determinando la aplicación de la ley penal con penas agravadas en caso de incumplimiento de los procedimientos establecidos.

Decreto Supremo Nº 224 de 23 de agosto de 1943

Reglamenta la Ley General del Trabajo, en lo relativo a los sindicatos establece los requisitos y trámites para su reconocimiento legal, mediante Resolución Suprema emitida por el Presidente de la República. Exige como requisitos las los dirigentes sindicales el ser mayores de 21 años, bolivianos, saber leer y escribir, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada y pertenecer a la empresa. Regula aspectos relativos al patrimonio sindical y su administración, a la disolución de las organizaciones sindicales, la rendición de cuentas, etc. Asimismo, reglamenta aspectos relativos a los procedimientos de conciliación y arbitraje y a la huelga.

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