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 RECUERDO
Paz profunda de la ola que corre hacia ti

Paz profunda del aire que fluye hacia ti

Paz profunda de la tierra callada para ti

Paz profunda de las estrellas que brillan para ti

Paz profunda de la noche apacible para ti

Paz profunda para ti

Estés donde estés, la luna y las estrellas vierten su luz benéfica sobre ti.

***
Desde estas líneas queremos tener un cariñoso recuerdo para nuestro compañero y socio Bartolomé Masllorens Coll (Bartolo), recientemente fallecido. Descanse en paz.



TELEFONOS DE INTERES
ANTARES 914179959

Associació Barcelona 608000000

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Delegació Lleida 649965224

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Col.lectiu Ronda 932682199

Fonditel 902120300

Montepío 915318031

Plan Pensiones 900210666

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Plan Vacaciones 900351010

Pléyade Seguros 915970977

Grupo de Mayores 972185988 T-Gestiona 900123008

Fax 915948304-06














MEJORA DE LA PENSION A LOS JUBILADOS DE ANTES DEL 1.1.2002

Al margen del estudio que están realizando los Gabinetes Jurídicos, de la lectura parece que se desprende que no nos afecta, por desgracia, lo que dice el Sr. Olavarría, ni lo que dice el Sr. Caldera (VER MAS ABAJO).

¿Hasta cuando vamos a seguir aguantando que se siga hablando de prejubilados de primera y prejubilados de segunda? ¿Hasta cuando van a seguir insistiendo, algunas organizaciones, en que los prejubilados que tienen todos los derechos son los que se fueron de la vida laboral mediante un ERE? 

La pregunta y la respuesta del Sr. Ministro en el Congreso, se refiere a la mejora en la pensión a los jubilados anticipadamente, antes del 1 de enero del 2002, mediante ERE. Como ningún telefónico, o muy poquitos, lo hicieron antes de esa fecha prejubilándose por ERE, este asunto no nos afecta.

Lo que nosotros hemos defendido y seguimos haciéndolo, entre otras cosas en nuestras enmiendas, es que esa mejora, tanto en dinero como en igualación de coeficientes, afecte a todos los jubilados anticipados antes del 1 de enero del 2002, que procedan de un ERE o de una prejubilación que haya supuesto una Adecuación de Plantilla  en la Empresa y, por tanto, una regulación de empleo administrativamente encubierta. Pero esta defensa no es asumida por todas las organizaciones de prejubilados, sobre todo por aquellas que sólo miran su ombligo.
En esta misma sesión del pleno del Congreso de los Diputados, donde se hablaba de la igualación, el diputado por CiU, Carles Campuzano, interpela al Ministre de Trabajo sobre la incidencia de la aplicación de la Ley de Dependencia en "las clases medias".

A propósito de esto, el grueso de trabajadores i ex-trabajadores de Telefónica, a que clase social creemos que pertenecemos?

Probablemente entre nuestros socios habrá a quien les prestaciones de la Ley de Dependencia. Según la prensa, uno de cada cuatro ciudadanos de Catalunya padece una enfermedad crónica.



CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE (18.4.2007-Páginas 12.468 a 12469)
DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿EN QUÉ PLAZOS PIENSA EL GOBIERNO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS PREJUBILADOS, APROBADA POR UNANIMIDAD CON FECHA 2 DE MARZO DE 2006. (Número de expediente 180/001807)


El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del diputado don Emilio Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, con fecha 2 de marzo del año 2006 se aprobó por unanimidad en este Congreso de los Diputados una proposición no de ley preconizando la igualación de aquellas personas que se prejubilaron contra su voluntad, normalmente en virtud de expedientes de regulación de empleo, antes de la edad de jubilación legal y que habían cotizado más de 35 años de tiempo cubriendo ampliamente el periodo de carencia previsto por la legislación laboral. Desde esta perspectiva, señor ministro, y en atención a lo que hemos podido percibir en lo regulado por los Presupuestos Generales del Estado, ¿cuándo piensa cumplir con los requerimientos de esta proposición no de ley aprobada por este Congreso de los Diputados por unanimidad?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.

Señor Olabarría, pensamos que ya lo hemos hecho con el envío del proyecto de Ley de medidas de reforma de la Seguridad Social siguiendo el mandato de esa proposición no de ley y, además, de la recomendación decimoprimera del Pacto de Toledo. Hay tres medidas en el proyecto de ley al que hago referencia, que espero que apruebe esta Cámara cuanto antes. Primero, se atenúa la penalización aplicada a los trabajadores que se jubilan a los 60 años cuando han acreditado al menos 30 de cotización y han perdido su puesto de trabajo. Segundo, se mejoran las pensiones de quienes se jubilaron anticipadamente antes del 1 de enero del año 2002 habiendo cotizado a la Seguridad Social, como usted decía, 35 años o más, una mejora que consiste en añadir a su pensión una cantidad mensual que oscila entre los 18 y los 54 euros. Y tercero, se facilita el acceso a la jubilación anticipada de aquellos trabajadores expulsados del mercado laboral a través de expedientes de regulación de empleo. Son tres medidas muy importantes para estas personas que se incluyen en el proyecto de ley 12468 y que espero que la Cámara, con su apoyo, las apruebe rápidamente.

Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, con nuestro apoyo no va a ser. Estas medidas que se consignan en el proyecto de ley presentado en esta Cámara, que está en fase de presentación de enmiendas en este momento, son manifiestamente insuficientes para cumplir los requerimientos de esta proposición no de ley. Si usted me permite la ironía o la sátira, le diré que incrementar linealmente y a todos los prejubilados que cumplen estos requerimientos 53 euros para el próximo ejercicio presupuestario es una reflexión por su parte absolutamente retórica, demagógica y que se aleja mucho de los requerimientos de esta

proposición no de ley. Esta proposición no de ley lo que pretende es remover una injusticia que ya está configurada como tal por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es que aquellos que fueron prejubilados antes de 2002 contra su voluntad a causa de

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expedientes de regulación de empleo y que habían cotizado 35 años, que es un periodo de carencia o de cotización muy amplio, no fueran de alguna forma perjudicados, en virtud de los requerimientos del contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, por los coeficientes reductores que en estos casos o en aquella época se aplicaban y que hacen que estas personas estén cobrando pensiones de jubilación reducidas en un 40 o en un 30 por ciento en el mejor de los casos respecto a las que les hubiesen correspondido si se hubiesen jubilado en activo. Si usted pretende incrementar 30 puntos de diferencia respecto a la pensión de jubilación en activo a la prejubilación, con un incremento lineal de 53 euros, usted me está haciendo una reflexión que raya en el patetismo, señor ministro.

Esto no se aproxima…

El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Olabarría, su tiempo ha concluido.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.

Señor Olabarría, ni patético ni demagógico, faltaría más, señoría: a estos trabajadores se les aplicó la ley vigente. Por cierto, seguramente usted dio su apoyo a aquella ley. Ahora lo que hace mí

Gobierno, después de un proceso de diálogo social con los interlocutores sociales, es traer aquí una ley que mejora —y mucho— la situación de estos prejubilados. ¿Dónde está la demagogia? ¿Cómo que aumentar 50 euros al mes a algunos de ellos es demagogia? ¿Usted quiere que no les aumentemos nada? ¿Acabaron su vida laboral? No. ¿Era la que lo decía? Sí. ¿Lo corregimos ahora? Claro, en la medida en que el sistema puede soportarlo y lo hacemos con un incremento —que tampoco es lineal, por cierto—, en función de los años cotizados y de su situación. Por tanto, en todo el periodo democrático, cuando van a estar mejor tratados los trabajadores que se tuvieron que prejubilar es ahora con esta ley, y usted me dice que es demagógico y retórico. Pues, señor Olabarría, por ese camino, desde luego, creo que no vamos a encontrar soluciones. Presente usted las enmiendas que crea pertinentes.

Le repito, hemos hecho un severo esfuerzo y desde luego creo que fue injusto lo que les pasó a estos trabajadores. El sistema aguanta lo que aguanta y, desde luego, nosotros les vamos a mejorar su situación, como hemos hecho con el SOVI y con la pensión de viudedad.

Espero que S.S. al menos considere que esto es un esfuerzo y, además, muy importante. (Aplausos.)



CORTES GENERALES-DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 18 de abril de 2007 (Páginas 12.469 y 12.470)
DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR QUE LAS CLASES MEDIAS PUEDAN ACCEDER A LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE REGULA LA LEY DE LA DEPENDENCIA? (Número de expediente 180/001809.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Carles Campuzano. Adelante. El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, usted estará de acuerdo conmigo en que en materia de servicios sociales, durante muchos años y hoy aún, el reto continúa siendo el acceso a los mismos por parte de las familias de clase media. Quien es rico y quien tiene recursos puede acceder a lo que ofrece el mercado. Quien es pobre, quien tiene menos recursos puede acceder a aquello que ofrecen los servicios sociales de los ayuntamientos y de las comunidades.

Para la inmensa mayoría de los ciudadanos ni el mercado ni la oferta pública ha sido suficiente. La cuestión es: en el contexto del desarrollo de la Ley de Dependencia, ¿cómo va a articular el Gobierno una política para permitir el acceso de las clases medias a los servicios sociales en esta materia?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.

Señor Campuzano, pues de acuerdo precisamente con lo que establece la ley. La ley establece un derecho universal subjetivo aplicable a todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan y con independencia de su capacidad económica. Esto es justamente lo que nos diferencia respecto al sistema actual, donde hay un tratamiento más asistencialista y donde efectivamente las ayudas que conceden las administraciones públicas se dirigen a las personas que tienen menos renta. Todo ello lo quiere cambiar esta ley garantizando universalmente un sistema de calidad para todos. Ahora bien, es obvio que para acceder a este sistema, como ocurre en todos los países, hay que aportar una parte del coste del servicio en función de la capacidad económica del ciudadano, pero en relación con lo que usted llama clase media —no sé exactamente dónde establecerá usted el nivel—, como cualquier otro ciudadano en España, tendrá garantizado su derecho a recibir las prestaciones y los servicios que establece el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor ministro.

Creo que todos compartimos la voluntad de superar una visión asistencialista en materia de servicios sociales.

Pero fíjese en la intensidad de protección de los servicios que están proponiendo, tres horas al día; la cuantía de las prestaciones máximas para los grandes dependientes, 780 euros al mes; los criterios de copago; los costes de los servicios sociales —hoy en Madrid y en Barcelona un asistente personal supone alrededor de 1.000 euros al mes-; los costes de las residencias en Barcelona en Madrid, entre 1.500 y 2.000 y pico euros; los costes de la asistencia domiciliaria por hora, entre 13 y 19 euros/hora al día; la realidad de las pensiones medias en España: la pensión media de jubilación, 750 euros al mes, y las pensiones

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medias de gran invalidez, 1.469 euros. Millones de ciudadanos que ingresan más de 500 euros al mes: esa es la clase media. Pues bien, con las cifras y con las intensidades de protección que hoy el Gobierno está ofreciendo a las comunidades autónomas, la realidad de la Ley de Dependencia puede convertirse en ridícula, puede convertirse en un verdadero fiasco, en una dinámica, en la que además han entrado ustedes, de generar expectativas que no se van a poder cumplir. Las clases medias exigen servicios de calidad a su alcance y el desarrollo de la Ley de Dependencia que usted ha anunciado en los últimos días no nos los va a garantizar. Intente corregir ese mal comienzo en la aplicación de la Ley de Dependencia, señor ministro.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente

Parece que es su opinión, señor Campuzano, pero no tiene nada que ver con la realidad. Como le he dicho, en todos los países europeos, en todos, hay una participación del usuario

¿Quién mantiene a España? (ver a continuación recorte de prensa)
MEMORIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL AÑO 2005
Los asalariados declaran el doble de ingresos que los empresarios

• Las rentas del trabajo pierden peso en el IRPF hasta significar el 79,60%

Los asalariados declaran el doble de ingresos en el impuesto de la renta (IRPF) que los empresarios y profesionales. La diferencia entre ambos colectivos se acrecienta cada año, según se desprende de la última memoria de la Administración Tributaria, la del 2005, publicada ayer. En conjunto hubo 14,7 millones de declaraciones con rentas del trabajo, con un crecimiento del 3,60%, y 3,036 millones de impresos con rendimientos empresariales o profesionales, el 2,23% más.

La renta anual media neta declarada por asalariado se situó en 18.214 euros, con un alza del 3,35% en la declaración del 2004 --presentada en el 2005--. La de actividades económicas quedó establecida en una media de 9.380 euros, con un aumento del 2,22%, lo que significó casi la mitad que los rendimientos salariales medios netos declarados.
ESTIMACIÓN DIRECTA Y MÓDULOS
Los autónomos y empresarios que calcularon sus rendimientos por estimación directa --diferencia entre ingresos y gastos--, que fueron un total de 1,4 millones, declararon una media de 12.183 euros, un tercio inferior a la de los asalariados y con un aumento del 1,71% con respecto al ejercicio precedente.

En cambio, los que lo hicieron por módulos, que alcanzaron los 1,7 millones, se imputaron una media de 6.641 euros, casi dos tercios por debajo de los asalariados y con un alza del 1,75%. Esto se debió a que los agricultores --1,06 millones de declaraciones-- consignaron una media de ingresos netos anuales de 3.382 euros, el 5,90% más; frente a los 11.627 euros del resto de actividades --644.618 declaraciones--, que retrocedieron un ligero 0,64%.

La renta media por liquidación --incluyendo todo tipo de ingresos, desde trabajo hasta actividades económicas o rendimientos inmobiliarios y mobiliarios-- en el ejercicio del 2004 fue de 20.474 euros, con un aumento del 4,3% con respecto al ejercicio anterior. Los datos de la memoria tributaria reflejan que las rentas del trabajo perdieron peso en el IRPF. Así, 79,60 de cada 100 euros declarados en la renta del 2004 correspondieron a salarios, frente a los 79,90 del ejercicio precedente.

Las ganancias y pérdidas patrimoniales tuvieron una mayor cuota en el conjunto, al aumentar en casi un punto, hasta el 4,1%. Los contribuyentes se beneficiaron de 7.257 millones de euros en deducciones, con un aumento del 8,63%. El grueso correspondió a la inversión en vivienda, con 6,3 millones de beneficiarios (inclusive los de cuentas vivienda), y 5.253 millones, al ahorro. La media de deducción por compra con hipoteca fue de 840 euros.





en el pago del servicio. Este se establece en función de la renta de la persona. Primero, no haga usted caso a informaciones maledicientes. La media de lo que propone el Estado durante el año 2007 que se abone o se pague por cada gran dependiente es de 1.014 euros al mes. Sí, señor Campuzano. El jueves lo hablaremos en el Consejo Territorial de la Dependencia. Oiga, ayer no tenían nada. Son 1.014 euros al mes. Le parecerá a usted poco, pero son 170.000 de las antiguas pesetas por persona de media —en unos casos habrá que aportar más y en otros menos, en función de la capacidad económica de la persona—, 1.014 euros en el caso de los grandes dependientes. Eso es lo que vamos a proponer a las comunidades autónomas. Además, les vamos a proponer cooperar en la definición de los niveles mínimos y máximos para el copago. El Gobierno piensa que quien percibe menos de 6.000 euros al año, 980.000, no debe pagar nada, señor Campuzano, y que quien ingresa más de 60.000 euros, más de 10 millones de las antiguas pesetas, debe pagar hasta el 90 por ciento del coste del servicio. Creo que es bastante razonable. Y queremos hacerlo de acuerdo en el Consejo Territorial de la Dependencia. Haga usted cuentas con los datos que le doy y verá como esto supone un verdadero avance social que dará solución a estos problemas. Ya lo creo que sí. (Aplausos.)




COMPUTO DEL SERVICIO MILITAR

El pasado viernes día 20 de Abril el BOCG publicaba (ver extractos más abajo) la comparecencia del señor secretario de Estado de la S. Social (Sr. Granado Martínez) en la Comisión no Permanente de Seguimiento y Evolución del Pacto de Toledo, en la sesión celebrada el 28 de marzo en el Congreso, la cual se acompaña al presente.

Después del informe inicial del Sr. Granado sobre otros asuntos diversos de la gestión (Fondos de Reserva y otros), se le requiere por los Srs. Puig Cordón y Carles Campuzano para que se pronuncie sobre la situación "El computo del Servicio Militar en el la vida laboral", que a pesar del tiempo transcurrido, de los acuerdos alcanzados por todos los grupos y la discriminación que supone para el resto de trabajadores, con los funcionarios, que si se lo reconocen, bien a pesar de todo ello, parece que el gobierno no se decide a implantar esta medida, que su propio grupo apoyo en su día.

Ante las respuestas y posicionamiento del Sr. Granado, nos tememos que el asunto se va a dilatar aún más en el tiempo sin una solución definitiva. Ahora, parece ser que toca, ver como y quién paga este coste, mañana será otra excusa, el caso es no abordar el asunto y zanjarlo de una vez por todas, sin marearlo aún mas.

De nuevo estamos ante una situación en la que el Gobierno, en el supuesto que dé alguna solución a este asunto, intentará dilatar lo máximo posible su aplicación para que coincida con las próximas elecciones. Esto en el supuesto del que partimos. Y si lo acomete seguramente será con todos los recortes imaginables.

En todo caso nuestra posición ha de partir de la doctrina que dimana de las sentencias favorables conocidas, sobre todo de la que concibe como tiempo cotizado todo el periodo en el que se ejerció el servicio militar y no solamente del considerado como obligatorio y también de las opiniones que en este sentido ha divulgado el C. Ronda.




El señor PUIG CORDÓN:

…/…

“Le voy a hacer un par de preguntas. Visto el resultado de las cuentas del sistema de Seguridad Social, le pregunto cómo vería que el Gobierno cumpliese alguna de las resoluciones que se han aprobado en esta Cámara, como la incorporación como tiempo de cotización de aquellas personas que hicieron el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, si el sistema lo podría aguantar. Hay propuestas al respecto aprobadas en esta Cámara y se ha instado al Gobierno a que lo cumpliese, pero hasta el momento no se ha avanzado ni ha habido perspectivas de este acuerdo, por lo que viendo el resultado, le pregunto cómo vería el secretario de Estado que se incorporara en un plazo corto esa demanda de hace muchos años que diferentes grupos parlamentarios han realizado en diferentes actividades parlamentarias. La otra pregunta que le hago es si, teniendo en cuenta el resultado del Fondo de Reserva y de las previsiones de futuro, se justifica la dureza de alguna de las medidas restrictivas que prevé el proyecto de Ley de reforma en materia de Seguridad Social presentado por el Gobierno.”

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Si espera dos minutos le contesto a las dos cosas.
Respecto al servicio militar, la Administración de la Seguridad Social no se opone a que se den por cotizados tiempos no efectivamente cotizados, lo que decimos es que en aplicación del Pacto de Toledo, para mantener el equilibrio del sistema, esas cotizaciones deben ser realizadas por alguien. Por ejemplo, en la Ley de Presupuestos de este año se ha dado por cotizado un periodo de tiempo a un colectivo de profesoras de euskera en el País Vasco que habían ejercido su actividad en la clandestinidad. Lo que se ha hecho en el presupuesto del Estado ha sido incorporar una partida al presupuesto de la Seguridad Social para financiar esa falta de cotización. Porque no hay que olvidar que el nuestro es un sistema solidario, pero es un sistema de seguro, por eso se llama seguridad, y en ese tipo de seguro la póliza es la cotización y la prestación es una correspondencia con la póliza y el que no cotiza no recibe

prestaciones. ¿Por un periodo no cotizado el sistema puede

dar prestaciones? Sí, si las financia alguien, porque en caso contrario quienes están financiando esa prestación son los que no hacen uso de la misma. Lo que sucedería si ningún tipo de financiación aprobara esa medida es que las mujeres españolas y las personas que tienen un periodo de cotización de 35 años acabarían financiando un año de cotizaciones para la pensión a los que han ido al servicio militar o a la prestación social sustitutoria. Eso no es justo y además las mujeres españolas tienen menores pensiones que los varones, fruto de carreras de cotización más mediadas e intermitentes. Estamos de acuerdo con cualquier tipo de medida que cuente con financiación y estamos en contra de que unos trabajadores financien con su esfuerzo cuestiones que son objeto —como antes decía el señor Echaniz— de la acción social del Estado. Lo que reclamamos desde el sistema de Seguridad Social es financiación tributaria para esas medidas.”

El señor PRESIDENTE: Señor Puig, tiene la palabra.

El señor PUIG CORDÓN: Muy brevemente.

“Entiendo la referencia al tiempo cotizado de servicio militar y prestación social sustitutoria, pero visto que en esta Cámara hay una voluntad mayoritaria de los grupos, estoy de acuerdo en que desde el ministerio del señor Solbes habría que dar una solución. Lo que no puede ser es que se dé una excusa; su postura como secretario de Estado de la Seguridad Social consiste en preguntar quién financia eso, pero aquí hay una mayoría de grupos, yo diría casi unanimidad en función de si uno gobierna o si está en la oposición, que quieren dar una solución a estas personas mientras que hicieron el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria. Tomamos nota de lo que usted ha dicho y vamos a realizar iniciativas para intentar buscar una solución porque todos los grupos, en un momento u otro, han apostado por ello.”
(la negrilla es nuestra)

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El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra don Carles Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS:

“Finalmente, el señor Puig ha planteado un debate que yo no tenía pensado plantear esta mañana, pero estoy obligado a hacerlo entre otras cosas porque en esta legislatura hemos presentado dos proposiciones no de ley al respecto y las dos se han aprobado con diferentes formatos, en relación con la consideración del servicio militar como tiempo cotizado a efectos de la pensión de jubilación. Partimos de dos consideraciones, una, que para los funcionarios del sector público eso ya es así, para aquellas personas del sector público que se incorporaron al servicio militar ese periodo se le consideraba tiempo cotizado a efectos de su pensión. Los ciudadanos pueden preguntarse por qué los funcionarios tienen esa ventaja que no tenían los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. En términos de solidaridad, si a los que hoy somos contribuyentes de la Seguridad Social se nos pregunta si estamos dispuestos a que una pequeña parte de nuestras cotizaciones sirva para permitir que quienes se vieron obligados a hacer el servicio militar obligatorio, y que hoy no reciben una pensión contributiva o no pueden alcanzar los 35 años para cobrar el cien por cien de su pensión, se les considera como que han cotizado esos meses de servicio militar, la mayoría de los que hoy cotizamos no romperíamos con la lógica del aseguramiento de nuestro sistema. La sociedad entendería que sería un acto de justicia en beneficio de aquellos que se vieron obligados a destinar gratuitamente una parte de su tiempo al servicio de la Administración, de lo que en aquella época se entendía que era un bien de interés general. Entiendo que el secretario de Estado no sitúe el tema en la responsabilidad exclusiva de la Seguridad Social, sino en la responsabilidad del conjunto del

PLANES DE PENSIONES
A continuación resumimos las modificaciones más importantes de la nueva Ley del IRPF, que entró en vigor el 01/01/97, en lo que afecta a los Planes y Fondos de Pensiones: Para los que pudieran estar interesados en aprovechar la ventaja fiscal que representa poder efectuar aportaciones especiales al Plan de Pensiones, antes del inicio del cobro de la prestación, haciendo coincidir esta aportación con el año fiscal en la que se realiza el rescate en forma de capital. La aportación máxima anual a los Planes de Pensiones será la menor de las siguientes cantidades (ver cuadro en página 11):


  • 10 000 € ó el 30% del rendimiento neto para los menores de 50 años. 12.500 € para los que superen dicha edad ó el 50% del rendimiento neto. Se mantiene la aportación de 2.000 € anuales para el Plan del cónyuge, siempre que los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas del mismo sean inferiores a 8.000 €.

  • Se incluye como nueva posible contingencia de los Planes de Pensiones la denominada "Dependencia", según la nueva Ley aprobada en el Congreso. A partir del acceso a la jubilación, aunque ya se tenga la condición de beneficiario, se podrá seguir realizando aportaciones al Plan de Pensiones hasta que se inicie el cobro de prestaciones. Una vez iniciado el cobro, solo podrán hacerse aportaciones para las contingencias de fallecimiento y dependencia.

  • La forma de tributación de cualquiera de las modalidades de cobro (capital, renta o mixto) será la de rendimientos del trabajo. No obstante, la nueva Ley afectará exclusivamente a las aportaciones realizadas a partir de 01/01/07 siendo aplicable la reducción del 40%, para las prestaciones en forma de capital, derivadas de las contingencias acaecidas hasta el 31/12/06, así como a las aportaciones realizadas hasta esa fecha. Por tanto es conveniente guardar el certificado de Fonditel referido al saldo existente a dicha fecha. Respecto a la fiscalidad del rescate del Plan de Pensiones, la Confederación tiene iniciadas consultas sobre este asunto. En Vigo existen dos sentencias que la Agencia Estatal Tributaria no ha resuelto por lo que el abogado que las lleva ha pedido la ejecución de las mismas. Como información decir de la fiscalidad, que una parte se abonó a la ITP y es la correspondiente a los derechos consolidados atribuidos a cada uno al inicio del Plan de Pensiones y otra parte que sería el resto, y se corresponde con las aportaciones realizadas al Plan de Pensiones desde el año 1.992 hasta nuestra prejubilación.





Gobierno y que desde el Ministerio de Economía y Hacienda

se deberían tomar las medidas oportunas para sufragar este pago. En todo caso, es una cuestión que hay que abordar; hoy hay una generación de hombres de 50-60 años que se vieron obligados a realizar ese servicio militar y, en función de sus historias personales, de los avatares de la vida, si hoy les considerásemos esos meses como cotizados podríamos mejorar de manera significativa sus ingresos derivados de una pensión. En términos de justicia material es indiscutible, vamos a ver si en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley podemos avanzar en alguna solución.”

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez):

“Respecto al servicio militar, evidentemente hay un escenario de encuentro en el que podemos llegar a entendernos. Me gustaría hacerle dos matizaciones. Si mal no recuerdo, el sistema de clases pasivas reconoce que al funcionario que interrumpe su carrera funcionarial por tener que ir al servicio militar, no al que lo es con anterioridad, se le computa ese tiempo. Pero el sistema de clases pasivas, en función de las carreras más dilatadas del trabajo de los funcionarios y más continuas, tiene una penalización sobre el sistema de la Seguridad Social: al cien por cien de la pensión se accede con 40 años y el tiempo de carrera del funcionario está calculado sin interrupción ninguna y esa es la justificación de que se compute el tiempo de servicio militar. En el tema de Seguridad Social los periodos de cómputo son distintos y estoy de acuerdo con usted en que probablemente muchos cotizantes estarían de acuerdo en que eso se pagara, pero todos los cotizantes estarían de acuerdo en que eso no lo pagara la Seguridad Social, y nosotros lo que tenemos que defender es que esa factura no la pague la Seguridad Social.”




INTERVENCION, EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS, DEL PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION ESTATAL DE ASOCIACIONES DE PREJUBILADOS Y JUBILADOS DE TELEFONICA

Sr. Alierta, Sres. Consejeros, Sres. Accionistas: Me llamo José Margalejo y una vez mas tomo la palabra en este acto, como portavoz de la Confederación Estatal de asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica –CONFEDETEL-

Para ello, ….. accionistas me han conferido la representación de sus ……..acciones

También ostento la representación de los miembros del Club de Inversión y participes de nuestra Tertulia Bursátil que han considerado oportuno que nuestras inquietudes sean escuchadas por ese Consejo de Administración.

En este momento solicito formalmente al Sr. Notario que este texto que estoy leyendo, se adjunte al Acta de la Junta General de Accionistas y que se me envíe copia de la misma. Para ello le entregaré el mismo al finalizar su lectura.


  • Sr. Alierta, a raíz de la JGAA del pasado año, nos abrió Vd. la puerta a una mesa de trabajo donde pudiéramos establecer cauces de dialogo para resolver los contenciosos que enfrentan a Telefónica con sus antiguos empleados y conseguir así un incremento de valor de la acción telefónica ante la sociedad.

Dado el poco espacio de tiempo transcurrido, no podemos valorar el resultado, pero a la vista de los asuntos tratados, me atrevo a opinar que no es eso. No es eso lo que pretendíamos. No se trata de favorecer con posibles descuentos la utilización de los productos de Telefónica, en los que para conseguirlos hay que hacerlo a través de unos medios que son los que se quiere contratar, Internet, y una vez conseguido ni siquiera se igualan las ofertas con los trabajadores en activo, creando un Limbo para los antiguos empleados. Sr. Presidente, el Limbo no existe.

Es algo mas profundo. Es la utilización del enorme potencial que significan 30.000 familias incardinadas en la sociedad, promocionando a la que consideran su empresa. Es la concienciación de Telefónica del apoyo que puede prestar a dichas familias para que sus derechos puedan ser reconocidos por la Administración del Estado en sus aspectos Fiscales y Asistenciales. Es la atención adecuada de estos antiguos empleados, traspasada recientemente a T-gestiona, y que deja mucho que desear.

Sr. Alierta, le rogamos que intente no abandonar la supervisión del camino emprendido para que este pueda llegar al termino que todos deseamos. Para ello, una vez mas le ofrecemos nuestra total colaboración y me permito invitarle a que nos conozca personalmente más a fondo y de manera directa. Ahora somos clientes por partida doble y no es difícil, ni caro, lograr la satisfacción de este colectivo.


  • Paso a tratar un asunto que nos ha quitado algunas horas de sueño:

En la JGAA del pasado año, en el punto IV del Orden del día, se plantaba la aprobación de un plan de incentivos a largo plazo, consistente en la entrega de acciones de Telefónica S.A. y ligado a la evolución de la cotización de la acción.

En aquel momento, dada la magnitud de las cifras que se manejaban (754 millones de euros) y sin tiempo para valorarlo, nuestro voto a dicho punto fue negativo.

Si fuera hoy, el voto seria favorable ya que aunque vd. y los cuatro consejeros implicados puedan obtener al finalizar los cinco ciclos cantidades millonarias, como accionistas minoritarios percibimos que dichos incentivos les van a espolear lo suficiente como para que la parte de nuestros ahorros invertida en esta empresa, obtenga rendimientos importantes.

En ese sentido me he manifestado con mis compañeros, recomendándoles que con la prudencia debida vayan incrementando su cartera y vigilando los resultados.

Por ello y a efectos de conocer el grado de cumplimiento del objetivo, le solicitamos formalmente, que nos informe en este acto, de la posición que ocupa el Total Shareholder Return de la acción de Telefónica S.A. en relación con los TSR`s del Grupo de Comparación y que a través de la Oficina del Accionista, podamos conocer mes a mes el TSR de la acción de Telefónica S.A. y su relación con los TSR`s del citado Grupo.

También le solicitamos que cada año se haga público el resultado, indicando el número de acciones que les ha correspondido a cada uno de los cinco consejeros ejecutivos.

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