Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán: Se establecen militares en el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México






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Oaxaca, Oaxaca, México, a 24 de marzo de 2009
ACCIÓN URGENTE

Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán: Se establecen militares en el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México
Acción solicitada: Envío de cartas (Ver Carta Modelo) a Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública Federal y a Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos.
Antecedentes

La extracción minera es uno de los más graves problemas que encuentran las comunidades en México, ya que el Gobierno Federal otorga concesiones a trasnacionales, particularmente a empresas canadienses sin consultar a las comunidades. Tan solo en 2006 y 2007, se otorgaron más de 80 títulos de concesión minera para el Estado de Oaxaca, en una extensión de más 600 mil hectáreas.
El Proyecto Minero “San José del Progreso”, ubicado en la municipio del mismo nombre, es desarrollado por las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de su subsidiaria mexicana “Compañía Minera Cuzcatlán” abarca una extensión aproximada de 54,000 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán Oaxaca.
Las comunidades afectadas por el proyecto de exploración no fueron informadas, ni consultadas para la implementación de éste.
Hechos

Según la información proporcionada por las comunidades, el 14 de marzo en San José del Progreso se llevó a cabo una reunión comunitaria, donde más de 600 personas afectadas por la Empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el Presidente Municipal, por lo que decidieron desconocerlo.
En esa misma reunión decidieron que el día 16 de marzo, cerrarían de forma ordenada y pacífica las instalaciones de mina, exigiendo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía replantearan los permisos y autorizaciones otorgados para el proyecto de exploración. Es así que más de 150 inconformes, bloquearon desde ese momento los accesos a la mina.
Desde el día 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal, comenzaron un operativo policíaco-militar. Desde las 11:00 horas un helicóptero sobrevoló el área, posteriormente llegaron dos camiones con militares y tres camionetas de la policía estatal. Se instaló desde las 14:00 horas de ese día, un campamento con un camión de la SEDENA a aproximadamente 100 metros de los accesos a la Mina y una camioneta de la policía estatal a la entrada de la población, dispositivo que a la fecha se mantiene.
El supuesto argumento para el operativo es que sacarán de la mina, 17 toneladas de explosivos que se encuentran dentro.

Cabe señalar, que esta no es la primera ocasión que se implementa un operativo policíaco para defender los intereses de las empresas trasnacionales Canadienses, en mayo del año pasado, la comunidad de Huizopa, en Chihuahua, fue reprimida por la PFP y la SEDENA, con la complicidad de los Gobiernos Federal y Estatal.
Adicionalmente, la Empresa Minera Cuzcatlán y las autoridades municipales han señalado de forma malintencionada como uno de los principales instigadores del movimiento al Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en Ocotlán Oaxaca.
Exigencias:

  • Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.

  • Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.

  • Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.

  • Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.


Violaciones a derechos humanos:

  • Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,

  • Derecho a la información,

  • Derecho a la consulta,

  • Derecho a la participación,

  • Derecho a la integridad física,

  • Derecho al desarrollo,

  • Derecho a la organización y a la protesta social.


Marco jurídico relevante

El Ejército Mexicano está principalmente adiestrado para la seguridad nacional y no para desempeñar funciones de seguridad publica, las acciones que se están viendo en San José del Progreso por parte del ejercito violan derechos humanos y son inconstitucionales de común acuerdo con o establecido en el Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló en el diagnostico sobre la situación de los Derechos Humanos en México en el año 2003, recomendó “promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública”. Finalmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones a México de 1999 estableció lo siguiente: El Comité está, asimismo, preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad.
Este tipo de acciones que buscan reprimir protestas pacíficas y legítimas lejos de resolver de fondo los problemas tienden a polarizar a las partes y por lo tanto a generar mayores riesgos de conflicto.
En tanto el marco internacional sobre defensores de derechos humanos indica que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional1. La ONU ha establecido que todas las personas tienen derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que nadie será objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataques2.

Por las organizaciones:
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, Ciudad de México

Policía resguarda mina; hay 15 detenidos y un policía descalabrado en San José del Progreso (09:50 h)


Tamaño de la fuente:

Sofía VALDIVIA 06 May, 2009 ADNSURESTE.

Hace unos minutos, la policía finalmente controló la situación en San José del Progreso y detuvo a quince personas. 

Un policía resultó lesionado luego de que hubo un enfrentamiento con pobladores que se opusieron desde el inicio al desalojo.

De acuerdo al comisionado de la Policía Estatal, Jorge Alberto Quezadas en el lugar se quedarán 250 elementos para resguardar las instalaciones de la mina y para evitar enfrentamientos futuros.

La situación en el sitio se normaliza.


ACCIÓN SOLICITADA

Favor de dirigir sus comunicaciones expresando enérgicamente su rechazo a la presencia de la PFP, militares y policía estatal en San José del Progreso a:


Lic. Fernando Francisco Gómez Mont

Secretario de Gobernación

Fax: +52 (55) 5093 3414

secretario@segob.gob.mx

Ing. Genaro García Luna

Secretario de Seguridad Pública Federal

Fax: +52 (55) 5241 8251

genaro.garcia@ssp.gob.mx

Lic. Ulises Ernesto Ruiz Ortíz

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca

Fax: +52 (951) 50 15 000 extensión 13752

gobernador@e-oaxaca.gob.mx

Lic. Javier Rueda Velázquez

Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca

Fax: +52 (951) 50 20 800

ssp.secretario@e-oaxaca.gob.mx

Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Tel. +52 (55) 2122 8800 Ext. 3585

dir_derechos@mail.sedena.gob.mx

José Luís Soberanes Fernández

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Fax: +52 (55) 5681 8490

correo@cndh.org.mx

Sra. Margaret Sekaggya

Relator Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU

urgent-action@ohchr.org defenders@ohchr.org

Sr. John Ruggie

Representante Especial sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Trasnacionales y Otras Empresas Comerciales de la Organización de las Naciones Unidas

urgent-action@ohchr.org

Sr. Alberto Brunori

Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México,

oacnudh@ohchr.org

Unidad de Defensores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

cidhdefensores@oas.org

Rupert Knox

Encargado del Equipo de Investigación para México del Secretariado de Amnistía Internacional,

mexteam@amnesty.org defensoresamerica@amnesty.org





FAVOR DE ENVIAR COPIA DE LA ACCIÓN URGENTE A:

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC

Zamora 169, despacho B2

Col. Condesa,

Del. Cuauhtémoc, CP 06140

México Distrito Federal

Tel: +52 (55) 5212 2230

Tel/Fax: +52 (55) 5212 2229

prodesc@prodesc.org.mx

CARTA MODELO
Estimado Secretario de Gobernación:
La extracción minera es uno de los más graves problemas que encuentran las comunidades en México, ya que el Gobierno Federal otorga concesiones a trasnacionales, particularmente a empresas mineras canadienses sin consultar a las comunidades.
Hemos tenido conocimiento, que desde el día 16 de marzo de 2009, algunas de las comunidades afectadas por la Empresa Minera Cuzcatlán, representante de los intereses de las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, tomaron pacifica y ordenadamente los accesos de la Mina.
Lamentablemente, 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal de Oaxaca, comenzaron un operativo policíaco militar en San José del Progreso, en la zona. El supuesto argumento para el operativo es que sacarán de la mina, 17 toneladas de explosivos que se encuentran dentro.
Exigencias:

  • Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.

  • Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.

  • Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.

  • Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.

Mucho agradeceré su oportuna intervención en esta materia, buscando garantizar los derechos humanos en San José del Progreso, Oaxaca, México.
Atentamente,
[NOMBRE]

[DIRECCIÓN]

[FECHA]


1 ONU (1999), Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, A/RES/53/144, 8 de marzo de 1999, Artículo 1.

2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 17; Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 11; Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 12.



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