Un Programa por importe de 10. 000 millones de euros más 800 millones de las cc. Aa para crear empleo
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 El Consejo Científico de ATTAC estima que 1.400 personas controlan actualmente un capital equivalente al 80% del PIB de España. Con un enfoque democrático cualquier salida social de la crisis debe atender prioritariamente a los intereses del resto de la población, no de los más ricos. Con un enfoque de justicia social, los trabajadores, los pequeños empresarios y los autónomos, los jóvenes, las mujeres, los pensionistas y los inmigrantes ya han arrimado el hombro. Toca ahora el compromiso de los poderosos. Con un enfoque de rigor técnico sólo se puede adelantar la salida de la crisis si se la considera como una crisis de demanda. Por tanto, hay que elevar el consumo privado, el gasto y la inversión pública. Izquierda Unida propone al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas parlamentarias un conjunto de medidas basadas en los anteriores criterios Las medidas están constituidas por Un Programa por importe de 10.000 millones de euros más 1.800 millones de las CC.AA. para crear empleo Una propuesta para la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal como elemento determinante para la financiación del gasto público y la mejora del déficit Una propuesta de apoyo a las pequeñas empresas y autónomos para superar sus problemas de liquidez y crédito y facilitar su actividad, que permitirá la creación de empleo 100 medidas concretas para una salida social de la crisis I.- MEDIDAS TRANSVERSALES URGENTES Primera: PROGRAMA 10.000 MILLONES PARA CREAR EMPLEO DURANTE 2010 (+1.800 millones desde las CC.AA.) 1.1.- Medidas 1.- Transformar las actuales ayudas a los trabajadores sin ningún tipo de prestación en 300.000 empleos en un Programa de Formación/Empleo en colaboración con los Ayuntamientos. 2.- Subvención del 25% de las obras de rehabilitación y eficiencia energética, modernización de las instalaciones eléctricas y de fontanería, mejora de la accesibilidad de las primeras viviendas residenciales hasta un límite de 5.000 millones de euros. Esta ayuda sería acumulable a otras con la misma finalidad actualmente vigentes. Movilizaría 20.000 millones de euros. 3.- Programa de reforzamiento del empleo público, por un importe de 500 millones de euros, en los servicios sociales y en actividades vinculadas a la mejora del modelo productivo dependientes de la Administración General del Estado. 4.- Transferencia extraordinaria de 1.500 millones de euros a las CC.AA. para financiar con carácter finalista la creación de empleo en el marco de las competencias autonómicas. El volumen de transferencias sería proporcional al número de parados existentes en cada Comunidad Autónoma según los datos de la EPA 5.- Programa de reforzamiento de empleo público en los servicios sociales gestionados por las CC.AA., que permita la contratación de trabajadores por importe global en el conjunto del Estado de 1.800 millones de euros, financiados por la Recuperación del Impuesto sobre Patrimonio. 1.2.-Desarrollo, cuantificación y valoración de estas propuestas a) Programa de Formación /Empleo Características: 5 horas de trabajo y 2 de formación Naturaleza del trabajo: Tareas complementarias a las actividades municipales, ayuda de proximidad a personas y colectivos. En ningún caso podrían sustituir puestos de trabajo estructurales Cuota de género: 50% para hombres y 50% para mujeres Salario bruto: 700 euros mensuales Costes: Coste anual del Programa propuesto: 4.500 (incluye el gasto en formación) Coste actual de la ayuda de 420 euros: 1.500 millones de euros Coste adicional: 3.000 millones de euros Retorno en cotizaciones a la Seguridad Social: 1.755 millones de euros Coste real en déficit (sin contar retornos por IVA): 1.245 millones de euros b) Subvención a la rehabilitación de viviendas Previsión de puestos de trabajo: 700.000 Coste: 5.000 millones de euros Retorno en IVA (sin la reforma contenida en el punto 77 de este documento): 3.200 millones de euros Retorno en IVA (con la reforma del punto 77 ): 2.300 millones de euros Retorno en cotizaciones a la Seguridad Social: 4.000 millones de euros Hay un retorno adicional difícil de calcular por la disparidad de las Ordenanzas Municipales al respecto, pero significativo en tasas por licencia de obras, que beneficia las Haciendas Municipales c) Empleo público estatal Estimación de puestos de trabajo: 10.000 Agencia Tributaria Inspección de Trabajo Servicio Público de Empleo ICO y desarrollo de la Banca Pública Otros servicios sociales y de interés económico d) Fomento del empleo por las CC.AA., subvencionado por el Estado Empleo estimado: 40.000 e) Empleo público de las CC.AA. (financiado por la reposición del Impuesto de Patrimonio) Estimación: 45.000 puestos de trabajo Personal educativo para mejorar la escolaridad de 0 a 3 años. Personal asistencial para asegurar la aplicación de la Ley de Dependencia Personal sanitario (especialmente enfermeras y pediatras) para mejorar la calidad de los servicios de salud pública. Personal para mejorar la calidad de otros servicios sociales, competencia de las CC.AA. 1.3.-Detalle Global del Programa Coste adicional total: 10.000 millones de euros financiados por el Estado y 1.800 por las CC.AA. Estimación de puestos de trabajo: 1.105.000 Retorno en impuestos y Cotizaciones a la Seguridad Social: al menos 8.630 millones de euros. La financiación del Programa está asegurada por las medidas propuestas en el apartado dedicado a las Propuestas fiscales. Conviene tener muy en cuenta a la hora de valorar este Programa los retornos en impuestos, tasas y cotizaciones a la Seguridad Social, así como el impacto sobre los ingresos municipales. Segunda: COMBATIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL FRAUDE FISCAL El fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema financiero. Limitan la financiación del conjunto de las Administraciones Públicas, la cobertura de las necesidades sociales y comprometen el futuro desarrollo económico y social del país. Producen desigualdad en las aportaciones de los distintos colectivos de contribuyentes, rompiendo los principios de justicia, igualdad y progresividad del sistema, fomentando la desvinculación de los contribuyentes con sus deberes fiscales y generando agravios y desvertebración social. El combate contra el fraude fiscal y la economía sumergida es un factor determinante en la corrección del déficit público por su importante potencial. Diversos estudios solventes fijan el volumen de economía sumergida en nuestro país entre el 23 y el 25% del PIB. Las consecuencias positivas para la recaudación fiscal de medidas enérgicas y eficaces son evidentes. Una disminución de esta lacra hacia el entorno de la media europea (12%) representaría una recaudación fiscal aproximada de unos 4 puntos de PIB La oferta del Gobierno de comenzar a resolver este tema nos parece positiva, a condición de que las medidas sean eficaces y el Plan se dote de medidas serias: Estas medidas, desde nuestro punto de vista, son: 6.- Definir un Plan de Lucha contra la Economía Sumergida que establezca objetivos de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales en los ejercicios 2010, 2011 y 2012. 7.- Aumentar el personal de la AEAT hasta converger con la media europea 8.- Cambiar los procedimientos de trabajo de la AEAT, buscando la calidad de la inspección más que la cantidad. Reformar la metodología, la organización y la distribución del trabajo y las competencias internas. 9.- Cumplimiento efectivo y urgente de las medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 28 de octubre de 2008, así como de las Resoluciones 3.9 y 19.1, apartado 5 de las aprobadas también por el Pleno en su sesión del día 19 de mayo de 2009, con motivo del debate de la comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación Tercera: APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 10.- Subvencionar los intereses de préstamos de la línea ICO-liquidez, que serán facilitados directamente por el ICO, apoyándose en los estudios de riesgo de las Sociedades de Garantías Recíprocas. 11.- Subvencionar a las Sociedades de Garantías Recíprocas con 1.500 millones de € para los gastos de estudio y coste de avales de operaciones de crédito y avales técnicos. Esto permitiría movilizar del orden de 100.000 millones de € en inversión productiva. 12.- Establecer un Convenio entre el ICO y las Cajas de Ahorro para facilitar crédito a las empresas avaladas por las SGR 13.-Inclusión de cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las Administraciones Públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos con la finalidad de mantener el empleo, mejorar su calidad y lograr una gestión medioambiental sostenible. Extender esas cláusulas a las subcontrataciones. a) Proponemos reservar el 20% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores. b) Introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y calidad del trabajo adscrito al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos. II.- MEDIDAS AGRUPADAS EN FUNCIÓN DE LOS TEMAS DE NEGOCIACIÓN PROPUESTOS POR EL GOBIERNO A.- MEDIDAS PARA SUPERAR LAS DESVENTAJAS COMPARATIVAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA E INICIAR LA REFORMA DEL MODELO PRODUCTIVO Art. 128 de la Constitución Española Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Introducción Izquierda Unida no considera el concepto de “competitividad” como un término funcional para constituir un eje positivo de salida de la crisis. Es una idea con un contenido principalmente ideológico que finalmente tiende a materializarse exclusivamente en la competencia vía precios. Desde nuestro punto de vista, el concepto de competitividad oculta el enfrentamiento salarial y de condiciones laborales a la baja de trabajadores de distintas regiones del mundo y la prioridad del beneficio empresarial. La variable determinante en cualquier análisis de competitividad es la optimización del beneficio empresarial. Y esto no tiene por qué traducirse en más empleo. Desde Izquierda Unida preferimos utilizar el concepto de rentabilidad social, que si tiene que ver directamente con la cantidad y calidad del empleo y trabajar en el análisis diferenciado de las distintas ventajas comparativas. El modelo productivo perverso que ha determinado la gravedad de la crisis en España ha originado un modelo de relaciones laborales igualmente perverso. Y ese modelo ha fundamentado el patrón productivo en una relación reciproca de causa/efecto. Por tanto, si se quiere cambiar seriamente el modelo productivo es imprescindible modificar el esquema de las relaciones laborales en el país y hacerlo en un sentido radicalmente diferente al que propone la gran patronal española. Conviene subrayar que además de las especulación urbanística y el desarrollo de sectores de escasa productividad y poco valor añadido, el modelo productivo español se caracteriza, en comparación con los principales socios europeos, por los bajos salarios, la escasa protección social, la temporalidad de la contratación, el alto índice de siniestralidad y el escaso cumplimiento de la legislación laboral y de los convenios colectivos. Izquierda Unida fundamenta sus propuestas en estos planteamientos básicos. MEDIDAS PROPUESTAS: a) Contratación 14.- Recuperar el principio de causalidad en toda contratación que no sea indefinida. En consecuencia planteamos los siguientes tipos de contrato:
15.- Penalizar la cotización por desempleo a la Seguridad Social en los contratos que no sean indefinidos a tiempo completo. 16.- Mantener la protección judicial en los casos de despido y la indemnización por despido improcedente en 45 días en todos los contratos. 17.- Supresión de las ETT 18.- Eliminación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 52, c. del Estatuto de los Trabajadores; reforma introducida por el PP en el 2002). b) Medidas de distribución del trabajo 19.- Reducción de la jornada ordinaria de trabajo a 35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción de medidas especiales de conciliación para las personas con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores dependientes. 20.- Control eficaz de las horas extraordinarias y de sus límites. 21.- Reducción progresiva de la edad de jubilación con plenos derechos hasta los 60 años. 22.- Racionalización de los horarios de trabajo. Aproximación al sistema de horarios europeos. c) Medidas salariales 23.- Elevación progresiva del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio (aproximadamente 1.100€) antes de que termine la legislatura. 24.- Estudio de la conveniencia de fijar salarios mínimos superiores en determinados sectores o ramas de la producción, sobre la base del 60% del salario medio del sector o rama. 25.- Priorizar en la negociación colectiva la elevación de los salarios más bajos, estableciendo cláusulas diferenciadas para los salarios inferiores a 2 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). d) Reforma salarial en el sector público: 26.- Establecimiento de una salario mínimo en el sector público equivalente al 60% del salario medio 27.- Convergencia de las retribuciones entre las diferentes Administraciones hasta alcanzar un rango máximo de diferenciación de +/- 5% en 2012. 28.- Regulación de salarios máximos y otras retribuciones en la Administración, de acuerdo con lo desarrollado en el punto 84 de estas propuestas. 29.- Eliminación de las limitaciones de reposición de empleo público en los servicios sociales (especialmente dependencia, salud y educación) y en los servicios tributarios, justicia, aplicación y vigilancia de la legislación laboral, políticas de empleo y apoyo a la economía real. 30.- Desarrollo mediante la negociación colectiva del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y consolidación de la carrera profesional en la Administración. Eliminación de la contratación precaria en las Administraciones Públicas. e) Reforzamiento del sistema público de pensiones Izquierda Unida parte en este punto de la necesidad de garantizar que la edad exigida para cobrar una pensión con derechos plenos no podrá ser superior a 65 años, que el cómputo para fijar la cuantía de la pensión no podrá ser superior a 15 años y que las pensiones se actualizarán al menos en el porcentaje que indique el IPC publicado por el INE, con un porcentaje suplementario en el caso de las pensiones más bajas. Entendemos que la pensión es un derecho sustancial en el marco de un Estado social. Para mejorar el actual sistema, proponemos: 31.- Suprimir el tope máximo a las cotizaciones, establecido en 2010 en 3.198 euros brutos de salario en cómputo mensual para acercarlas en proporcionalidad a las retribuciones realmente percibidas. Con un criterio de solidaridad no debería elevarse el límite de las pensiones máximas, aunque si hacer valer el total realmente cotizado para fijar la pensión hasta el límite de la pensión máxima. 32.-Transformar todas las becas de empresas y Administraciones Públicas en contratos en prácticas con las correspondientes cotizaciones y derechos. 33.- Separar definitivamente las fuentes de financiación de la Seguridad Social y cerrar las deudas del Gobierno con ella. 34.-Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, en los casos en los que el trabajador no tenga cubierto el período de cotizaciones de 35 años e incentivando la pensión. 35.-Reconocer la pensión que corresponda a su cotización a las personas que hayan cotizado menos de 15 años y reducir en dos puntos por año cotizado que exceda los 35 la penalización en caso de jubilación anticipada. 36.-Presentar una Ley de Igualdad en el Trabajo Remunerado que facilite la incorporación de la mujer al trabajo remunerado. |
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