Constitución política del estado libre y soberano de baja california sur






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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
Constitución publicada en el Boletín Oficial Extraordinario del Estado de Baja California Sur, el 15 de enero de 1975.
FELIX AGRAMONT COTA
Gobernador Provisional del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a sus habitantes hace saber:
Que el H. Congreso Constituyente del Estado ha enviado para su promulgación la presente
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Por tanto, con esta fecha, promulgo esta Constitución, por bando solemne y ordeno su publicación en el Boletín Oficial para su circulación, debida observancia y cumplimiento.
Palacio de Gobierno

La Paz, B.C. Sur., a 15 de enero de 1975.
EL GOBERNADOR PROVISIONAL DEL ESTADO

Ing. Félix Agramont Cota.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Angel César Mendoza Arámburo
P.M.L. EL OFICIAL MAYOR

Lic. Antonio Alvarez Rico.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR
FELIX AGRAMONT COTA
Gobernador Provisional del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a sus habitantes hace saber:
Que el H. Congreso Constituyente del Estado ha enviado para su promulgación la siguiente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
(REFORMADO, B.O. 10 DE ABRIL DE 2013)

1o.- El Estado de Baja California Sur es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, es libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, conforme a los preceptos de la Constitución General de la República, en el marco del respeto y protección a los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de la República y Tratados Internacionales reconocidos y ratificados por el Estado Mexicano.
(REFORMADO, B.O. 10 DE ABRIL DE 2013)

2o.- La Constitución General de la República, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución son la Ley suprema del Estado. Los ordenamientos que de ellas emanen, forman la estructura jurídica del Estado de Baja California Sur.
3o.- Las autoridades y funcionarios del Estado, no tienen más facultades que las que expresamente les concede esta Constitución, la General de la República y las leyes que de ellas emanen.
4o.- Es función del Estado proveer el desenvolvimiento de todas las facultades de sus habitantes y promover en todo a que disfruten sin excepción de igualdad de oportunidades, dentro de la justicia social.
5o.- Es finalidad del Estado promover la participación de todos los ciudadanos en los procesos que norman la vida pública y económica de la comunidad. Fomentar la conciencia de la solidaridad estatal, nacional e internacional.
(REFORMADO, B.O. 10 DE JULIO DE 2014)

6o.- Es función del Estado promover el desarrollo económico y social garantizando que este sea sustentable e integral y regular el proceso demográfico, para procurar el progreso social compartido y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y generación de empleo.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica estatal, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al desarrollo económico concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la entidad.
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía estatal, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los sectores social y privado, y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento de dichos sectores contribuya al desarrollo económico estatal, promoviendo la competitividad.
El Estado organizará y operará con eficiencia y eficacia un sistema de planeación democrática del desarrollo estatal que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la entidad.
La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca y opere con participación social el sistema estatal de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación del Plan y los Programas de Desarrollo en el Estado.

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, B.O. 10 DE NOVIEMBRE DE 2012)

TITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS
(REFORMADO, B.O. 10 DE ABRIL DE 2013)

7o.- En el Estado de Baja California Sur todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de la República, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y los contemplados en esta Constitución, sin distinción alguna, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que estos mismos se establecen.
Igual protección asume respecto de los derechos fundamentales, en ejercicio de su soberanía, y que se reconocen en este cuerpo Constitucional.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República, los tratados internacionales de la materia y esta Constitución favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes respectivas.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
(ADICIONADO, B.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2014)

7o BIS.- El Estado de Baja California Sur tiene una composición pluricultural, pluriétnica y plurilingüe, derivada originalmente de los pueblos indígenas que habitaron en su territorio al momento de iniciarse la colonización, a la que se sumaron personas que llegaron de otras partes del mundo, y particularmente, de pueblos indígenas procedentes de otras partes de México.
Esta Constitución asume a plenitud todos los derechos, prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas; así como las obligaciones de las instituciones públicas establecidas en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las comunidades indígenas pertenecientes a pueblos indígenas, procedentes de otros estados de la República y que residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado de Baja California Sur, quedan protegidos por los derechos señalados en esta Constitución y la ley respectiva.
La conciencia de la identidad indígena será criterio fundamental para determinar a quienes aplican las disposiciones que sobre pueblos indígenas se establezcan en esta constitución y Leyes de la materia.
El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen a su cargo la salvaguarda de los derechos colectivos aquí señalados, a fin de asegurar su respeto y aplicación de la ley a favor de los pueblos y comunidades indígenas que se encuentren en el Estado de Baja California Sur.
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, en los términos del artículo segundo constitucional.
Para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, el Estado y los municipios establecerán las instituciones y las políticas públicas requeridas para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales tendrán que ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, en los términos del artículo segundo constitucional y la ley de la materia.
Para el cumplimiento de las obligaciones antes citadas, el Gobierno del Estado establecerá una Unidad Administrativa competente que atienda los Asuntos Indígenas y los Ayuntamientos del Estado crearán Comisiones o Direcciones Municipales de Asuntos Indígenas, como entidades rectoras y ejecutoras de acciones a favor de las comunidades y grupos indígenas. Por tanto en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
(REFORMADO, B.O. 10 DE ABRIL DE 2013)

8o.- Todo hombre y mujer serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la Ley.
(REFORMADO, B.O. 10 DE ABRIL DE 2013)

9o.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos y obligaciones en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.
(REFORMADO, B.O. 30 DE JUNIO DE 2014)

El matrimonio y la familia constituyen la base fundamental de la sociedad; consecuentemente, el hogar, la maternidad y la infancia serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Todas las niñas, niños y adolescentes nacidos de matrimonio o fuera del mismo, tienen derecho a igual protección.
(REFORMADO, B.O. 30 DE JUNIO DE 2014)

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado en el Registro Civil, las niñas y niños deben ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento a fin de que el infante pueda preservar su identidad, contando con un nombre y apellido. El Estado garantizara el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
Es derecho correlativo a la calidad de padres, la determinación libre, informada y responsable, acerca del número y espaciamiento de los hijos y su educación, como deber supremo ante la sociedad.
Toda medida o disposición protectora de la familia y la niñez se considera de orden público.
(ADICIONADO, B.O. 20 DE ABRIL DE 2013)

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño de ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
(ADICIONADO, B.O. 20 DE ABRIL DE 2013)

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
(REFORMADO, B.O. 10 DE ABRIL DE 2013)

10.- La educación será motivo de especial atención del Estado, asumiendo el ejercicio de todas las atribuciones que le confieren el Artículo 3o. de la Constitución General de la República y sus disposiciones reglamentarias. Su orientación será conforme al marco del respeto a los derechos humanos y a los principios señalados en dicho precepto, y en el desenvolvimiento integral y racional de los recursos socioeconómicos del Estado.
Todos los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación. El Estado y Municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que impartan el Estado y Municipios será gratuita y tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la Independencia y en la justicia.
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.

(ADICIONADO, B.O. 30 DE ABRIL DE 2013)

Es derecho de los habitantes del Estado, acceder a la información y el conocimiento para lograr una comunidad totalmente intercomunicada. El Estado y Municipios, en apoyo de las labores escolares proporcionarán espacios públicos con acceso a internet gratuito en Bibliotecas Públicas y Escolares, para lo cual se coordinarán con sus dependencias, instituciones tecnológicas y educativas de todo el Estado.
(ADICIONADO, B.O. 30 DE JUNIO DE 2014)

El Estado y municipios dentro del ámbito de su competencia garantizarán la calidad en la educación obligatoria, con base en el mejoramiento constante, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, y la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
(REFORMADO, B.O. 10 DE ABRIL DE 2013)

11.- La propiedad privada se respetará y garantizará en el Estado, con las modalidades que para su ejercicio, como función social, le impone el Artículo 27 de la Constitución General de la República, buscando el aprovechamiento racional de los recursos naturales susceptibles de apropiación, para propiciar la distribución equitativa de la riqueza pública, preservar su conservación y coadyuvar al progreso social.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
Las autoridades Estatales asumirán el ejercicio de todas las atribuciones que les confiere el Artículo 27 de la Constitución General de la República y sus disposiciones reglamentarías, en favor de los núcleos de población interesados.
En materia de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, contemplando el interés de la Sociedad en su conjunto, el Estado preverá el mejor uso del suelo y las aguas, cuidando su conservación y estableciendo adecuadas provisiones, usos, reservas territoriales, orientando el destino de tierras y aguas de jurisdicción estatal a fin de garantizar a la población un mejor desarrollo urbano, imponiendo a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés Público determinándose que no estarán permitidos en el Estado los usos de suelo y edificaciones para establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase y similar.
El Ejecutivo Estatal deberá formular, aprobar y administrar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, así como participar conjunta y coordinadamente con los Municipios, en la planeación y regulación de las zonas conurbadas, en los términos que señale la legislación correspondiente. El Programa deberá establecer las prohibiciones que la presente Constitución y las Leyes que de ella emanan establecen.
Los Municipios del Estado deberán formular, aprobar y administrar los Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano, de centros de población y los demás derivados de los mismos; así como, participar en la planeación y regulación de las zonas conurbadas, conjunta y coordinadamente con el Ejecutivo, conforme a la legislación correspondiente. Los programas deberán establecer las prohibiciones que la presente Constitución y las Leyes que de ella emanan establecen.
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