Total de casos documentados: 492
Reporte de heridas y lesiones
312 presentan heridas por perdigones (63,41%)
124 sufrieron afectaciones por gases lacrimógenos (25,2%)
41 presentan heridas y contusiones sin determinar (8,3)
20 aluden únicamente a daños psicológicos (4,06%)
19 no especifican el tipo de lesiones y/o hablan sólo de agresiones verbales (3,8%)
Hay múltiples casos de golpes con tolete7 por parte de agentes de la policía, y algunos casos marginales con heridas que en los registros sanitarios o en las entrevistas personales no pudieron ser constatadas.
Hay 42 casos de mujeres documentados dentro de la lista general:
11 refieren secuelas psicológicas
24 refieren daños por gases lacrimógenos
9 refieren heridas por perdigones
1 caso de quemadura en los labios
En la lista de casos documentados hay 16 casos de menores, de los que uno es un bebé de 4 meses (Ficha 65, hija de la mujer registrada en la ficha 64, respaldo en video) que sufrió afectaciones severas por los gases, otro de 7 meses (Ficha 153), un menor de 2 años (Ficha 139) y otro de 9 años (Ficha 144) . Un menor de 15 años fue trasladado a Panamá y atendido en un centro sanitario ante la gravedad de sus lesiones (Ficha 378).
En general, el equipo de HREV ha podido constatar que los niños y niñas aún presentaban problemas respiratorios, fiebre y diarrea derivados de los gases varios días después de los sucesos
Los afectados por los gases lacrimógenos señalan problemas respiratorios, dolores de cabeza, insomnio y nauseas. El equipo constató que se dispararon gases cerca de las casas de habitación en las que se refugiaban fundamentalmente, mujeres, ancianos y niños y niñas, por lo que hay cientos de afectados leves que no han sido registrados ni lo serán ya que sus afectaciones no requirieron de atención médica.
Se pudo constatar por testimonio directo de los encargados de Nutrihogar (centro de atención a menores con cuadros de desnutrición) en Changuinola que se puso en riesgo la vida de 22 menores con problemas de desnutrición y de 4 empleados el día 8 de junio, cuando la Policía Nacional lanzó gases lacrimógenos en el perímetro de su sede. Los afectados reportan que gracias a la intervención de Sinaproc (Sistema Nacional de Protección Civil) y a la colaboración de la comunidad pudieron ser desalojados. (Videos: 19_07_10 //NUTRIHOGAR).
Heridos atendidos en Panamá8
68 en total entre el Hospital Santo Tomas; el complejo de la Caja del Seguro Social (CSS) y el Hospital San Miguel Arcángel
58 de ellos presentan “trauma mayor”9 en uno o en los dos ojos producido por perdigones. Varios de ellos han perdido la vista o la van a perder (aunque a 30 de julio es difícil determinar el diagnóstico final)
3 de ellos presentan lesiones internas: intestino (1); pulmones perforados (1); riñones e hígado (1) (Fichas 370 y 391 / Informe hospitalario 1)
El resto presentan lesiones, básicamente por perdigones, en rodillas, pies, cara, brazos y espalda
Zonas del cuerpo en que recibieron impacto de perdigones u golpes (según las entrevistas directa, recogidas en Base de Datos Tipología de Heridas)
Cabeza: 43 casos / Ojos: 34 / Torso: 52 / Espalda: 60 / Piernas: 69/ Brazos:72
* En los casos en los que el entrevistado ha declarado la cantidad de perdigones en su cuerpo e, incluso, ha mostrado radiografías, destacamos casos con hasta 40 perdigones en el torso, hasta 50 en las piernas, hasta 32 en la espalda y hasta 16 en la cabeza.
Deficiente atención medica:
La práctica totalidad manifiesta que fueron enviados a casa con unas pastilla. Según los testimonios en unos casos es un analgésico en otras un antibiótico.
Muchos heridos afirman que no acudieron al médico por miedo a ser detenidos o por falta de dinero o seguro.
Una persona narra cómo persiguió una ambulancia para exigir atención sin respuesta y una vez en urgencias le amenazaron con enviar a los antimotines.
Principales lugares de conflicto10
En un 27,6% de los casos no se identifica el lugar donde fueron afectados, pero el 72,4% restante identificó las Fincas 12, 11, 66, 30, 8, 13, 4, 83, 67, 6 como algunos de los principales puntos de conflicto, además de la sede de Nutrihogar, el Aeropuerto, Las Lomas-Puente Torres, Planta Molde, la piquera, Globalbank, Vía Central y Guabito
De los casos documentados que indican el lugar de afectación, el 20,9% fue afectado11 en Finca 12; el 16,2% en Finca 11; el 11,63% estaba de Finca 66; el 5,8% estaba de Las Lomas-Puente Torres; el 4,8% estaba del Aeropuerto.
En 9 casos se señala que estaban en casa o no participaban en los enfrentamientos.
En el caso de la sede del banco privado Globalbank (incendiado por los manifestantes), la mayoría de los testimonios señalan que agentes antimotines se apostaron en el tejado del mismo en la noche y disparaban a modo de “francotiradores” a los manifestantes. Ésta es la justificación que dan los entrevistados y entrevistadas de la quema.
Detenciones y uso de la fuerza
De los 492 casos documentados hubo 46 detenidos en total12. En su mayoría, estuvieron detenidos entre 3 y 5 días en la subestación de Policía
5 de ellos fueron trasladados a la sede de la Policía de Ancón, Ciudad de Panamá, y fueron llevados a la Fiscalía Auxiliar antes de ser trasladados al hospital13.
Trato a detenidos en Changuinola
23 de los entrevistados hablan de insultos
18 de amenazas
13 de privación de sueño
21 de ellos dicen que estuvieron sin comer durante toda la detención
Varias personas dicen haber sido detenidas al salir o al tratar de llegar al hospital para recibir atención médica
Hay numerosos testimonios que hablan de malos tratos y torturas en la subestación de Changuinola. Destacamos los casos en que los detenidos fueron mantenidos esposados de pies y manos; 1 caso en que el ciudadano fue arrodillado y esposado, apuntado con una pistola e incomunicado; golpes de tolete reiterados; gas pimienta en la cara; un caso en el que le echaron vinagre en las heridas; un entrevistado relata como antes de darle de comer “regaron gasolina en la comida”; varios heridos detenidos sin atención médica; desnudados y ridiculizados; se les impedía dormir, bien manteniéndoles sentados o con un timbre; muchos de los detenidos no tuvieron acceso al baño y algunos relatan que sí les permitieron ir pero esposados.
Hay un testimonio directo de una mujer que fue detenida junto a dos compañeras en la Vía Central cuando buscaba a su hija intoxicada por gases. En la comisaría fueron desnudadas en un pasillo e insultadas14 (Ficha 247).
Uso de la fuerza por parte de la Policía:
Nuestro equipo de campo considera claramente comprobado que se dio un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la Policía desplazados a Changuinola los días 7, 8, 9 y 10 de julio.
Muchos de los heridos aseguran que los disparos de la policía eran desde muy cerca. Algunos afirman: “directamente a matar” o “a quemarropa”. En general dicen que se disparaba desde 5, 7 a 15 o 20 metros.
Uno de los heridos, testigo de la muerte de Virgilio Castillo, asegura que escuchó “está bueno matar indios” (Ficha 116).
Hay testigos que aseguran haber visto transporte de armas y municiones en una ambulancia de la Caja del Seguro Social (Ficha 256). Varios manifiestan que se utilizaron vehículos de Sinaproc para trasladar antimotines.
Una mayoría de entrevistados se refieren a insultos, golpes y maltratos injustificados a personas que no participaban en las protestas, así como requisas sin permiso dentro de los domicilios con un alto grado de violencia.
4. Principales constataciones
Las constataciones que señalamos a continuación son fruto del trabajo de campo en Changuinola, el análisis de las entrevistas y sus soportes en audio o en video y de las pruebas documentales15 que consiguió el equipo de campo sobre lo ocurrido en los días de la crisis.
Los manifestantes llevaron a cabo un paro pacífico desde el día 2 de julio (6 días previos a la intervención de los efectivos antimotines), en el que se reclamaba una mesa de diálogo para tratar la derogación de la Ley 30 y el cobro del sueldo que la compañía Bocas Fruit Company tenía retenido a sus trabajadores por haber iniciado el paro.
Según todos los testimonios, ninguno de los días previos a la intervención de los antimotines se registraron altercados ni se registró violencia. Los comercios de la ciudad funcionaban a pesar del paro de los trabajadores de las bananeras (al menos hasta la declaración de paro indefinido y cierre de la provincia los días 6 y 7 de julio) y la convivencia era pacífica. Se realizaron marchas de, al menos, 10 mil manifestantes sin que se produjera violencia16.
En la noche del miércoles 7 al jueves 8 de julio llegaron por vía aérea una cantidad no determinada de antimotines en aviones comerciales contratados. Las primeras declaraciones del Gobierno hablaban de 300 efectivos. En las últimas declaraciones después del conflicto, el Ejecutivo dijo que no hubo más de 150. En noticias de medios de comunicación publicadas el 11 de julio se hablaba de 200 agentes solo en uno de los puntos del conflicto17.
Los primeros choques violentos se producen en la noche del 7 de julio y el jueves 8 de julio por la mañana comenzaron los actos violentos de disolución del paro tras la negativa de atender a una negociación con los representantes de los trabajadores para solucionar el conflicto por vía dialogada.
Altas autoridades del Ejecutivo, entre ellas la Ministra de Trabajo, Alma Cortés, y el Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, se refirieron ante los medios de forma racista y despectiva hacia los manifestantes. Por ejemplo, en noticia aparecida el 11 de julio en el Diario La Prensa (La violencia se impone en Changuinola), José Raúl Mulino acusó a los sindicatos de “emborrachar a indígenas para que protesten, y de instigar a la desestabilización en todo el país”.
Los efectivos antimotines utilizaron armamento. Hemos constatado que en los lugares de los enfrentamientos se recogieron restos de cartuchos impulsores de perdigones de plomo (detonados y sin detonar) del calibre 12 utilizados contra la población, balines de goma, casquillos de bala de diversos calibres, y botes de gases lacrimógenos de diversos tipos18.
Constatamos un gran número de heridos por impacto de perdigones de plomo (con diferentes partes del cuerpo afectadas y en un gran número en la cabeza y el tórax) lo que supone que los agentes de policía dispararon por encima de la cintura en como práctica común19.
Según los testimonios, las detenciones arbitrarias en algunas de las vías de Changuinola se producían casi exclusivamente entre indígenas. Es absolutamente marginal el número de no indígenas detenidos o heridos20. Asimismo, se constatan insultos racistas y vejaciones por parte de agentes de la Policía Nacional.
Durante los días de disolución de la huelga se lanzaron gases dentro de zonas residenciales donde se encontraban niños, mujeres embarazadas y ancianos a pesar del aviso de los vecinos a la policía de la presencia de estos, tanto verbalmente como a través de llamadas al cuartel policial21.
En diferentes lugares en los que se dieron enfrentamientos, la policía hostigaba a los habitantes de las fincas en busca de participantes en la huelga intentando hacerles salir de las viviendas a través de gritos, amenazas, insultos racistas y lanzamiento de gases lacrimógenos.
En algunos casos la población infantil, anciana y algunas mujeres tuvieron que refugiarse en las bananeras en condiciones precarias ante la imposibilidad de permanecer en sus domicilios debido al uso de gases en zonas residenciales y al temor de sufrir heridas.
El día 8 de julio se lanzaron gases lacrimógenos junto a un centro de nutrición infantil donde son tratados más de 20 niños sin ser avisados previamente por parte de los efectivos policiales, viéndose afectado el centro y debiendo ser desalojado posteriormente por el peligro extremo de afecciones graves.
En la zona del puente de acceso a Changuinola, uno de los puntos críticos del conflicto, la Policía actuó con helicópteros desde los cuales lanzaban perdigones y gases lacrimógenos cayendo en zonas residenciales afectando gravemente a la población no implicada en la huelga.
Se constatan trabas por parte de las autoridades para permitir las investigaciones sobre el número de muertes relacionadas con el conflicto y las causas de las mismas.
Hay pruebas de que se realizaron detenciones arbitrarias aprovechando los servicios de salud ya que se condujo a instalaciones policiales a indígenas heridos cuando buscaban atención médica22.
Hay información suficiente para indicar que en el centro de detención de Changuinola se produjeron torturas, no se proporcionó asistencia médica, se les privó del sueño y hubo trato vejatorio e insultos racistas. No hubo asistencia legal para los detenidos, ni se les tomó declaración. La mayoría de los detenidos permanecieron entre 24 y 96 horas en instalaciones policiales sin asistencia legal..
Hay ciudadanos heridos, muchos cabeza de familia, que no están pudiendo trabajar como consecuencia de las lesiones y heridas suponiendo un problema añadido para sus familias, la mayoría de una economía precaria.
Constatamos que hay numerosos casos de heridos que se han extraído perdigones del cuerpo con cuchillos y en condiciones de higiene dudosas. Esto puede producir problemas de salud mayores a posteriori. Según las consultas realizadas por HREV a especialistas médicos, en la inmensa mayoría de los casos NO hay que extraer los perdigones, solo es preciso en casos en que afecten a órganos vitales o que puedan generar dificultades posteriores. Consideramos que no se ha dado la información pública necesaria que tranquilice a los heridos al respecto.
Hay un gran número de ciudadanos que están sufriendo secuelas psicológicas y no están siendo atendidos médicamente.
La población civil tuvo que organizarse para poder atender a los heridos y afectados ya que los servicios médicos y de protección civil no alcanzaban a atender a todos (desbordados y sin refuerzos)
La atención médica ha sido deficiente para aquellos heridos que fueron a los centros médicos una vez que perdieron el miedo a ser detenidos. En la mayoría de los casos, fueron enviados a sus casas sin ningún tipo de intervención para la extracción de los perdigones de plomo de su cuerpo y con una pomada antimicótica (Fuicidin 2%) y amoxicilina 500 mg., con el diagnóstico de que el propio cuerpo expulsará los perdigones mediante esta medicación.
Aquellos que no tienen seguro médico no recibieron ningún tratamiento y fueron enviados a sus casas sin haberles hecho tan siquiera una radiografía.
El MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) repartió, desde al menos el día 17 de julio hasta el 19 de julio, diferentes bienes materiales a la población como compensación por los hechos ocurridos. Están documentados: Sacos de alimentos enlatados y en seco (lentejas, azúcar, arroz, atún, sardinas, mayonesa), un plato de comida y un jugo entregados en persona por el vicepresidente de la República en “Finca Las 30”, bicicletas el mismo día y a la misma hora del entierro de los fallecidos durante los días de enfrentamientos, juguetes en escuelas, cocinas de gas y 20 dólares en mano, así como juegos de sábanas.
El trato a los heridos trasladados a Panamá no ha sido el adecuado. Los primeros días permanecieron custodiados por agentes de policía y “privados de libertad”23, hasta que recibieron la visita del Presidente de la República24. A los familiares de los enfermos se les aloja en un hotel con pocas condiciones de habitabilidad, en una zona céntrica y peligrosa en las noches. Muchos de los familiares, en su mayoría indígenas, han permanecido en la práctica confinados, sin ayuda, sin posibilidad de comunicarse con sus hogares y en un clima de miedo.
Hay que destacar que la mayoría de los 68 heridos trasladados a ciudad de Panamá por la gravedad de sus lesiones han perdido la vista, al menos, en uno de sus ojos.
Según han denunciado los abogados de los familiares y heridos, hay un proceso abierto en la Fiscalía Auxiliar contra 187 de los detenidos y heridos en los sucesos de Changuinola. En este caso, se está violando el debido proceso ya que no han sido notificados y, entre otros aspectos, muchos de ellos fueron indagados aprovechando su situación de convalecientes25.
La Policía Nacional denuncia que durante el conflicto fueron privados de libertad por tres días el sargento primero Efraín Peterson, el sargento primero David Gamarra, el cabo primero Anilio Serrasín y el agente Esteban García. Según las informaciones difundidas por los medios de comunicación, fueron 3 los agentes que fueron retenidos por los manifestantes. Estos hechos fueron reconocidos públicamente por los manifestantes que los pusieron en libertad sin presentar heridas ni lesiones. La Policía Nacional ha informado también de un total de 33 policías heridos durante los enfrentamientos.
Las imágenes que ha conseguido el equipo de HREV corroboran que los manifestantes utilizaron piedras contra las fuerza policiales. Se observó el uso de forma aislada, de palos, machetes y cócteles molotov (bombas incendiarias caseras).
Se pudo constatar que durante los enfrentamientos, los manifestantes quemaron varios vehículos del Estado (cinco) y provocaron daños en vidrios y enseres de oficinas del Estado y en algunas instalaciones privadas.
Las autoridades de salud denuncian que en algunos puntos, los manifestantes obstaculizaron el paso de las siete (7) ambulancias que, según dichas autoridades, prestaron el servicio de transporte de heridos, y que una fue apedreada en la zona del aeropuerto.
|
