Informe sobre violación de Derechos Humanos en Changuinola del 7 al 11 de julio de 2010






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Informe sobre violación de Derechos Humanos en Changuinola del 7 al 11 de julio de 2010




HUMAN RIGHTS EVERYWHERE / Panamá

18 de agosto de 2010

Segunda versión actualizada

Presentación
Human Rights Everywhere (HREV) es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro con siete años de trabajo en Latinoamérica en la investigación, promoción y defensa de los Derechos Humanos.

En Panamá, HREV fue reconocida como ONG con personería jurídica en marzo de 2010 por el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Ante la gravedad de los hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro, concretamente en Changuinola, entre el 7 y el 11 de julio de 2010, y en coordinación con varios voluntarios, desplazamos a la zona un equipo de campo con el objetivo de documentar las violaciones a los DDHH en la crisis de Changuinola. Terminado el trabajo de este equipo se formó y constituyó un equipo de veedores de DDHH conformado por estudiantes universitarios de Bocas del Toro que continúa con tareas de monitoreo y atención a las denuncias ciudadanas.

El informe que presentamos no puede ser considerado como definitivo, ya que somos conscientes de que quedan muchos heridos y afectados con los que aun no hemos contactado ante la dimensión del suceso. Sin embargo, estamos seguros de que este informe podrá arrojar luz sobre lo sucedido y proporcionar elementos racionales y verificables sobre la afectación a la población civil.

HREV publicará versiones actualizadas de este informe según consolidemos nuevos datos y colaborará con otras organizaciones que están trabajando en la misma dirección.

Índice
1. Contexto previo a la crisis 4

Datos sociodemográficos

Contexto legal

Cronología de la crisis

2. Apuntes metodológicos 8

3. Los datos documentados 10

Muertes

Reporte de heridas y lesiones

Principales lugares de conflicto

Detenciones y uso de la fuerza

4. Principales constataciones 17

5. Papel del Estado en la crisis 22

6. Otros actores 24

7. Vulneraciones de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales 26


8. Conclusiones 29

9. Recomendaciones 31

10. Testimonios 34
1. Contexto previo a la crisis1


    1. Datos sociodemográficos


La provincial de Bocas del Toro tiene una población estimada, a 1 de julio de 2009, de 115.793 personas de las que 58.870 son varones y 56.823 mujeres. Representa en torno al 3% de la población de la República.

Según el censo del año 2000, en el que se registraban 110.585 habitantes, 49.294 eran indígenas (44,57%). En Bocas del Toro conviven las etnias Ngëbe, Buklé, Naso-Teribe y Bri Bri.

Bocas del Toro presenta los índices de pobreza extrema más altos del país y registra altos niveles de pobreza y desigualdad. Según el Mapa de Pobreza del Ministerio de Economía y Finanzas de 2005, en el distrito de Changuinola un 46% de la población presenta pobreza extrema; un 25% carece de agua potable y un 31% no dispone de luz eléctrica. El Mapa de Pobreza de 2003 hablaba de un 60,6% de pobreza en toda la provincia y de un 37,8% de pobreza extrema (la más alta de país). Hay que destacar que al hablar de pobreza entre la población indígena de Bocas del Toro el porcentaje se eleva al 90%.

Mientras la esperanza de vida en el país es de 75,5 años, en Bocas del Toro es de 71,8 ( 70,1 los hombres y 73,6 las mujeres). La mortalidad neonatal por cada 1.000 niños es de 10,1, según los Indicadores Sociales del Instituto Nacional de Estadística y Censo de 2003-2007.

En la República de Panamá la media de habitantes por médico es de 734, mientras que en Bocas del Toro se eleva a 1.052. En esta provincia hay 2,7 camas en instalaciones de salud pública por cada 1.000 habitantes.


    1. Contexto legal

  • Abril 2010/ Ley 14, denominada "Carcelazo". Penaliza con cárcel el cierre de calles por parte de manifestantes. El Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, señaló que las legislaciones como la recientemente aprobada ley del "Carcelazo", que penaliza los cierres de calles con 6 meses a 2 años de cárcel, requieren de un mayor proceso de reflexión y maduración y no de "actuar con emoción y pasión" por parte del Gobierno.




  • Junio 2010/ Decreto Ejecutivo 537 que modifica la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe Buglé. El decreto inconsulto, elimina buena parte de la autonomía política de la Comarca y pone en manos del poder central las decisiones sobre las autoridades Ngäbe.




  • Junio 2010 / Ley 30, denominada ‘Ley 9 en 1’ o ‘Ley Chorizo’. Aprovechando el periodo especial de sesiones (fórmula legal en Panamá que permite al Ejecutivo solicitar un periodo especial de sesiones, adicional a los dos corrientes, siempre que especifique cuáles serán las iniciativas legales que presentará y justifique su urgencia) en la Asamblea Nacional el Gobierno introduce un proyecto de ley sobre Aviación Comercial. Después del articulado sobre dicho tema introduce modificaciones a 6 leyes y tres códigos que nada tienen que ver con aviación. Los temas que generan más polémica son los que limitan el derecho a huelga y modifican el régimen sindical; los que eliminan el estudio de impacto ambiental para aquellas obras públicas o privadas que el Gobierno determine, y los artículos que indican que un agente de policía no será retirado de su puesto cuando haya cometido un delito en el horario de sus funciones. La Ley 30 se aprueba en la Asamblea Nacional con las puertas bloqueadas con candados y la policía antidisturbios rodeando el edificio para impedir la participación de la sociedad civil organizada.

Tras el conflicto de Bocas del Toro y al igual que ocurrió durante el debate de la Ley 30, la Asamblea Nacional ha obviado las opiniones de decenas de organizaciones y colectivos que participaron en el primer debate sobre el aplazamiento de la entrada en vigor de 3 artículos de la Ley 30, que fue lo pactado en Changuinola por el Ejecutivo y el sindicato Sitraibana (Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines) el10 de julio. La petición general de la sociedad civil ha sido la de derogar la Ley para abrir un proceso de negociación plural sobre los aspectos de la misma. Sin embargo, la Asamblea Nacional ha dado el visto bueno al aplazamiento y no a la derogación.
1.3 Cronología básica de la crisis


  • El 2 de julio dio comienza una huelga de 48 horas en las bananeras de Bocas del Toro que finalmente se prolongó hasta el domingo 11 de julio y acabó con duros enfrentamientos entre la policía y los trabajadores en huelga, cerca de 4.000 en su mayoría Ngäbe-Bugke, y sus familias




  • La huelga iniciada el 2 de julio, convocada por Sitraibana y cuatro sindicatos independientes, exigía la derogación de las reformas introducidas en diversa normativa penal, laboral, ambiental y policial, a través de la Ley de Aviación Comercial (Ley 30, conocida también como Ley Chorizo o Ley 9 en 1, porque reforma seis leyes y tres códigos).




  • Durante los dos primeros días de huelga se produjeron algunos cortes de calles y los ánimos se caldearon el sábado 3 de julio, cuando los directivos de la empresa bananera no procedieron a pagarles la planilla correspondiente de la semana a los operarios, razón por la cual procedieron a cerrar la salida de los directivos de la compañía Bocas Fruit Company de las oficinas de Finca 13.




  • El día 4 se declaró la huelga como indefinida y el día 5 empezaron los cortes de los accesos a Changuinola, afectando ya al comercio y las clases en los colegios. El 6 de julio la ministra de Trabajo, Alma Cortes, se desplazó a Changuinola pero la reunión con los trabajadores terminó sin acuerdo.




  • Entonces empezaron los primeros enfrentamientos con la Policía Nacional, que utilizó una fuerte represión.




  • A partir del día 7 los enfrentamientos se recrudecieron, con una violenta respuesta de la policía, y empezaron las primeras detenciones de trabajadores y de líderes sindicales




  • Desde el día 8 está en Changuinola el Ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitri, como jefe del equipo negociador, después de la fallida visita de la Ministra de Trabajo, Alma Cortés. El sábado 9 de julio, llega a Changuinola para reforzar las negociaciones el vicepresidente, Juan Carlos Varela.




  • La huelga terminó con un acuerdo alcanzado en la tarde del domingo 11 de julio entre el Gobierno y el representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines (Sitraibano) de la Bocas Fruit Company que suspende durante 90 días algunos de los artículos de la Ley 30 de 2010 que desencadenó la huelga para negociarlos de forma nacional. El acuerdo no fue aceptado por todos los movimientos que participaron en el levantamiento de Bocas.

2. Apuntes metodológicos
El equipo de campo de HREV estuvo conformado por 6 (seis) voluntarios. Todo el equipo tenía formación universitaria y capacidades para desarrollar el trabajo y en todo momento iban identificados como colaboradores de HREV a la hora de realizar entrevistas, llenar formularios o documentar con audio o video.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 17 y el 25 de julio, ambos inclusive, y contempló visitas a las fincas donde hubo más afectados, a los centros de atención sanitaria y a la morgue, así como reuniones con dirigentes sindicales y comunitarios.

El equipo utilizó una ficha tipo2 para la recolección de datos que se aplicó en todas las entrevistas y, además, documentó en audio o en video las entrevistas o declaraciones más relevantes par este informe, así como compiló imágenes tomadas por ciudadanos de Bocas del Toro durante los 3 días más graves de la crisis. En total se realizaron 299 entrevistas y se completó el trabajo con las listas de heridos atendidos en los diferentes centros sanitarios de Changuinola y ciudad de Panamá, así como los informes independientes de organizaciones panameñas. Los 492 casos documentados cuentan con algún tipo de respaldo documental, bien sea ficha de entrevista directa, entrevista en audio o en video.

Además, contamos con la colaboración de grupos de voluntarios en Panamá para la recolección de datos en los hospitales donde han sido atendidas las víctimas civiles. También nos hemos alimentado de los informes de instituciones sanitarias, de la Defensoría del Pueblo, de CEASPA, de la Pastoral Indígena y de ULIP para contrastar nombres, tipología de heridos y ubicación de los mismos.

Conceptualmente, se decidió centrar el trabajo en las “víctimas civiles del conflicto”, ya que detectamos que era ahí donde se encontraba el mayor vacío de información confiable, y es este grupo el que más difícil tendrá el acceso a la verdad, la justicia y la reparación pertinentes. Hacemos referencia al informe de heridos entre la Policía, aunque no es el centro de este documento, ya que hay información oficial suficiente al respecto.

Este informe surge por la necesidad de documentar la violación de los Derechos Humanos por parte del Estado ya que, según la mayoría de la jurisprudencia y teorías internacionales, son estos los que están obligados a la promoción y la garantía de los mismos, aunque haya voces que piden incluir a todas las partes en conflicto, incluidas las para-estatales, en estas categorías3. Los nombres de las víctimas y de las fuentes han sido protegidos por razones de seguridad y confidencialidad en la información.

Los lugares visitados4 por el equipo de HREV en el terreno y donde se realizaron las entrevistas personales fueron:

- Barrio de La Loma de Torre, a las orillas del río Changuinola

- Finca 44

- Finca 66

- Finca 12

- Finca 13

- Finca 11

- Finca 4

- Finca 6

- Barriada precarista 4 de abril

- Finca 30

- Finca 32

- Comunidad de Tiobroma

- Barriada California

- Barriada Débora

- Avenida central
3. Los datos documentados
El equipo técnico ha documentado la situación de 492 casos entre heridos, muertos y detenidos-desaparecidos, siendo conscientes de que puede haber más casos no registrados. De estos 492 casos podemos sacar algunas conclusiones:
Muertes

  • Muertes documentadas. Nuestras investigaciones en el terreno y los testimonios de los familiares indican la muerte de, al menos, 4 personas (el Gobierno solo reconoce 2 muertes y ha difundido versiones contradictorias sobre el caso de Antonio Smith). Sin embargo, hay que destacar que el acceso a la morgue fue obstaculizado por funcionarios del Estado. Los muertos que, según los familiares, tienen relación directa con el conflicto son:

    • Antonio Smith (reconocido con el gobierno), 8 de julio: perforación de pulmón por impacto de perdigones en la espalda y 10 fracturas que, según los testigos, pueden atribuirse a golpes propinados por los agentes. Llegó cadáver a la sala de urgencias.

    • Virgilio Castillo (reconocido por el gobierno), 10 julio: perforación de pulmón por perdigones, murió antes de ser intervenido quirúrgicamente.

    • Rubén Becker (Epiléptico, muere por efecto de los gases), 11 de julio (ficha a/muertes)5

    • Leandro Santos (muere por efecto de los gases), 11 de julio (ficha b/muertes)

  • Diversas organizaciones populares han pedido la investigación de las muertes de Einar Quintero, Marcelina Carpintero y Florinda Peña. Sus cuerpos han estado en la morgue de Changuinola y se presume sus muertes pudieron estar relacionadas con los sucesos, aunque no hay pruebas contundentes. (El equipo de HREV no ha documentado estos casos). El grupo de Promotores de DDHH de Changuinola ha podido constatar, además, que en la morgue del Hospital de Chaguinola se encontraban los cadáveres de Einer Becker Salomón (10 meses), Hilda Palacios (3 años) y Migdalia Abrego (1 año) y hay testimonios que apuntan a que pudieron ser afectados por los gases lacrimógenos.

CASO VALENTÍN PALACIOS

  • Desde el 8 de julio al 14 de agosto (38 días) se reportó como DETENIDO-DESAPARECIDO a Valentín Palacios, detenido en Finca 66 a la vista de múltiples testigos el jueves 8 de julio y desaparecido hasta que el domingo 15 de agosto fue presentado en conferencia de prensa por el Director de la Policía Nacional de Panamá, Gustavo Pérez. Los familiares, a través de un colectivo de abogados, habían denunciado la desaparición ante el Ministerio Público panameño y el día 12 de agosto la Asamblea Ciudadana, colectivo que agrupa a unas 40 organizaciones de la sociedad civil presentó un Habeas Corpus contra el director de la Policía Nacional por este caso. 72 horas después, Valentín Palacios era presentado y las versiones sobre su desaparición eran confusas y contradictorias6. (Ver Recomendaciones)
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