I. E. D. RAFAEL URIBE URIBE 
“Buscamos la calidad con amor y exigencia”
Guía de Trabajo Segundo Periodo
C Sociales 10º
Objetivos: Analizar el periodo conocido como “la Violencia” y establecer relaciones con las formas de violencia actual
Reconocer y explicar los cambios y continuidades en los movimientos guerrilleros en Colombia desde su surgimiento hasta la actualidad
Reconoce la dimensión política, económica y social del conflicto armado en la actualidad y caracteriza históricamente el desarrollo del conflicto colombiano desde mediados del siglo XX
Metodología: desarrollo de la guías tomando como eje principal las lecturas propuestas. Esto se complementará con explicaciones por parte del profesor de pasajes complejos de las lecturas.
PARTE 1
Antecedentes históricos del conflicto colombiano actual
Dos fenómenos históricos son fundamentales para entender el conflicto: primero, el fenómeno de la colonización campesina de zonas periféricas, que ha constituido, a lo largo de la historia colombiana, la salida a las tensiones de una estructura de la propiedad rural muy concentrada. A diferencia de otros países de América Latina, Colombia no logró llevar a cabo una reforma agraria que redistribuyera la propiedad de la tierra sino que produjo una expulsión continua de campesinos pobres hacia zonas de frontera selvática, donde era mínima la presencia de las instituciones reguladoras del Estado central y poca la relación con el conjunto de la sociedad y la economía nacionales. En segundo lugar, a este proceso corresponde, en términos políticos, un proceso gradual de construcción del Estado, cuya incorporación paulatina de territorios y poblaciones se tradujo en una presencia diferenciada del Estado en las regiones según las circunstancias de tiempo y lugar.
Ambos procesos tienen su origen en la historia del poblamiento del país desde los tiempos coloniales hasta nuestros días. Desde principios del siglo XVI, los territorios más aislados e inaccesibles se fueron poblando por grupos marginales (como los blancos pobres, mestizos, negros y mulatos). En esas zonas de colonización periférica, la organización de la convivencia social queda abandonada al libre juego de las personas y grupos sociales y el Estado carece del pleno monopolio de la justicia y coerción legítima. Además, incluso en los territorios más integrados al dominio del Estado, la presencia de las instituciones estatales era diferenciada o dual porque su control se ejercía a través de las elites locales y, por lo tanto, dependía de estas estructuras locales de poder. La combinación de este poblamiento con esta dependencia de los poderes locales hizo muy conflictivos los procesos de integración de los territorios recién poblados al conjunto de la Nación.
Entre el final del dominio español y la consolidación de la Colombia de hoy, se profundizaron muchos de los problemas de la estructura agraria y de la organización política que provenían de la colonia española. Las disputas entre los partidos liberal y conservador llenaron la vida política durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. Esas disputas giraban en torno al alcance y ritmo de los procesos de modernización económico y social y al papel de la Iglesia católica. Frecuentemente, estos enfrentamientos partidarios servían de canales de expresión de conflictos de carácter más social, como problemas de tierras, rivalidades entre regiones y poblaciones, conflictos raciales y enfrentamientos entre familias y grupos de ellas.
Esos conflictos prolongaban la estructura dual del poder colonial: al lado de instituciones políticas de carácter formalmente democrático y moderno operaban los partidos tradicionales como dos federaciones contrapuestas pero complementarias de redes locales y regionales de poder, de carácter clientelista. Esas dos federaciones servían de puente entre las autoridades estatales del centro y las realidades locales y regionales. Por esto, la presencia de instituciones estatales en la sociedad y el territorio colombiano ha sido altamente diferenciada en el espacio, el tiempo y en su relación con las diferentes regiones: en las regiones más integradas, la presencia del Estado es más directa y en otras, esa presencia aparece mediada por los poderes locales de corte clientelista. En zonas de colonización periférica la presencia del estado se haría posible solo cuando se concentrara la propiedad de la tierra y se produjera una cierta jerarquización social, como base para la creación de poderes locales y regionales que se articulaban a las redes nacionales de los dos partidos tradicionales y las instituciones del estado.
Por esto, los fenómenos violentos serán muy diferenciados según la diferente consolidación de las instituciones estatales en las diversas coyunturas locales. Una será la violencia que confronta el dominio directo del Estado en las regiones más integradas, muy distinta de aquellas donde este dominio debe ser negociado con las estructuras locales de poder. Y otra es la violencia en las zonas donde no se han consolidado todavía los mecanismos tradicionales de regulación social, o donde estos mecanismos están haciendo crisis: allí no hay un actor claramente hegemónico sino una lucha por el control territorial donde el predominio de unos actores u otros va cambiando según la coyuntura.
La Violencia y el Frente Nacional
En los años treinta, el partido liberal emprende reformas sociales, económicas y políticas de tipo modernizante que produjeron un ambiente de polarización que preparó el camino a la Violencia de los años cincuenta. Episodios regionales de violencia entre liberales y conservadores se generalizan por todo el país con el asesinato, en 1948, del líder liberal Gaitán, líder popular y aspirante a la presidencia. La reacción popular del 9 de abril en Bogotá, el famoso “Bogotazo”, y en otras regiones del país, produjo el contraataque conservador. En respuesta grupos liberales y comunistas rurales crearon guerrillas de autodefensa campesina a las que los sectores conservadores combatieron con grupos de contraguerrilla y bandas de asesinos. Se estima que hubo aproximadamente 200.000 muertos entre 1946 y 1953.
En 1953 llegó al poder el general Gustavo Rojas Pinilla, el único periodo de régimen militar que experimentó Colombia durante el siglo XX. El gobierno de Rojas Pinilla intentó en vano la pacificación del país por medio de la amnistía de los guerrilleros liberales, pero su anticomunismo lo llevó a enfrentarse con las guerrillas produciendo una nueva generalización de violencia. Los intentos de Rojas de consolidarse en el poder y marginar a los partidos tradicionales, llevaron a éstos a unirse para derrocarlo en 1957.
El carácter local de la violencia demostró la fragmentación oculta debajo de las redes de poder de los dos partidos tradicionales que compensaban la debilidad del estado, lo mismo que el predominio de estructuras locales de poder. Además, enfrentamientos entre guerrillas liberales y comunistas contribuyen a una mayor fragmentación del campesinado, que termina atomizado. Sin embargo, la violencia fortaleció los partidos tradicionales como identidades colectivas porque la pertenencia a ellos era la única explicación que daba sentido a la violencia.
La necesidad de poner fin al conflicto y a la dictadura militar llevó a la creación del acuerdo entre los dos partidos conocido como el Frente Nacional. Durante 16 años, liberales y conservadores se turnaron la presidencia y se repartieron los cargos del poder estatal. Aunque este régimen contribuyó a la estabilidad política del país, el monopolio compartido del poder impidió la expresión política de nuevos poderes locales y la respuesta adecuada a los problemas sociales que surgían en la segunda mitad del siglo XX.
La crisis política de la coyuntura de mediano plazo
Esta dificultad del sistema político se hizo evidente a partir de los años sesenta y setenta, cuando los rápidos cambios de la sociedad hicieron obsoletos los marcos institucionales para canalizar los nuevos procesos sociales. A partir de los años sesenta, se produjeron importantes cambios sociales y culturales como la rápida urbanización del país, la secularización de capas medias y altas, la rápida apertura a las nuevas corrientes del pensamiento mundial, y un aumento importante de la cobertura educativa en la secundaria y universidad. Por otra parte, empezó a debilitarse el tradicional mecanismo partidario para la expresión de tensiones sociales en comunidades rurales, a lo que se agrega también el divorcio entre los partidos tradicionales y las organizaciones sindicales. Esta situación se vio acentuada por las limitaciones de la reforma agraria y la criminalización de la protesta social, que ilustra las dificultades que tenía el régimen bipartidista en introducir reformas sociales y políticas que respondieran a la situación social cambiante. La heterogeneidad del Frente Nacional hacía que los esfuerzos reformistas parecieran muy tímidos para lograr el apoyo y la movilización de sectores medios y populares, pero excesivos para algunas elites regionales y locales.
En este contexto, en los años sesenta surgieron movimientos guerrilleros de tipo revolucionario, debido tanto a la persistencia de los problemas campesinos como a la creciente radicalización de la juventud universitaria y de capas medias urbanas. Así, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de orientación castrista, fue creado en 1964 por estudiantes de clase media e intelectuales, actores del movimiento sindical y antiguos guerrilleros liberales. En 1967 surgió el Ejército Popular de Liberación (EPL) como brazo armado del Partido Comunista Leninista, de orientación maoísta. Por otra parte, los grupos de autodefensa influenciados por el partido comunista, en áreas de colonización campesina más periférica, se transformaron en las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966, cuando fueron atacadas por el ejército nacional. Más tarde, en 1973, surge el Movimiento 19 de Abril, M-19, de carácter más urbano, que se presentaba como reacción ante el supuesto fraude electoral que había impedido al general Rojas Pinilla llegar al poder en 1970.
Los problemas de corto plazo: crisis política y penetración del narcotráfico
La situación descrita fue produciendo un creciente divorcio entre la sociedad y la política. Además, incluso los intentos de una mayor racionalización de la administración estatal y del manejo del gasto público trajeron, como resultados no planeados, mayores tensiones entre los sectores tecnocráticos y clientelistas, lo mismo que un incremento del descrédito de la clase política tradicional.
Estos hechos llevaron a una grave crisis de representación política que afectaba profundamente la legitimidad de las instituciones estatales y las formas de mediación política de la sociedad. El resultado de esa crisis fue la reforma constitucional de 1991, atada a los procesos de paz con varios grupos guerrilleros. La nueva Constitución reconoció la pluralidad del país en lo étnico, religioso, cultural y regional y trató de corregir los vicios más evidentes de la vida política. Pero muchas de sus reformas fueron frustradas o limitadas por la legislación posterior y por la realidad de la actividad política. La crisis se complicó aún más porque la descentralización política y administrativa de la nueva constitución y la elección popular de alcaldes y gobernadores desarticulaba el sistema tradicional de las “maquinarias” políticas por medio de las cuales los partidos tradicionales mediaban entre las localidades, las regiones y el Estado central, sin crear nuevos mecanismos de cohesión política.
Por otra parte, el panorama de la violencia se trasformaba cuando las guerrillas empezaron a expandirse desde las zonas periféricas hacia zonas más ricas e integradas en la economía y política nacionales. En esas áreas, su recurso cada vez más frecuente a la financiación mediante la extorsión y el secuestro empezaron a cambiar la percepción de la sociedad colombiana frente a la violencia. De ahí el surgimiento de las fuerzas paramilitares y de una cierta simpatía en la opinión pública por el recurso a soluciones autoritarias.
Por otra parte, al final de los setenta, se incrementaron las actividades del narcotráfico. Y en los años noventa, la disminución de los cultivos en Bolivia y Perú llevó al aumento notable de las plantaciones de coca, especialmente en la periferia del país. Los cultivos ilícitos encuentran un escenario ideal para su desarrollo en las zonas de colonización periférica, donde hay una escasa presencia Estatal y existe una base social en los colonos campesinos. Surgieron entonces poderosos carteles de la droga, en especial, en Medellín y Cali, los cuales libraron una guerra contra el Estado durante los ochenta y noventa. Finalmente, estos carteles fueron derrotados, con el apoyo militar (y una fuerte presión) de Estados Unidos al gobierno colombiano, y se dividieron en grupos más pequeños. Estados Unidos intensificó su enfoque sobre las drogas en Colombia durante el mandato del presidente Clinton con la implementación del Plan Colombia en 1999.
Los narcotraficantes, que poco a poco se volvían terratenientes, favorecían la organización de grupos paramilitares. En 1982, en Puerto Boyacá, los terratenientes, los políticos, el personal del ejército, los hacendados, los comerciantes y una compañía petrolera formaron el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), como reacción contra los secuestros que la guerrilla realizaba. El fenómeno comenzó a extenderse a toda la nación, especialmente a partir de 1984: surgieron otros grupos paramilitares como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), creadas por Carlos y Fidel Castaño, antiguos miembros de MAS. En 1997 se formaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el liderazgo de Carlos Castaño, buscando infructuosamente aglutinar a los grupos paramilitares de todo el país. En la actualidad varios de estos grupos están negociando su desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, dando los primeros pasos para su desarme y reinserción a la vida civil.
Otro efecto de la expansión de cultivos ilícitos fue la transformación de las relaciones de las guerrillas con el narcotráfico. Por esto, algunos autores sostienen que el surgimiento del narcotráfico hace que las violencias posteriores a 1980 representen una ruptura fundamental con las anteriores, aunque persistan algunos rasgos de continuidad. En el caso de las FARC inicialmente se dedicaban a regular las relaciones de los campesinos cocaleros entre sí y con los narcotraficantes, pero gradualmente comenzaron a involucrarse más cobrando un impuesto (“gramaje”) sobre los cultivos, y controlando más tarde el cultivo y comercio de la coca. Este recurso a los dineros provenientes de los cultivos de uso ilícito incrementó la autonomía de las FARC frente a la dinámica internacional y nacional pues ya dependen menos de su inserción en las comunidades rurales. Esto ha dado mayor énfasis de la dimensión puramente militar del conflicto en detrimento de los aspectos ideológicos y políticos y también ha aumentado su capacidad ofensiva y de reclutamiento gracias a los ingentes recursos que la droga proporciona.
A su vez, la infiltración del narcotráfico en la sociedad colombiana contribuye a la corrupción generalizada y la mayor deslegitimación de la clase política, que alcanza su punto culminante en 1994, cuando el presidente Ernesto Samper es acusado de recibir dineros del cartel de Cali durante su campaña electoral. La infiltración del narcotráfico en la sociedad colombiana profundizó aún más la fragmentación y privatización del poder estatal y la crisis de legitimidad del régimen político y conduce a un desdibujamiento de las fronteras entre violencia política y prácticas delincuenciales como la extorsión y el soborno. En esta mezcla de prácticas violentas, la guerra deja de tener una racionalidad exclusivamente política para convertirse en una mezcla que combina objetivos políticos y militares con fines económicos y sociales, así como iniciativas individuales con acciones colectivas, lo mismo que luchas en el ámbito nacional como enfrentamientos de carácter regional y local. A través de esto la violencia se difundió por todo el tejido de la sociedad colombiana convirtiéndose en el mecanismo de resolución de muchos conflictos privados y grupales por la ausencia del Estado como espacio público de resolución de conflictos.
ACTIVIDAD 1 (La lectura se hará por partes)
Mencione los dos hechos históricos que, de acuerdo con el autor, son fundamentales para entender el conflicto, y responda en qué consisten. Para complementar, explique y ponga en contexto la siguiente afirmación: <>.
Explique cómo se produjeron (cuáles fueron los procesos que llevaron a) los dos hechos históricos que son fundamentales para entender el conflicto.
Describa las tres etapas de violencia mencionadas en el texto, y responda: ¿cuál fue la principal característica de cada una de estas etapas?, ¿cuáles fueron las consecuencias políticas y sociales de cada una de estas etapas?, ¿qué elementos tienen en común?, ¿cómo se encadenan estas tres etapas?, ¿cuál fue el papel de los políticos en cada una de las etapas mencionadas?, ¿cuál es su opinión frente a sus actuaciones?, ¿cuál debió haber sido su papel como líderes de la sociedad?
¿Cuáles son los principales actores de la historia del conflicto? ¿cuál es su grado de responsabilidad y por qué?
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Trabajo en casa: Investigue en profundidad en qué consistió el periodo conocido como “La Violencia”
Investigue el significado de <> y <>
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