Resumen derecho ambiental






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Art. 30: Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.
Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.
10) Interés difuso y derecho subjetivo

Intereses difusos (derechos incidencia colectiva): protegen a una pluralidad de sujetos indeterminados en su individualidad, pero que pertenecen a grupos sociales que gozan de idéntica prerrogativa tutelar en cuanto a la preservación del medio ambiente.
Derechos subjetivos lesionados: la jurisdicción civil de los tribunales ordinarios es de exclusiva competencia para intervenir toda vez que un particular es amenazado o sufre en su persona o sus bienes un perjuicio como consecuencia de un ilícito ambiental, en defensa de derechos subjetivos amenazados o lesionados.
11) Técnicas de acceso a la justicia para la defensa de intereses difusos

A) Apoderamiento de instancias publicas: son los casos en que la ley inviste de representación popular a funcionarios públicos con autonomía orgánica y funcional para ejercer esta clase de acciones (ej: defensor del Pueblo).

B) Acción popular: algunas legislaciones permiten el acceso directo a los tribunales a ciudadanos aislados que invocan un interés público por la afectación de garantías de goce común e indeterminado (es una actuación personal y a titulo individual en defensa de intereses generales).
C) Litisconsorcio ocasional: cuando un grupo de personas se asocian ocasionalmente para litigar en común, con el fin de lograr un objetivo que pertenece a todas ellas en la medida en que se sientan afectadas por las mismas causas.
D) Asociaciones cualificadas: existe legitimación para actuar si la ley reconoce a ciertas asociaciones como órganos representativos de intereses generales, que alcanzan a determinados grupos sociales ligados por la necesidad de la defensa comunitaria de algunos sectores.
E) Acciones de clase: algunos ordenamientos dan la posibilidad de acceso a la justicia a través de esta acción, aceptándose la comparecencia jurisdiccional individual y sin apoderamiento formal expreso, cuando se invoca la defensa de intereses compartidos por varios sujetos con trascendencia procesal para todos ellos. La sentencia dictada en una acción de clase tiene efecto de cosa juzgada con respecto a todos los miembros de la clase comprometida en el proceso, aunque no hayan comparecido a la instancia judicial.
12) Vías procesales de acceso a la justicia en materia ambiental (orientadas hacia la prevención del daño ambiental).
A) Acción de amparo: Al respecto, el art. 43 C.N. establece que toda persona puede interponer acción expeditiva y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares que afectaran al medio ambiente

Pero debe advertirse que podrá intentarse la vía del amparo "...siempre que no exista otro medio judicial más idóneo", ya que los procesos ordinarios son generalmente más idóneos que el amparo para custodiar un derecho constitucional vulnerado, desde el momento en que en ellos se estudia cualquier tipo de lesión (manifiesta o no) y con un aparato probatorio más amplio que el amparo.
Pueden interponer la acción de amparo el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley (art. 43 C.N.).

La sentencia firme declarativa de la existencia o inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza de un derecho o garantía constitucional hace cosa juzgada respecto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo.

La ejecutoriedad que emana de la sentencia permitirá realizar el cumplimiento forzado de la sentencia.
B) Tutela Inhibitoria: Esta figura procesal "tiene como objeto directo la prevención de un daño mediante una orden para impedir que se cause (en caso de amenaza de lesión) o bien, para que cese su producción (si la actividad ya se ha iniciado y es previsible su continuación o reiteración)"

1) Mediante la acción de daño temido (art. 2499 C.Civil): “Quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño a sus bienes, puede denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten las oportunas medidas cautelares”.
En este caso deberán encontrarse reunidos los tres requisitos clásicos de toda medida cautelar, cuales son verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y adecuada contracautela. Por tanto, ante el temor de un perjuicio que pudiere derivarse a una cosa o a una persona, el eventual afectado puede recurrir al órgano jurisdiccional a fin de solicitar las oportunas medidas del caso
En el ámbito específico de las vías preventivas para proteger el medio ambiente, en presencia de la instalación de una industria que procese elementos cuyos desechos, efluentes o efluvios puedan ser contaminantes del medio ambiente, ante el solo peligro de que ello se produzca, cualquier vecino o no que se halle expuesto a sufrir el perjuicio, puede ejercer la acción denunciando al juez, a fin de que éste adopte las oportunas medidas cautelares, en los términos del art. 2499 C.Civil, ya sea disponiendo las oportunas medidas cautelares, ya sea disponiendo la suspensión de las obras o de la actividad que se propone realizar, hasta comprobar pericialmente que se ha instalado un sistema de antipolución que garantice en los hechos la incontaminación del ambiente. El juicio puede tramitar como proceso sumarísimo.
2) Solicitando la cesación de molestias a través de juicio sumario (art. 2618): según este articulo del C.Civil, el afectado por las inmisiones a que hace referencia dicho precepto legal podrá reclamar la cesación de tales molestias, que excedieren la normal tolerancia, sin perjuicio desde luego de la eventual demanda de daños y perjuicios (análisis de la previsión que dentro de las restricciones y limites al dominio contempla el artículo 2618 del C. Civil respecto a las inmisiones en las relaciones de vecindad cuando exceden la normal tolerancia).
La teoría de las molestias o turbaciones de vecindad (fundamentado en el art. 2618 C.Civil): “Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquéllas. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los daños o la cesación de tales molestias. En la aplicación de esta disposición el juez debe contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular de la propiedad; asimismo tendrá en cuenta la prioridad en el uso. El juicio se tramitará sumariamente”.
Se entiende por vecindad la contigüidad fundiaria de los inmuebles.

Ostentan legitimación activa para intentar las acciones derivadas del art. 2618 C.Civil, el propietario, el copropietario, el poseedor, el usufructuario, el usuario, el habitador, el locatario y otros tenedores.

3) Acción negatoria (art. 2800 C.Civil): Es la acción que corresponde al titular de un derecho real contra todo tipo de perturbaciones no posesorias dirigidas contra su derecho; las perturbaciones no deben referirse a un hecho aislado o puntual, en cuyo caso correspondería interponer una acción de responsabilidad civil, sino una actuación continuada que se pretende detener.

Se comprenden en el ámbito de la acción negatoria, las perturbaciones jurídicas provocadas por quien alega ser propietario o titular de un derecho real, pero, además están las materiales causadas por la intromisión de objetos o inmisiones sustanciales, inusuales o muy gravosas, tales como las vibraciones, ruidos e inmisiones contaminantes.
Es posible acudir a la acción negatoria como una vía jurisdiccional de prevención para hacer cesar los efectos de la contaminación del ambiente, que no es un perjuicio puntual, sino un proceso continuado de perturbación del derecho de propiedad, que ocasiona no solamente una pérdida del valor económico del inmueble afectado, sino también un grave ataque a la calidad de vida de sus moradores. Así por ejemplo  agrega  la sentencia que admite la acción negatoria podría condenar al demandado a no enviar las aguas que indebidamente derivara al fundo del actor.
Ejercitando esta acción puede solicitarse:

a) La cesación, es decir, que se hagan cesar o paralicen las actividades perturbadoras del derecho de una persona a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado

b) La abstención, es decir, que el demandado se abstenga de realizar en el futuro otras actividades del mismo género igualmente perturbadoras.
13) Reparación del daño ambiental

Se refiere a los mecanismos encaminados a obtener un adecuado resarcimiento cuando el daño ambiental ya se hubiera producido.

Cualquiera sea la vía jurisdiccional utilizada por quienes están legitimados para obtener la tutela judicial del ambiente, el pronunciamiento que se dicte por el juez debe ordenar prioritariamente la obligación de recomponer el daño como sanción a cargo del infractor que resulte responsable.

Art. 1083 C.Civil: “El resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijara en dinero. También podrá el damnificado optar por la indemnización en dinero”.
Respecto a la imputabilidad y relación de causalidad por daño ambiental, vinculado a la reparación de este daño, debemos señalar que en principio, el factor de atribución de responsabilidad en materia de daño ambiental es de carácter objetivo (art. 1113 parte 2ª C.Civil). De este modo, ostentan legitimación activa para reclamar por daño ambiental la persona o personas que hubieran sufrido perjuicios en sí mismos o en sus bienes. Podrá dirigirse la acción de reparación por daño ambiental contra los sujetos que degraden el medio ambiente y también contra el Estado cuando hubiere autorizado o consentido la actividad degradante.
Acción responsabilidad civil (resarcimiento): comporta el reconocimiento del derecho subjetivo del damnificado a obtener del responsable la reparación del perjuicio (resarcimiento del daño producido y el cese de la causa que origina el daño para evitar que este se reitere en el futuro).
La responsabilidad por el hecho de las cosas: su fundamento se halla en el art. 1113 del C.Civil (responsabilidad por el hecho de las cosas que tienen bajo la guarda, y en el caso de polución, la responsabilidad objetiva del dueño o guardián por el vicio o riesgo de la cosa).

Art. 1113: “La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable”.
Si partimos del presupuesto de que el factor de atribución en materia de daño ambiental es de carácter objetivo, el dueño o guardián de la cosa causante del mismo no podrá exonerarse demostrando su falta de culpa (que ha procedido con diligencia o que ha contado con autorización administrativa) y si, solamente probando la interrupción del nexo causal entre el riesgo y el daño (si acredita la existencia de una causa ajena).
Legitimación activa: podrán reclamar el resarcimiento por el daño ocasionado por la contaminación, la persona o personas que hubieren sufrido perjuicio en si mismos o en sus bienes. En caso de fallecimiento de la victima podrán demandar el daño sufrido por esta sus sucesores legítimos o testamentarios (exceptuando el daño moral). Si del hecho contaminante hubiere resultado la muerte de la victima, únicamente tendrán acción por reparación del daño moral los herederos forzosos, a titulo propio y como damnificados indirectos.
Legitimación pasiva: la acción podrá ser dirigida contra el dueño o quien tenga la guarda de la cosa.
Relación de causalidad: cualquiera sea el fundamento de la responsabilidad que se admita, dicha relación se encuentra constituida por la prueba de la relación de causalidad entre el hecho dañoso como causa y el daño como efecto. Probado el daño al ambiente se debe comprobar en que medida el perjuicio afecta de rebote al tercero demandante (reparación del daño indirecto).
Contenido de la acción: la acción del damnificado puede perseguir el resarcimiento del daño producido como así también el cese de la causa que origina el daño para evitar que este se reitere en el futuro.
14) Medidas cautelares clásicas en derecho ambiental

No siempre el litigante puede esperar hasta que termine un juicio y se produzca la ejecución, para recibir la tutela que necesita, ya que el tiempo que requiere todo ese proceso puede significar perjuicios irreversibles o lograr el reconocimiento de un derecho en forma tardía, cuando ya no se puede efectivizar.

Para evitar esas consecuencias que tornaría ineficaz la labor judicial, los titulares de derechos pueden solicitar medidas cautelares (embargo preventivo, medidas de no innovar, innovativas, inhibición general de bienes, intervención o administración judicial, etc.) a manera de tutela anticipada del derecho del damnificado.
Las medidas cautelares constituyen los instrumentos procesales predispuestos con mayor idoneidad específica para proveer a la tutela preventiva del medio ambiente. Su importancia finca en garantizar los resultados de las sentencias definitivas, empero el factor tiempo que conlleva necesariamente la sustanciación de los procesos judiciales.
Sin embargo, debe reconocerse la mayor especificidad al efecto de algunas de ellas, en relación a otras disponibles que comparten el carácter precautorio, asegurativo, o particularmente "preventivo".

Así nos encontramos con que en tanto que el embargo, la inhibición general de bienes y la anotación de litis, no aparecerían como específicamente idóneas para atender a la prevención del daño o la afectación ambiental  aunque bien pueden ser utilizadas en forma complementaria para esa finalidad , otras, como la prohibición de innovar o la medida innovativa sí cuentan con particulares aptitudes a ese efecto.

La prevención encuentra entonces en estas dos últimas, unas herramientas de indudable utilidad.
La paralización (vía prohibición de innovar) de un emprendimiento humano de cualquier tipo, del que se derivaran posibles daños o afectaciones al medio ambiente, o bien la orden, a través de una medida innovativa, de sujetar la continuación o realización del mismo emprendimiento a determinados estándares, parámetros o condiciones de realización, para obtener similares resultados, constituyen ejemplos de las potencialidades de estas cautelares en la prevención ambiental.
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