Principios éticos para una movilización mundial frente a la Crisis del Agua






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fecha de publicación14.08.2015
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Principios éticos para una movilización mundial frente a la Crisis del Agua.
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Con motivo de la celebración de la EXPO Internacional 2008 y en el seno de la Tribuna del Agua, se constituyó el Foro sobre Ética en la Gestión de Aguas y Ecosistemas Acuáticos con la participación de las siguientes personas:
Coordinador: D. Pedro Arrojo Agudo, Profesor de la Univ. de Zaragoza
D. Federico Mayor Zaragoza, ex - Secretario General de UNESCO.

Dª Sylvie Paquerot , Profesora de la Universidad de Ottawa (Canadá)

D. Mario Soares, ex - Presidente de Portugal

Dª Danielle Mittérand, Presidenta de la Fundación France Libertés.

D. Joaquín Piñas, Obispo de la provincia de Misiones (Argentina)

Dª Teresa Cohen, ex - Ministra de Sanidad de Angola.

D. Kader Asmal, ex – Ministro de Medio Ambiente de Sudáfrica.

Dª Cristina Narbona, ex – Ministra de Medio Ambiente de España.

D. Domingo Jiménez Beltrán, ex – Director Agencia Europea de Medio Ambiente.

Dª Marina da Silva, ex – Ministra de Medio Ambiente de Brasil

D. Marcelo Barros, impulsor de la Teología de la Liberación (Brasil)

Dª Vandana Shiva , física, filósofa y activista social (India)

D. David Siankusule, representante de las comunidades nativas afectadas por

la presa de Kariba (Mozambique).

D. Samuel Ruiz, Obispo de Chiapas (Méjico)

Vivimos en el Planeta Azul. Un mundo en el que el agua es abundante, hasta el punto de que merecería ser llamado el Planeta Agua. En estado líquido, en forma de vapor o congelada; con una elevada proporción de sales disueltas, en los mares, o como agua dulce en ríos, lagos y humedales, o bien en el subsuelo, formando acuíferos…; el agua es la clave de la vida que conocemos. La energía del sol mueve masivos procesos de evaporación, condensación y precipitación, en forma de lluvia y nieve, que cierran un ciclo esencial para la vida en islas y continentes. La diversidad climática reparte ese ciclo en múltiples formas y ritmos, generando un impresionante mosaico de biodiversidad y de paisajes que marcan el carácter de los diversos territorios y de los pueblos que los habitan. Esa diversidad comporta contrastes entre zonas húmedas, otras que lo son menos, regiones semiáridas, áridas e incluso desérticas. En este contexto, los pueblos se han asentado siempre donde hay agua: cerca de un río, un lago, una fuente, o en territorios donde las aguas subterráneas son accesibles a través de pozos.
La Crisis del Agua en el Planeta Agua
A pesar de ello, NNUU estima que 1.100 millones de personas no tienen garantizado el acceso a aguas potables, mientras 2.400 millones no disponen de servicios básicos de saneamiento. Como consecuencia, más de 10.000 personas mueren cada día, en su mayoría niños y niñas. En base a estas dramáticas cifras, con frecuencia se habla de escasez de agua en el mundo. Sin embargo, el problema suele estar en la calidad, más que en la cantidad de las aguas disponibles. Desde el modelo de desarrollo vigente, hemos quebrado la salud de ríos, lagos, fuentes y acuíferos. Primero han muerto peces, ranas y otros animales; y más adelante han acabado enfermando y muriendo las personas más vulnerables en las comunidades pobres, que no tienen medios para paliar las consecuencias de esta crisis de insostenibilidad que hemos provocado en nuestros ecosistemas acuáticos.
Si no se modifican radical y rápidamente las presentes tendencias en la economía mundial y en la gestión de recursos hídricos y ecosistemas acuáticos, el número de seres humanos sin acceso a aguas potables se duplicará en los próximos 10-15 años.
Por otro lado, la ausencia de leyes adecuadas que garanticen los derechos democráticos de forma efectiva, la irresponsabilidad de las autoridades, las presiones privatizadoras, la falta de transparencia, de conocimientos y de información, especialmente en las comunidades más vulnerables, e incluso frecuentemente la corrupción, conforman otro eje crítico en torno la gobernanza de los servicios básicos de agua y saneamiento.
Afrontamos una grave Crisis Mundial del Agua generada por la convergencia de tres fallas :


  • de inequidad y pobreza;

  • de insostenibilidad, por degradación de los ecosistemas acuáticos;

  • de gobernanza, por falta de democracia participativa en la gestión de los servicios básicos de agua y saneamiento.


Una de las claves del problema está en la escasa eficiencia con la que usamos el agua, así como la irresponsabilidad con la que actuamos, tanto a nivel individual, como a nivel colectivo y público.
En todo caso, esta Crisis del Agua no es más que una manifestación, entre otras, de la insostenibildad e ingobernabilidad del modelo de globalización vigente, basado en una lógica mercantilista. Abordar esta crisis exige cambios profundos en el modelo de globalización, que promuevan la gobernabilidad participativa y la sostenibilidad.
El hecho de que esta crisis esté fuertemente vinculada a la crisis alimentaria y a la crisis energética, se viene usando como argumento para justificar una explotación más intensiva de los ecosistemas acuáticos, aún a costa de acelerar su degradación.
La crisis alimentaria no es tanto un problema de déficit productivo, sino de accesibilidad a los alimentos para los más pobres. Por otro lado, la desregulación y liberalización de mercados está facilitando el crecimiento especulativo de los precios de productos básicos, haciéndolos aún más inaccesibles para esas poblaciones. La quiebra de la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos conlleva, por otro lado, la degradación de las pesquerías, tanto en ríos, humedales y lagos, como en costas y mares. La expansión de las fronteras agropecuarias, destruyendo bosques bajo la presión de intereses agro-exportadores, ganaderos y forestales, lejos de resolver problemas de hambre en el mundo, fragiliza más aún la situación de comunidades vulnerables, al tiempo que empobrece la fertilidad de los suelos, favoreciendo posteriores procesos de erosión y desertización. El desarrollo de nuevos regadíos en terrenos inadecuados lleva hoy a graves problemas de salinización y drenaje, que afectan al 20% de la superficie regada en el mundo.
La razonable preocupación por el Cambio Climático, unida al inevitable crecimiento del precio del petróleo (cada vez más escaso), está llevando a mitificar, de forma interesada, otras fuentes energéticas que no generan CO2. Degradar alimentos (cereales) a biocombustibles, usando en muchos casos masivos caudales de riego con el apoyo de subvenciones públicas, es una de las sinrazones en curso. Relanzar la energía nuclear, de nuevo bajo financiación pública y con el compromiso oficial de usar la electricidad producida, de nuevo ignora el problema de los residuos y los correspondientes riesgos. Por último, la construcción de grandes presas, bajo el argumento de producir hidroelectricidad, vuelve a justificarse como de interés general, eludiendo considerar los derechos humanos de poblaciones afectadas o la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y de las pesquerías. Ante estas manipulaciones promovidas por los correspondientes grupos de presión, es preciso desarrollar un amplio y riguroso debate mundial que permita establecer un adecuado orden de prioridades y compromisos, desde principios éticos de responsabilidad, equidad y sostenibilidad. Orden de prioridad que debe estar encabezado por las enormes posibilidades de incrementar la eficiencia y el ahorro energético en todos los campos, así como por el desarrollo de fuentes renovables alternativas: eólica, solar, mareomotriz, geotérmica, etc…
Pretender resolver las crisis alimentaria y energética a base de profundizar la insostenibilidad ambiental constituye un grave error. Es preciso promover nuevas estrategias que hagan converger los esfuerzos mundiales por la suficiencia alimentaria, el acceso al agua potable y la suficiencia energética, con la lucha por la sostenibilidad. Afrontamos en suma desafíos globales que debemos entender como oportunidades para dinamizar el necesario cambio de paradigma. Para todo ello es necesario “contar con: estrategias colectivas, instituciones colectivas y un sentido de responsabilidad colectiva”, tal y como señalaba el Grupo de Alto Nivel de NNUU sobre “Amenazas, Desafíos y Cambio” en Diciembre del 2004.
Crisis de Inequidad y Pobreza
NNUU estima que 1000 millones de personas viven en el mundo en situación de extrema pobreza. Ello implica problemas de desnutrición, falta de los más elementales servicios médicos, salud pública y educación, además de serios problemas de acceso al agua potable. La marginación social y política de estas comunidades y sectores sociales, agudizada por graves problemas de falta de democracia, corrupción y opresión, bloquean toda perspectiva de superación de esta situación.
En este contexto, durante las últimas décadas, asistimos al reiterado incumplimiento de los compromisos y planes de cooperación internacional por parte de los países más ricos, mientras los gastos militares se disparan. Hoy alcanzan ya los 3000 millones de dólares al día, y siguen creciendo
La desvertebración del medio rural, producida por la extrema desigualdad social y la falta de acceso de los más pobres a la tierra y a medios básicos de subsistencia, se agudiza en muchos casos por las guerras. Ello provoca procesos migratorios que engrosan los cinturones de miseria de las grandes ciudades. La liberalización de mercados internacionales, bajo un doble rasero que permite masivas subvenciones agrarias y apoyos a la exportación en los países desarrollados, junto a la ausencia de políticas sociales de protección a las comunidades vulnerables, están acelerando esta crisis del medio rural, especialmente en países empobrecidos y en desarrollo. Por otro lado, el desamparo social de los barrios de periferia en las grandes urbes de estos países comporta la falta de conexión a redes fiables de abastecimiento y de servicios básicos de alcantarillado y saneamiento. Todo ello supone graves riesgos para la salud de cientos de millones de personas, así como la necesidad de comprar, a costes desmesurados, aguas de dudosa fiabilidad a vendedores sin escrúpulos.
En general, la degradación de las aguas que tradicionalmente han abastecido a las comunidades, fuerza a usar fuentes cada vez más alejadas, que con frecuencia, a pesar de todo, son infiables. El trabajo diario de procurar el agua a la familia, que exige muchas horas de camino y acarreo, suele recaer sobre las mujeres, y con frecuencia sobre las niñas, que se ven así en la imposibilidad de ir a la escuela.
Por otro lado, las políticas de agua suelen agravar los problemas de inequidad interterritorial. El impacto de las grandes obras hidráulicas suele recaer sobre las comunidades más pobres y vulnerables, a menudo indígenas, que se ven expulsadas de sus territorios en nombre de un desarrollo que acaba beneficiando fundamentalmente a los más ricos y a los territorios más desarrollados. La Comisión Mundial de Presas, en su informe final, presentado en Londres en el 2000, habiendo valorado con precisión los metros cúbicos que pueden almacenarse en las más de 45.000 grandes presas construidas a lo largo del siglo XX, se confesaba incapaz de concretar cuantas personas fueron expulsadas a la fuerza de sus pueblos y valles, por inundación de los mismos. El hecho de que, finalmente, estimara entre 40 y 80 millones las personas directamente afectadas refleja, no sólo la envergadura del impacto social, sino también la falta de conciencia que existe al respecto y la invisibilidad de las víctimas. En este campo, tal y como reseña la citada Comisión, debemos denunciar serios problemas de transgresión de los derechos humanos en los pueblos afectados, así como el secuestro de derechos ancestrales de muchas comunidades indígenas y tradicionales.
Crisis de Insostenibilidad
A lo largo del siglo XX, el desarrollo de la ingeniería hidráulica ha permitido almacenar, derivar y transportar enormes caudales fluviales, mientras el avance en materia de perforación y bombeo ha posibilitado explotar incluso los acuíferos más profundos. Por otro lado, ríos, lagos y mares han sido usados como vertederos que reciben millones de toneladas de residuos de todo tipo. Este modelo de desarrollo, que sin duda ha posibilitado mejorar el nivel de vida de mucha gente, ha generado también impactos sociales y ambientales demoledores que cuestionan su sostenibilidad.
Hoy, el medio hídrico continental es el que presenta los mayores índices de especies extinguidas o en peligro de extinción en la biosfera. Esta crisis de biodiversidad tiene una proyección trágica sobre la pesca, tanto en ríos, lagos y humedales, como en deltas, manglares y plataformas litorales, agravando de forma dramática los problemas de hambre en muchas comunidades. No en vano se dice que la pesca es la proteína de los pobres
La destrucción de millones de hectáreas de bosque bajo la presión de intereses agro-exportadores, ganaderos y madereros, ha supuesto y supone arrasar derechos de comunidades, generalmente indígenas; pero también afecta gravemente al ciclo hídrico continental y a la biodiversidad, quebrando los ciclos de fertilidad de suelos y ríos.
Por otro lado, la degradación de los ecosistemas acuáticos y forestales comporta una creciente vulnerabilidad frente al Cambio Climático, al reducirse la resiliencia del ciclo hídrico, es decir la capacidad inercial de estos ecosistemas para amortiguar el impacto, tanto de eventos extremos (sequías y crecidas), como de la acelerada variación de parámetros climáticos.
Los grandes embalses han colapsado el flujo natural de sedimentos, que durante miles de años ha alimentado deltas y playas. La degradación de estos espacios se ve hoy acelerada por el crecimiento del nivel del mar, por el calentamiento global y la fusión de masas polares.
Por otro lado, la regulación intensiva de muchos ríos ha modificado drásticamente el flujo de nutrientes que fertiliza la vida, y en particular las pesquerías, en las plataformas costeras, especialmente en mares cerrados o cuasi-cerrados, pobres en plankton. Esos cambios drásticos en el régimen fluvial han quebrado también formas tradicionales de producción agraria y ganadera vinculadas a los ciclos de inundación de las llanuras aluviales, generando graves problemas de subsistencia en muchas comunidades vulnerables. En suma, la crisis de insostenibilidad provocada por las grandes presas, en muchos casos, ha acabado agravando, paradójicamente, la crisis alimentaria en muchas comunidades.
La minería a cielo abierto (en muchos casos en cabeceras fluviales), junto a otras muchas actividades extractivas e industriales, producen vertidos y lixiviados tóxicos que multiplican los riesgos y afecciones sobre la salud de millones de personas. Esta polución, junto a los vertidos cloacales directos y a la contaminación difusa de la agricultura industrial (pesticidas y agroquímicos), generan impactos demoledores sobre la salud pública. De esta forma, siendo el agua la clave de la vida, la hemos transformado en el agente de enfermedad y muerte más letal jamás conocido en la historia de la humanidad.
Crisis Democrática en la gestión de los servicios de agua y saneamiento
El modelo de globalización promovido por el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el resto de organizaciones internacionales económico-financieras no constituye, desgraciadamente, un ejemplo positivo en materia de derechos humanos y ciudadanos. Tales políticas se centran en ampliar las fronteras del libre mercado, transformando en espacio de negocio el medio ambiente y servicios públicos de interés general tan básicos como los de abastecimiento de agua y saneamiento.
Hoy se puede afirmar que tales políticas, lejos de reducir los gradientes de inequidad y pobreza y de garantizar el acceso a aguas potables a los más pobres, han contribuido a fragilizar y empeorar su situación. En suma, transformar a los ciudadanos en simples clientes supone marginar a los más pobres en lo que se refiere a sus derechos humanos y ciudadanos.
Los problemas de ineficiencia, opacidad e incluso corrupción, que con frecuencia caracterizan a la función pública en muchos países, no se resuelven privatizando los servicios básicos de interés general, sino mediante profundas reformas democráticas que permitan desarrollar nuevos modelos de gestión pública participativa bajo control social.
Hoy NNUU reconoce el acceso a cuotas básicas de agua potable, como un derecho humano; aunque, desgraciadamente, desde protocolos de segundo nivel. Por otro lado, la comunidad internacional trabaja en la llamada tercera generación de derechos humanos, basada en el derecho colectivo de los pueblos a la paz, al territorio y a un medio ambiente saludable.
Todo ello nos coloca ante la necesidad de reconocer el agua y los ecosistemas acuáticos como “Res Pública”, cosa de todos, a administrar desde principios de equidad y sostenibilidad, promoviendo nuevos enfoques de gestión pública participativa que incentiven la responsabilidad (individual y colectiva), así como el uso eficiente de los recursos disponibles.
Valores en juego y prioridades éticas

La Crisis del Agua nos coloca ante un reto que va más allá de cambios tecnológicos o institucionales. Es necesario un cambio cultural que integre nuevos valores y promueva nuevos objetivos y prioridades desde adecuados principios éticos. Una Nueva Cultura del Agua, basada en principios de equidad y sostenibilidad, que las convenciones internacionales vinculadas directa o indirectamente con la Crisis del Agua deberían asumir.
Durante los dos últimos siglos, los distintos pueblos del mundo han luchado por establecer normas y leyes nacionales que garanticen los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Hoy, la comunidad internacional debe afrontar el reto de diseñar y negociar entre todos los países, regulaciones que permitan promover el acceso efectivo y universal a los derechos humanos y ciudadanos, en el nuevo marco global que estamos alumbrando. En este sentido es preciso un cambio radical en la coherencia del modelo neoliberal de globalización en curso. Ello exige un debate serio sobre los principios éticos que deben guiar las regulaciones y políticas a desarrollar en el ámbito internacional.
Hasta el presente, desde esa lógica neoliberal, se ha tendido a considerar el agua como un simple recurso económico a gestionar en base a la lógica del libre mercado. Sin embargo, de la gestión del agua y de los ríos dependen valores y funciones vinculados a categorías éticas que no son gestionables a través del mercado, al no ser sustituibles por bienes de capital.
El agua cumple, ante todo, funciones de vida, esenciales, no sólo para las comunidades humanas, sino también para el resto de seres vivos. Al igual que entendemos que los bosques son mucho más que simples almacenes de madera, debemos asumir que ríos, lagos y humedales son mucho más que canales o depósitos de H2O. Cumplen funciones de autodepuración de sus caudales. Acuíferos y humedales regulan el ciclo hídrico natural, almacenando y liberando caudales en tiempos de sequía y estiaje. Los ríos han creado huertas en las llanuras aluviales, deltas en las desembocaduras y playas en los litorales, gracias a los flujos de sedimentos que gestionan; al tiempo que han fertilizado la vida, la biodiversidad y las pesquerías en las plataformas costeras, gracias al flujo de nutrientes continentales que aportan a los mares. Por todo ello es esencial pasar, de la mera gestión de recurso, a la gestión ecosistémica, igual que debemos pasar de la gestión maderera a la gestión forestal, abriendo nuevas perspectivas de gestión integrada y sostenible.
El agua, a través de los servicios de agua saneamiento, es por otro lado clave para la salud pública y la cohesión ciudadana; además de ser esencial para las más diversas actividades económicas, tanto en la agricultura o la producción eléctrica, como en el desarrollo industrial o el sector servicios. Por último, más allá de esos valores tangibles, ríos, lagos y humedales generan valores intangibles, emocionales y espirituales, que marcan la identidad cultural y paisajística de pueblos y territorios.
Esa diversidad de valores en juego está vinculada a derechos individuales y colectivos, no sólo de las generaciones actuales, sino también de las futuras. Quienes hoy vivimos no tenemos más derecho a disfrutar de esos ecosistemas que nuestros hijos, nietos y generaciones que habiten el planeta en el futuro. Ni siquiera el concepto de herencia, es el adecuado en este caso. No se trata de ser generosos hacia las generaciones futuras, sino justos. El principio ético de equidad intrageneracional, a la hora de acceder, usar y disfrutar esos patrimonios naturales, debe complementarse con el de justicia y equidad intergeneracional. Los ecosistemas acuáticos, al igual que el conjunto de la naturaleza, deben ser considerados patrimonios de la biosfera en usufructo de las generaciones actuales, bajo el compromiso ético de conservarlos para las generaciones futuras. Tal responsabilidad recae sobre los Gobiernos de los países, cuya soberanía debe respetarse. Pero, al tiempo, esa responsabilidad debe inspirar negociaciones internacionales que conduzcan a acordar adecuadas regulaciones ambientales en el orden global a construir, pues toda soberanía no puede ejercerse sino desde el respeto a la dignidad humana.
Esta complejidad de valores y derechos en juego, desborda la sensibilidad, la coherencia y las capacidades del mercado. Estamos ante la necesidad de promover principios éticos que nos permitan gestionar, desde la perspectiva global del interés general de la humanidad, valores y derechos que deben inscribirse en el ámbito de esa responsabilidad pública o comunitaria que Aristóteles identificaba como “Res Pública”, cosa de todos y todas.
Aunque el agua sea siempre H2O, reconocer esta diversidad de valores y derechos en juego es tan importante como identificar las categorías éticas en las que deben ubicarse, a fin de establecer adecuadas prioridades y criterios de gestión en cada caso.


  • El Agua-vida, que garantiza las funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres humanos, como de los demás seres vivos en la naturaleza. Debe ser priorizada, de forma que se garantice la sostenibilidad de los ecosistemas y el acceso de todos a una cantidad suficiente de aguas de calidad, como un derecho humano. En este ámbito deben incluirse también los derechos ancestrales y tradicionales a los caudales necesarios para producir los alimentos básicos de los que depende la supervivencia de muchas comunidades.




  • El Agua-ciudadanía, en las funciones de salud y cohesión social que brindan los servicios domiciliarios de agua y saneamiento; así como, en general, en actividades de interés general. Debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en conexión con los derechos de ciudadanía y con el interés general de la sociedad. Su gestión debe vincular tales derechos con los correspondientes deberes de ciudadanía, desde adecuados modelos de gestión pública participativa bajo control social.




  • El Agua-crecimiento económico, en funciones productivas que generan beneficios económicos, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad, en conexión con el derecho de todos a mejorar nuestro nivel de vida y hacernos más ricos, incluso por encima del nivel de suficiencia que permite cubrir las necesidades básicas. Ésta es, de hecho, la función en la que se usa la mayor parte del agua extraída de ríos y acuíferos, y en la que se generan los problemas más relevantes de escasez y contaminación. Más allá de garantizar la primacía del agua-vida y del agua-ciudadanía, es preciso integrar en la gestión del agua-crecimiento principios de sostenibilidad, justicia y equidad social, interterritorial e internacional que permitan inspirar prioridades productivas (en la lucha contra el hambre), así como promover el desarrollo de los menos ricos.

Desgraciadamente, más allá de estas categorías éticas, en no pocos países, al amparo de sistemas no democráticos e incluso corruptos, se asume como razonable sobreexplotar o contaminar ríos y acuíferos en nombre del desarrollo, despreciando las graves consecuencias sobre la salud pública y los derechos básicos de las comunidades más vulnerables.
Propuestas para la Movilización Ciudadana.
En la Crisis Global del Agua, que sin duda se agravará con el Cambio Climático en curso, están en juego la supervivencia, la salud y los derechos humanos y ciudadanos de cientos de millones de personas. En este contexto, hoy más que nunca, es preciso identificar las funciones y valores en juego, así como las diferentes categorías éticas en las que tales valores deben ubicarse, priorizando los derechos humanos, la sostenibilidad de los ecosistemas (vinculada a la supervivencia de las comunidades más vulnerables y a los derechos de las generaciones futuras) y el interés general de la sociedad sobre la aspiración insaciable a ser más ricos, especialmente de los que ya son ricos.
En este año 2008 en el que se conmemora el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hacemos un llamamiento para que el Comité de Derechos Humanos de NNUU preste atención a la interpretación del derecho a la vida, que desde 1948 ha tenido una evolución significativa. Si en un principio fue interpretado como la simple prohibición de matar, más tarde, en la observación nº6 del Comité, se ha reconocido que este derecho debería ser interpretado como el derecho a vivir, subrayando su interdependencia con los derechos económicos y sociales. En 2008, a la vista del estado del planeta y del estado de los recursos hídricos, no es posible por más tiempo marginar las dimensiones ecosistémicas del derecho a la vida, concretando al respecto las correspondientes obligaciones.
Tanto las causas como las responsabilidades, se sitúan a todos los niveles: desde el particular, familiar o empresarial; al global de NNUU y de las instituciones económico-financieras internacionales; pasando por el de los gobiernos locales y nacionales, como responsables de la gestión de los ecosistemas acuáticos, del territorio y de los servicios de agua y saneamiento. A todos ellos dirigimos nuestro llamamiento en torno a las siguientes propuestas.


  1. El acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento debe ser reconocido como un derecho humano, lo que exige asumir la prioridad de dotar los medios públicos necesarios, a nivel local, nacional e internacional, para garantizarlo. Ello exige, en cada caso, medidas específicas (de captación, transporte, potabilización...) que garanticen cuotas básicas de agua potable (agua-vida), cerca de la vivienda (la fuente pública potable y gratuita); así como servicios básicos de saneamiento que permitan asegurar condiciones mínimas de higiene y salud pública.




  1. NNUU debe establecer un programa mundial, con la adecuada dotación financiera, que permita garantizar el acceso efectivo al agua potable y a servicios básicos de saneamiento a todos los pueblos y comunidades en plazos concretos. Tal financiación debería basarse en fondos públicos y privados, así como en la introducción de tasas que permitan empezar a construir políticas fiscales globales. La aplicación de esos fondos debe basarse en criterios de subsidiariedad y cooperación entre las instituciones públicas (locales, nacionales e internacionales) y en principios de transparencia y participación ciudadana.




  1. En ese programa mundial debe reconocerse el trabajo de la mujer, especialmente en las comunidades más vulnerables, abriendo un espacio específico a su participación efectiva como sujeto colectivo con experiencia y liderazgo en el sostenimiento de la vida.




  1. Garantizar los derechos humanos y ciudadanos vinculados a los servicios de agua y saneamiento exige revisar las políticas privatizadoras del BM y de la OMC que agudizan los problemas de inequidad e insostenibilidad. En su lugar deben promoverse nuevos enfoques de gestión pública participativa bajo control social.




  1. En aplicación del artículo 28 de la Declaración de Derechos Humanos, NNUU y los Gobiernos deben promover el reconocimiento efectivo del derecho de los pueblos, y particularmente de comunidades indígenas, al buen estado de ríos, lagos, humedales y manglares, del que depende la pesca (la proteína de los pobres), así como de derechos ancestrales en los que basan producciones agro-pecuarias esenciales para su subsistencia.




  1. Tal y como exige la Declaración de Kyoto de los Pueblos Indígenas sobre el Agua, NNUU y los diversos Gobiernos deben reconocer de forma efectiva, el derecho colectivo de los pueblos a sus territorios, a su cultura y a su identidad, respetando el valor cultural, espiritual y religioso que las comunidades suelen conferir a sus ríos, como sostén de la vida. En esta línea deben aplicarse las recomendaciones de la Comisión Mundial de Presas, evitando desplazamientos forzados, como los que han llevado a multitud de comunidades (entre 40 y 80 millones de personas) a la diáspora y la miseria como consecuencia de la construcción de grandes presas.




  1. NNUU, el Banco Mundial y los diversos Gobiernos deben asumir e impulsar las recomendaciones de la Comisión Mundial de Presas, condicionando a las mismas el desarrollo y financiación de nuevas grandes obras hidráulicas y promoviendo de forma efectiva el respeto a los derechos humanos de las comunidades afectadas.




  1. En aplicación del principio ético de equidad intra-generacional e inter-generacional, Gobiernos e Instituciones Internacionales deben reconocer el agua y los ecosistemas acuáticos como bienes públicos a gestionar desde estrategias sostenibles que integren valores sociales, emocionales, ambientales y productivos, promoviendo nuevos enfoques de gestión ecosistémica que superen los tradicionales de gestión de recurso.




  1. NNUU debe liderar la elaboración de directrices que contribuyan a que los diversos países basen la gestión de cuencas y acuíferos transfronterizos en principios de equidad y sostenibilidad. NNUU y los organismos y alianzas internacionales de carácter regional deben promover instituciones que medien en la resolución pacífica de conflictos internacionales de aguas desarrollando los principios de la no-violencia.




  1. Ante los crecientes riesgos derivados del Cambio Climático (inundaciones, sequías, huracanes, …) deben promoverse planes de prevención (a nivel local, nacional, regional y global), asumiendo de forma consecuente el principio de precaución. Ante la envergadura global del reto, NNUU debe liderar el desarrollo de este tipo de planes, colaborando especialmente, bajo el principio de subsidiariedad, con los Gobiernos e Instituciones de los países y comunidades más vulnerables. Entre las líneas a desarrollar, se debe: reforzar la resiliencia y el buen estado de los ecosistemas, especialmente humedales y acuíferos; promover la gestión integrada de aguas superficiales y subterráneas; respetar el espacio de inundación fluvial, garantizando asentamientos dignos y seguros a las comunidades más pobres y vulnerables; reforzar la participación ciudadana en la prevención y gestión de riesgos de sequía e inundación.




  1. Es necesario desarrollar criterios de racionalidad económica que integren principios de justicia social y ambiental en la gestión del agua-economía, a fin de incentivar la eficiencia. Debe romperse la mitificación productivista interesada de muchos usos económicos del agua, aplicando progresivamente el criterio de recuperación de costes. Costes que deben incluir los costes ambientales y el posible coste de oportunidad (de escasez), cuando la ambición de los más ricos desborda la disponibilidad sostenible de recursos hídricos. Mientras la escasez de agua-vida implica catástrofes humanitarias y la escasez de agua-ciudadanía es un fracaso político en la gestión del interés general, la escasez del agua-economía debe dejar de considerarse una tragedia a evitar (a costa del erario público) para entenderse como una realidad inexorable a gestionar desde la racionalidad económica.


12- Debe favorecerse la aplicación de nuevas tecnologías y criterios de gestión que permitan aumentar la eficiencia en los diversos usos, así como modernizar redes urbanas y sistemas de riego y generalizar el saneamiento de retornos. Sin embargo, el reto de la eficiencia no es sólo tecnológico, sino en gran medida de gestión. Tarifar el agua por metro cúbico usado y no por hectárea regada o por volumen construido, incentiva la responsabilidad del usuario. La participación ciudadana, la transparencia y el contraste de resultados entre servicios similares (benchmarking) debe incentivar la responsabilidad y la eficiencia de las autoridades competentes.
El Presidente de EEUU, John F. Kennedy dijo en 1963:
Ningún reto de nuestro tiempo está fuera del alcance de la creatividad humana”.
Sin embargo, la envergadura del desafío es enorme: transitar desde una economía basada en criterios de mercado, que amplía las asimetrías sociales y concentra en pocas manos el poder financiero, mediático y militar, hacia una economía de desarrollo global, inspirada en principios democráticos de justicia, libertad, igualdad, solidaridad y sostenibilidad. Es lógico, por tanto, que cunda la duda sobre si ese “otro mundo es posible”.
Pues bien, desde la Comisión Ética del Agua, reunida en Zaragoza (España) los días 4 y 5 de julio del 2008, afirmamos que, en efecto, ese otro mundo es posible, porque es necesario.
¡Podemos! Pero la clepsidra, el reloj de agua, nos advierte que se acaba el tiempo para la acción. Debemos este legado a las generaciones venideras. La comunidad científica no puede seguir guardando silencio. La ciudadanía mundial y particularmente la juventud tienen que reaccionar y movilizarse para esclarecer el horizonte, siguiendo el llamamiento que hacía el Presidente Nelson Mandela:
Actuad con coraje y con visión. A veces toca a una generación ser grandes. Vosotros podéis ser esa generación grande”.





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