A. política institucional: una apuesta por el establecimiento de unas instituciones fuertes






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B.I.- Fortalecimiento y creación de instituciones económicas para la seguridad y la transparencia
Para poner orden en la economía nacional se debe comenzar poniéndolo, en primer lugar, en la administración de la cosa pública, clarificando el marco institucional al efecto. Frente al clima de confusionismo interesado actualmente existente en la gestión económica del Estado, creo firmemente en la necesidad de reorganizar la Administración Pública particularmente en la esfera económica.
Creación de un contexto de seguridad jurídica.
Fomentaré la creación de un clima propicio para las inversiones nacionales y extranjeras en Guinea ecuatorial, para lo cual será necesario garantizar la seguridad jurídica de la actividad económica con las siguientes medidas:
1.- Asignar al Ministerio de Economía y Finanzas las competencias en materia económica dentro del organigrama funcional del Gobierno, para que, con una distribución jerarquizada de atribuciones se responsabilice de establecer las directrices y ejecutar la política económica del Gobierno.
2.- Promulgar la Ley General del Comercio para regular la actividad comercial, en la que, entre otros aspectos, se contemple la clasificación diferenciada de productos y/o distribuidores, mayoristas y minoristas; establecimientos de puestos fijos y venta ambulante; así como el tipo de tributo asignable a cada modalidad.
3.- Revisar la Ley de inversión Extranjera profundizando en los aspectos referidos a la garantía, protección y seguridad del inversor en el trato fiscal incentivador y en la estricta aplicación de esta norma legal.
4.- Simplificar los mecanismos burocráticos, reduciendo al mínimo indispensable los trámites administrativos-jurídicos para el establecimiento de la actividad productiva empresarial organizada.
5.-Penalizar todo tipo de monopolios de hecho y de derecho, hasta la eliminación de los mismos para la promoción de la economía de libre mercado.
6.- Crear el Tribunal de Cuentas de la República para el control del empleo del gasto público en general y en particular para verificar el cumplimiento cierto de la ejecución real del Presupuesto General del Estado en cuanto Ley de obligado cumplimiento.
7.- Crear la Corporación Nacional del Patrimonio Público; adscrito a la Dirección General de Patrimonio del Estado, encargado de verificar, contabilizar, controlar y administrar todos los activos patrimoniales (inmobiliario, mobiliario y financiero) del Estado.
Transparencia y lucha contra la corrupción
La corrupción representa hoy en día una de las mayores lacras y el principal freno al desarrollo económico y a la democratización de nuestros países. Cuando el poder político y las funciones públicas se conciben y se ejercen al servicio de intereses personales, familiares o clánicos y como vía de enriquecimiento rápido, no es posible ni la democracia ni el desarrollo económico, social o cultural. La corrupción política conduce al desmantelamiento del Estado, a la inseguridad política, a la miseria generalizada y a la marginación de grandes sectores de la población en el disfrute de los bienes y derechos que le corresponde como ciudadanos. Emprenderé una lucha sin tregua contra la corrupción en toda su extensión y manifestaciones para lo cual, entre otras, llevaré a cabo las siguientes acciones:
1.-Promover la adhesión de nuestro país, Guinea Ecuatorial, a los procedimientos de control de gestión aceptados y validados internacionalmente de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE/EITI).
2. Eliminar de los presupuestos generales de Estado los gastos superfluos e innecesarios. Por ejemplo, supresión de las empresas públicas recientemente creada para suplir las funciones que corresponden a los distintos Ministerios, que fomentan el clientelismo político. Otro ejemplo: subvenciones a los condecorados recientemente.
3.-Efectuar reformas legislativas (Código Penal) y promulgación de la Ley anticorrupción para perseguir y castigar con severidad la malversación de caudales públicos, así como los delitos relacionados con la discriminación y el tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, enriquecimiento ilícito, etc.
4.-Crear un Cuerpo Especial de Funcionarios del Estado encargado de controlar, investigar, denunciar, informar y evaluar sobre las prácticas de corrupción en todas las instancias de poder y de la Administración Pública.
5.-Crear una Fiscalía Especial Anticorrupción, encargada de perseguir y conducir antes los Tribunales de Justicia a los responsables de prácticas de corrupción.
6.-Establecer por Ley la obligación de declarar al inicio del ejercicio de sus funciones y/o en cualquier otro momento en que les sea exigido, a los miembros del Gobierno y demás poderes del Estado así como los altos funcionarios de la Administración, el estado de su patrimonio así como sus fuentes de ingresos.

B.II. Establecimiento e instauración de las bases necesarias para un modelo de gestión económica de desarrollo social equilibrado y crecimiento
Un modelo de gestión económica que tenga por objetivo el desarrollo social equilibrado y crecimiento sostenido necesita una administración pública, eficiente, ajustada en su estructura funcional y organizativa y dotada de personal con cualificación apropiada. Propongo un modelo de gestión de la economía nacional en el que la Administración Pública constituya la principal base que sustenta un sistema económico dinámico y moderno. Para ello, es necesario proceder a un fuerte ajuste estructural, reformar el sistema tributario y fortalecer convenientemente la gestión de los Presupuestos Generales del Estado.
En este sentido, llevaré a cabo una política de saneamiento de las Finanzas Públicas que establezcan los equilibrios macroeconómicos necesarios para una estabilidad económica y un crecimiento sostenido de la economía, así como dotar al Gobierno de recursos para hace frente a las necesidades más urgentes del país, sobre todo aquéllas que afectan directamente a la población, en especial la salud y la educación.
Asimismo, Guinea Ecuatorial necesita una rigurosa dotación de capacidades dentro de la Administración Pública para generar datos agregados y análisis, formulación, ejecución y evaluación de políticas económicas.
1.-Proceder a un fuerte ajuste estructural de la Administración del Estado desde los órganos centrales; reduciendo el número de Ministerios, establecer los niveles de la Administración a TRES (central, regional y municipal/distrital).
2.-Reformar la Ley Tributaria para que el sistema impositivo sea eficiente, equitativo y redistributivo; sintonizarla con las condiciones reales del país, incluyendo la estructura empresarial, el nivel y la distribución de los ingresos, etc., así como las prioridades establecidas en este programa económico y en el contexto económico regional e internacional. Se pretende que genere el máximo de ingresos públicos a la vez que estimule actividad económica y permita una redistribución justa de los recursos públicos. La Administración tributaria se organizará en línea con las exigencias de esta Ley Tributaria, teniendo como principios la flexibilidad y la simplicidad.
3.-Reforzar la gestión del Presupuesto General del Estado para que sea un verdadero instrumento de política económica del Gobierno. Será prioritario definir claramente el proceso de preparación del Presupuesto General del Estado, identificando las instituciones involucradas en el proceso, así como sus funciones.
4.-Incluir en el Presupuesto General del Estado todas las cuentas extra-presupuestarias existentes actualmente (petróleo, madera, etc.) tanto a nivel de los ingresos como de los gastos.
5.- Abolir el sistema de compensaciones existentes entre el gobierno y las empresas privadas y mixtas, ya que limita la circulación del dinero y fomenta la corrupción.
7.- Definir claramente los pasos necesarios en la ejecución del presupuesto limitando también las etapas necesarias para efectuar el gasto, con lo cual se reducirá la burocracia y las posibles fugas y se mejorará la eficiencia del gasto público.
8.- Elaborar un sistema de contabilidad pública, transparente, incluyendo la elaboración de leyes para la adquisición de material y equipo, la concesión de obra públicas mediante licitaciones públicas.
9.-Proceder al ajuste de las partidas de gasto presupuestario en función de las necesidades reales de la población en general y en particular de estímulo para el crecimiento económico, redistribución equitativa de la renta y fortalecimiento del Estado de Derecho.
10.-Aumentar la asignación presupuestaria a los sectores sociales, salud y educación para atender la necesidades más urgentes. Procuraré una distribución geográfica / territorial más equitativa del gasto público, en concordancia con la descentralización y la desconcentración de la Administración Pública, guiado por los principios de igualdad, justicia y no discriminación.

B.III. Promoción y fomento de la economía productiva
Los abundantes recursos procedentes de la explotación de los hidrocarburos deberán orientarse hacia una mayor diversificación de la economía y el desarrollo económico y social, basado en la búsqueda de un crecimiento sostenible, respetuoso con el medio ambiente y sin descuidar la necesaria estabilidad macroeconómica.
La agricultura que fue siempre la base económica de Guinea Ecuatorial y fuente del bienestar que conoció el país en los momentos anteriores a la Independencia ahora está abandonada por el Gobierno cuya política económica, basa únicamente en la asignación arbitraria de las rentas de la explotación del petróleo ha dado lugar a la desaparición del café y el cacao en el Río Muni; en Bioko la falta de incentivos a la producción de cacao está propiciando el abandono masivo del sector próximo a la extinción.
La inacción del Gobierno, en materia de política agraria, trae como consecuencia, entre otros efectos nocivos, el empobrecimiento de la población rural que se ve obligada a emigrar masivamente a las ciudades, principalmente a Malabo y Bata para buscar empleo en las empresas ligadas a la producción del petróleo, las cuales tampoco crean puestos de trabajo para ellos; se tiene que recurrir la importación de productos agrícolas para abastecer el mercado nacional. El resultado es la aparición de barrios marginales, la mendicidad, el aumento de la delincuencia y la proliferación de la prostitución.
A pesar de estar nuestro país rodeado de extensas aguas marítimas y pese a las ingentes cantidades de dinero que dice invertir el Gobierno en el sector pesquero, el pescado fresco sigue siendo un artículo de lujo para la mayoría de la población. La pesca artesanal, por su naturaleza, no pede abastecer a una población en constante crecimiento. Así se da la paradoja de que un país rico en recursos marítimos y en cuyas aguas faenan numeroso barcos tiene que recurrir ala importación de pescado congelado de baja calidad, para alimentar a su población.
En la misma línea, pese a la creciente demanda de productos cárnicos, la ganadería aún es inexistente en el país y se recurre a la importación de ganado de países limítrofes, principalmente de Camerún. Finalmente, el bosque, otra fuente de riqueza y elemento vital para el equilibrio ecológico, está siendo malogrado por la avidez de la irracionalidad del régimen que lo explota de forma despiadada, con el inherente peligro de que, a medio plazo, asistamos ala paulatina desertificación del país.
La producción del petróleo debe suponer una gran oportunidad para destinar parte de sus recursos a la agricultura, para su desarrollo no solo con vistas a la exportación, sino también y sobre todo para el abastecimiento de nuestro mercado interno de alimentos (en estos momentos dependiente de la agricultura casera) y como base para una deseable industrialización.
Destinar recursos a este sector tiene implicaciones económicas y sociales. El desarrollo de la agricultura incide de manera decisiva en el equilibrio demográfico del país, pues permite la creación de puestos de trabajo en el campo, dando lugar a un desarrollo equilibrado y equitativo del país. Supone que las poblaciones del campo puedan vivir de su trabajo de manera sostenible y digna, con acceso a nos medios materiales que faciliten el desarrollo de la productividad y sin que se vean tentadas a emigrar a la ciudad.
Por eso apuesto por un sector agropecuario fuerte con una producción ganadera acorde a las necesidades de consumo del país; por la fertilidad de su suelo, es una fuente de progreso económico y bienestar social, seguridad alimentaria y equilibrio demográfico entre el campo y la ciudad.
El crecimiento sostenible no es posible en una economía que depende exclusivamente de las actividades extractivas orientadas a las exportaciones como es el caso actualmente. Será prioridad la diversificación de las fuentes de crecimiento. Mi gobierno llevará a cabo una política de dinamización de otros sectores económicos del país a través de las políticas fiscales, de inversión, de créditos para crear las bases de una economía nacional no dependiente del petróleo ni de la ayuda internacional.
Garantizaré que los guineanos sean los protagonistas de su desarrollo económico, fomentando, apoyando y dando facilidades para la creación de organizaciones y actividades productivas de Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendedores y/o Trabajadores Autónomos (PyMEETAs).
Destacaré en consecuencia, para el establecimiento de la nueva economía política basado en la promoción y el fomento de la economía productivas las siguientes acciones políticas:
1.- Crear el Fondo de Garantía Estatal, con una dotación inicial importante de recursos para avalar y garantizar las necesidades de financiación de las iniciativas privadas productivas ante las entidades y organismos financieros nacionales y extranjeros.
2.- Crear el Banco Oficial de Desarrollo dotado de líneas especializadas de crédito a las Pequeñas y Medianas empresas y Emprendedores y/o Trabajadores Autónomos (PyMEETas) en los subsectores agrícola, ganadero, pesquero, construcción, etc.
3.- Fomentar y apoyar los Establecimientos de Crédito de Crédito de Carácter Especial (ECCE) en la línea de estímulo para el sector financiero y promoción de la política de microcréditos a través de las cooperativas de crédito, cajas de ahorros y mutualidades.
4.-Promover la economía social centrada en el impulso al movimiento cooperativo y regulación para la formalización de las actividades de la economía productiva informal; fundamentalmente en los sectores agropecuario, pesquero y comercial.
5.- Se facilitarán especialmente las inversiones extranjeras que contribuyan a dinamizar aquellos sectores distintos al petrolífero. Se obligará a que todas las empresas concesionarias de obras públicas subcontraten a empresas locales para que les proporcionen los bienes y servicios que necesitan en la medida de las capacidades del empresariado local.
6.- Crear un clima favorable a las inversiones para la actividad empresarial e industrial, donde jugarán un papel importante la Oficina Nacional de Inversiones y Promoción Empresarial y el Código de Inversiones que será elaborado. También se creará una Cámara de Comercio, además de otras instituciones de asistencia al sector privado.
7.- Se dará prioridad a las Pequeñas y Medianas Empresas y los Emprendedores y/o Trabajadores Autónomos (PyMEETAs), en los programas de desarrollo del sector privado. Se dará prioridad a la investigación, la asistencia técnica, así como a la formación en la promoción de los PyMEETAs.
8.- Crear centros especializados de formación y de investigación y promover asociaciones profesionales con vocación económica y que constituirán la base y estructura de la nueva economía política. Estas instituciones garantizarán la continuidad, la objetividad y el debate sobre la economía nacional e influirán con sus conocimientos en la gestión económica.
9.- Apoyar la producción agroganadera con una política de subvenciones, gestión de compras, medios de transporte y construcción de centros de conservación, comercialización y distribución tanto en la Región Insular como en la Región Continental.
10.- Promover y fomentar el proceso de industrialización basado en la transformación de materias primas de extracción y/o producción nacional para suministrar tanto el mercado interno como exterior (exportaciones) en particular de alcance regional y en general al mercado internacional. Al efecto, desarrollar una política de creación del tejido industrial en el país, mediante el impulso al establecimiento de polígonos industriales, estratégica y convenientemente situados.
11.- Realizar un estudio-dictamen sobre la posibilidad de decretar una zona franca económica-industrial y si se demuestra su viabilidad, llevar a cabo su establecimiento en el país. La ventajosa ubicación geográfica de nuestro país y otras características peculiares que tenemos, sugieren que sería bueno para la economía nacional en beneficio de todos actuar en esta dirección.
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