A. política institucional: una apuesta por el establecimiento de unas instituciones fuertes
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| 0.- INTRODUCCION O PRESENTACION A.- POLÍTICA INSTITUCIONAL: UNA APUESTA POR EL ESTABLECIMIENTO DE UNAS INSTITUCIONES FUERTES
A.I.I.- Impulso al proceso de democratización. A.I.II.- Respeto de los derechos humanos. A.I.III.- Asamblea Constituyente.
A.II.I.- Poder legislativo. A.II.II.– Poder judicial. A.II.III.– Poder ejecutivo. A.II.IV.– La administración del Estado. A.II.V.- Reestructuración territorial del Estado y la Administración Local. A.II.VI.- Las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado.
B.-POLÍTICA ECONÓMICA
C. – POLÍTICAS SOCIALES
C.II.I. – Educación. C.II.II. – Investigación. C.II.III. – Deportes. C.II.IV. – Cultura.
C.III.I. – Sanidad. C.III.II. – Seguridad Social.
C.IV.I.- La familia. C.IV.II.- Mujeres, igualdad de género. C.IV.III.- Personas con discapacidad. C.IV.IV.- Jóvenes. C.IV.V.- Personas mayores. C.IV.VI.- Inmigrantes.
C.V.I.- Vivienda decente. C.V.II.- Acceso a agua potable. C.V.III.- Saneamiento ambiental. D.-INFRAESTRUCTURAS
D.II.I.- Carreteras. D.II.II.- Puertos. D.II.III.- Aeropuertos.
D.III.I.-Transporte por carretera. D.III.II.-El transporte urbano. D.III.III.- El transporte marítimo. D.III.IV.- Transporte aéreo.
CONCLUSIÓN. INTRODUCCIÓN Las Elecciones Presidenciales previstas para el 29 de noviembre de 2009 se han convocado en un momento en que Guinea Ecuatorial se ha convertido en uno de los países con más crecimiento económico, gracias a la producción de hidrocarburos (petróleo y gas licuado), situándose ahora en el tercer puesto de los países productores de petróleo en el África subsahariana, por detrás sólo de Nigeria y Angola. Por eso nuestra renta per cápita es superior a la de los dos principales países productores de petróleo del Tercer Mundo. La paradoja de nuestra economía desde la producción del petróleo es que ha generado más exclusión social. Si antes del petróleo los guineanos compartían la pobreza ahora, con el petróleo, la escandalosa riqueza de unos pocos se erige al lado de la intolerable pobreza de la mayoría de la población. De modo que los indicadores que dan la media de en qué beneficia esta riqueza a la mayoría de los habitantes están por los suelos, como lo demuestra el informe para 2.007 sobre el índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD en el que se coloca a Guinea Ecuatorial en el puesto 127 de los 177 países clasificados. La riqueza petrolífera ha favorecido la disminución de las presiones internas y externas hacia el régimen para que respete los derechos y dé pasos hacia la instauración de una democracia en el país. En este contexto, CPDS ha decidido presentar de nuevo un candidato con el convencimiento de las que las elecciones pueden constituir un paso adelante en la expresión de los deseos de cambio a la población y de que en ultima instancia serán las demandas internas a favor de la democracia las que provocarán una verdadera transformación de la actual situación política y social. CPDS cree en una política social justa, destinada a mejorar el nivel de vida de toda la población, sin exclusiones, aprovechando la oportunidad histórica que supone la explotación de mucho petróleo en beneficio de una población inferior a un millón de habitantes. Desde la accesión de nuestro país a la independencia, la política, entendida como el ejercicio de responsabilidades públicas para resolver los problemas de una sociedad, liberar al hombre e impulsar su desarrollo espiritual, moral y material, ha brillado por su ausencia. Lo que hemos conocido hasta ahora ha sido el ejercicio descarnado del poder, la explotación del hombre por el hombre, la corrupción política, la violación sistemática de los derechos humanos, la miseria generalizada, la destrucción y degradación de nuestro tejido social. Todo ello ha creado una perversa mentalidad o concepción de que política es mentir, engañar, maltratar al prójimo, oprimir al pueblo y utilizar las instituciones del Estado para el enriquecimiento personal y familiar. Esta es la política del PDGE, que después de 30 años de dictadura ha colocado a nuestro país entre los más pobres y subdesarrollados del planeta a pesar de los enormes recursos procedentes de la explotación de los hidrocarburos. A. POLITICA INSTITUCIONAL: UNA APUESTA POR EL ESTABLECIMIENTO DE UNAS INSTITUCIONES FUERTES Para Convergencia Para la Democracia Social en General y para mí en particular, es importante que un estado se dote de unas instituciones adecuadas y fuertes. Esta importancia radica en el que a través de dichas instituciones que el Estado presta a los ciudadanos los servicios que justifican su existencia, y son estas instituciones las que regulan la convivencia entre dichos ciudadanos. De suerte que puedo afirmar sin miedo a equivocarme que los problemas que padece el ciudadano guineano no son meramente económicos (recursos le sobran al país), sino que se deben a la debilidad o casi nulidad de sus instituciones. Por esto en mi programa de Gobierno el área político-institucional es de vital importancia y es prioritaria para el cambio que propugnamos. La política Institucional por la que apuesto y que propongo a los ciudadanos tienen los siguientes objetivos: a) Relanzar el proceso de Democratización; Fomentar el respeto de los Derechos Humanos e impulsar una reforma constitucional. Esta reforma constitucional debería dar lugar a un marco legal (Constitución) que establecería las bases sobre las que descansarían y funcionarían unas instituciones propias de un estado socia, democrático y de derecho: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, las Administraciones Públicas, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Sociedad Civil. A.I.-El proceso de democratización, los derechos humanos y la reforma constitucional La debilidad institucional que acabo de mencionar y la impunidad con que sistemáticamente se violan los Derechos humanos en Guinea Ecuatorial demuestran en el este país no hay democracia. Para CPDS no es concebible una democracia sin el respeto de los Derechos Humanos que son elementos constitutivos imprescindibles de un Estado de Derecho y límite fundamental al ejercicio del poder. Los Derechos Humanos son asimismo el criterio más sencillo, más rápido y más claro de distinción entre la dictadura y la democracia. La ignorancia, el desconocimiento, el desprecio y la sistemática flagrante violación de los Derechos Humanos por el gobierno del PDGE, constituyen la principal cusa de nuestras desgracias públicas y privadas y de la corrupción del gobierno y la sociedad en general y lo catalogan sin duda alguna con una de las más salvajes dictaduras del mundo. Para superar la actual situación en Guinea Ecuatorial, conseguir que los ciudadanos se sientan seguros y protegidos por el Estado, que recuperen la confianza en sí mismos, hacia los demás y en el Estado y sus instituciones, me propongo y me comprometo a impulsar el proceso de democratización, estando desde 1995 con el objetivo final de que los ciudadanos disfruten plenamente de sus derechos fundamentales y del respeto de su dignidad como personas, participen en la toma de las decisiones políticas que les atañen y puedan hacer posible el pleno desarrollo de sus capacidades en un contexto de igualdad de oportunidades que convierta a la persona en el fin último de la política.
1. Formar un Gobierno de Unidad Nacional. Será un Gobierno reducido que en ningún caso superará los 25 miembros, cuyo principal objetivo será la reconciliación nacional y la celebración de elecciones libres (locales, municipales, legislativas y presidenciales en un periodo no superior a 5 años.) 2. Promulgar una Ley de Amnistía General y poner en marcha un Plan Nacional para el retorno de todos los exiliados, refugiados políticos y demás compatriotas que por razones diversas se han visto obligados a residir en el extranjero; 3. Reformar la Ley de los Partidos Políticos para garantizar la libertad de su constitución y funcionamiento. Se admitirán las denominaciones de la preindependencia, así como el que puedan tener una base regional. Exigirá que la estructura y el funcionamiento de los partidos políticos sean democráticos, siendo obligatoria la reunión regular de sus órganos soberanos, según sus estatutos, así como la publicidad de sus reuniones; 4. Convocar un Foro Nacional Consultivo en el que estén representados de manera equitativa todas las opciones políticas y todos los sectores de la sociedad. Dicho foro asistirá al Presidente, al Gobierno y a la Cámara de Representantes en el proceso de la primera reforma de las leyes más importantes que deberían conducir a la convocatoria de unas elecciones para una Asamblea constituyente. Las leyes a reformar con urgencia son: 5. La Ley Reguladora de las Elecciones Legislativas, Municipales y Referéndum que habrá que reformarse, entre otros preceptos, para establecer una Administración Electoral Independiente y que la composición de los óranos de Comunidades de Vecinos y Consejos de Poblado se haga mediante elecciones con la concurrencia de todos los partidos políticos. 6. La Ley de Asociaciones y demás Leyes Civiles (Ley General de Asociaciones, Ley sobre la Libertad de Reunión y Manifestación, Ley de Sindicados y Relaciones Colectivas de Trabajo y Ley de Prensa e Imprenta) para garantizar el efectivo disfrute de los derechos en ellas regulados, por los ciudadanos y promover el fortalecimiento de la sociedad civil.
1.- Proceder a las reformas institucionales precisas para garantizar el disfrute efectivo de los derechos fundamentales de las personas; 2.- Perseguir y castigar con todo vigor la violación de los Derechos Humanos. Se prohibirán y serán castigadas severamente las detenciones arbitrarias y la práctica de la tortura, aplicando con rigor la legislación vigente en la materia. 3. – Proceder a la elaboración de un Plan Nacional para indemnizar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que han protagonizado los gobiernos del PDGE. 4.- Crear una Comisión Nacional de Derechos Humanos, independiente del Parlamento y demás poderes del Estado; 5.- Animar y apoyar la creación así como el trabajo de organizaciones no gubernamentales nacionales en materia de formación protección y defensa de los Derechos Humanos. 6.- Invitar a las organizaciones internacionales pro-derechos humanos tales como la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras, a tener sedes permanentes o en su defecto, representantes en nuestro país.
A.II.- La reforma de las instituciones del Estado Central
La Cámara de los representantes del Pueblo de Guinea Ecuatorial es el fiel reflejo de cómo el régimen ha adulterado el sentido y significado de las instituciones en nuestro país. Una vez más estamos frente a una institución que no está cumpliendo con su misión de elaborar leyes y controlar al Gobierno. Sólo sirve de caja de resonancia desgobierno; el tiempo que tienen para desarrollar sus funciones legislativas es muy corto; dos periodos de sesiones al año de unos 35 días cada uno. ES decir, nuestro poder legislativo en el mejor de los casos, trabaja 70 días al año. Como en el caso del Ejecutivo, el Parlamento es una institución para recompensar a los militantes del PDGE cuyo perfil académico, político y humano no les permite desempeñar las verdaderas funciones de un diputado. Tanto es así que hay diputados que, al final de toda una legislatura, no han tenido ni una sola intervención tanto en comisiones como en el pleno. El compromiso de CPDS y el mío es hacer efectiva la existencia y funcionalidad de este Poder del Estado para que pueda cumplir con eficiencia y objetividad las funciones en la tradición democrática de los Estados de Derecho que le son encomendadas (legislar, controlar y fiscalizar de forma efectiva la acción del Gobierno) y para que no siga siendo, como en estos 30 años de dictadura del PDGE un poder ficticio, y en el mejor de los casos, una simple máquina para sancionar y dar apariencia de legitimidad a las decisiones del dictador de turno. En este campo propondré que la Constitución recoja los preceptos siguientes: 1.- Instituir un Parlamento con dos Cámaras: una Baja (el Parlamento) que representa la pluralidad ideológica de la ciudadanía, recogida y encauzada en opciones políticas partidarias; y otra Alta (el Senado ¿de los Pueblos?), que reflejando la pluralidad territorial y étnica del país, represente a todos y cada uno de los pueblos de guinea Ecuatorial, en una proporcionalidad equitativa que permita a cada grupo influir en la toma de las decisiones del Estado. 2.- Garantizar la inmunidad y la inviolabilidad de los miembros del legislativo. 3.- Dotar a los Reglamentos internos de las Cámaras de las garantías, competencias y demás prerrogativa que las inyecte de dinamismo y enriquezca el debate político y democrático en el seno e las mismas. 4.- Extender los periodos de sesiones de los dos actuales de 35 días cada uno, a través de tres meses cada uno.
El Poder Judicial en Guinea Ecuatorial se ha caracterizado y se caracteriza por ser un instrumento de poder dictatorial para castigar y reprimir la disidencia política, por su dependencia absoluta del Poder Ejecutivo que lo ha convertido en un grupo de funcionarios corruptos, incompetentes, desconocedores de la ley y ejecutores de la inseguridad jurídica fomentada desde las más altas instancias del Poder Ejecutivo, los poderes fácticos y las mafias a ellos asociadas. Esta situación deja al grupo que está en el poder en la absoluta impunidad y por otro lado, deja a los ciudadanos en la indefensión y en la inseguridad. Ante esta situación los ciudadanos tienen la tentación de tomarse la justicia por su mano, lo que supone una real y verdadera amenaza a la convivencia y a la paz social. Por lo tanto, urge instaurar en Guinea Ecuatorial un poder judicial independiente. Para ello, tomaré las iniciativas necesarias para que se pueda instituir una carrera judicial en la que queden bien limitadas las funciones de los distintos campos de la carrera (magistrados y jueces, abogados, notarios, registradores), primando la profesionalización de los ejercientes, su integridad moral y ética, el acceso y la promoción por méritos y su inamovilidad. Para ello y para conseguir que el Poder Judicial sea un verdadero poder del Estado, encargado de aplicar la ley, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado me comprometo a: 1,- Garantizar la independencia del Poder Judicial y de los Tribunales, Juzgados y Magistrados que lo componen. Los Jueces y Magistrados no podrán seguir siendo nombrados y cesados libremente por ninguna autoridad del ejecutivo o de cualquier otro poder del Estado. La corrupción de los jueces será severamente castigada. 2.- Asignar a la administración de justicia los recursos que le permitan el ejercicio adecuado de su función, manteniendo su independencia, dignidad y eficacia, así como una dotación de personal y presupuesto autónomos. 3.- Garantizar la independencia y la inamovilidad de los jueces y magistrados; 4.- Organizar la carrera judicial, integrada por juristas profesionales, a la cual se accederá en base a criterios de competencia, méritos e idoneidad moral; 5.- Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás leyes concomitantes a fin de acercar la administración de justicia a los ciudadanos; 6.-Constituir un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en todas las cabeceras de municipio; 7.-Potenciar la cooperación internacional en materia judicial y de forma especial con los países con lo que compartimos la misma tradición jurídica; 8.-Crear las escuelas de la magistratura y de la abogacía; 9.-Delimitar por ley los ámbitos del Derecho Consuetudinario y del derecho moderno y las competencias de los Tribunales Tradicionales y las de demás órganos jurisdiccionales. |
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