Origen y evolución histórica: De las ccee a la ue. La dinámica del proceso de integración: Ampliación vs profundización. La ampliación (adhesiones pasadas y futuras), la profundización (etapas y perspectivas), el carácter abierto pero (políticamente) irreversible del proceso de integración






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títuloOrigen y evolución histórica: De las ccee a la ue. La dinámica del proceso de integración: Ampliación vs profundización. La ampliación (adhesiones pasadas y futuras), la profundización (etapas y perspectivas), el carácter abierto pero (políticamente) irreversible del proceso de integración
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La función ejecutiva en las Comunidades Europeas:


La función ejecutiva comunitaria implica tanto la aprobación de actos de alcance general que desarrollan disposiciones de rango superior (ejecución normativa) como la adopción de actos particulares de aplicación del Derecho Comunitario (ejecución administrativa). En el primer caso, la práctica ha acuñado la distinción entre acto de base y acto de ejecución o aplicación para distinguir los que adopta el Consejo, sobre la base de una disposición del tratado y conforme al procedimiento en él prescrito, de los que aprueba la Comisión por habilitación del Consejo.

Aunque la institución ordinaria de carácter ejecutivo es la Comisión, el Consejo puede reservarse en casos específicos el ejercicio directo de las competencias de ejecución. El Consejo dispone de la posibilidad de desarrollar normativamente sus propios actos, sin que puedan los de ejecución derogar o modificar los de base, salvo supuestos excepcionales.

La Comisión dispone de un poder de decisión propio en ámbitos materiales limitados, tiene ante todo atribuido un poder de decisión y reglamentación o desarrollo de normas de base delegado o atribuido por el Consejo.

- La delegación de competencias de ejecución: La “comitología”:

La delegación del Consejo en la Comisión pueda estar sujeta a condiciones en su ejercicio. Los procedimientos contemplados siguen siendo cuatro:

  • Consultivo: El comité emitirá un dictamen sobre el proyecto que no tendrá carácter vinculante. La Comisión, sin embargo, tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen emitido por el comité.

  • De gestión: El comité emitirá un dictamen adoptándolo por el sistema de voto previsto en el 205.2 del TCE, sin que el Presidente tome parte en la votación. Las medidas de la Comisión son inmediatamente aplicables, pero si no son conformes al dictamen, la Comisión las comunicará inmediatamente al Consejo. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una decisión diferente dentro de un plazo.

  • De reglamentación: El comité emitirá un dictamen, sin que el Presidente tome parte en la votación. La Comisión adoptará las medidas previstas siempre que sean conformes al dictamen, pero si no lo son o en caso de ausencia del dictamen, la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que vayan a adoptarse e informará al Parlamento.

El Consejo podrá pronunciarse sobre la propuesta de la Comisión, por mayoría cualificada y dentro del plazo que se fije en cada acto de base, no superior a tres meses. Si dentro de ese plazo, el Consejo, por mayoría cualificada, manifiesta que se opone a la propuesta, la Comisión la examinará nuevamente y podrá presentar al Consejo una propuesta modificada. Si transcurrido el plazo, el Consejo no adopta el acto de ejecución propuesto ni manifiesta su oposición a la propuesta de medidas de ejecución, la Comisión adoptará el acto de ejecución propuesto.

  • De salvaguardia.

- Aplicación administrativa del ordenamiento comunitario:

La aplicación administrativa de las normas comunitarias puede ser directa, si se efectúa por las autoridades comunitarias, o indirecta, si se confía a los Estados miembros. La regla general que rige la aplicación del orden jurídico comunitario es la de administración indirecta. Las autoridades comunitarias sólo intervienen directamente en la fase administrativa en ámbitos materiales limitados: En el ámbito del TCECA, en la ejecución del derecho de competencia, en la coordinación de las inversiones empresariales, en la concesión de ayudas a la reconversión de los sectores o de ayudas a sus trabajadores, etc.

En el ámbito del TCE la administración directa es excepcional.
El limitado papel de la Comisión en la PESC y en la CPJP:

El papel predominante del Consejo como ente de representación de los Estados miembros tiene como consecuencia directa una disminución de las competencias de la Comisión en comparación con las que ostenta en el pilar comunitario.

Respecto a la PESC, la Comisión estará plenamente asociada a los trabajos en este ámbito, tanto con carácter general como en la asistencia a la Presidencia. El Consejo podrá pedir a la Comisión que le presente cualquier propuesta adecuada relativa a la política exterior y de seguridad común para garantizar la ejecución de una acción común. La Comisión podrá plantear al Consejo cualquier cuestión relacionada con la política exterior y de seguridad común y presentar propuestas al Consejo. La Comisión puede asistir a la presidencia en la negociación de acuerdos con Estados u Organizaciones Internacionales.

En cuanto a la cooperación policial y judicial en materia penal, la Comisión está plenamente asociada a los trabajos que se desarrollen en este pilar. Podrá plantear iniciativas al Consejo para que éste adopte posiciones comunes, decisiones marco, decisiones o celebre convenios, podrá emitir dictámenes en los supuestos de cooperación reforzada y tendrá iniciativa para proponer al Consejo el uso de la pasarela del artículo 42 del TUE para que acciones adoptadas en este ámbito de cooperación intergubernamental queden incluidas en el Título IV del TCE. Esta capacidad de iniciativa de la Comisión está compartida con los Estados miembros.
El procedimiento de adopción de decisiones en el seno de la Comisión:

El funcionamiento de la Comisión se basa en el principio de la colegiabilidad, los acuerdos de la Comisión se adoptan por mayoría del número de miembros.

El principio de la colegialidad no impide que exista un reparto de tareas entre los distintos comisarios en función de las materias. El Presidente puede asignar a los miembros de la Comisión determinados sectores de actividad en los que serán responsables de la preparación de los trabajos de la Comisión y de la ejecución de sus decisiones.

La Comisión se reúne una vez por semana en sesión ordinaria y siempre que se considere necesario, bajo la dirección del Presidente. Las sesiones no son públicas y pueden ser restringidas, a las que pueden asistir miembros de los Gabinetes y de los servicios de la Comisión, y las muy restringidas, en las que están presentes exclusivamente los comisarios y el Secretario General.

La votación procede a petición de cualquiera de los miembros de la Comisión y las decisiones de la Comisión se adoptan por mayoría del número de sus miembros.

Caben distinguir tres procedimientos en la toma de decisiones:

  • Procedimiento ordinario: Es la reunión de los comisarios para debatir y votar los asuntos incluidos en el orden del día. La convocatoria de las reuniones corresponde al Presidente, que establecerá el orden del día. Mediante preaviso y a solicitud de algún comisario pueden incluirse en el orden del día cuestiones que no figuren en el programa trimestral. De las reuniones se levanta acta que, en forma de proyecto, es sometida a la aprobación de la Comisión en una reunión posterior. Las actas aprobadas serán autenticadas con la firma del Presidente y del Secretario General.

  • Procedimiento escrito: La propuesta se comunica por escrito, siempre que haya obtenido el acuerdo de las Direcciones Generales directamente interesadas y el dictamen favorable del Servicio Jurídico, a todos los miembros de la Comisión, con indicación del plazo fijado para trasladar reservas o enmiendas.

Todo miembro de la Comisión puede solicitar que la propuesta sea sometida a debate, por lo que se incluirá en el orden del día de la reunión de la Comisión más inmediata.

La propuesta se entiende adoptada sin ningún comisario formula objeción o reserva o, en caso de haberlas formulado, no las mantiene al final del plazo prefijado. Dicha propuesta debe quedar recogida en una nota diaria de la que se dejará constancia en el acta de la reunión de la Comisión más inmediata.

  • Las habilitaciones en favor de los comisarios: El artículo 13 del reglamento, siempre que se respete el principio de responsabilidad colegiada, prevé la adopción de medidas de gestión o de administración claramente definidas o de actos preparatorios de una decisión que deba adoptarse posteriormente de forma colegiada por uno o varios comisarios, previa habilitación de la Comisión, en cuyo nombre y bajo cuyo control actúan.

La Comisión podrá encargar a uno o varios de sus miembros la adopción del texto definitivo de un acto.

Las competencias delegadas no podrán ser objeto de subdelegación, salvo disposición expresa.

Los actos adoptados por la Comisión en una reunión se adjuntarán a la nota recapitulativa elaborada al final de la reunión de la misma durante la que se hayan adoptado y serán autenticados mediante las firmas del Presidente y del Secretario General. Los actos adoptados mediante el procedimiento escrito o a través del procedimiento de habilitación se adjuntarán a la nota diaria y serán autenticados mediante firma del Secretario General.


TEMA 8: EL PARLAMENTO EUROPEO:
Estructura del Parlamento Europeo: Composición y elección de sus miembros. Organización y funcionamiento: La autonomía parlamentaria. Los grupos políticos:
Esta institución ha demostrado desde su creación una tendencia expansiva que se ha visto fortalecida desde su elección por sufragio universal y que ha tenido como resultado la ampliación progresiva de sus competencias, inicialmente en sede jurisprudencial y posteriormente en sede de tratados.

La provisionalidad de las sedes de las instituciones comunitarias afectó especialmente al PE, cuya sede ha estado siempre repartida entre tres ciudades (Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo) de tres Estados miembros, pero todos los intentos de aquél para racionalizar esta situación dieron lugar a recursos ante el TJCE. La Decisión de Edimburgo de 1992 relativa a la fijación de sedes de las instituciones puso fin jurídicamente al problema aceptando los hechos consumados, al determinar en su artículo 1 que el PE tendrá su sede en Estrasburgo, donde se celebrarán los doce períodos parciales de sesiones plenarias mensuales, incluida la sesión presupuestaria; los períodos parciales de sesiones plenarias adicionales se celebran en Bruselas, donde asimismo tienen sede las Comisiones del PE y la Secretaría General se instala en Luxemburgo. Sin embargo, esta decisión no ha logrado evitar los conflictos, aunque finalmente es la que se impone. Naturaleza y composición:

- Naturaleza:

El PE representa a los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad y el hecho de que se hable en plural introduce un matiz importante porque pone de relieve que hoy no existe jurídicamente un pueblo europeo, sino pueblos de los Estados. El hecho de que la relación jurídica de representación sea entre los cuerpos electorales de los Estados miembros y

el PE y no con un jurídicamente inexistente cuerpo electoral europeo se proyecta sobre la naturaleza y configuración de la propia UE.

- Composición y procedimiento de elección:

El PE está compuesto por 626 miembros, distribuyéndose los escaños entre los Estados con un criterio de proporcionalidad por población, no exento de cierta desigualdad de representación.

El Tratado de Ámsterdam ha establecido un número máximo de miembros del PE cualquiera que sea el de Estados miembros. Así, el artículo 189.2 del TCE dispone que el número de miembros del PE no excederá de setecientos.

El establecimiento de este techo combinado con la futura ampliación de la UE exigirá una redistribución del número actual de diputados asignados a cada Estado. A este efecto, el Tratado de Ámsterdam ha incorporado el siguiente criterio: El número de representantes elegidos en cada Estado deberá garantizar una representación adecuada de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad.

En cuanto al procedimiento de elección, los tratados constitutivos disponían un período transitorio en el que el PE estaba compuesto por delegados que los Parlamentos Nacionales designaban de entre sus miembros, según el procedimiento que cada Estado estableciera, si bien se preveía también su conversión posterior en un órgano elegido por sufragio universal directo. Los problemas surgidos durante el período transitorio en algún Estado donde se obstaculizó el acceso al PE de representantes de determinados partidos políticos, así como los trabajos desarrollados al respecto por el propio PE desembocaron en una Decisión del Consejo, a la que va aneja el Acta relativa a la elección de los representantes en la Asamblea por sufragio universal directo que, tras haber sido sometida a ratificación de los Estados miembros por un procedimiento idéntico al deparado por los ordenamientos internos para los tratados, puso fin al período transitorio.

El Acta constituye la norma jurídica común del procedimiento electoral. Su contenido es, sin embargo, restringido: Se limita a prohibir votar más de una vez en cada elección y a regular algunas cuestiones básicas relativas al derecho electoral activo y pasivo, complementado, desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, por el derecho que la ciudadanía de la UE otorga a todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional a ser elector y elegible en las elecciones al PE en el Estado miembro en que resida en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Regula también el Acta el reparto de escaños entre los Estados miembros, los periodos en que han de celebrarse las elecciones, los principios electorales, la naturaleza y duración del mandato y los privilegios e inmunidades de los parlamentarios, así como el régimen básico de incompatibilidades. No regula el Acta, en cambio, un procedimiento electoral uniforme. El artículo 190.4 del TCE dispone que el PE elaborará un proyecto encaminado a hacer posible su elección por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros o de acuerdo con principios comunes a todos los Estados miembros. El Consejo establecerá, por unanimidad, previo dictamen conforme del PE, que se pronunciará por mayoría de sus miembros, las disposiciones pertinentes y recomendará a los Estados miembros su adopción, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

Al respecto, el PE aprobó una resolución sobre la elaboración de un proyecto de procedimiento electoral fundado en principios comunes para la elección de los miembros del PE en la que se inclina por la integración del sistema de escrutinio proporcional en el sistema electoral europeo y por la aplicación del principio de proximidad de los electores y elegidos, proponiendo que un determinado porcentaje de escaños se elijan en el marco de una circunscripción única, constituida por el territorio de los Estados miembros, mediante una fórmula de representación proporcional y limitando el umbral mínimo para la atribución de escaños a un 5% de los votos emitidos a nivel nacional; asimismo, propone la incompatibilidad del doble mandato.

Mientras se mantenga la situación actual, cada Estado miembro determina, respetando los principios básicos del Acta, el sistema de elección electoral de los miembros del PE que le corresponden, siendo libre para establecer, respetando las escasas reglas básicas del Acta, el marco territorial de la elección (circunscripción única, múltiple y compleja), la fórmula proporcional o mayoritaria de la asignación de escaños entre el número de votos, la mayoría de edad para el ejercicio del sufragio activo (18 años en todos los Estados) y pasivo (que oscila, según los Estados, entre los 18 y los 25 años), las condiciones de elegibilidad e incompatibilidad, las características de la campaña electoral o el contencioso electoral.

La Ley electoral española al PE opta por un marco territorial único de elección (el territorio nacional constituye una única circunscripción electoral) y por un sistema proporcional, la fórmula D'Hondt, de asignación de escaños entre las listas concurrentes. El hecho de que la norma, al regular el sistema de incompatibilidades, declare incompatible la condición de miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas con la de parlamentario europeo dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno Vasco por presunta vulneración del Acta Electoral Europea, que declara en su artículo 5 que la calidad de representante en la Asamblea será compatible con la de miembro del Parlamento de un Estado miembro, si bien el artículo 6.2 autoriza a cada Estado para fijar las incompatibilidades aplicables en el plano nacional. El TC se declaró incompetente para pronunciarse acerca de los problemas de compatibilidad entre ley y Derecho Comunitario; no obstante, en la misma sentencia sí efectuó un pronunciamiento incidental sobre otra cuestión también polémica, el marco territorial de la elección, juzgando el TC que la opción del legislador por el territorio nacional como circunscripción única era constitucionalmente tan lícito como constituir en circunscripción el territorio de cada una de las Comunidades Autónomas.

En aplicación de los derechos de la ciudadanía de la UE, el derecho electoral activo y pasivo se reconoce, además de a los nacionales, a los ciudadanos de la UE residentes en España, mayores de 18 años.

El voto puede emitirse personalmente o por correo, sin que se permita el voto por poderes.
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