Origen y evolución histórica: De las ccee a la ue. La dinámica del proceso de integración: Ampliación vs profundización. La ampliación (adhesiones pasadas y futuras), la profundización (etapas y perspectivas), el carácter abierto pero (políticamente) irreversible del proceso de integración






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títuloOrigen y evolución histórica: De las ccee a la ue. La dinámica del proceso de integración: Ampliación vs profundización. La ampliación (adhesiones pasadas y futuras), la profundización (etapas y perspectivas), el carácter abierto pero (políticamente) irreversible del proceso de integración
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La omisión de la cuestión prejudicial y su posible sanción constitucional (especial referencia al derecho español):
Derecho Comunitario y derechos fundamentales:

Ya se ha señalado que el Tribunal Constitucional rechaza que la vulneración del Derecho Comunitario entrañe por sí misma vulneración de los derechos fundamentales. La vulneración del Derecho Comunitario por las autoridades administrativas o judiciales españolas no pueden ser objeto de protección por vía del recurso de amparo y que la negativa del juez ordinario a plantear cuestión prejudicial ante el TJCE no es un hecho constitucionalmente relevante.

En efecto, no cabe amparo frente a normas/actos de las instituciones comunitarias, sino sólo contra disposiciones, actos jurídicos o simples vías de hecho de los poderes públicos internos que lesionen los derechos fundamentales y libertades públicas enunciadas en los artículos 14 a 30 de la Constitución, con exclusión de las eventuales vulneraciones del Derecho Comunitario.

El caso más significativo, por constituir un límite lógico en la aplicación de esta doctrina, que ha examinado el TC es el recurso de amparo frente a la decisión judicial que rechaza formular la cuestión prejudicial y que prefiere arbitraria e inmotivadamente la aplicación al caso de la norma comunitaria. En estos supuestos el TC rechazó el amparo por posible vulneración del artículo 24.1 de la CE.

El TC entiende que:

  • La falta de planteamiento de una cuestión prejudicial no es susceptible de generar, “per se”, una vulneración del artículo 24.1 de la CE (el TC analiza la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin entrar en la lesión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley), puesto que la vulneración, en su caso, del artículo 234 del TCE no es en sí misma una vulneración de la Constitución, ya que esta disposición pertenece al ámbito del Derecho Comunitario y no constituye, por si misma, canon de constitucionalidad. La decisión de plantear la cuestión prejudicial, a semejanza de lo que acontece en las cuestiones de inconstitucionalidad, es una decisión exclusiva e irrevisable del órgano judicial, y no hay vulneración de un derecho fundamental recogido en la Constitución cuando el juez razonadamente no alberga duda sobre la norma comunitaria, lo que hace innecesario el planteamiento ante el TJCE. Debería producirse una actuación arbitrada o absolutamente infundada del órgano jurisdiccional para que pueda existir vulneración del derecho fundamental constitucionalmente protegido, pues el artículo 234 del TCE no integra la Constitución.

  • La determinación de la norma aplicable al caso concreto es una cuestión de legalidad que no corresponde resolver al TC; en tanto que la selección de la norma aplicable y su interpretación corresponden a los jueces y tribunales ordinarios, enjuiciar la selección normativa del juez que excluye la aplicación del Derecho Comunitario estimando aplicable la normativa nacional no es competencia del TC.

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional sólo puede conocer la posible vulneración de un derecho fundamental, en el caso concreto la tutela judicial efectiva, y no la vulneración del Derecho Comunitario. Esta última sólo podría fundar un recurso de amparo si, y en la medida que, el órgano nacional al realizarla ha violado un derecho fundamental reconocido en la Constitución. El TC, en definitiva, al configurar el juicio de pertinencia del órgano jurisdiccional como una convicción del juzgador que apenas precisa más que la mera explicitación, ha restringido drásticamente su ámbito de control al tutelar derechos fundamentales cuando el órgano jurisdiccional interno omite plantear la cuestión prejudicial. En esto, su actitud se compadece con dificultad con los criterios prolijos mediante los que el TJCE limita la operatividad del acto claro.

TEMA 17: EL INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO:
El incumplimiento del Derecho Comunitario por los Estados miembros: El procedimiento por incumplimiento: Objeto, legitimación, fase precontenciosa, fase contenciosa: el recurso ante el Tribunal de Justicia, la sentencia por incumplimiento y sus efectos. La ejecución de la sentencia. Los procedimientos especiales:
Recurso por incumplimiento:

El TJCE controla la actividad de los Estados miembros, habida cuenta del deber de sujeción de éstos a sus obligaciones comunitarias.

El objeto del recurso es el reconocimiento por el TJCE de que un Estado ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados. El concepto de incumplimiento utilizado por el Tribunal de Justicia es muy amplio, en el sentido de que incluye tanto la vulneración del derecho originario como derivado, siempre que se trate de normas de carácter obligatorio. Comprende incluso la vulneración de obligaciones derivadas de sentencias del propio TJCE o de acuerdos internacionales celebrados por las Comunidades. El incumplimiento comprende tanto las acciones no conformes con las normas comunitarias como las omisiones cuando hay una obligación de hacer. Los autores del incumplimiento pueden pertenecer a cualquier órgano del Estado, de cualquier poder de éste: No sólo el ejecutivo, sino el legislativo o el judicial pueden hacer incurrir al Estado en incumplimiento, y también lo originan las actuaciones u omisiones de autoridades distintas de las del Gobierno central.

La legitimación activa corresponde a la Comisión y a cualquier otro Estado miembro. No obstante, lo más frecuente es que sea la Comisi6n quien inicie el recurso debido a su papel de guardiana de los tratados y a que los Estados son más bien reacios a recurrir directamente, prefiriendo poner el caso en conocimiento de la Comisión.

La Comisión puede actuar de oficio, si en el ejercicio de su función de control descubre un incumplimiento, o como consecuencia de las denuncias de otros Estados o de particulares. El Consejo del Banco Central Europeo podrá plantear recurso de incumplimiento contra los bancos centrales nacionales por incumplimiento de las obligaciones que se derivan del Tratado y de los Estatutos del SEBC.

La legitimación pasiva pertenece a cualquier Estado miembro que haya incumplido sus obligaciones. En el marco de la UEM, el incumplimiento podrá exigirse por el BCE frente a los bancos centrales nacionales, dada la autonomía de éstos.

En el caso de que sea la Comisión la que haga uso del recurso, el procedimiento consta de dos fases claramente diferenciadas:

  • Fase administrativa: Abierto el expediente de infracción ya sea de oficio o por denuncia, la Comisión intercambia con el Estado sus puntos de vista y le invita a avenirse; si estos intentos fracasan, la Comisión inicia el procedimiento formal mediante el escrito de requerimiento, en el que la Comisión debe indicar en qué consiste la presunta violación de las normas comunitarias y dar un plazo al Estado para que presente sus observaciones; una vez presentadas éstas, la Comisión emite un dictamen motivado en el que expone los fundamentos de hecho y de derecho por los que estima que hay incumplimiento y comunica al Estado las medidas que juzga necesarias para poner fin a éste; el dictamen, que no tiene fuerza obligatoria ni ejecutiva, debe cumplir los siguientes requisitos: Ha de ser motivado, debe fijar un plazo razonable para el cumplimiento de la obligación y debe basarse en los mismos motivos que el escrito de requerimiento. El incumplimiento de estos requisitos de forma puede dar lugar a la desestimación del recurso por el Tribunal de Justicia. Además, ha exigido que exista coincidencia entre los motivos esgrimidos en el escrito de requerimiento y en el dictamen.

  • Fase contenciosa: Transcurrido el plazo establecido por el dictamen, la Comisión podrá recurrir al Tribunal de Justicia, abriendo la fase contenciosa mediante la interposición del recurso ante el TJCE. No existe plazo para su presentación, lo que queda confiado a los poderes de apreciación de la Comisión. Ésta puede interponer el recurso aunque el incumplimiento desaparezca después del plazo fijado por el dictamen motivado.

La existencia del incumplimiento debe ser apreciada en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia.

La Comisión goza de discrecionalidad para interponer o no el recurso aun cuando no haya desaparecido el incumplimiento.

Si es un Estado el que desea utilizar el recurso, se exige que previamente someta el asunto a la Comisión, la cual emitirá un dictamen motivado una vez que los Estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio. Si la Comisión no emite el dictamen en el plazo de tres meses desde la solicitud, la falta de dictamen no será obstáculo para poder recurrir al TJCE.

La sentencia tiene carácter declarativo, lo que significa que el TJCE no puede por sí mismo anular la norma infractora o imponer las medidas sustitutorias. No obstante, la decisión implica una obligación de ejecución para todos los órganos del Estado implicado.

La sentencia de constatación de incumplimiento genera también unos efectos mediatos: Por una parte, la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia será oponible a las instituciones y a los demás Estados miembros; por otra, abre paso a la responsabilidad del Estado respecto de los particulares que han sufrido un daño como consecuencia de la violación por aquél de una norma comunitaria.

Por otra parte, el Tratado de Maastricht introdujo un nuevo procedimiento posterior a la sentencia dirigido a forzar su ejecución. Así, si la Comisión estimare que el Estado afectado no ha tomado las medidas impuestas, le dará a éste la posibilidad de presentar sus observaciones y a continuación emitirá un nuevo dictamen motivado que precise los aspectos concretos en que el Estado miembro no ha cumplido la sentencia, dándole un plazo al efecto; si el Estado no adopta las medidas, la Comisión puede someter el asunto al TJCE, el cual podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva, previa sugerencia de la Comisión. Ésta ha optado por la multa coercitiva y en cuanto a su importe, estima que ha de calcularse en función de tres criterios: La gravedad de la infracción, valorando la importancia de las normas infringidas y las consecuencias para los intereses generales y particulares; la duración de la infracción; la necesidad de asegurar el efecto disuasorio de la sanción para evitar la reincidencia. Con posterioridad, la propia Comisión hizo público el Método de cálculo de la multa coercitiva, según el cual el importe de la multa se calcula por días de demora sobre una base uniforme fijada en 500 euros/día, a la que se aplicarán tres coeficientes: Gravedad de la infracción, duración de ésta y capacidad de pago del Estado miembro afectado.
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