Origen y evolución histórica: De las ccee a la ue. La dinámica del proceso de integración: Ampliación vs profundización. La ampliación (adhesiones pasadas y futuras), la profundización (etapas y perspectivas), el carácter abierto pero (políticamente) irreversible del proceso de integración






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títuloOrigen y evolución histórica: De las ccee a la ue. La dinámica del proceso de integración: Ampliación vs profundización. La ampliación (adhesiones pasadas y futuras), la profundización (etapas y perspectivas), el carácter abierto pero (políticamente) irreversible del proceso de integración
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El control directo de validez del derecho derivado. El recurso de anulación: Objeto, legitimación, causas, procedimiento, la sentencia de anulación y sus efectos:
El TJCE tiene competencia para juzgar la validez de los actos de las instituciones comunitarias, lo que lleva a cabo a través del recurso de anulación o de la excepción de ilegalidad.

El recurso de anulación se regula en los artículos 230 y 231 del TCE. Su objeto son los actos decisorios de las instituciones que producen efectos jurídicos frente a terceros, ya sean actos típicos o atípicos. Quedan excluidos las recomendaciones, dictámenes, actos preparatorios, medidas de orden interior, actos puramente confirmatorios y los negativos.

Lo decisivo es que los actos estén destinados a producir efectos jurídicos: La denominación y la forma tienen valor relativo.

Debe ser posible ejercitar un recurso de anulación en lo que respecta a todas las disposiciones adoptadas por las instituciones que tiendan a producir efectos jurídicos, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, e incluso con independencia de la cuestión de si dicho acto fue adoptado por la institución con arreglo a las disposiciones del tratado o en virtud de una atribución de competencias conferida por un acuerdo internacional.

Respecto a la legitimación activa hay que distinguir dos grupos de actores:

  • Demandantes privilegiados: Son el Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Su privilegio consiste en que no necesitan probar la existencia de un interés para actuar, pudiendo impugnar tanto actos de alcance general como particular. En un segundo nivel, el artículo 230 del TCE incluye al Parlamento, al Tribunal de Cuentas y al Banco Central Europeo, declarándolos legitimados para recurrir pero sólo con el fin de salvaguardar sus prerrogativas. El Tribunal de Cuentas ha sido incorporado a la nómina de demandantes no privilegiados por el Tratado de Ámsterdam. También está legitimado activamente el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones en relación con los acuerdos del Consejo de Gobernadores del Banco.

El Tribunal de Justicia ha declarado que las regiones no pueden ser equiparadas a los Estados y que, por tanto, no gozan de la condición de demandantes privilegiados.

  • Demandantes no privilegiados: Son los particulares, personas físicas o jurídicas, cuyas posibilidades de recurrir están limitadas a las decisiones de las que sean destinatarios o a las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida a otras personas, les afecten directa e individualmente. En este segundo caso se imponen dos condiciones:

  • Se pide una relación causal directa entre el acto y el particular, por lo que no cabe, por ejemplo, la impugnación de directivas.

  • El Tribunal de Justicia entiende que un acto de las instituciones afecta individualmente a una persona física o jurídica cuando el particular se ve afectado en razón de ciertas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que lo caracteriza en relación a cualquier otra persona.

Sólo constituyen actos y decisiones susceptibles de recurso aquellas medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando caracterizadamente la situación jurídica de éste. Esta exigencia no concurre en relación con los demandantes privilegiados, cuyo interés es objetivo.

La STJCE de 18 de mayo de 1994 admitió la posibilidad de impugnación directa de una disposición contenida en un reglamento por estimar que en el caso se trataba de un acto de alcance general que sin embargo afectaba en forma directa e individual a un concreto particular, señalando: Si bien con arreglo a los criterios del párrafo 2º del artículo 173, la disposición objeto del litigio tiene carácter normativo en la medida en que se aplica a la generalidad de los operadores económicos interesados, ello no excluye, sin embargo, que pueda afectar individualmente a alguno de ellos.

Una persona física o jurídica sólo puede afirmar que la disposición objeto de litigio le afecta individualmente cuando le atañe debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que le caracteriza en relación con cualesquiera otras personas.

En todos los casos, el plazo para la interposición del recurso de anulación es de dos meses a partir, bien de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo. La presentación del recurso no tiene efecto suspensivo respecto del acto impugnado, aunque el tribunal puede ordenar la suspensión de su ejecución o adoptar medidas provisionales.

En cuanto a la legitimación pasiva, el artículo 230 del TCE cita al Consejo, la Comisión, el BCE y el Parlamento Europeo, en este último caso respecto de los actos adoptados conjuntamente con el Consejo o los que estén destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

Las causas de anulación son cuatro, taxativamente enumeradas en el artículo 230 del TCE:

  • Incompetencia, ya sea interna (porque la competencia le corresponde a otra institución), externa (porque corresponda a los Estados), territorial o temporal.

  • Vicios sustanciales de forma, que pueden ser relativos al proceso de elaboración del acto (ausencia del dictamen preceptivo o motivación insuficiente), al proceso de adopción de la decisión (por no haberse seguido el procedimiento establecido en el tratado para este tipo de actos) o a la forma externa del acto (reglamento, directiva).

  • Violación del tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución: La violación puede consistir en error de hecho, de derecho, ausencia de base jurídica, interpretación errónea de una disposición comunitaria, etc. Incluye tanto al derecho originario como al derivado y a otras fuentes del Derecho Comunitario (acuerdos internacionales, principios generales del derecho, etc.).

  • Desviación de poder, esto es, utilización de los poderes de la autoridad comunitaria para una finalidad distinta de aquella para la que le fueron conferidos. Este concepto admite dos dimensiones: La desviación de poder en sentido estricto y la desviación de procedimiento.

Los efectos de la sentencia consisten en que el tribunal, si el recurso fuere fundado, declarará nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado. En el caso de los reglamentos, el artículo 231 del TCE prevé que el TJCE podrá declarar una nulidad parcial si lo estima posible.

La anulación es retroactiva al momento de la adopción del acto (“ex tunc”) y tiene efectos de cosa juzgada “erga omnes”.

El artículo 233 del TCE establece que la institución o las instituciones de las que emane el acto anulado estarán obligadas a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia.

Junto al recurso de anulación, el artículo 35.6 del TUE consagra un contencioso de legalidad contra determinados actos que se pueden adoptar en el pilar intergubernamental. Su objeto son las decisiones marco y las decisiones adoptadas por el Consejo sobre la base del artículo 34.2 del TUE y la legitimación activa les corresponde a los Estados miembros y a la Comisión.
El control indirecto de la validez del derecho derivado: La excepción de ilegalidad. La cuestión prejudicial de validez (referencia y remisión):
La excepción de ilegalidad:

El artículo 241 del TCE establece que la excepción de ilegalidad tiene por objeto controlar incidentalmente la legalidad de una disposición general dentro de un litigio en el que se impugna una medida concreta dictada en aplicación de dicha disposición general. No es un recurso autónomo sino que tiene carácter incidental y subsidiario, sólo puede utilizarse dentro de un procedimiento ante el TJCE o ante el Tribunal de Primera Instancia en base a otra disposición del tratado, normalmente un recurso de anulación.

La mayoría de la doctrina considera que la principal función de la excepción de ilegalidad es la de corregir las restricciones a las que los tratados someten el recurso de anulación de los particulares contra las decisiones generales y los reglamentos.

Por lo que se refiere al objeto de la excepción, el artículo 241 del TCE habla sólo de reglamentos, pero el TJCE ha hecho una interpretación amplia para incluir a todos los actos de carácter general aunque no sean reglamentos en sentido estricto.

No cabe invocar la excepción de ilegalidad frente a decisiones individuales de las que son destinatarios los particulares, dado que tenían legitimación activa para interponer el recurso de anulación.

Debe existir una relación directa y necesaria entre el acto impugnado y el acto presuntamente ilegal; en la excepción de ilegalidad un reglamento u otro acto general no puede ser impugnado como tal sino en la medida en que se concreta en una decisión individual, que es la única que puede ser anulada. La legitimación de los Estados y de las instituciones no está clara. No existe plazo para invocar la excepción, pudiendo hacerse a lo largo del procedimiento. Las causas que se pueden invocar son, según el artículo 241 del TCE, las mismas que en el recurso de anulación.

Si el tribunal estima la excepción, sólo puede anular el acto impugnado basado sobre el reglamento ilegal, pero no éste, que subsiste, lo que no impide que en la práctica la institución de la que había emanado se vea obligado a derogarlo.
La cuestión prejudicial de validez:

La noción de validez no es pacífica. La mayoría de la doctrina se inclina por estimar que corresponde a la de legalidad, tanto interna como externa.

Pueden señalarse claras diferencias entre el recurso prejudicial de validez y el recurso de anulación:

  • El objeto del primero no es censurar ciertos actos adoptados por las instituciones comunitarias, sino informar a la jurisdicción nacional del estado de derecho aplicable.

  • El recurso de anulación se dirige directamente contra un acto comunitario cuya legalidad se discute, trata de obtener una anulación “erga omnes” y constituye un proceso principal de competencia exclusiva del TJCE.

  • El reenvió prejudicial de validez no es un recurso directo contra el acto, responde sólo a una cuestión de legalidad planteada con ocasión de un proceso del que conoce una jurisdicción nacional, constituye un proceso accesorio de legalidad.

  • El recurso prejudicial de validez se asemeja a la excepción de ilegalidad pero la diferencia radica en que se plantea ante una jurisdicción nacional, mientras que la excepción no puede sustanciarse ante las jurisdicciones nacionales.

En la cuestión prejudicial se le reconoce al TJCE unos poderes tan amplios como en materia e interpretación.

Ámbito de la cuestión prejudicial: Normas susceptibles de reenvío:

Conviene distinguir entre la cuestión de interpretación y la de validez. En el primer caso, los actos susceptibles de interpretación son el derecho originario, el derecho derivado ya sean actos obligatorios o no, los Estatutos de los organismos creados por el Consejo cuando lo prevean expresamente, los actos de los organismos comunitarios, los convenios concluidos por la comunidad con terceros países y los acuerdos mixtos. En el segundo, el TJCE sólo contiene competencia respecto de los actos de las instituciones, no respecto a los tratados, excluyéndose sólo respecto de aquéllos los actos no obligatorios.

Planteamiento de la cuestión prejudicial:

La cuestión prejudicial comienza con una suspensión del procedimiento nacional y con la remisión de la cuestión al TJCE, termina una vez que se ha producido la contestación de éste con la reanudación de la instancia nacional y la solución del fondo del litigio conforme a la solución dada por el tribunal.

El aspecto funcional de la jurisdicción supone atender a la naturaleza de los órganos jurisdiccionales. Desde esta perspectiva debe precisarse:

  • El reenvío prejudicial sólo es posible en el marco de la actividad jurisdiccional de una jurisdicción. El reenvío está excluido si el órgano jurisdiccional actúa no en calidad de tal, sino de autoridad administrativa.

  • No importa el tipo de proceso en el que se plantea la pregunta prejudicial.

Se puede distinguir entre facultad y obligación de plantear la cuestión:

  • Existe facultad cuando la decisión que adopta el órgano jurisdiccional es susceptible de un recurso judicial según el derecho interno. Los órganos que no actúan en última instancia gozan de poder discrecional para acudir o no al TJCE.

  • Existe obligación de acudir al TJCE cuando la decisión no es susceptible de ulterior recurso judicial de derecho interno.

La decisión de plantear la cuestión corresponde en exclusiva al juez, quien puede hacerlo aun en ausencia de iniciativa de las partes o incluso contra la voluntad de éstas, lo que no impide que las partes puedan proponerlo; de igual modo, es el juez el que determina el contenido de la pregunta. Al tornar estas decisiones, el juez lleva a cabo lo que se denomina el juicio de pertinencia. Aparece el concepto del acto claro: El juez sólo estará obligado a plantear la cuestión prejudicial si existe una auténtica dificultad de interpretación o de validez, si existe una seria duda sobre el sentido o la validez de la disposición, mientras que si el sentido del acto es claro, si la validez es evidente, no tiene por qué plantearla.

Sólo la ausencia de duda razonable permite al juez eludir la obligación de plantear la cuestión. No basta la sola convicción del juez o tribunal aislado acerca de la interpretación de la norma en cuestión, sino que resulta exigible una presunción de convicción común, una certeza razonable de que la claridad se impone con la misma evidencia a los órganos jurisdiccionales nacionales de los otros Estados miembros así como al Tribunal de Justicia.

Cuando una cuestión prejudicial sea manifiestamente idéntica a otra sobre la que el tribunal ya haya resuelto, podrá resolver por auto motivado que hará referencia a la sentencia anterior.

El Tribunal de Justicia muestra gran receptividad para acoger las cuestiones prejudiciales, dejando de responder sólo en casos excepcionales.

Tramitación de la cuestión prejudicial:

En la tramitación de la cuestión prejudicial por el juez nacional, el Tribunal de Justicia ha observado siempre una actitud muy flexible. Así, el juez nacional es libre de elegir el momento procesal para plantear la cuestión si bien, con el fin de facilitar el juicio de pertinencia y asegurar la utilidad de su intervención, el Tribunal de Justicia ha señalado en diversas ocasiones que podría ser útil que el reenvío tenga lugar cuando los hechos del asunto estén establecidos y los problemas de puro derecho nacional resueltos.

Una vez remitida la cuestión prejudicial por el órgano jurisdiccional nacional, ésta es notificada por la Secretaría del Tribunal a la Comisión, al Consejo y al BCE (si el acto comunitario cuya interpretación o validez se cuestiona ha emanado de ellos), al Parlamento Europeo (si intervino a través del procedimiento de codecisión), a los Estados miembros y a las partes del litigio principal. Todos ellos pueden hacer observaciones o alegaciones por escrito en un plazo de los dos meses siguientes a la notificación.

Efectos de la sentencia prejudicial:

La sentencia que decide la cuestión prejudicial despliega un doble tipo de efectos jurídicos: Procesales y materiales. Desde una perspectiva jurídico procesal, son firmes por naturaleza y carecen de fuerza ejecutiva y desde una perspectiva jurídico – material, son obligatorias para el juez nacional. Así, tiene efecto obligatorio en el ámbito del proceso principal que ha dado lugar a la cuestión, las jurisdicciones nacionales competentes deben decidir en el litigio pendiente de acuerdo con la concepción definida por el tribunal. Junto a este efecto, la sentencia puede también tener un efecto de precedente en el marco de otros procesos que tengan por objeto cuestiones idénticas.
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