Origen y evolución histórica: De las ccee a la ue. La dinámica del proceso de integración: Ampliación vs profundización. La ampliación (adhesiones pasadas y futuras), la profundización (etapas y perspectivas), el carácter abierto pero (políticamente) irreversible del proceso de integración






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Desarrollo y mutación de los tratados: El proceso de constitucionalización jurisprudencial:
El proceso de constitucionalización no radica sólo en afirmar la función constituyente que desempeña respecto de toda organización internacional el respectivo tratado constitutivo, sino en incorporar a este aspecto funcional un factor cualitativamente diferente, la idea de que existe una norma fundamental en el Derecho Comunitario que incorpora al ordenamiento rigidez formal, supremacía normativa e incluso intangibilidad respecto de algunos contenidos. En otras palabras, existen elementos en el ordenamiento de la Comunidad que permiten concebirlo con las categorías propias del Derecho Constitucional estatal y del Estado de Derecho.

La afirmación de la función constituyente de los tratados se manifiesta claramente en la sentencia “Costa”, pero en ella no se usa el término Constitución, sino que los tratados se conciben en el sentido de norma fundamental de una organización, sin prejuzgar su naturaleza normativa, esto es, los tratados son normas de Derecho Internacional, pero simultáneamente algo más, son una Constitución en la perspectiva interna del ordenamiento comunitario. El tribunal incorpora en sus pronunciamientos la idea de que existe un núcleo de reglas que conforman un conjunto de principios fundamentales de la organización comunitaria, una Constitución interna o Constitución de la Comunidad o una auténtica Constitución económica de la Comunidad.

TEMA 11: EL DERECHO COMUNITARIO DERIVADO Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR LAS COMUIDADES EUROPEAS:
Los actos de Derecho Comunitario derivado: Actos atípicos de carácter vinculante y no vinculante: El Reglamento (Decisión general CECA), la Directiva (Recomendación CECA) y la Decisión (Decisión individual CECA). Los actos atípicos. Base jurídica, motivación y publicidad de los actos de derecho derivado:
El derecho derivado: Los actos de las instituciones:

El conjunto de los actos adoptados por las instituciones con el fin de cumplir los objetivos de los tratados y en aplicación de los mismos constituye el derecho derivado. No es por tanto el derivado un derecho establecido directamente en los Tratados (primario u originario), ni convencional sino que emana de éstos (secundario o derivado) a través de las instituciones por ellos creadas (mediante actos unilaterales) y tiene por consiguiente el carácter de derecho legislado. El carácter derivado implica una subordinación de este estrato normativo a los tratados, que se manifiesta en que:

  • Los tratados constituyen el fundamento, el marco y el límite del derecho derivado; el alcance de los actos de las instituciones y su forma está estrictamente limitado a lo previsto en los tratados.

  • Las instituciones, al carecer de competencia general, no pueden adoptar actos sobre cualquier materia, sino sólo en aquéllas que tengan atribuidas o resulten necesarias para alcanzar los objetivos de los tratados.

Se añade además como manifestación de este carácter subordinado la nota de derecho subsidiario, dada la consagración en el TUE del principio de subsidiariedad en relación a las competencias comunitarias no exclusivas, lo que obligará a que el derecho derivado no se produzca sino cuando resulte más eficaz que la norma interna.

En el conjunto del derecho derivado se pueden distinguir dos clases, la de los actos típicos y la de los actos atípicos.

- Los actos típicos: Aspectos generales:

Los actos típicos son aquellos que adoptan las instituciones en el ejercicio de su poder de decisión y que aparecen enunciados y definidos en cuanto a su naturaleza y características en los tratados.

En el sistema CECA, la Comisión es la institución que adopta los actos, mientras que el Consejo tiene una función consultiva. En el sistema de la CEEA es el Consejo la institución dotada del poder decisorio principal, pero también la Comisión puede adoptarlos. En el sistema de la CE los actos típicos, según los casos, se adoptan por el Parlamento y el Consejo en codecisión, por el Consejo o por la Comisión. En el ámbito de la Unión Económica y Monetaria, el órgano competente para adoptar los actos típicos es el BCE.

  • Los actos típicos en el Tratado CECA:

A los actos del TCECA se refiere el artículo 14 en los siguientes términos:

Para el cumplimiento de la misión a ella confiada, la Comisión tomará decisiones, formulará recomendaciones o emitirá dictámenes, en las condiciones previstas en el presente tratado.

Las decisiones serán obligatorias en todos sus elementos.

Las recomendaciones obligarán en cuanto a los objetivos fijados en ellas, pero dejarán a sus destinatarios la elección de los medios apropiados para alcanzar tales objetivos. Los dictámenes no serán vinculantes.

Cuando la Comisión esté facultada para tomar decisiones, podrá limitarse a formular una recomendación.

En esta enumeración es posible distinguir dos clases de actos, los obligatorios o vinculantes (decisiones y recomendaciones) y los no obligatorios (dictámenes), carentes de fuerza vinculante.

Las decisiones pueden ser individuales o generales. Las decisiones individuales son actos obligatorios dirigidos a destinatarios individualizados; su contenido es de ordinario una aplicación administrativa del tratado, aunque no se excluye, fundamentalmente en las dirigidas a uno o varios Estados, el contenido normativo general. Las decisiones generales tienen como destinatarios una pluralidad indeterminada de sujetos y su contenido es típicamente normativo. Las recomendaciones obligan en cuanto a los objetivos fijados en ellas pero dejarán a sus destinatarios la elección de los medios apropiados para alcanzar tales objetivos, y pueden ser también individuales o generales.

Los dictámenes de la Comisión son actos desprovistos de fuerza vinculante, se limitan a orientar a o inducir en el destinatario una conducta determinada.

  • Los actos típicos en los Tratados CE y CEEA:

Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo y el Consejo conjuntamente, el Consejo y la Comisión adoptarán reglamentos y directivas, tomarán decisiones, formularán recomendaciones y emitirán dictámenes, en las condiciones previstas en el presente tratado.

El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

La decisión será obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios.

Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.

El artículo 249 del TCE se complementa con el artículo 110 del TCE que habilita al BCE a adoptar reglamentos y decisiones, formular recomendaciones y emitir dictámenes.

Los actos típicos expresamente identificados en los Tratados de Roma son todos actos unilaterales de las instituciones y de naturaleza obligatoria (reglamento, directiva y decisión) o no obligatoria (recomendaciones y dictámenes).

- Los actos típicos de naturaleza obligatoria:

  • El reglamento:

Es una creación genuina del Derecho Comunitario, su acto normativo más completo y eficaz, que se aproxima en su estructura y caracteres a la ley en el derecho interno, y en el que se manifiesta de manera más precisa el poder decisorio de naturaleza legislativa de las Comunidades. El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

El alcance general denota desde una perspectiva material que el reglamento produce efectos en relación a una categoría o conjunto indeterminado de personas y que regula relaciones definidas de forma abstracta, objetiva. El alcance general no depende, sin embargo, del número de sujetos de derecho a los que puede aplicarse, sino de que la aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de hecho o de derecho definida en relación con la finalidad del reglamento. Desde una perspectiva geográfica, el reglamento se aplica simultáneamente en el conjunto del territorio comunitario, en todo Estado miembro. Un reglamento, por razón de su objeto, puede hacer sentir sus efectos de forma desigual en los diferentes Estados.

El Tribunal de Justicia distingue el reglamento de la decisión en los siguientes términos:

El reglamento tiene alcance general y es directamente aplicable en todo Estado miembro, mientras que una decisión no es obligatoria más que para los destinatarios a los que se dirige. Los rasgos esenciales de la decisión resultan de la limitación de destinatarios a los que se dirige, mientras que el reglamento, de carácter esencialmente normativo, es aplicable no a destinatarios limitados, designados o identificables, sino a categorías contempladas abstractamente y en su conjunto.

La obligatoriedad del reglamento en todos sus elementos implica la autoridad absoluta y completa del poder normativo de este tipo de actos, lo que se denomina intensidad normativa verticalmente ilimitada. Los reglamentos despliegan una obligatoriedad en todos los aspectos de la materia regulada. En consecuencia, las autoridades nacionales no pueden modificar su contenido o efectuar una aplicación selectiva o fragmentaria del reglamento, ni aun en el caso de que hubieran efectuado reservas u objeciones en la fase de elaboración del mismo.

La aplicabilidad directa supone que el reglamento no precisa recepción de tipo alguno en el orden interno, resulta directamente aplicable en cada Estado miembro. Su validez es inmediata y el despliegue de sus efectos vinculantes en toda la Comunidad se realiza sin necesidad de interposición de ningún poder normativo nacional. En palabras del propio Tribunal de Justicia:

La aplicabilidad directa de un reglamento exige que su entrada en vigor y su aplicación, generando derechos o imponiendo cargas en los sujetos, se realice sin ninguna medida de recepción en el derecho nacional. Los Estados miembros se comprometen a no impedir el efecto directo propio de los reglamentos y de las demás reglas del Derecho Comunitario.

La aplicabilidad directa entraña por tanto un efecto de sustitución, el reglamento ocupa el lugar o desplaza la norma interna en la misma materia, y un efecto de barrera, los Estados miembros deben abstenerse de modificar o derogar el reglamento, ya que su contenido está sustraído a su competencia.

Esta cualidad que se predica del reglamento en su conjunto no impide que, en ocasiones, partes concretas de aquél precisen, sin embargo, de un complemento normativo para facilitar su ejecución; el propio Tribunal de Justicia ha declarado que la aplicabilidad directa de un reglamento no impide que el mismo reglamento habilite a una institución comunitaria o a un Estado miembro a adoptar medidas de aplicación.

La aprobación de las normas de ejecución del reglamento, su desarrollo normativo, pueden efectuarlo las propias instituciones, el Consejo o la Comisión por delegación de éste, y se plasma en reglamentos de aplicación subordinados a los reglamentos de base. La relación de jerarquía entre ambas normas no es orgánica, sino material, ya que puede ser la misma institución que adoptó los reglamentos de base, la que apruebe los de aplicación, limitada al aprobar éstos por los reglamentos de base, cuyo contenido y elementos esenciales no puede modificar. En definitiva, según el propio TJCE, el reglamento de ejecución debe respetar los elementos esenciales de la materia fijados en el reglamento de base; debe asimismo ser objeto, si es posible, de una interpretación conforme con las disposiciones del reglamento de base.

La ejecución del reglamento puede efectuarse también mediante normas nacionales, bien por habilitación expresa en la norma comunitaria, bien como manifestación del deber general de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del tratado o resultantes de los actos de las instituciones, entre las que se encuentran la obligación de garantizar el efecto útil del reglamento.

  • La directiva:

Es un acto que obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios. En consecuencia:

La directiva es un acto obligatorio que vincula jurídicamente al destinatario; pero a diferencia del reglamento no tiene alcance general, no obliga más que al destinatario, los Estados (entendidos como un todo, de modo que están vinculados a la obligación de alcanzar el resultado impuesto en la directiva todos los órganos y autoridades del Estado, incluidos los órganos jurisdiccionales). Constituye la directiva por ello una norma característica de la técnica legislativa mediata o de acción indirecta: Se dirige a los Estados para que éstos a su vez adopten las medidas precisas para garantizar el resultado prescrito y les obliga en su conjunto, sin prejuzgar, dado el principio de autonomía institucional, el órgano interno competente para transponerla. La directiva entraña por tanto un proceso normativo en dos etapas, requiere sucesivamente la intervención comunitaria y la de los Estados miembros. Por ello las normas de transposición de la directiva son comunitarias en su origen y nacionales en su forma y contenido, y en cuanto tales son aplicadas e interpretadas en exclusiva por las jurisdicciones internas y no por el Tribunal de Justicia.

La directiva impone una obligación de resultado y deja a los destinatarios, los Estados, la elección de la forma y de los medios. La directiva tiene por tanto intensidad normativa limitada y conduce a una legislación nacional armonizada en el ámbito comunitario, no a un derecho común y único como en el caso del reglamento.

En estas notas formales características de la directiva según su definición legal resalta la omisión del carácter directamente aplicable que el tratado predica de los reglamentos. La omisión no supone, sin embargo, que la directiva no penetre inmediatamente en el ordenamiento interno, sino que sus efectos llegan ordinariamente a los particulares, salvo excepciones, a través de la mediación de las normas nacionales que la transponen en el plazo concedido al efecto.

Aunque la directiva tiene un destinatario individual, el Estado miembro, y se configura formalmente, a diferencia del reglamento, como un acto de alcance individual, el hecho de que habitualmente se dirija a todos los Estados miembros y que lo haga obligando a un resultado que éstos habrán de alcanzar en todo caso, ha llevado al TJCE al punto de calificar a la directiva, valorando sus efectos, de acto de naturaleza inequívocamente normativa y de alcance general.

La directiva exige por su misma naturaleza una actividad normativa del Estado miembro, que comúnmente se denomina en la doctrina transposición. La transposición de la directiva constituye un ámbito en el que el Estado tiene un amplio pero no ilimitado margen de apreciación, de discrecionalidad. El carácter obligatorio de la directiva es absoluto en cuanto al resultado, pero aunque el tenor literal del artículo 249 parece dejar libertad de medios y forma, ésta es sólo relativa, ya que la propia directiva, su estructura normativa, y la jurisprudencia del TJCE la acotan y limitan. En efecto, en la transposición, el Estado está sujeto a límites.

En primer lugar, la directiva impone límites temporales. Los Estados miembros deben respetar el plazo que concede la directiva para efectuar la transposición, un plazo que tiene por objeto proporcionar a los Estados miembros el tiempo necesario para adoptar las medidas de adaptación de su derecho interno a la directiva y que normalmente oscila entre seis meses y dos años. El resultado no es exigible hasta concluido éste, pero la directiva está en vigor imponiendo al Estado miembro durante el transcurso del plazo concedido para la transposición un deber de abstención respecto de las medidas que comprometan de manera grave la consecución del resultado.

Además, durante el plazo concedido para su transposición, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de interpretar el derecho interno vigente de conformidad con la directiva.

Nada impide, sin embargo, la transposición anticipada por parte del Estado, aunque los particulares sólo podrán invocar su posible efecto directo, en caso de incorrecta transposición o de ausencia de ella, transcurrido el plazo concedido en la directiva.

El Estado miembro está sujeto además a límites vinculados a la necesidad de garantizar la plena eficacia de la directiva. De acuerdo con su autonomía institucional, el Estado miembro puede elegir las formas y los medios adecuados para garantizar el resultado, pero éste debe alcanzarse con plena eficacia, de forma que se garantice el efecto útil de la directiva. Es decir, la libertad de medios está en función de la consecución efectiva del resultado, y deben ser los adecuados para garantizar la eficacia plena de la directiva.

La transposición debe por lo tanto ser completa, de todos y cada uno de los aspectos del resultado que prescribe, y general, para todo el territorio del Estado. No obstante, la situación normativa en el Estado miembro puede hacer innecesaria la transposición y no requerir una actividad legislativa específica.

Sin embargo, la jurisprudencia reciente del TJCE parece introducir una inflexión en el sentido de limitar la práctica de la transposición mediante el contexto normativo vigente en el momento de la entrada en vigor de la directiva. En efecto, varias sentencias declaran el incumplimiento del Estado miembro, entre otras razones, porque la normativa de transposición no hacía referencia expresa a la directiva, pese a que existía en ésta lo que se denomina cláusula de interconexión entre la normativa nacional y la comunitaria (cláusula por la que desde principios de los años noventa y tras un acuerdo al respecto del Consejo se exige que la norma interna mencione específicamente que efectúa la transposición de una concreta directiva). La presencia de estas cláusulas es cada vez más frecuente e implica la obligación de transponer expresamente, aunque el Estado juzgue innecesario hacerlo porque entiende que su ordenamiento se encuentra ya adaptado a la directiva.

Existen, por último, límites derivados del principio de seguridad jurídica. Además del deber de trasposición expresa, que puede también asociarse a este principio, de la jurisprudencia del TJCE se deduce que la norma de transposición debe ser imperativa, equivalente en rango a la que ordena similar materia en el orden interno, gozar de publicidad suficiente para que el particular conozca sus derechos sin ningún género de incertidumbre y conferir, en definitiva, seguridad jurídica a cualquier sujeto. En consecuencia, la simple práctica administrativa, mudable discrecionalmente, no se considera transposición suficiente y adecuada de una directiva.

La directiva, al facilitar márgenes de actuación discrecional al Estado miembro, al reclamar por su propia naturaleza su actuación, se revela como un instrumento idóneo para promover la cooperación y garantizar la autonomía estatal. Sin embargo, en la actualidad, abundan directivas tan detalladas, fundamentalmente de tipo técnico, que restringen notablemente el margen de apreciación de los Estados y se aproximan a un auténtico reglamento.

La Comunidad deberá legislar únicamente en la medida de lo necesario. En igualdad de condiciones, las directivas serán preferibles a los reglamentos, y las directivas marco a las medidas detalladas. Las directivas, aunque obliguen al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejarán a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

  • La decisión:

Es un acto obligatorio en todos sus elementos para todos sus destinatarios, que pueden serlo desde personas físicas o jurídicas hasta los Estados. La decisión se distingue del reglamento en que tiene alcance individual, carece de alcance general, ya que se dirige a destinatarios determinados; y de las directivas, en la obligatoriedad de todos sus elementos y no sólo del resultado. Las decisiones se configuran como el acto característico de la ejecución administrativa del ordenamiento jurídico comunitario, el acto de aplicación individual de las normas comunitarias. No deben confundirse, sin embargo, con la decisión en sentido amplio.

- La jerarquía de los actos obligatorios:

En el Derecho Comunitario apenas existen elementos de jerarquización. Los tratados sólo prevén el rango superior del derecho originario pero no establecen una jerarquía de normas dentro del derecho derivado. La enumeración de actos contenida en el artículo 254 del TCE ni es exhaustiva ni establece un orden entre los citados. Así, en el ordenamiento comunitario la elección entre un tipo u otro de acto no está vinculada a la diferencia de su grado de fuerza normativa sino a la función y a las finalidades que se persiguen, de forma que se produce una horizontalidad normativa.

En consecuencia, los distintos actos típicos obligatorios (reglamentos, directivas, decisiones) que integran el derecho derivado, cuando desarrollan directamente los tratados constitutivos, son fuentes autónomas que no están articuladas entre sí mediante una relación de jerarquía. El TJCE ha aportado, no obstante, un elemento de jerarquización, consistente en la distinción entre actos de base y actos de ejecución, en el sentido de que los segundos deben respetar las disposiciones establecidas en los primeros. El TPI utilizó expresamente en alguna ocasión el principio de jerarquía normativa para sentar la subordinación de los actos de alcance individual (una decisión en el caso concreto) a los de alcance general (un reglamento).

Además, al ser las Comunidades Europeas una comunidad de derecho, cada institución debe actuar dentro de sus límites, conforme a las competencias que tiene atribuidas, utilizando una base jurídica controlable por el TJCE y respetando el equilibrio institucional.

Los esfuerzos de la doctrina para ayudar a resolver la cuestión giran en torno a las propuestas de creación de la categoría de la ley comunitaria y de la distinción tajante entre un poder legislativo, compartido por el Consejo y el PE, y un poder ejecutivo, encarnado en la Comisión.

Con todo, es posible encontrar en las últimas revisiones de los tratados algunas aportaciones que sin resolver el tema de la jerarquía pueden servir para atenuar de alguna manera su inexistencia. En primer término, como señala Díez-Hochleitner, la extensión del procedimiento de codecisión se abre paso como un procedimiento general de carácter legislativo, con lo que se llegaría a una peculiar forma de reserva de procedimiento. En segundo término, dentro de los desarrollos del principio de transparencia efectuados también a partir de Maastricht y potenciados por el Tratado de Ámsterdam, las cuestiones relativas a la mejora de la calidad de la redacción de la legislación comunitaria pueden ser consideradas también como una forma indirecta de contribuir a la seguridad jurídica a través de la inteligibilidad de las normas.

- Los actos típicos de naturaleza no obligatoria:

Los dictámenes y las recomendaciones son actos de carácter no obligatorio por lo que no vinculan jurídicamente al destinatario y que suelen adoptarse cuando resulta prematura o inconveniente la acción comunitaria vinculante. El dictamen (que no debe confundirse con los que emite en función consultiva el TJCE) es más bien la expresión de una opinión sobre una cuestión concreta o un asunto determinado, y la recomendación (que no coincide con el acto obligatorio de igual nombre en la CECA) es un instrumento de acción indirecta, de alcance político indudable pese a su carácter no vinculante, que busca orientar y promover, no imponer, un comportamiento en un sentido determinado. Las recomendaciones están expresamente previstas en los tratados como medio de acción para asuntos específicos y emanan del Consejo, de la Comisión y del BCE.

- El régimen jurídico de adopción y publicación o notificación de los actos típicos:

De los principios de competencia de atribución y de legalidad comunitaria se deduce que sólo las instituciones que tienen expresamente atribuidos poderes en una base jurídica del tratado son competentes para adoptar actos típicos de derecho derivado y que deben respetar en su actuación como requisito de validez de los actos que adopten los procedimientos prescritos en las normas comunitarias. Si no hay limitación o determinación expresa en los tratados del tipo de acto que debe adoptarse, la institución puede recurrir discrecionalmente a una u otra forma (reglamento, directiva, decisión) en la regulación de una materia. El Tratado CECA, sin embargo, generaliza la facultad de elección, ya que el artículo 14 permite a la Comisión, cuando está habilitada para tomar una decisión, a limitarse a formular una recomendación; por otra parte, se da preferencia a la directiva como instrumento normativo.

El artículo 253 del TCE exige que los reglamentos, directivas y decisiones estén motivados, incluso cuando sean adoptados por el BCE, y que se refieran a las propuestas o dictámenes preceptivamente recabados en aplicación del tratado. El Tribunal de Justicia considera la motivación como un requisito esencial, de alcance muy superior al meramente formal, al imponer a la Comisión la obligación de motivar sus decisiones.

La ausencia o insuficiencia de motivación constituye vicio grave de procedimiento y causa de invalidez del acto.

Los actos irán encabezados por el título Reglamento, Directiva o Decisión, según proceda, seguido de un número de orden, la fecha de su adopción y la indicación de su objeto; a continuación se insertará la fórmula "El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea" o la fórmula "El Consejo de la Unión Europea", según el caso, la indicación de las disposiciones sobre la base de las cuales se haya adoptado el acto, precedidas de la palabra "Visto", las menciones relativas a las propuestas presentadas y a los dictámenes recabados, la motivación, precedida de la fórmula "Considerando lo siguiente:", numerándose los diferentes considerandos y la fórmula "Han/Ha adoptado el presente Reglamento (Directiva)" o "Decide/n" seguida de la parte dispositiva. Los actos se dividirán en artículos, que pueden agruparse en capítulos y secciones; el último artículo irá seguido de la referencia a su aplicabilidad y de la fórmula "Hecho en..." seguida de la fecha de adopción. Finalmente, se insertarán las fórmulas "Por el Parlamento Europeo. El Presidente" y "Por el Consejo. El Presidente" seguidas de los nombres de las personas que ocupan esos cargos en el momento de la adopción del acto.

El Tratado exige para la entrada en vigor de los reglamentos su previa publicación en el DOCE, serie L (Legislación), capítulo “Actos cuya publicación es condición para su aplicabilidad”. El Reglamento debe publicarse en todos las lenguas oficiales de la UE.

Las directivas surten efectos, sin embargo, desde el momento de la notificación, que realiza por escrito el Secretario General del Consejo al destinatario, salvo que hayan sido adoptadas por el procedimiento de codecisión o tengan como destinatarios a todos los Estados miembros, pues en ambos casos la directiva deberá ser publicada en el DOCE. Es habitual, no obstante, que todas las directivas se publiquen en el DOCE a efectos de mera información, salvo decisión contraria del Consejo o del Coreper.

La decisión surte efectos a partir de la notificación al destinatario, efectuada en igual forma que las directivas, salvo que haya sido aprobada por codecisión, en cuyo caso debe ser publicada en el DOCE.

Los reglamentos que adopte el BCE serán publicados en el DOCE. El propio BCE puede decidir hacer públicas sus decisiones, recomendaciones y dictámenes, lo que permite deducir que el régimen jurídico para la entrada en vigor de estos actos es el de la notificación.

La entrada en vigor de todos los actos a los que los tratados exigen la publicación en el DOCE se produce en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación. En todos los demás casos, la entrada en vigor se produce con la notificación al destinatario.

El Tribunal de Justicia, excepcionalmente, no excluye ciertos efectos retroactivos, dependiendo del objetivo perseguido por el acto comunitario y de sus características.

Tras su entrada en vigor, los actos típicos gozan de la presunción de validez, y los que imponen obligaciones pecuniarias a personas distintas de los Estados constituyen títulos ejecutivos con sujeción a las reglas procesales de los Estados miembros, con la sola exigencia de comprobación de su autenticidad por la autoridad nacional.

- Los actos atípicos: Concepto y clases:

Los actos atípicos, también calificados por algunos autores de actos innominados, son aquellos actos de las instituciones u órganos comunitarios, de naturaleza diversa, que no se encuentran sistematizados en los tratados en cuanto a su denominación, alcance ni estructura.

A pesar de su atipicidad, pueden clasificarse en dos grupos de actos:

  • Internos: Como tal se conceptúan:

  • Los que afectan al funcionamiento de las instituciones u órganos comunitarios y constituyen la manifestación genuina de su poder de autoorganización. También se incluyen en esta categoría las circulares, instrucciones de servicio y en general todos los actos de organización interna.

  • Los actos preparatorios (propuestas de la Comisión) o las recomendaciones dirigidas por el Consejo a la Comisión para la negociación de un tratado, o los programas generales que las instituciones deben adoptar en previsión de algún precepto de los tratados, salvo que estén sujetos a un procedimiento decisorio típico.

  • “Sui generis”: Esta categoría incluye las decisiones previstas en diversos artículos de los tratados con características distintas a las de las decisiones típicas del artículo 249 del TCE. Algunas son de gran transcendencia y ocupan en el ordenamiento jurídico comunitario una posición superior a la de los actos típicos de derecho derivado: Así las decisiones que modifican o adaptan por procedimientos puramente comunitarios no agravados los tratados o aprueban las disposiciones relativas al sistema de recursos propios de la Comunidad. Asimismo, por actos de naturaleza atípica, con la denominación de decisiones y reglamentos, interviene el Consejo en el proceso de celebración de acuerdos internacionales, ya aprobándolos internamente o autorizando su firma.

También se califican de actos “sui generis” a los no previstos en los tratados y que han ido cristalizando en la práctica comunitaria con nombres diversos. En este sentido, conviene recordar la frecuencia con que el Consejo aprueba resoluciones sobre materias determinadas fijando los principios de actuación de la Comunidad, o se efectúan declaraciones por parte de una institución. De gran importancia son asimismo las frecuentes comunicaciones de la Comisión en las que precisa los criterios que seguirá en la actuación en una materia determinada. En la práctica comunitaria también han surgido declaraciones conjuntas o comunes de varias instituciones y, posteriormente, los acuerdos interinstitucionales, actos que son convencionales y constituyen una manifestación de la cooperación institucional del PE, el Consejo y la Comisión sobre materias concretas. Estos actos convencionales revisten diversas formas, desde el acuerdo no escrito o informal, o la declaración firmada conjuntamente hasta el acuerdo interinstitucional propiamente dicho, de naturaleza solemne, y permiten a las instituciones articular sus relaciones recíprocas con cierta flexibilidad. La naturaleza jurídica y obligatoriedad de los acuerdos interinstitucionales es muy controvertida en la doctrina; el TJCE parece inclinarse por concebir este tipo de acuerdos como manifestaciones de una coordinación voluntaria entre las instituciones, sin que estén destinados en si mismos a producir efectos jurídicos.
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