Resumen # 28

El Gobierno español suspendió por tiempo indefinido la exportación de material antidisturbios a Venezuela, "ante la espiral de violencia que vive el país desde principios de febrero", informó el diario español El País en su página web. 

La decisión fue adoptada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) –en la que están representados los departamentos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Comercio o Hacienda– el pasado 6 de marzo, pero no se ha hecho pública, resalta el rotativo madrileño. 

La Iglesia Católica venezolana acusó el miércoles al Gobierno de Nicolás Maduro de querer implantar un régimen "totalitario" y lo responsabilizó de generar el descontento que desató la mayor ola de protestas antigubernamentales en la última década, lo que sumado a la presión de la comunidad internacional, pudo motivar la decisión de Madrid. 

En todo caso, se trata de la primera reacción oficial de este tipo que toma un gobierno extranjero tras el inicio de las protestas en febrero pasado. España aplicó una medida similar contra Egipto en julio de 2013 a raíz de la represión policial a manifestantes luego del golpe de Estado que derrocó el Gobierno de los Hermanos Musulmanes. 

 "Se trata de una medida unilateral", reconocieron fuentes diplomáticas a El País, ya que hasta ahora no existe ningún embargo internacional a Venezuela. Sin embargo, "la JIMDUU evalúa una serie de criterios a la hora de autorizar las ventas de material militar, policial o de doble uso y uno de ellos alude a situaciones de inestabilidad interna y a la posibilidad de que este pueda ser empleado para la represión".

Según un informe de Amnistía Internacional (AI), desde el inicio de las protestas hasta el 27 de marzo, han muerto al menos 37 personas y más de 550 han resultado heridas, 120 de ellas por armas de fuego. El balance del gobierno venezolano es de 39 muertos.

Además, según datos de la fiscalía general, también hasta el 27 de marzo, fueron detenidas 2.157 personas durante las protestas, la mayoría de la cuales "han sido liberadas pero continúan enfrentando cargos".

En 2012, el gobierno venezolano compró material policial de fabricación española por 449.624 euros, correspondientes a "despieces inertes para fabricar artificios pirotécnicos no letales, aerosoles de defensa con pulsador y retardos". Las operaciones autorizadas sumaron 1,69 millones. Los compradores fueron las Fuerzas de Seguridad, citaba el diario. 

Los tres principales destinos de las exportaciones españolas en el primer trimestre de 2013 fueron China, con 16,0 millones de euros (24,6%), Irán, con 14,4 millones de euros (22,1%), y Rusia, con 7,6 millones de euros  (11,7%). Las exportaciones restantes correspondieron a 47 países, según los datos del Ministerio de Economía y Competitividad español. 

Informe contundente
El director de AI España Esteban Beltrán, aseguró que el "gobierno, los líderes de la oposición y los líderes de la sociedad civil venezolana deben promover entre sus simpatizantes el ejercicio de sus derechos a la reunión y la asociación de forma pacífica". 

"El Gobierno ha sido ambivalente en sus declaraciones y la oposición tampoco ha hecho un llamado claro a sus simpatizantes a que salgan a protestar de forma pacífica", insistió, por su parte, García esta semana. 

Beltrán, que consideró "desmesurado" hablar de conflicto civil, destacó la necesidad de establecer "un plan de diálogo nacional" entre todas las partes para superar la situación actual.

El "ciclo de violencia no se superará si no hay rendición de cuentas" y por eso es necesario que las autoridades investiguen "de manera exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de asesinatos, torturas, tratos inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza", afirmó el director de AI España.

AI se mostró satisfecha por el compromiso en ese sentido de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, quien comunicó a la organización de derechos humanos que en algunos casos ya se había ordenado la detención de funcionarios de las fuerzas del orden por su presunta participación en hechos denunciados.

El informe de AI concluye con un llamamiento a la comunidad internacional y "particularmente a los países vecinos de la región" para "fomentar soluciones respetuosas de los derechos humanos y promover el diálogo".