El proyecto educativo liberal-revolucionario-popular
La Revolución Mexicana exacerbó la confrontación ya iniciada desde el siglo XIX entre la concepción escolástica, tradicionalista y católica y la interpretación liberal de las finalidades de la educación superior. La concepción escolástica era representada por los sectores de la jerarquía católica y los más conservadores de la sociedad que realizaron continuos esfuerzos a lo largo del siglo XIX por mantener la presencia de la universidad real y pontificia, clausurada por primera vez mediante un decreto de Valentín Gómez Farías en octubre de 1833.
Esos esfuerzos se concretaron en la reapertura de 1834 por disposición de Santa anna en reacción a los "excesos" liberales; más tarde, en 1558 ante el cierre decretado por Ignacio Comonfort el año anterior, el gobierno interino de Félix zuloaga decreta una vez más la restauración de la universidad colonial. En enero de 1861 Juárez la cierra por tercera vez, para ser reabierta y vuelta a clausurar en 1865, por parte de Maximiliano. En 1872 el Papa Pío IX, concede al Colegio Seminario de México la facultad de otorgar grados académicos, ante las gestiones del arzobispo de México, Dr. Pelagio Antonio de Labastida, cosa que no puede concretarse ante la expulsión de los jesuitas del país.
Pero la iglesia y los sectores conservadores de la sociedad mantenían su proyecto educativo y en 1895, el arzobispo de México, Dr. Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera consigue del Papa León XIII la erección de la nueva Pontificia Universidad de México para conferir grados académicos en la Facultades de Teología y Derecho Canónico. La diferencia entre esta y la universidad colonial quedaba marcada en el discurso inaugural del presbítero Dr. Manuel Solé sobre el sentido de la nueva universidad: "La antigua universidad mexicana, la de Carlos V, fue hija de la universidad de Salamanca... La nueva universidad que hoy solemniza su inauguración es hija de la universidad gregoriana establecida en la ciudad eterna (Roma)".
La otra concepción, liberal, laicista y cientificista, nacida en los primeros años del propio siglo XIX, había tenido sus primeras expresiones en la provincia mexicana con la creación de los institutos científicos y literarios, establecidos por lo liberales en el marco de la euforia independentista que motivaba a la apertura de nuevas instituciones educativas con una orientación no clerical y como reacción frente a la expulsión de los jesuitas y la necesidad de mantener la actividad de sus Colegios Mayores.
Estos institutos -la mayor parte de ellos instalados en los edificios de los antiguos colegios jesuitas-, fueron creados a partir de 1929 como instituciones académicas con el propósito de promover una formación enciclopédica profunda que recogiera los elementos más representativos de la concepción moderna y positivista del mundo. La historia de los institutos científico-literarios es irregular y registra los vaivenes de la política de la época, ya que eran continuamente cerrados, si no por conflictos que los involucraran directamente como objetivos a atacar, si al menos porque continuamente sus instalaciones eran ocupadas como cuarteles de las distintas facciones en pugna.
La Revolución Mexicana, como momento de la historia nacional, ha sido caracterizada por Arnaldo Córdova![[mct 287]](16340_html_64e070dd.gif) en términos de unarevolución política, la que a diferencia de una revolución social, no transformó radicalmente el sistema de relaciones de propiedad; sino que tan sólo significó la abolición de un modo de ejercicio del poder: Según él, esta fue principalmente de una modificación en las formas de apropiación y explotación de la tierra. 
Igualmente, según Córdova, tampoco se trató de una revolución popular y obrera. Campesinos y obreros, pero principalmente campesinos, fueron sus actores pero ni unos ni otros fueron los triunfadores. Quienes consumaron la revolución fueron las clases medias rurales y urbanas: ni Villa, ni Zapata, ni los Flores Magón, sino Madero y Carranza. Esta clase media aspiraba a un desarrollo capitalista independiente, y sólo fue sensible a plasmar en la constitución las banderas de los movimientos campesino y obrero, en la medida en que ello contribuía a evitar el estallido social contra el modelo capitalista de desarrollo que se venía impulsando, en lo fundamental y no sin diferencias, desde la época juarista.
Por su extracción de clase, los sectores medios que arribaron al poder con la revolución, impusieron un modo de ejercicio del poder entre oligárquico y populista. En los sucesivos gobiernos posrevolucionarios se integran caudillos militares, antiguos intelectuales y funcionarios del régimen derrumbado, líderes obreros, caudillos regionales, algunos caudillos campesinos, etc. Esto es, asume el poder no una clase social o un sector de clase, sino una amalgama de intereses por conciliar, lo que instaura una práctica del poder fundada en la represión-concesión-negociación-convenio, aunque prevaleciendo siempre la lógica del poder. Una práctica siempre en busca de equilibrios que garantizaran el propio poder a través del de los otros. En síntesis un Estado corporativo y autoritario que consigue derrotar a aquellos: aristócratas, terratenientes o miembros del clero dueños de tierras y riquezas ociosas, que definitivamente no jugaban ya ningún papel en el nuevo modelo capitalista de acumulación.
Todo esto explica que no haya al inicio un proyecto claro para el impulso a la educación superior en elpaís, toda vez que el papel educador del Estado que se había asumido se contaminaba con las exigencias de conciliación-concesión que los compromisos asumidos por el gobierno con los distintos sectores y clases sociales imponían. Pero lo que sí se tenía muy claro por parte de los revolucionarios era que la universidad y la intelectualidad que en ella se formaba, no se encontraban entre los sectores sociales comprometidos con la revolución, Carrillo Flores lo expresa muy bien cuando al preguntarse "¿La Revolución no tenía ningún interés fundamental que defender en la educación universitaria? Da cuenta de la poca confianza que tenían los que él llama "los hombres de 1917", en la institución universitaria, así como del hecho de que ellos consideraban que el motivo central de la reforma educativa no era la educación universitaria sino la popular y por ello en ocasión de la ley universitaria de 1929, consideraban que era "necesario capacitar a la universidad nacional de México dentro del ideal democrático revolucionario".
El elemento más identificable y más importante de la concepción liberal de la educación superior en esa época, era el proyecto de una universidad nacional; impulsada desde el siglo XIX por diferentes personalidades, tiene en la propuesta presentada por Justo Sierra al congreso de la República en 1885, su versión más acabada.
En ese proyecto, Justo Sierra reivindica la necesidad de una orientación liberal y positivista en los estudios superiores, tanto como la orientación democrática que él advierte en los sistemas alemanes al promover una institución independiente del Estado.
Sin embargo es hasta ya entrado el siglo XX, en 1910 que los liberales consiguen la fundación de la Universidad Nacional de México. Porfirio Díaz, que acababa de ser reelecto presidente, publica en el Diario Oficial del 18 de junio de 1910, el siguiente bando: "Se instituye con el nombre de Universidad Nacional de México un cuerpo docente cuyo objeto primordial será realizar en sus elementos superiores la obra de la educación nacional... " quedando constituida por las escuelas nacionales Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, De bellas artes y de Altos Estudios.
Como proyecto liberal, la Universidad Nacional representaba la reivindicación de complementar y reforzar la formación científico-positivista promovida en los Institutos Científicos y Literarios con la enseñanza de las humanidades y la filosofía que el positivismo porfiriano descalificaba como especulativas y conocimiento falto de valor en tanto que no procede de la directa subordinación de la imaginación a la observación.
Efectivamente, Justo Sierra, en su discurso inaugural declaraba la necesidad de aunar el nuevo espíritu filosófico de la institución con las conquistas de la ciencia. Decía: "La universidad no podrá olvidar, a riesgo de consumir, sin renovarlo, el aceite de su lámpara, que le será necesario vivir en íntima conexión con el movimiento de la cultura general; que sus métodos, que sus investigaciones, que sus conclusiones no podrán adquirir valor definitivo mientras no hayan sido probados en la piedra de toque de la investigación científica que realiza nuestra época, principalmente por medio de las universidades. La ciencia avanza, proyectando hacia adelante su luz, que es el método, como una teoría inmaculada de verdades que va en busca de la verdad; debemos y querremos tomar nuestro lugar en esa divina procesión de antorchas.... Más la nueva Universidad para merecer el epíteto de Nacional, no ha de ser una simple productora de ciencia, una intelectualizadora que sólo sirve para formar cerebrales, un adoratorio en torno al cual se formase una casta de la ciencia, cada vez más alejada de su función terrestre, del suelo que la sustenta e indiferente a las pulsaciones de la realidad social que la circunda.... "
Este proyecto de comunidad científica y filosófica reclamaba desde el principio la más amplia autonomía. Pero en tanto que nace como un interés del Estado, Decía Justo Sierra en su discurso inaugural, (la universidad) ...debe recibir su protección y apoyo, debe nutrirla y aportarle cuanta protección le sea necesaria, sobre todo en lo financiero, político y moral, pero el Estado no debe, como antaño ejercer la tutela sino la patria potestad sobre la educación superior... El Estado tiene una alta misión política, administrativa y social; pero en esa misión misma hay límites, y si algo no puede ni debe estar a su alcance, es la enseñanza superior, la enseñanza más alta. la enseñanza superior no puede tener, como no tiene la ciencia, otra ley que el método; esto será normalmente fuera del alcance del gobierno..."
Entre 1910 y 1933 se mantuvo la confrontación entre la intelectualidad agrupada en la nueva institución y los gobiernos surgido de la revolución, respecto de la autonomía universitaria, ya que, desde la perspectiva del gobierno ello significaba la creación de un Estado dentro del Estado; significaba otorgar a la universidad el derecho a tomar distancia respecto del proyecto revolucionario. En las sucesivas leyes orgánicas que en ese periodo tuvo la institución, nunca se plasmó una autonomía absoluta. En todas ellas incorporaron siempre instancias de poder dependientes del gobierno y con capacidad de decisión sobre los asuntos universitarios.
Un paso más decisivo, respecto de la autonomía de la institución, fue la Ley de 1929 que, como resultado de la huelga en la Facultad de jurisprudencia con motivo de la modificación del régimen de exámenes, proclamaba la autonomía de la institución, pero manteniendo: a) la obligación de rendir informe anual al gobierno y la atribución del gobierno para crear escuelas y dependencias universitarias al margen del consejo; b) presencia de un delegado de la secretaría de educación pública al interior del consejo universitario y derecho de veto del presidente respecto de las decisiones del consejo y, sobre todo, c) la atribución del presidente de la república para designar la terna de candidatos con base en la cual el consejo universitario nombraría rector.
A propósito de la promulgación de esta ley, su autor, el presidente Emilio Portes Gil declaraba a la prensa: "La revolución ha puesto en manos de la intelectualidad un precioso legado, la autonomía de la universidad; si fracasa, la casa de estudios se le dará al obrero" , dejando en claro que la autonomía no era un interés del gobierno, tanto como la desconfianza y recelo frente a la actitud distante de la intelectualidad mexicana respecto del movimiento revolucionario y sus fines.. Asimismo, la exposición de motivos de dicha ley, expresa que : " ... es un principio de los gobiernos revolucionarios, la creación de instituciones democráticas funcionales que, debidamente solidarizadas con los principios y los ideales nacionales y asumiendo responsabilidad ante el pueblo, queden investidas de atribuciones suficientes para el descargo de la función social que le corresponde ... Es necesario capacitar a la Universidad Nacional de México dentro del ideal democrático revolucionario para cumplir los fines de impartir una educación superior, de contribuir al progreso de México en la conservación y desarrollo de la cultura mexicana, participando en el estudio de los problemas que afectan a nuestro país, así como el de acercarse al pueblo por el cumplimiento eficaz de sus funciones generales y mediante la obra de extensión educativa..." 
En su exposición de motivos, la Ley de 1933 asentaba: "... para borrar la posibilidad de que los errores y desviaciones de la vida universitaria se atribuyan a las influencias del poder público, y para dejar al mismo tiempo en manos de los universitarios los elementos con que cuenta la universidad, junto con las responsabilidades inherentes a su manejo... entrega el gobierno de la institución, la definición de sus normas y derroteros y las oportunidades de purificarse y reencauzarse a quienes por una parte dudan del Estado y por la otra, manifiestan contar con reservas morales y con vitalidad suficiente para orientarse por si mismos ... abriendo así, también, una última oportunidad a quienes fincan su ideal en el manejo autónomo de la institución, el gobierno de la República no renuncia a ninguno de los derechos que tiene como representante legítimo de la Nación, derechos que a la vez constituyen sagrados deberes para él, y sabrá abordar nuevamente la cuestión si los universitarios mexicanos demostraren en definitiva que no están capacitados para salvar los destinos de su institución."
El espíritu de la Ley dejaba en claro que el gobierno se desentendía de los destinos de la institución y por tanto retiraba a ésta su carácter de Universidad Nacional, lo que significaba retirar el soporte económico (la ley otorgaba, por única vez una aportación de diez millones de pesos al patrimonio universitario). Por su parte, el gobierno asumía que su proyecto educativo era otro, ligado éste sí a los fines del proyecto revolucionario; Narciso Bassols, Secretario de Educación Pública, en esa misma sesión del congreso para aprobar la Ley, declaraba que el Estado se reservaba el derecho de impartir educación de naturaleza técnica y el de establecer otros institutos de tipo superior, si así lo consideraba necesario.
Manuel Gómez Morín asumió en esas condiciones la rectoría de la universidad para encabezar el intento de sobrevivencia de la institución sin el respaldo económico del gobierno. Gómez Morín no consiguió resolver el conflicto por la orientación socialista y un año después, con motivo de una huelga en su contra, hubo de renunciar. En noviembre de 1934 fue designado rector el Dr. Fernando Ocaranza, quien no tuvo más remedio que dar pasos hacia un nuevo acercamiento con el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas ante el deterioro de la institución provocado por la renuncia (en 1935) de un amplio grupo de catedráticos afines al espíritu pro-socialista de la reforma al artículo tercero constitucional en 1934.
Ya para 1938, tanto el gobierno había asumido el respeto del Estado a la libertad de cátedra en la institución, como la comunidad universitaria había abandonado su actitud de distanciamiento respecto de los proyectos sociales del gobierno revolucionario. En ese año, la comunidad universitaria da un franco respaldo a la expropiación petrolera, con una multitudinaria manifestación estudiantil en las calles de la ciudad.
La universidad vivió un periodo de relativa calma bajo los rectorados del Dr. Gustavo Baz (1938-1940), quien abandonó el puesto al ser designado Secretario de Salubridad y Asistencia al asumir la Presidencia de la República el Gral. Manuel Ávila Camacho, lo sustituyó el Lic. Mario de la Cueva, quien con base en los nuevos subsidios federales y las cuotas estudiantiles había logrado para 1942 una importante modernización de la Universidad.
Entre 1942 y 1944, sobrevino un nuevo episodio de confrontación entre el proyecto autonomista y cientificista de Rudolfo Brito Foucher y el más humanista y comprometido con el proyecto revolucionario de Salvador Azuela. El conflicto llegó, además del derramamiento de sangre, al extremo de tener dos rectores en funciones. La intervención del presidente Ávila Camacho, a través de una Junta de ex-rectores produjo la designación de un nuevo rector: Alfonso Caso, destacado jurista y arqueólogo, quien de inmediato procedió a la elaboración de un proyecto de nueva Ley Orgánica. La nueva ley, aprobada por el congreso el 30 de diciembre de 1944, definía a la institución como "una corporación pública -organismo descentralizado del gobierno- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura". Quedando así zanjada la distancia frente al Estado, lo que permitía a la institución recuperar su carácter nacional y el apoyo económico y político del gobierno.
Al interior del país, el proyecto socialista en educación superior, encontró un decidido impulso por parte de algunos gobernadores de los Estados, como en los casos de Michoacán, Durango, Jalisco y Nuevo león. Sin embargo, el proyecto enfrentó, y acabó sucumbiendo ante ella, la resistencia de la comunidad universitaria y de los sectores clericales y conservadores en dichos Estados.
En ese mismo marco de las acciones educativas de inspiración socialista, el general Lázaro Cárdenas impulsó la creación del Instituto Politécnico Nacional como respuesta a las necesidades de la formación de un proletariado moderno, eficiente y comprometido con las ideas de la Revolución Mexicana y ante la falta de compromiso de los universitarios con las tareas de la nueva sociedad.
En su informe de gobierno, el 1º. de septiembre de 1935, el Gral. Lázaro Cárdenas decía: "La secretaría de Educación Pública está por terminar ... el estudio que organiza el establecimiento de la Escuela Politécnica, cumplimentándose así el Plan Sexenal en lo relativo a que debe darse preferencia a las enseñanzas técnicas que tiendan a capacitar al hombre para utilizar y transformar los productos de la naturaleza a fin de mejorar las condiciones materiales de la vida humana". Con este propósito, el Congreso de la Unión, al aprobar el presupuesto de egresos para 1936, incluyó en el ramo XI, relativo a la educación pública, una partida para la contratación de maestros y adquisición de equipos para el Instituto Politécnico Nacional.
La creación del IPN era un proyecto que claramente rompía con la tradición dominante en educación superior en el país, esto en varios sentidos: era un Instituto, no una universidad, el instituto era la opción europea que significaba difusión y creación de la ciencia: Producción de conocimiento y no-reproducción de ideas fijas. Un instituto Politécnico, por lo tanto una institución dedicada a la formación de cuadros profesionales, para el trabajo en la moderna industria maquinizada y tecnificada y no a la reproducción y conservación de una cultura superior aislada de la práctica económica. Un instituto Nacional, lo que dejaba claro el compromiso con la nación y con los ideales de las concepciones de la modernidad, aunque en su vertiente socialista. 
La creación del IPN, tiene lugar el año de 1937, aunque no fue producto de un decreto o ley, simplemente con base en la autorización del presupuesto y los acuerdos entre el presidente de la república y su secretario de Educación Pública, relativos al funcionamiento del Instituto, se iniciaron las labores de incorporación de escuelas y de integración de la planta docente.
En enero de ese año, mediante una ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, se inauguraron los cursos del IPN. En ese momento la institución integraba dos grupos de escuelas, el primero estaba formado por el conjunto de escuelas, dispersas en todo el territorio nacional, integradas en el sistema llamado Institución Tecnológica y que estaban dedicadas a la formación técnica para el trabajo, tales como: la Escuela de Preaprendizaje, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Artes y Oficios nocturna, anexa
al Instituto Técnico Industrial, las Escuelas Federales de Industrias Textiles 1 y 2, la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas en el Distrito Federal; la sección industrial para varones de la Escuela Industrial de Puebla, la Escuela Industrial en Culiacán, la sección industrial para varones de la Escuela Industrial de Tuxtla Gutiérrez, y la sección industrial para varones de la Escuela Industrial en Campeche; la Escuela Superior de Construcción, las Escuelas de Maestros Técnicos del Instituto Técnico Industrial y la anexa a la de Ingenieros Mecánicos y Electricistas; la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Escuela Comercial "Miguel Lerdo de Tejada" para mujeres, la sección comercial de las Academias 2, 3 y 4, la sección comercial de la Escuela de Guadalajara y la sección comercial de la Escuela de Hermosillo; la Academia número 1, Costura y Confección, la sección industrial de las Academias números 2, 3 y 4, las secciones industriales de las escuelas de Hermosillo, Puebla, Guadalajara, Campeche y Tuxtla-Gutiérrez; así como las Escuelas Prevocacionales, Vocacionales y las Preparatorias Técnicas ubicadas tanto dentro como fuera del Distrito Federal.
El segundo grupo lo integraban escuelas de investigación y formación de profesionales ubicadas en el Distrito Federal, como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Nacional de Medicina Homeopática,. Para 1939, el IPN tenía una matrícula de 21,000 alumnos. 2,486 en el nivel de profesional, 7,002 en las escuelas vocacionales y el resto en las prevocacionales y técnicas. (Cfr. León Pérez, Enrique. Instituto Politécnico Nacional. Origen y evolución histórica. IPN, 197. Pags. 25-51)
La orientación y finalidades del IPN quedaban remarcadas en el informe de Gobierno de 1940, en donde el Gral. Cárdenas señalaba: " ...para cumplir con una de las tareas imperativas de la Revolución, fue creado en 1937, el Instituto Politécnico Nacional, donde el alumnado, además de aprender artes y oficios, estudia carreras profesionales y subprofesionales, se capacita técnica y científicamente para intervenir en el proceso de producción y se forman especialistas en distintas ramas de investigaciones científicas y técnicas, llamadas a impulsar la economía del país, mediante una explotación metódica de nuestra riqueza potencial ... el papel del Instituto Politécnico Nacional en la vida educativa y productiva de México, es de enorme trascendencia; en el futuro está llamado a ser la institución de enseñanza profesional técnica que mejor responda a las necesidades nacionales para la formación de profesionistas, maestros, obreros y técnicos en general. Su prestigio y eficacia han alejado ya a muchos cientos de jóvenes de las carreras liberales para derivarlos a las que imparten en sus aulas..."
La creación del IPN puede ser vista como el inicio de la construcción del sistema de educación tecnológica en el país. A partir de ese modelo las nuevas instituciones de enseñanza técnica acusan también una innegable presencia del Estado y su proyecto revolucionario, orientándose al cumplimiento de finalidades sociales, tales como: Atención a la demanda de educación de los distintos sectores sociales; formación de cuadros profesionales para el desarrollo nacional; democratización en el acceso al conocimiento; y la defensa de la soberanía y la identidad nacionales. 
Con estas acciones, dice Olac Fuentes , el gobierno cardenista convertía la distancia frente a la comunidad universitaria en hostilidad. Cárdenas intentaba impulsar una alternativa a esa "institución de importancia secundaria y fuente de escandalosas molestias -según palabras del propio Gral. Cárdenas- a la cual había que soportar y dejar subsistir"; creando otro tipo de institución que partiera de una definición distinta del saber necesario y que respondiera a las exigencias tanto del proyecto revolucionario, como de la industrialización y de la modernización.
El IPN, además de ser el espacio adecuado para la formación y reclutamiento de los cuadros técnicos necesarios a la industria, combatía el carácter elitista de aquella, mediante la promoción del acceso de los hijos de los trabajadores a los estudios superiores.
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