Su objetivo es el de obtener un compromiso político renovado de la comunidad internacional en favor del desarrollo sostenible, en función de los acuerdos
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   En junio de 2012 se realizará la próxima “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo”, más conocida como Rio+20.Su objetivo es el de obtener un compromiso político renovado de la comunidad internacional en favor del desarrollo sostenible, en función de los acuerdos alcanzados y los compromisos asumidos en la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo” celebrada en 1992 en Río de Janeiro. En Río + 20 se evaluarán los avances logrados hasta el momento y las lagunas que aún persisten en la aplicación de los acuerdos logrados en las principales Conferencias en materia de desarrollo sostenible, haciendo frente a las nuevas dificultades y desafíos emergentes. Uno de los principales ejes de la discusión de Rio + 20 será la promoción de una economía verde, uno de los nuevos conceptos surgidos en los últimos años para alcanzar una sinergia en las áreas social, económica y ambiental, los tres pilares del desarrollo sostenible.En el contexto internacional, pautado por la crisis financiera global, no hay todavía una definición clara y consensuada de sus principales elementos. De todos modos, podemos hablar de una economía verde como un conjunto de políticas que tienen como objetivo la reducción de la brecha entre la economía y el medio ambiente. En la reunión organizada en febrero por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la ciudad de Nairobi, un importante número de países expresó su preocupación respecto a la imposición de trabas comerciales en el marco de una economía verde, con el pretexto de ecologizar la economía. En ese encuentro también se manifestó la incertidumbre sobre las consecuencias de una política de derechos de propiedad intelectual que afecte negativamente la transferencia de tecnologías y asistencia técnica, necesarias para la ayuda a los países en vías de desarrollo. Para nosotros, la definición debe incluir la mejora del bienestar humano y la equidad social, la significativa reducción de los riesgos ambientales, así como la puesta en valor de los residuos a través de políticas de gestión sostenible. Debe tener como base el crecimiento socio económico de los países pobres o en desarrollo, la erradicación de la pobreza y la creación de empleo, promoviendo una visión de desarrollo socio económico para las soluciones de los problemas ambientales. Debe promover la conservación y restauración de los recursos naturales en la medida que estos tienen, además de su valor ambiental intrínseco, otros valores para satisfacer las necesidades y demandas básicas humanas. Debe tener en cuenta las diferencias entre los países en términos de contribuciones y responsabilidades históricas en la degradación ambiental, basándose en el principio de que las responsabilidades son comunes, pero diferenciadas según el papel jugado históricamente. El concepto de una economía verde debería incluirse entre los objetivos del milenio, como una de las prioridades de desarrollo acordadas por la comunidad internacional en los ámbitos económico, social y ambiental y se traducen en metas específicas que los estados miembros deben cumplir para los próximos años.Para nuestro país, los objetivos del milenio plantean entre otros, la necesidad de incorporar los principios del desarrollo sustentable en las políticas y programas nacionales, revertir la pérdida y la degradación de los recursos ambientales, y reducir el porcentaje de personas que carezcan de acceso sustentable al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento. Los informes sobre los avances en la evolución de estos objetivos muestran que la mayoría de los indicadores arrojan una evolución positiva de sus valores. Se destacan avances en materia de ordenamiento territorial y en la gestión de los recursos hídricos, del desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y de la institucionalidad en materia de cambio climático. La matriz energética nacional está siendo orientada al desarrollo de energías renovables, y una primera meta establece el compromiso de que la mitad del suministro energético del país provenga de fuentes energéticas renovables, y se reduzca el consumo de combustibles fósiles en un 15%. Si bien la cobertura y el acceso al agua potable por parte de nuestra población alcanza el 98%, la meta es de lograr un 100% de cobertura a nivel nacional, así como mejorar e incrementar la capacidad de los sistemas de saneamiento. Pero no todo está resuelto. Uruguay se encuentra además en un contexto nacional e internacional que ha sido favorable para un importante incremento del número e intensidad de actividades en diversos sectores de desarrollo, como el productivo y de servicios, que si bien han significado un aumento en los ingresos económicos, plantean la necesidad de una articulación entre los principales actores políticos para definir las políticas ambientales.El desarrollo socio económico plantea nuevos desafíos vinculados a los habitantes de las ciudades, donde existe una estrecha relación entre la calidad de vida y algunas cuestiones ambientales, y donde se hace necesario trabajar en la afectación que deriva de aspectos como los residuos sólidos y líquidos.En áreas rurales, el sector agropecuario ocupa el 90% del territorio, y sus actividades ejercen presión sobre los recursos naturales, afectando el agua, los suelos y la biodiversidad, determinada actualmente por la intensificación y expansión de la agricultura, la forestación, y la producción ganadera intensiva, así como por su integración con el sector industrial, caracterizado por emprendimientos de gran escala, en sus sectores de la celulosa y la actividad minera de gran escala y de nuevo tipo.En el sector costero marítimo, se presentan inversiones para el desarrollo turístico, urbano e incluso industrial con posibles avances en el área petrolera, que presionan sobre las actividades y recursos de la pesca. A este incremento de actividades económicas se asocia también un incremento de los volúmenes y tipos de residuos que se suman a los residuos urbanos en el requerimiento de un tratamiento que les ponga valor. Para dar respuesta a la demanda asociada de servicios que este aumento de actividades y emprendimientos trae aparejada, se requiere a su vez, el desarrollo de la logística necesaria, y por lo tanto del desarrollo portuario y de la infraestructura vial y de transporte correspondiente. Cerca de un 50% de las mercaderías arribadas al puerto de Montevideo lo hacen en tránsito, consolidando la visión del país en su carácter de polo logístico regional. Esta nueva realidad genera nuevos compromisos y desafíos de gestión para la gobernanza en medio ambiente en términos de implementar una planificación ambiental integrada y acorde a las políticas sociales y económicas.Se trata de mejorar y avanzar en las capacidades institucionales y en la construcción de instrumentos para el monitoreo y la evaluación ambiental, la regulación y el control de las actividades, para el ordenamiento del territorio, la gestión de los recursos hídricos, la promoción el uso y la conservación de la biodiversidad, la búsqueda de soluciones a los problemas ocasionados por el cambio climático y la variabilidad, y en generar capacidades e instrumentos para la gestión de toda materia ambiental. Se trata también de avanzar en la ingeniería del control del desempeño ambiental de las empresas, aumentando el universo de las empresas evaluadas, así como promover el compromiso empresarial de hacerse responsable del tratamiento de los residuos generados por el desarrollo de sus actividades. También se trata de mejorar la articulación entre instituciones para incorporar el concepto de desarrollo sostenible en el diseño e implementación de sus políticas; tal es el caso de las políticas de promoción de las energías renovables; de implementar y desarrollar nuevas herramientas de gestión en el ámbito agropecuario, incluyendo la gestión de residuos y efluentes, la prevención de fenómenos climáticos extremos como las inundaciones y sequías, y la contaminación de suelos y aguas por el uso intenso de agroquímicos. Este desarrollo económico junto a las actuaciones ambientales deben contribuir a mantener y mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país, en particular de los sectores más vulnerables, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Lograr integrar los ejes ambientales, económicos y sociales requiere desarrollar ámbitos de participación, que incorporen la visión, necesidades e intereses de los distintos actores involucrados. Es este contexto que encuentra al Gobierno promoviendo el proceso de discusión preparatorio hacia Río+20, como una oportunidad de intercambiar y proponer ideas de la forma más amplia, en relación a los acuerdos en el modelo de desarrollo de nuestro país. Realizamos esta invitación de forma explícita desde el Parlamento Nacional, que particularmente a través del acuerdo interpartidario ha puesto y jerarquizado en la agenda política nacional los temas ambientales en el marco de políticas sociales dirigidas a preservar y mejorar la calidad de vida de la población de nuestro país.Para la implementación de este proceso, se conformará un Comité Nacional Preparatorio de Río + 20, que lidere la discusión e implemente un cronograma de trabajo hacia esta Conferencia, y que proponemos integrar por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los Gobiernos a Departamentales a través del Congreso de Intendentes y los diferentes actores de nuestra sociedad: el PIT – CNT y Cámaras Empresariales, de los sectores de la juventud y de las mujeres, de la Universidad de la República y del sistema de la Administración de la Enseñanza Pública, así como de representantes de la sociedad civil.El comité tendrá el objetivo de definir una posición país, social y políticamente validada y conformar una agenda nacional para el desarrollo sostenible identificando y evaluando los avances en los compromisos asumidos por Uruguay desde 1992 a la fecha, y generando propuestas para superar las limitaciones y potenciar las sinergias identificadasA los empresarios, los convocamos para que renueven su compromiso de un desempeño ambiental adecuado en sus procesos productivos, fomentando políticas de autocontrol de sus actividades.A los trabajadores, que siendo partícipes del proceso productivo empresarial, también se comprometan con el control de los procesos de producción y velen por el cumplimiento de las políticas de salud ambiental.A los jóvenes, que asuman el desafío de ser los promotores de una educación ambiental, que asegure el uso y goce de los recursos naturales en el futuro.A la sociedad civil, que participe muy activamente de los ámbitos generados en este proceso de discusión, aportando propuestas, críticas, experiencias locales, visiones propias.Desde el Gobierno Nacional entendemos que es un hecho significativo el que toda la sociedad tenga un espacio de opinión como constructor proactivo de la visión país que queremos alcanzar. |
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