Una nueva y peligrosa crisis
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Elementos para una propuesta anti-crisisEl precio del petróleo y por lo tanto las exportaciones petroleras, así como las inversiones y el gasto del Estado, caen. Disminuyen, por igual, las exportaciones no petroleras y las importaciones. Se reducen los depósitos y el crédito bancario, tanto como las reservas monetarias internacionales. Al mismo tiempo aumenta la percepción del Ecuador como país de riesgo en los mercados financieros internacionales (acorde al aumento del riesgo país) y esto encarece el financiamiento externo. Mientras tanto, suben la cotización del dólar en relación a las monedas de nuestros principales socios comerciales. En este punto, la pregunta obvia es ¿qué hacer? Luego de que hemos revisado los principales problemas que afronta la economía del país, así como también las acciones tomadas por el correísmo (y sus inacciones), que configuran su fracaso en construir una economía más dinámica y menos dependiente del mercado mundial, es necesario proponer alternativas38 para afrontar la crisis. De hecho no podemos conformarnos con solo entender la realidad, sino que también debemos transformarla. En definitiva, no se trata de volver a la situación anterior a esta crisis; por ejemplo, no se puede sostener indefinidamente la burbuja consumista y menos aún el extractivismo desbocado. Requerimos propuestas que ayuden a superar el bache, sentando las bases para cambios estructurales. Esas propuestas reclaman en especial el diálogo entre varios sectores sociales y populares, afectados estructuralmente por el capitalismo. A partir de establecer los puntos fundamentales de una propuesta surgida desde el campo popular, el diseño y la aplicación de otra política económica demandan una amplia participación social. Por tanto, los puntos que se proponen a continuación, como posibles acciones para afrontar la crisis y dar respuestas estructurales, constituyen apenas un primer esbozo para un manejo económico distinto al del correísmo y a las propuestas neoliberales que han comenzado a reflotar en medio del fracaso gubernamental. Un punto fundamental de la acción anti-crisis y pro-cambios estructurales pasa por aceptar que no se puede tolerar que aparezca un pobre más como consecuencia de las políticas propuestas. Igualmente, el peso del ajuste debe recaer en los grandes grupos económicos, sobre todo en los mayores beneficiarios del correísmo, así como en las élites burocráticas en el Gobierno. La crisis no la pueden pagar los pobres y los estratos medios. Quien más gana y más tiene debe contribuir a resolver el problema. 1. Política fiscal austera y contra cíclica En las actuales circunstancias se precisa una respuesta inteligente por parte del Gobierno, no vinculada a cálculos electorales. Hay que revisar la inversión y el gasto del sector público en función de su eficiencia y eficacia social y económica. Eso demanda su priorización, postergando o eliminando gastos e inversiones que no vayan a rendir frutos en el corto plazo, más aún, si son superfluas. Habrá que racionalizar parte del parque automotor y demás elementos logísticos del Gobierno (¿es necesario que el presidente de la República tenga dos aviones a su disposición?). Habría que postergar algunas construcciones que no son absolutamente prioritarias, sobre todo si no cuentan con financiamiento. También es indispensable reducir sustantivamente la propaganda oficial y desarmar el costoso aparataje que le sostiene, empezando por la SUPERCOM; así como aquellas instituciones dedicadas al espionaje a la ciudadanía. 2. Relocalización de subsidios Un ejemplo directo de relocalización es el dejar de lado el subsidio a la gasolina para el transporte privado, al mismo tiempo que se establece la gratuidad del transporte público en las ciudades. Igualmente habría que subsidiar el transporte interprovincial e intercantonal para las personas. Se requiere también un sistema de subsidios al transporte de productos de primera necesidad (lo cual incluso puede contribuir a controlar la inflación), propiciando la dieselización del transporte masivo, tanto de carga como de personas (prohibiendo la circulación de vehículos a diesel privados, para que el subsidio energético se concentre en este derivado del petróleo). Igualmente hay que replantear el subsidio al gas licuado de petróleo. Por ejemplo vendiendo este energético en bombonas de cinco kilos, con un rendimiento calórico menor para que sirva solo para cocción de alimentos. Esta acción demandaría la participación de empresas comunales, de los gobiernos autónomos descentralizados y de la empresa estatal de petróleo. 3. Repensar las políticas sociales Se requiere un plan de transición para transformar las políticas sociales. Basta de clientelismo y despilfarro. Lo primero se resuelve fortaleciendo los derechos de la ciudadanía a la salud, la educación, el bienestar social. Además, no se puede seguir transfiriendo recursos a las empresas prestadoras de servicios, por ejemplo de salud, sin regularlas. Las empresas en este sector acumulan y concentran cada vez más, reduciendo su contribución impositiva. Para empezar habría que prohibir que estas empresas estén domiciliadas en paraísos fiscales. Hay que terminar con la competencia desleal; siguiendo en el sector de la salud, debe haber una farmacia por barrio y comunidad en el campo; obligación que deben asumir en un determinado porcentaje también las grandes cadenas farmacéuticas. Ninguna empresa debería tener una participación en el mercado más allá de un límite, que habría que definirlo. Esto conduce al fortalecimiento de la empresa pública farmacéutica que debería elaborar medicamentos genéricos y disponer de canales de distribución de esos medicamentos. De este modo surge la necesidad de exigir que instituciones como la Superintendencia de Control de Poder del Mercado pasen de ser meros espectadores de los procesos de concentración a actores con capacidad -incluso coercitiva- que les permita romper y redistribuir la propiedad de los mercados concentrados. 4. Aumento de impuestos a los grupos económicos más poderosos y reducción del IVA El impuesto a la renta, que pagan las personas, debe incrementarse progresivamente desde el 35% actual, para todos los ingresos superiores al del presidente de la República. Igualmente es indispensable un reajuste de los ingresos de los servidores públicos de alto nivel, no tanto como medida que generará importantes ingresos fiscales, cuanto como señal de austeridad. Debería plantearse la posibilidad de que, durante este período especial, ningún empleado público obtenga un salario mayor a un límite acorde a la realidad nacional de, por ejemplo, 3 mil dólares mensuales; nada descabellado si consideramos que el PIB por persona empleada del Ecuador para 2014 bordea los 1.200 dólares mensuales39. El impuesto a la renta a las empresas se mantendría en el 22% siempre y cuando las empresas se comprometan a sostener los niveles de empleo y de ingresos laborales actuales, caso contrario debería volver al 35% anterior. Y para enfrentar la crisis, será necesario establecer una contribución única y progresiva a los patrimonios de hasta un 10%, que empezaría en un 3% desde un millón de dólares, por ejemplo. Simultáneamente, así como se incrementan los impuestos a los que más tienen y más ganan, es necesario reducir un impuesto indirecto, por lo tanto regresivo, el IVA del 12 al 10%. Tengamos presente que un incremento del 3,5% del monto total de los impuestos que paga el diez por ciento más rico de la población, generaría recursos suficientes para eliminar la pobreza en el país, tal como sostienen Carlos Larrea y Natalia Greene. 5. Un gran acuerdo productivo nacional Uno de los objetivos de este paquete de medidas anti-crisis debe ser garantizar el poder adquisitivo de los salarios y el empleo. Por lo que será indispensable un gran acuerdo para conseguirlo. Es indispensable plantear este acuerdo con los medianos y pequeños productores del campo y la ciudad. Para afrontar la crisis es necesario que el Gobierno aliente la conformación de alianzas con esos sectores, sean emprendimientos privados, comunitarios, asociativos o cooperativos, favoreciendo especialmente a estos tres últimos que son la base de la economía solidaria. El sistema de compras públicas debe reordenarse íntegramente para cumplir con este objetivo. Habrá que reducir sustantivamente o aún eliminar los excesivos trámites y costos que pesan sobre las pequeñas y medianas unidades productivas, por ejemplo para obtener los permisos fitosanitarios. Se podría analizar si, para proteger el empleo, durante este período especial, no se debería permitir la distribución de utilidades en empresas que den paso a una reducción de su plantilla de trabajadores. Igualmente, si una empresa tiene problemas de competitividad debería llegar a acuerdos con sus trabajadores, por ejemplo, para no subir los salarios, pero entregar el contravalor en acciones de la empresa. También es tiempo para presionar a que las empresas reduzcan sus muchas veces exagerados márgenes de beneficio, sobre todo no acordes con la realidad de una economía dolarizada. Como un elemento base de este acuerdo debe ser la construcción de una estrategia para la transición hacia el postextractivismo. No se puede amplia más la frontera petrolera, lo que incluye la no explotación de petróleo en el ITT y en el Bloque 31 del Yasuní, ni en el sur de la Amazonía ecuatoriana. Tampoco se debe impulsar la megaminería, los agrocombustibles o los transgénicos. Hay que comenzar a construir una economía inspirada en los Derechos humanos y en los Derechos de la Naturaleza. 6. Líneas de crédito especiales Para enfrentar la crisis (y sentar las bases para una transformación estructural) los pequeños y medianos productores deben tener acceso a líneas de crédito, sobre todo ahora cuando precisamente los bancos privados contraen el crédito (24,4% entre junio y julio). En respuesta, la banca pública tiene la capacidad de crear poder adquisitivo otorgando crédito a los productores. Tal crédito podría tomar las formas tradicionales de canalización de dinero líquido (que podría obtenerse reduciendo, por ejemplo, la propaganda gubernamental o reduciendo el tamaño del Estado eliminando a la burocracia dorada, consultores y asesores en exceso, por ejemplo), o a través de mecanismos de compensación donde el Gobierno sirve de agente que ayuda a entrelazar conexiones entre los diferentes pequeños y medianos productores para que se apoyen unos a otros. Como se mencionó antes, para el año 2010 el 44% de los empleados trabajan en establecimientos con 1 a 9 personas y solo concentraron un 24% de los ingresos generados. Así, ante una contracción económica, este tipo de unidades productivas son altamente vulnerables y, sobre todo, la contracción de sus ingresos puede impactar negativamente de forma muy fuerte en la economía de la población. Por lo tanto, las líneas de crédito y las acciones propuestas en el punto anterior, deben tener en la mira a este sector de la economía. 7. Transformación agraria Es urgente hacer cambios profundos en el agro. No se puede seguir favoreciendo a los agronegocios. El país requiere poner en marcha la soberanía alimentaria. Esto implica recuperar el control sobre nuestra propia agricultura y alimentación. Es el derecho de los agricultores, en especial de los más pequeños, de los campesinos, en ejercer el control sobre la agricultura, y es el derecho de los consumidores y las consumidoras a ejercer el control sobre la alimentación. Por lo tanto, entre los primeros pasos que son necesarios se incluyen: elevar el gasto público en agricultura y alimentación; impulsar programas de apoyo claramente dirigidos a los pequeños y medianos agricultores y campesinos; integrar las políticas de reforma agraria y redistribución del agua, y desenvolvimiento rural con las otras facetas de la política agroalimentaria; desmontar los subsidios perversos, que financian a grandes grupos empresariales, a través de agroquímicos y combustibles, para convertirlos en subsidios legítimos que apoyen a los pequeños agricultores, y que permitan su reconversión hacia prácticas más eficientes, de menor impacto ambiental, y orientadas al mercado interno; otorgar crédito oportuno y en condiciones apegadas a los ritmos de la agricultura y no a las demandas del capital; promocionar el uso de tecnologías y prácticas ecológica y socialmente responsables, potenciando el aprovechamiento de los conocimientos ancestrales. Igualmente es indispensable que los campesinos puedan llegar con sus productos a los mercados, cuya adecuación deberá ser decididamente apoyada por el Estado. En este empeño hay que integrar los derechos de los pueblos indígenas; fomentar los servicios públicos e infraestructuras para asegurar una vida digna en el campo; pero, sobre todo, respetar a la Pacha Mama. Recordemos que actualmente en el Ecuador alrededor del 70% de la población económicamente activa rural se encuentra en condiciones de subempleo, “empleo inadecuado” o desempleo. Posiblemente este sea uno de los grupos más vulnerables al momento que la crisis se consolide. 8. Bono de Desarrollo humano y renta básica Mientras en la actualidad el Gobierno promociona un bono de “desarrollo” que sigue una lógica clientelar-dependiente en la que al final una parte sustantiva termina en manos de las grandes cadenas alimentarias, nosotros proponemos un bono de desarrollo humano y productivo para el incentivo de procesos agropecuarios a nivel familiar y comunitario. El poder adquisitivo de este bono se incrementará siempre que se compre en los mercados populares y en las ferias campesinas. Simultáneamente habrá que desarrollar una renta básica en forma de derecho a toda la ciudadanía. Por ejemplo, bajo estimaciones preliminares, si la mitad de los fondos destinados a formación de capital se relocalizaran a ingresos laborales, todos los empleados al menos se asegurarían un ingreso mayor a los 400 dólares mensuales. Así, es necesario estimar un monto de dinero que sirva de renta básica para todos los habitantes del país (y disminuya efectivamente la segregación de los trabajadores entre desempleados, empleados, subempleados), renta que se debe pagar tomando fondos de la acumulación de capital que solo beneficia a la gran burguesía. 9. Control de cambios La actual crisis, agravada por la rigidez cambiaria, exige respuestas eficientes y rápidas. Por lo tanto se precisa introducir un control, cambiario que permita manejar adecuadamente las divisas disponibles. Esto es aún más necesario para impedir una implosión catastrófica de la dolarización. Así, las divisas provenientes de las exportaciones deberían ser manejadas por el Banco Central del Ecuador, que tendría a su cargo diseñar y ejecutar un presupuesto para el uso de la divisas a partir de prioridades que aseguren la importación de bienes indispensables para la sociedad, como son las medicinas, y para el aparato productivo, sobre todo para la producción de pequeñas y medianas empresas, sin favorecer las importaciones de grandes empresas con mayor capacidad de pago. Aceptémoslo, la dolarización no puede ser el objetivo de la política económica. Incluso hay que saber que sin dolarización el rendimiento económico del país durante el boom petrolero, que está concluyendo, puedo haber sido mucho mejor. Y también debe quedar claro que si se puede salir de una manera ordenada de la dolarización; decisión que habría que asumirla de manera responsable antes de que la dolarización (sin dólares) nos expulse de forma atropellada. 10. El dinero electrónico Nos guste o no, requerimos recuperar márgenes de acción en lo que se refiere a la política monetaria y cambiaria, siempre manteniendo la premisa de que el poder adquisitivo de los sectores populares no debe disminuir. Es necesario contar con cierta masa monetaria variable propia que sirva de colchón en la crisis y que, luego, permita ampliar los márgenes de acción de la política económica. La idea es formar una masa monetaria que vaya creciendo acorde al crecimiento económico del país, pero sin la urgencia de que existan flujos crecientes de exportaciones (pues si el Ecuador no exporta, no puede aumentar sus dólares sin recurrir a los mercados financieros; de modo que se tiene una masa monetaria fija con una producción creciente, lo que genera distorsiones en precios o en el volumen de transacciones). Así, por ejemplo, mientras se mantenga la incautación de las divisas de exportación, las empresas exportadoras recibirían una parte de sus ingresos en un dólar electrónico ecuatoriano, que les servirían para pagar determinadas transacciones internas, como podrían ser impuestos o cancelar obligaciones bancarias o compras de bienes y servicios provenientes de otras empresas. En este punto, para paliar las devaluaciones de los países vecinos, por ejemplo, los exportadores podrían recibir un monto mayor en dinero electrónico a los ingresos en dólares que realmente les corresponden (si es que esos montos contribuyen a sostener el poder adquisitivo de los salarios, asegurar los empleos y no solo financiar a las ganancias de los exportadores). Igualmente el Gobierno podría pagar parte de la inversión pública con este dinero electrónico o en bonos (denominados en este dólar electrónico ecuatoriano), al que habría que asegurar su aceptación con un manejo económico que genere confianza. Los importadores de aquellos bienes no indispensables tendrían que cancelar un sobre precio al Banco Central por los dólares requeridos para realizar dichas compras externas en el exterior, que podrían ser cancelados con dinero electrónico. En línea con esta propuesta se podrían subastar estos dólares electrónicos para introducirlos en la economía. Esto de ninguna manera debe implicar la confiscación de los dólares en manos de la ciudadanía, incluso si es necesario ampliar la presencia de este dinero electrónico en la economía nacional. Sin embargo, es necesario crear mecanismos de incentivos que motiven a la población a utilizar el dinero electrónico en vez de los dólares (p.ej. descuentos en pagos de servicios básicos o en la compra de productos de primera necesidad). Y por cierto el manejo de este dinero electrónico debe darse en márgenes de total responsabilidad, al margen de las apetencias electorales de cualquier Gobierno. ***** En realidad estamos frente a un reto colectivo. Estos planteamientos deben posicionarse en un debate franco y abierto. Son propuestas para imaginar otro Ecuador de justicia, equidad, igualdad y libertad. No son reflexiones destinadas solo a superar la crisis. Superan ese corto plazo. Por lo tanto, se proyectan con fuerza en el largo plazo. Conllevan elementos estructurales. Y sobre todo exigen siempre más democracia. Eso implica superar, en todos los ámbitos, la restauración conservadora del correísmo, que pretende enraizar, con una serie de cambios forzados a la Constitución, un régimen cada vez más autoritario y caudillesco. No se puede esperar que el Gobierno vaya a aceptar e impulsar este tipo de propuestas para enfrentar la crisis y transformar estructuralmente la economía. Tampoco lo harán las fuerzas de la derecha que se encuentran fuera del gobierno de Correa y que, en este momento de crisis, se están dando un verdadero festín reclamando el retorno al neoliberalismo y al FMI. Deben ser las fuerzas populares las que asuman el reto y las que convoquen a un amplio acuerdo democrático nacional. Hoy más que nunca toma sentido aquella frase que popularizó Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie, frase que podríamos completarla: desarrollo o Buen Vivir, en tanto esta opción de vida abre la puerta a un cambio civilizatorio que permita superar el capitalismo. La lucha popular será la que defina ese futuro.- 1 Economistas ecuatorianos. 2 Solo la caída bursátil en China provocó que el precio del petróleo WTI cayera por debajo de los 40 dólares el barril. 3 “El Código Integral Penal (COIP) y su potencial aplicación garantista” en |
