Una nueva y peligrosa crisis
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Dos visitantes inesperadosSi ya como están las cosas la economía nacional se encuentra en crisis, sin duda la llegada de dos visitantes inesperados -e indeseados- puede complicar aún más las cosas: la potencial erupción del volcán Cotopaxi y un nuevo fenómeno de El Niño. En términos oficiales, el Gobierno anuncia que dispondrá de 850 millones de dólares para afrontar ambos problemas. Unos 650 millones provendrían de líneas de crédito otorgadas por el BID, la CAF y el Banco Mundial, mientras que los 200 millones restantes se trasladarían desde otros sectores. Cabría preguntarse si estos recursos serían suficientes para hacer frente al impacto que provocarán ambos fenómenos. En el caso del Cotopaxi se estima que más de 25 mil negocios en la provincia del mismo nombre serían afectados por el descenso de lahares y caída de ceniza volcánica. Aparte, solo en Latacunga, capital de la provincia, se calcula que más de 35 mil personas podrían quedar en la desocupación, 10 mil viviendas podrían ser afectadas y posiblemente se requiera albergue para 45 mil personas. Solo las pérdidas provocadas al sector productivo entre cierre de negocios, manufacturas, caída de exportaciones de brócoli y flores, etc., podrían llegar a superar los mil millones de dólares. Respecto al fenómeno de El Niño, entre los años 1997-1998 este causó pérdidas valoradas en alrededor de 3 mil millones de dólares (15% del PIB de aquel entonces) que, traídas a valor presente, representarían unos 7 mil millones de dólares. Si bien las condiciones, especialmente en infraestructura, son diferentes a las de aquella ocasión, no cabe descartar que los impactos económicos de este fenómeno serán significativos. Evidentemente este tipo de fenómenos exógenos son aspectos que no dependen del Gobierno. Sin embargo, llama la atención particularmente la necesidad de recurrir a líneas de crédito como principal fuente de financiamiento para afrontar las emergencias. El Gobierno, que ya va a cumplir nueve años en funciones, definitivamente no ha construido un sistema económico con capacidad para asumir estos retos, que –como lo conocemos de nuestra historia- son recurrentes. Recordemos, además, que a inicios de su gestión el régimen, cuando empezaba la expansión económica, efectuó una importante cantidad de obras y compras públicas declarando situaciones de emergencia, porque la normativa legal le tenía atado las manos. Entonces no había la presión para recurrir al endeudamiento externo como ahora. Otro aspecto que llama la atención ante el manejo de estas situaciones de emergencia, particularmente respecto al volcán Cotopaxi, es el manejo de la información. Igualmente cabe relievar el manejo político del tema con la declaratoria del estado de excepción en todo el país, precisamente en el mismo momento en que se realizaban grandes protestas sociales en contra del régimen. Tal accionar del Gobierno tuvo una evidente intencionalidad de crear las condiciones para limitar la protesta popular, e incluso frenar el flujo de información de los medios de comunicación. Consecuencias de la no transformación de la matriz productiva“Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” Rafael Correa (15/01/2012) Luego de observar las circunstancias que actualmente ponen al país en una situación de crisis, veamos qué ha hecho el Gobierno en términos de uno de los puntos que más ha promocionado: la “transformación de la matriz productiva”. Esta necesaria transformación debería haber contribuido a que la economía salga de su condición extractivista y que, por lo tanto, sea menos susceptible de los graves impactos provocados por los vaivenes de los precios de las materias primas en el mercado mundial. Recuérdese que el Gobierno de Correa, como el de los otros gobiernos progresistas, prometió superar esta dependencia extractivista, pero que no solo no lo lograron, sino que la dependencia aumentó. ¿Qué quiere decir el Gobierno por “transformación de la matriz productiva”? Una primera referencia concreta a nivel gubernamental respecto a la “transformación de la matriz productiva” son las llamadas “Diez apuestas productivas”, expuestas en el 2008. Allí se propuso impulsar las siguientes actividades: pesca y derivados, frutas y vegetales procesados, agrocombustibles, metalmecánica, silvicultura, turismo, consultorías, ingeniería y software, transporte y logística, acuacultura, flores16. Con el paso del tiempo se consideraron nuevas actividades económicas y otras se retiraron. Se incluyó al bioconocimiento (asociable a la bioquímica, farmacéutica y ecoturismo) y se dejó de lado la acuacultura y las flores (primer Plan del Buen Vivir, 2009-2013). Pero sin duda, las actividades más llamativas que ingresaron como prioritarias son la minería e industrialización de productos mineros (segundo Plan del Buen Vivir, 2013-2017). Junto con la minería, también está dentro del cambio de la matriz productiva la construcción de ocho hidroeléctricas: Mandariacu y Toachi Pilatón (Pichincha), Mazar, Quijos y Minas San Francisco (Cañar), Paute Sopladora (Morona Santiago), Delsitanisagua (Zamora Chinchipe) y Coca Codo Sinclair (Sucumbíos y Orellana). Estas obras, de conformidad con las estimaciones oficiales, requerirían una inversión aproximada de 5 mil millones de dólares y aportarían 2.800 megavatios (aporte importante considerando que la “demanda pico” de energía eléctrica en el país asciende a 3.400 megavatios). Otro aspecto prioritario de la transformación de la matriz productiva es la “apuesta por el conocimiento”, impulsando la creación de nuevas universidades. Aquí, los principales proyectos son la universidad Yachay Tech y la llamada “ciudad del conocimiento”, con un presupuesto inicial de mil millones de dólares para cuatro años (2013-2017). Un último elemento a considerar dentro del cambio de la matriz productiva propuesto por el Gobierno es la “sustitución selectiva de importaciones”. El objetivo es identificar aquellos sectores donde el Ecuador posea ventajas “comparativas y competitivas” y hacer que esos sectores sustituyan a productos importados selectos. Conociendo los principales puntos en los que se enmarca la transformación de la matriz productiva, veamos qué se ha hecho en términos concretos al respecto. Nueve años sin un cambio real de la estructura productiva Más allá de cualquier propuesta retórica de “transformación de la matriz productiva”, las propias estadísticas oficiales confirman que entre 2007 y 2014 la estructura productiva no ha cambiado. La manufactura (que contiene a buena parte de las actividades enmarcadas en la transformación de la matriz productiva) entre 2007 y 2014 ha disminuido su participación en el PIB del 14% al 12%. Esto confirma el entrampamiento de la economía ecuatoriana en su tradicional modalidad de acumulación extractivista y primario-exportadora. A pesar de la tan cacareada “transformación” todavía somos altamente dependientes del sector petrolero: 12% del PIB en 2007 y 11% en 2014 (a términos constantes, sin incluir refinamiento). De las principales actividades del país, la que más aumentó su participación en la economía es la construcción (pasando del 7,9% al 10,1% del PIB). Esto se ha dado principalmente por la fuerte participación del Estado en la creación de infraestructura; situación que difícilmente podrá sostenerse si los ingresos petroleros no se recuperan. Tomemos en cuenta que, para 2014, las exportaciones petroleras alcanzaron un monto equivalente al 69% del total de la formación de capital del país (13 mil y 19 mil millones de dólares respectivamente). Se puede aceptar que una transformación de este tipo toma tiempo. Pero, al cabo de casi nueve años de gobierno, no hay señales sólidas de que dicha transformación esté en marcha. Además, no es aceptable que para lograrla se quiera profundizar la modalidad primario-exportadora a través de más extractivismo. En síntesis, la dirección de la acción gubernamental está errada. Igualmente inaceptable es que, sin haber realizado una verdadera transformación de las condiciones de producción del país, (que le den la capacidad de afrontar condiciones externas desfavorables), se firmen tratados comerciales, como con la Unión Europea (que en definitiva es un TLC). Solo tomemos en cuenta que la Unión Europea es el mayor exportador de alimentos elaborados, el segundo mayor exportador de leche y derivados y de carne de cerdo, el tercer exportador de aves de corral… ¿Qué puede esperar la producción local en un escenario de libre competencia con semejante mercado, más aún cuando el país se encuentra en crisis? El golpe a la producción local puede ser muy grave, especialmente si tomamos en cuenta que el país prácticamente cedió por completo en puntos medulares como la propiedad intelectual. Salida del extractivismo con más extractivismo En casi nueve años el país no ha superado su dependencia petrolera. En términos generales la modalidad de acumulación de nuestra economía ha mantenido casi intacta su lógica primario-exportadora, es decir eminentemente extractivista. Incluso la oferta exportable del país se ha reprimarizado: mientras en 2007 un 74% de productos exportados eran primarios, para 2014 tal porcentaje aumentó al 83%. Forzado a enfrentar un escenario post-petrolero por la caída de las reservas, el Gobierno, en concreto, es decir más allá de los discursos, mantiene su brújula en dirección hacia el extractivismo. Apuesta por la megaminería, así como al fortalecimiento de los monocultivos para la exportación de productos agrícolas, incluyendo los agrocombustibles. El correísmo ha conseguido, en este campo, mucho más que los gobiernos neoliberales que tanto bregaron para lograrlo. Según el recientemente creado Ministerio de Minería, en 2018 empezarían las operaciones de los principales proyectos mineros del país: Fruta del Norte (con reservas de 7 millones de onzas en oro y 9 millones de onzas de plata) y Mirador (con casi 2,3 millones de libras de cobre). Así mismo, entre 2015 y 2025 según el mismo Ministerio –en un cálculo que más parece el sueño de riquezas acumuladas de una lechera que lleva su cántaro al mercado y que a la postre se rompe- se espera que ingresen al país aproximadamente 8 mil millones de dólares en inversión extranjera para minería, generando alrededor de 4 mil millones de dólares en exportaciones anuales e ingresos fiscales por regalías de 800 millones al año17. En total, las reservas mineras metálicas podrían estar valuadas en alrededor de 270 mil millones de dólares, dice el Ministerio del ramo.18 Precisamente la minería metálica no cumple lo que muchas veces ofrece. Sabemos también que posee fuerte impactos socioambientales. Por ejemplo, la obtención de una tonelada de cobre genera en promedio de 300 a 500 toneladas de desechos y se contamina entre 30 a 500 mil litros de agua, mientras que la obtención de 10 gramos de oro genera entre 20 a 60 toneladas de desechos junto con 7 mil litros de agua normalmente contaminada con cianuro (altamente tóxico). Solo la ejecución del proyecto Mirador implica extraer unos 326 millones de toneladas de desechos (equivalente a cuatro Panecillos, aquel montículo en el centro de Quito), demandando 3.260 millones de dólares en costos estimados de remediación19. Las expectativas de ingresos mineros son altamente dependientes de los precios internacionales. Solo tomemos en cuenta que, mientras en agosto de 2011 una onza troy20 de oro se cotizó en 1.760 dólares, en agosto de 2015 la cotización cayó a 1.118 dólares (reducción del 36%). Respecto al cobre, la cotización cayó de 9.000 a 5.127 dólares la tonelada métrica (reducción del 43%)21. Con esta tendencia de precios deprimidos se vuelve aún más cuestionable la verdadera rentabilidad de los proyectos mineros para el Estado. Hay que estar atentos, pues las condiciones finales de explotación se vuelven atractivas para la inversión foránea reduciendo normativas sanitarias, ambientales y laborales, u ofreciendo una serie de subsidios muchas veces ocultos: agua sin costo alguno o tarifas de energía eléctrica con valores bajos. Los delirios mineros a gran escala del correísmo son inocultables. El hecho mismo de incluir a la megaminería entre las actividades enfocadas al cambio de la matriz productiva, después de ver todas las taras que esta arrastra, implica perpetuar la dependencia del país en otra actividad extractiva. De ese modo, se estaría intentando complementar (y quizá a la larga sustituir) el extractivismo petrolero por el extractivismo minero: ¡salir del extractivismo con más extractivismo!, como reza el discurso oficial. ¿Hidroeléctricas para el cambio? Pasemos a los proyectos hidroeléctricos. Sin negar la necesidad del aprovechamiento de dicha fuente energética, es necesario reconocer sus altos costos de construcción y su desfase con el incremento de la demanda (junto a una serie de problemas laborales, sociales y ambientales). En promedio, los proyectos hidroeléctricos han sufrido hasta el momento reajustes que han incrementado sus costos en aproximadamente un 26% por encima de los costos presupuestados y contratados: Manduriacu (135 a 227 millones de dólares), Mazar Dudas (50 a 83 millones), Sopladora (882 a 963 millones), Toachi Pilatón (517 a 589 millones), Minas San Francisco (509 a 684 millones), Delsitanisagua (216 a 335 millones), Coca Codo Sinclair (2.245 a 2.851 millones). En este último caso oficialmente se considera que los 606 millones de dólares adicionales no forman parte del costo del proyecto, sino que se deben a “impuestos” y “obras de compensación”22. A partir de estos montos, se estima que el costo promedio por kilovatio de los proyectos públicos es de 4.184 dólares, mientras que en los proyectos privados es de 2.262 dólares (diferencia del 73%.) Estos proyectos “emblemáticos” se financian, en promedio, en un 72% con endeudamiento externo. Para 2017 se estima un incremento en la capacidad total de generación de alrededor de 4.320 megavatios, superior a las expectativas de demanda considerando que en el 2013 el pico de está llegó a los 3.250 megavatios. Es decir existiría un exceso de oferta que, al menos dentro de los planes oficiales, cubriría la demanda generada por las operaciones del metro de Quito (71 megavatios), minería a gran escala (160 megavatios), petroquímica (255 megavatios) y refinería del Pacífico (390 megavatios)23. Incluso, a pretexto de fomentar cambios en la matriz energética, el Gobierno ha llegado a incurrir en costos excesivos por el proyecto de suministro de electricidad generada con energía solar. Se llega a transferir a empresas privadas, de forma innecesaria, alrededor de 160 millones de dólares anuales. Entonces, este también es un proyecto con costos muy elevados, como lo demostró Arturo Villavicencio. En resumen, estos proyectos hidroeléctricos sí aumentan la capacidad eléctrica del país y transforman la matriz energética por el lado de la oferta, pero a un costo muy alto y con una creciente presencia de intereses extranjeros (chinos). Así, el cambio de la matriz energética podría significar, como bien anota el mismo Villavicencio, en una “política de recolonización”. Dependencia importadora intacta Para completar esta crítica a la “transformación de la matriz productiva”, revisemos qué ha sucedido con las importaciones. El aparato productivo es altamente dependiente de las importaciones especialmente de maquinarias y equipos. Tal situación no ha cambiado en este Gobierno: las importaciones de bienes de capital (sin tomar en cuenta equipos de transporte) representaron el 16% del total de importaciones en 2007 y el 18% en 2014. Respecto a las importaciones de materias primas, estas tanto en 2007 como en 2014 representaron un 31% del total. Así vemos que en casi nueve años se ha mantenido intacto el nivel de dependencia del sector productivo a la importación de maquinaria e insumos. No ha existido una “sustitución selectiva de importaciones” para la producción. Un caso “emblemático” es el tema de la refinación del petróleo, concretamente la construcción de la Refinería del Pacífico y la rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas. En teoría la nueva refinería, cuya primera piedra se colocó en el año 2008, serviría para disminuir sustantivamente o aún eliminar las importaciones de derivados de petróleo (que entre 2007 y 2014 se incrementó a una tasa promedio anual del 17%). esta refinería, incluyendo el complejo petroquímico, tendría un costo aproximado de 11 mil millones de dólares que, de momento, siguen buscando financiamiento externo. Desde el año 2008 hasta la fecha, se han gastado aproximadamente 1.200 millones en actividades complementarias (por ejemplo movimientos de tierras, pagando 235 millones a la empresa Odebrecht), sin que se haya empezado la construcción de la refinería misma y menos aún del complejo petroquímico. Recuérdese que Odebrecht fue expulsada por “corrupta y corruptora” y que está envuelta en graves problemas de corrupción en muchos países de la región, empezando por Brasil. Aparte de los problemas de financiamiento de la refinería del Pacífico (que incluso dejo de percibir fondos de PDVSA, la cual posee el 49% de acciones), cabe pensar en cuál sería efectivamente la capacidad de refinamiento de petróleo y, según esa capacidad, de dónde provendrían los flujos de petróleo crudo a procesar. Por su parte, es notable el inoperante manejo en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, cuya rehabilitación y repotenciación estaba prevista en la Agenda Energética 2007-2011, presentada en junio del 2007 por el Ministerio de Energía y Minas. Este reparo es aún mayor teniendo en cuenta, además, que este gobierno disponía de recursos suficientes para asumir esa tarea. En este caso, luego de una cuestionada rehabilitación y aprovechando los bajos precios del crudo, existe el interés de importar crudo liviano y procesarlo en la refinería a fin de “optimizar” su rendimiento. Como conclusión, en casi nueve años, en el gobierno que mayor cantidad de ingresos ha obtenido en toda la historia republicana (con el gobernante que mayor cantidad de “honoris causa” ha acumulado) no se ha puesto en marcha una transformación de la matriz productiva que empiece a cambiar la modalidad de acumulación primario exportadora. Al no existir una transformación de la matriz productiva, las exportaciones se concentran en pocos productos primarios, los cuales actualmente se están hundiendo. Mientras tanto se mantienen altas importaciones de bienes de capital y de consumo. Esta situación fuerza al gobierno a buscar financiamiento externo; respuesta muy similar a lo que sucedió a fines de la década del 70 y comienzos del 80 del siglo pasado, cuando el país experimentó la abrupta finalización del primer boom petrolero. Las nuevas elites en la educación pública Hablemos ahora sobre la propuesta de cambiar la matriz productiva del país desde el apoyo al “conocimiento” y la “innovación”. La universidad de Yachay y el proyecto de “ciudad del conocimiento” poseen un presupuesto inicial de mil millones de dólares para el período 2013-2017. En total las cuatro nuevas universidades poseen el siguiente presupuesto inicial asignado para el período 2013-2017: Yachay Tech (439 millones), UNAE (Universidad Nacional de Educación, 439 millones), Universidad de las Artes (232 millones), e IKIAM (Universidad Regional Amazónica, 271 millones) sumando un total de 1.164 millones de dólares24. Lo más dramático es que están recibiendo un trato privilegiado cuatro nuevas universidades creadas por el Estado que no llegan a acoger a más de mil estudiantes, mientras que 28 universidades y escuelas politécnicas públicas acogen a 200 mil estudiantes y no perciben los mismos niveles de ingreso en términos relativos. Junto con esta política de privilegio a estas nuevas universidades, se da la imposición de un examen único de ingreso -estandarizado- sin considerar que las propias desigualdades sociales determinan que un grupo de estudiantes tenga mejores oportunidades de rendir académicamente respecto a otro grupo. Tales pruebas y el enorme fomento que el Gobierno da a la elitización de la educación, parece perpetuar un proceso neo-colonialista de culto al conocimiento occidental convencional. Para nada se da paso a la construcción del Estado plurinacional y del Buen Vivir o sumak kawsay. No se considera que el problema de la educación en el país no se soluciona formando “élites” (con algunas autoridades universitarias que perciben sueldos cercanos o superiores a los 16 mil dólares mensuales, mucho más de lo que gana el presidente de la República: 6.261 dólares al mes25, monto que sirve como techo a las remuneraciones del sector público), Es preciso reconocer también que en la educación básica y media, hay falencias que perpetúan las desigualdades, y deben ser superadas. No se puede pedir una enorme rigurosidad al ingreso a universidades cuando desde los colegios no existe el nivel adecuado de preparación, peor si se promueve una homogenización de bachilleratos, atropellando la heterogeneidad de los individuos. Solo pensemos en las diferencias que se generan entre las personas con capacidad de pagar cursos privados para la preparación académica en comparación a personas que, por su situación económica complicada, a duras penas terminan el colegio. ¿Qué es más urgente, tener un puñado de tecnócratas estudiados en las mejores universidades del exterior (volviendo como especialistas en economía neoliberal, por ejemplo) o democratizar el acceso a la educación promoviendo contenidos emancipadores en términos de los que propone el Buen Vivir? Desde los desposeídos, la educación es fundamental como herramienta de emancipación y democratización, pero desde la lógica del capital lo es desde su necesidad de acumulación. Por eso mientras más capacitada esté la fuerza de trabajo en términos tecnocráticos será más redituable. Otra educación, para construir otro país, más libre y equitativo, demanda tanto calidad como compromiso, garantizando una creciente inclusión sobre todo de la juventud en los diversos espacios educativos. Hoy esto no sucede. Esta no es una simple opinión. La tasa neta de matriculación en educación superior26, que venía creciendo entre 2007 a 2011 (25,2% a 30,1%), luego de la introducción del examen de ingreso en 2011, muestra una tendencia decreciente: en 2012 fue de 28,6%, en 2013 de 26,6% y en 2014 de 21,2% (dato provisional)27. Junto con esa disminución, en el país se mantiene la fuerte disparidad entre la matriculación de la población urbana y rural a la educación superior. En 2012 la tasa de matriculación urbana fue de 34,9% mientras que la rural fue de 13,8%; en cambio para 2014 las tasas fueron de 25,9% y 10,1% respectivamente. Incluso aceptando los posibles efectos de los cambios metodológicos en las estadísticas de matriculación en educación superior28, los últimos años no muestran ningún incremento en el número total de personas matriculadas. |
