¿QUÉ hacer en argentina en los cuatro próximos añOS?
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| ¿QUÉ HACER EN ARGENTINA EN LOS CUATRO PRÓXIMOS AÑOS? Guillermo de la Dehesa Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research de Londres Introducción Como premisa básica, conviene constatar que la Presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, ha ganado las elecciones gracias no sólo a estos cuatro años de rápida recuperación de la economía argentina, tras su muy profunda pero relativamente corta depresión, y a la política seguida de aumentar el empleo y reducir la pobreza, sino también a sus promesas electorales de mantener una política en esa misma misma dirección. La grave crisis producida por la salida traumática de la convertibilidad, la pesificación y el corralito había dejado el país dividido básicamente en dos: en los ganadores, compuesto por las familias de rentas medias y altas que vivían de su trabajo y de su capital y que tenían sus activos mayoritariamente colocados fuera del país y en dólares, (así como los que trabajaban en el sector público y que no perdieron su empleo) y en los perdedores, compuesto por las familias de rentas medias-bajas y bajas que tenían sus activos mayoritariamente en pesos y dentro del país, que trabajaban en el sector privado formal o en el informal y que muchos de ellos perdieron su empleo. Ha sido el voto de estas últimas familias, que han podido salir de la pobreza y mejorar sus ingresos gracias a encontrar un empleo y el de otras familias que todavía tienen expectativas de conseguirlo en los próximos años, el que ha inclinado la balanza del voto a favor hacia la victoria electoral de la Presidenta electa. Las clases medias y altas urbanas han dividido su voto entre los tres candidatos principales, pero las clases medias bajas y bajas y los pobres que han mejorado su posición y sus ingresos han votado masivamente por la Presidenta electa. Naturalmente, la nueva Presidenta tiene ahora que gobernar para todos los argentinos, pero también tiene el deber de seguir creando empleo para la gente que todavía está sin trabajo o en una situación de pobreza y debe seguir mejorando las condiciones sociales de los todavía perdedores de la crisis para conseguir una sociedad argentina más justa y más cohesionada. Creo que tiene una oportunidad única de aprovechar esta coyuntura de mejora de los términos de intercambio y de mayor crecimiento, que todavía puede durar varios años, para intentar llevar a cabo un conjunto de importantes medidas de política económica y social, pactado con las fuerzas políticas, sociales y económicas, que dejen una economía y una sociedad argentinas más desarrolladas y cohesionadas que nunca lo que hará que el crecimiento actual pueda todavía ser sostenible unos años más. Pacto Social por la Inversión, el Empleo y la Solidaridad ¿Qué puede hacerse en este contexto? Creo que convendría intentar lograr un gran pacto que podría titularse “Pacto Social por la Inversión, el Empleo y la Solidaridad” que vuelva a conseguir una nueva y añadida mejora del nivel de la cohesión social de Argentina, lo que permitiría mantener un crecimiento elevado y sostenible así como aumentar el apoyo social y la legitimidad de la política económica. No hay que olvidar que esta última se ha llevado a cabo, durante muchos años y hasta hace poco, mediante la petición de poderes especiales al poder legislativo, por parte del ejecutivo, y con mínima participación y consenso ciudadano. Para conseguir un pacto social es necesario que tanto los ciudadanos, como sus organizaciones e instituciones, como el gobierno, como los partidos políticos cedan todos un poco para progresar en un clima de ausencia de crispación social y política. Es decir, hay que intentar conseguir con este Pacto Social: Que los empresarios y los capitalistas inviertan más en su país, que traigan sus capitales de fuera y relancen la inversión productiva y la tasa de productividad. Que los sindicatos moderen sus reivindicaciones salariales para que haya más empleo y menos inflación. Que los trabajadores que se encuentran trabajando en la economía informal puedan emerger y pasar a la oficial con un contrato de trabajo menos precario, más estable y registrado. Que todos los ciudadanos y empresas paguen los impuestos que les corresponden en relación a sus ingresos y a sus gastos anuales. Que los servicios públicos de educación, sanidad, seguros de desempleo e incapacidad y los sistemas de pensiones sean universales o al menos lleguen al mayor número de ciudadanos posible reduciendo la todavía desigualdad existente. Que la administración pública sea más eficiente para conseguir que los servicios públicos sean de mayor calidad y se pueda hacer una mayor y mejor redistribución a favor de los pobres, que mejore su ineficiente recaudación fiscal y, finalmente que haya menos corrupción política, sindical, funcionarial y empresarial. Todo esto puede conseguirse si se establecen los incentivos adecuados para que cada uno de los grupos que participe en este Pacto llegue a comprender que todos ellos van a terminar ganando y alcanzando una situación mejor que la de partida, ya que se trata de generar mayor inversión y mayor empleo con menor inflación. Este gran Pacto debería contar, a su vez, con cinco Pactos o Pilares: uno para relanzar la inversión, otro para aumentar el empleo asalariado formal, otro para reducir la inflación y sus expectativas futuras, otro para reformar la tributación y hacerla más eficiente y menos regresiva y otro para focalizar el gasto social en las actividades y las personas que realmente lo necesitan para hacerlo más progresivo. Pacto por la Inversión 1) Para que haya más inversión, que va a ser el elemento clave para que en los próximos años se consiga mantener un crecimiento sostenible con mayor productividad y con menor inflación, hace falta ofrecer unas fuertes deducciones fiscales, aunque limitadas en el tiempo (a las inversiones que se inicien en los siguientes cuatro años, por ejemplo) a todas las empresas y familias que reinviertan sus ganancias y su ahorro acumulado. Dichas amplias deducciones fiscales serán un incentivo para que las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, reinviertan sus utilidades en aumentar su capacidad productiva y su productividad a través de una renovación de sus bienes de equipo, de una mejora de su nivel tecnológico y de su innovación en todos sus sistemas de producción, distribución y exportación. Estos incentivos deben también aplicarse igualmente a las familias que inviertan en su formación, su educación, su salud, sus pensiones o su vivienda. Ahora bien, para conseguir mayores niveles de inversión en los servicios públicos regulados, habrá que, además, establecer un marco claro y estable a largo plazo de subida de las tarifas públicas que permita generar una retribución de su inversión que sea razonable. Si esto no se consigue, seguirá habiendo poca inversión en aquellos servicios públicos en los que la oferta actual es, no sólo ya insuficiente, sino incluso declinante en algunos casos, lo que puede llegar a generar una restricción o incluso una falta de suministro y provocar una reacción ciudadana de repercusiones políticas insospechadas. Es mucho más eficiente y también rentable a largo plazo, para sostener la tasa de crecimiento en el futuro, incentivar fiscalmente la inversión privada y permitir un rendimiento de la inversión razonable en los servicios públicos regulados, que utilizar la recaudación fiscal disponible a subvencionar empresas y personas, como se ha hecho en buena medida hasta ahora para evitar situaciones complicadas. Como no va a ser suficiente para Argentina estimular sólo la inversión nacional, hace falta hacer un esfuerzo extraordinario para conseguir mayores flujos de inversión extranjera directa, aunque hay que reconocer que ya se han logrado, en 2006, flujos brutos superiores a los de la media de los años noventa (si se excluyen los relacionados por las privatizaciones por ser de una sola vez). Para ello, no sólo hay que estimular la inversión extranjera de las empresas extranjeras ya establecidas reinvirtiendo parte de sus ganancias, sino de otras nuevas dando prioridad a las que establezcan plantas y oficinas exnovo (greenfield) sobre las que compren otras ya existentes. Sin duda, si hay voluntad política para resolver los tres temas pendientes de cara a los mercados internacionales de capitales, (lo que parece ser ahora muy claro), es decir: los atrasos en el Club de Paris, los holdouts y las tarifas públicas pendientes, auguro otra fuerte ola de entradas netas de inversión extranjera en los próximos cuatro años. Pacto por el Empleo 2) Para conseguir una mayor creación de empleo no informal y asalariado, no basta sólo con que aumente la inversión privada, que es una condición necesaria, sino también que continué la reducción iniciada de la excesiva y compleja trama de regulaciones del mercado de trabajo que se introdujeron en los años 1990 con la introducción de contratos por tiempo definido con bajos o nulos costos de despido que produjeron (como en España) un mercado dual que ha originado parte de la informalidad y ha desalentado la oferta de trabajo de los que salen peor parados de dichas regulaciones como son los jóvenes y las mujeres. Hay que reconocer que ya en 1998 y en 2000 empezó a darse marcha atrás para evitar abusos, limitando los contratos de duración determinada a las pasantías y el aprendizaje e introduciendo un período de prueba de 3 meses, extensible a 6, sin indemnización pero con cargas sociales. El hecho es que se ha conseguido, en estos cuatro años de rápido crecimiento, aumentar el nivel de empleo hasta el 62% de la población en edad de trabajar y reducir el desempleo hasta el 8% de la población activa y la duración del desempleo a 10 meses, que son similares a los niveles y tasas medios de la Unión Europea de 27 miembros. De hecho, tanto los niveles de protección del empleo como los costes no salariales (contribuciones a la SS en % del salario) son muy parecidos en Argentina y en España. El mayor reto está hoy en conseguir que aumente el porcentaje de contratos de empleo asalariado, registrados y formales, y en continuar aumentando el de los contratos permanentes sobre los de duración definida. Para ello, hay que negociar y pactar con las organizaciones empresariales y los sindicatos, que, a cambio de dar deducciones fiscales a las empresas para aumentar su inversión y su empleo, es necesario continuar estimulando el empleo asalariado formal, (que es el que se afilia en mayor medida a los sindicatos) y para ello hay que continuar desarrollando el empleo estable y permanente frente al de duración determinada, manteniendo los incentivos y dando mayores facilidades a la conversión de los contratos de tiempo definido en indefinidos. Asimismo hay que tomar medidas importantes para reducir la tasa de informalidad urbana que en Argentina según la CEPAL, aun siendo menor que la media de Latinoamérica (51%) es todavía del 42% del empleo urbano total. Paradójicamente, en la última década se ha dado una expansión del empleo sin contrato o no registrado, principalmente en las microempresas mientras que las empresas más grandes han utilizado casi exclusivamente contratos a tiempo fijo, y los contratos permanentes o indefinidos han caído. Según MTES, los asalariados no registrados del sector privado han pasado del 33,4% en 1990 al 50% en 2005. Al parecer la causa principal es que las microempresas no pueden absorber los costos involucrados en los contratos ya que los costos laborales no salariales son la mitad que en los contratos permanentes y de dos tercios que en los contratos de tiempo definido. Su afloración e inclusión en la economía formal es necesaria ya que en ella se niegan a muchos trabajadores la titularidad de derechos básicos sociales y laborales. Para ello, por un lado, es conveniente reconocer dicha informalidad e intentar adaptar las regulaciones existentes a las posibilidades de cumplimiento de los informales, antes de exigir su cumplimiento, y proponer mecanismos que incluyan el reconocimiento de sus títulos de propiedad, de la separación patrimonial entre empresa y empresario informal, su habilitación tributaria, el reconocimiento de su relación laboral y el desarrollo del comercio ambulante en condiciones de mayor estabilidad y seguridad. Por otro lado, hay que promover métodos que permitan determinar la existencia de una relación de trabajo (remuneración periódica, horario, provisión de materiales y herramientas) para garantizar la protección a dichos trabajadores informales y perseguir las relaciones de trabajo ocultas. También es conveniente restringir la subcontratación laboral a los trabajos de corta duración y a las tareas excepcionales. Si hay sanciones, estas no deben de ser pecuniarias sino de obligar a que den una mayor capacitación de sus empleados. Finalmente, hay que intentar reducir no sólo la precariedad en el empleo, sino también la todavía elevada proporción del empleo asalariado sin contrato o con contrato a corto plazo así como el subempleo, que hace que, según la CEPAL, todavía un 25% de los empleos urbanos y más de un 35% de los urbanos tengan ingresos insuficientes para que su hogar pueda superar la pobreza. Pacto por la Desinflación 3) Para evitar que se desate una espiral inflacionista hace falta conseguir que los salarios no reaccionen en exceso a los aumentos de inflación. Por ejemplo, se podría pactar con los sindicatos y las organizaciones empresariales que la negociación anual o bianual de salarios se haga sobre la inflación esperada y no sobre la pasada y, a cambio de ello, que el Gobierno y el Banco Central se comprometan a llevar a cabo una política antiinflacionista que reduzca tanto su tasa actual sino como las expectativas de inflación en los próximos años. Esta misma medida, que formó parte en España de los Pactos de la Moncloa, redujo notablemente la espiral inflacionista que se estaba gestando y que, de no haberlo hecho, se hubiera desbordado. En todo caso, es justo reconocer que la política fiscal del gobierno Argentino ha sido anticíclica durante todo el período de sus cuatro años de gobierno, pero también hay que reconocer que no ha sido de por sí suficiente para detener el aumento de la inflación, provocada por el fuerte crecimiento de la demanda de consumo nacional pública y privada y por la inflación importada, ya que el gasto público ha tenido que ser procíclico para atender a las necesidades de las capas más pobres de la población tras haber sufrido una depresión. De ahí que, a partir de ahora, haya que actuar también a través de una política monetaria antiinflacionista, que es la más adecuada para ello, como parece que ha empezado ya incipientemente a apuntar el Banco Central. Este mayor protagonismo de la política monetaria, sumado al de la política fiscal, es necesario ya que existe el peligro de que, al subir el banco central los tipos de interés para mejor controlar la demanda, en un contexto en el que el Consejo de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo pueden seguir bajándolos, o empiecen a bajar sus tipos de intervención, Argentina tendría un mayor ingreso de capitales a corto plazo y una mayor presión para apreciar su tipo de cambio. Para poder seguir manteniendo el tipo de cambio ligeramente subvaluado o mejor, neutral, no cabría descartar el tener que aplicar alguna restricción a la entrada de capitales a corto plazo, si ello fuera indispensable. Es decir, las causas de la inflación han sido varias: Existe, desde hace años, un crecimiento de la demanda de consumo privada muy fuerte, por otro lado la oferta nacional y de importación no ha podido crecer al ritmo apropiado para atenderla, por falta de inversión suficiente y también por los elevados precios de las materias primas energéticas que, con un tipo de cambio depreciado, han importado también inflación. De ahí que haya que actuar ahora, al mismo tiempo, tanto sobre la oferta, aumentando el crecimiento de la inversión, como sobre la demanda, moderando el ritmo de crecimiento del consumo y aumentando el del ahorro y evitando tener una mayor inflación importada. Tengo que reconocer que la experiencia muestra que los procesos de desinflación son difíciles y llevan tiempo y que hay que ser pacientes ya que pueden tener algún coste político a corto plazo, pero es absolutamente necesario llevarlo a cabo. Un paso necesario y previo a este pacto a tres bandas es acabar de una vez por todas con la incertidumbre y falta de credibilidad que rodea hoy al sistema estadístico nacional en lo referente a la tasa de inflación ya que de no ser así, no se podría alcanzar el antedicho pacto antiinflacionista. La solución es relativamente fácil. Basta con nombrar un Consejo Asesor o Rector de dicho organismo que esté compuesto por un grupo de estadísticos y economistas de elevada reputación (de los que Argentina posee en abundancia) y dejar que ellos mismos propongan los cambios necesarios para que dichas estadísticas sean más fiables y creíbles. Pacto Fiscal 4) Para conseguir los recursos necesarios para hacer frente a un mejor estado de bienestar solidario se necesita una mayor y mejor y menos regresiva recaudación fiscal por lo que el cuarto pilar del “Pacto para la Inversión, el Empleo y la Solidaridad” debe de ser un Pacto Fiscal para aumentar y mejorar la recaudación tributaria y hacerla más igualitaria. Por un lado, según el Banco Mundial, Argentina es el país, entre los grandes países de Latinoamérica, en el que la diferencia entre su recaudación tributaria real y su recaudación tributaria potencial es mayor (un -12% del PIB) mientras que en Brasil y Chile es del -1%, en Perú del -4,6%, en México del -5,2%, en Venezuela del -6,45 y en Colombia del -8,9% del PIB. Por otro lado, la recaudación tributaria del gobierno central de Argentina, según la base de datos de ILPES, fue del 17% del PIB en 2006, 1 punto porcentual menos que la de Chile, 2 menos que la de Colombia, 8 menos que la de Brasil y 9 menos que la de Uruguay y Bolivia. Si se incluyen las contribuciones sociales, Argentina sube al 26,7% del PIB y se sitúa muy por encima de Chile, de Colombia y de Bolivia. Sin embargo, existe una correlación bastante elevada entre un mayor peso de los impuestos para financiar el gasto público y una mayor legitimidad fiscal por parte de los ciudadanos. Según el Latino-barómetro, sólo un 18% de los argentinos considera que dicha recaudación tributaria se gasta adecuadamente, frente a un 32% y 33% de Uruguay y Chile aunque todavía sigue siendo un porcentaje ligeramente superior al de Colombia y Brasil y muy superior al de México, Perú, Ecuador, Guatemala y Bolivia. La necesidad de mejorar el sistema tributario argentino y su recaudación es clara. Existe una regla: la regla de Barro (por el famoso economista norteamericano Robert J. Barro) que establece que una recaudación tributaria (excluyendo las contribuciones a la Seguridad Social) inferior al 20% del PIB es negativa para el crecimiento ya que no permite ni siquiera suministrar los bienes públicos básicos que necesitan sus ciudadanos para prosperar, en términos de educación, salud, seguridad, infraestructuras etc. Y que una recaudación superior al 40 por ciento tampoco ayuda al crecimiento ya que ya empieza a suponer una presión excesiva sobre el ahorro y el gasto privado. Si además esta regla se pondera por la renta por habitante, Argentina queda situada en un nivel todavía inferior al 20% (aunque superior al de México). ¿Qué puede contener el Pacto Fiscal? En primer lugar, habría que mejorar los sistemas de recaudación en general ya que su eficiencia (recaudación real sobre recaudación potencial) se ha constatado que es muy baja. Sólo con unos funcionarios muy bien formados y mejor pagados que el resto de los de la administración pública es posible lograrlo. Para ello sería preferible tener una Agencia Especial Tributaria con mucha autonomía que pueda separarse del sistema general de remuneración de la Administración Pública. En segundo lugar, habría que modificar la estructura del sistema impositivo. Por un lado, mientras que los impuestos sobre las exportaciones han ido cayendo en toda la región como porcentaje de la recaudación total, sin embargo, han aumentado recientemente en el caso de Argentina. Existe una cierta contradicción entre la política de tipo de cambio y la impositiva, ya que parte de lo que se estimula la exportación manteniendo un tipo de cambio depreciado, lo que considero en general una política apropiada, mientras se pueda, se des-estimula a través de retenciones sobre dicha exportación. Habría que, aprovechando la creciente depreciación del dólar, intentar empezar a reducir ambos (estímulo y contra estímulo) en paralelo y paulatinamente, lo que ayudaría a reducir la tasa de inflación y también a facilitar la política monetaria del banco central, a cambio de una menor recaudación que puede compensarse con otras ya que existe mucho margen para aumentar la base tributaria. Por otro lado, de acuerdo con la CEPAL y KPMG, la recaudación de los impuestos indirectos (IVA) es del 7,2% del PIB, frente al 6,4% del PIB en la media de Latinoamérica, pero con un tipo general del 21% frente a un 14,8% promedio en Latinoamérica. Hay algo de contradictorio en esta relación, ya que otros países con una tasa general más baja, como Chile (19%) o mucho más baja como Colombia o Venezuela (16% y 11%) logran recaudar más que Argentina (un 7,3%, un 7,4% y un 8,7%, respectivamente). Y por otro lado Uruguay, con una tasa general del 23% recauda el 10,7% del PIB, mucho más que Argentina con sólo dos puntos porcentuales más. Es decir, la productividad del IVA (medida dividiendo la recaudación sobre PIB por su tasa) es en Argentina del 34%, en Chile del 38%, en Colombia del 46% y en Venezuela del 79%. Quizá la explicación pueda estar en que Argentina utiliza un sistema de tasas múltiples que reducen la eficiencia de su recaudación, mientras que los otros países logran mejores resultados con una o dos tasas uniformes que aumentan la sencillez de su recaudación. Asimismo, la recaudación de los impuestos directos está demasiado sesgada hacia el gravamen sobre las empresas y muy poco hacia el gravamen sobre la renta de las personas físicas, lo que genera distorsiones claras y falta de equidad. Argentina recauda por impuestos de sociedades el 3,9% del PIB, la más elevada de Latinoamérica, frente a un 2,6% de media en Latinoamérica, cuando la media de la OCDE está en el 3,4% del PIB, Sin embargo, se recauda por impuestos sobre las personas físicas sólo un 1,5% del PIB, frente a un 1,6% de media en Latinoamérica, a un 4,3% de Brasil, a un 2,4% de México y a un 9,0% del PIB de media en la OCDE y de EEUU. Lo lógico sería intentar equilibrar más dicha relación para acercarse algo a las de los países desarrollados y conseguir que el sistema tributario sea algo más progresivo. Lo lógico sería reducir las tasas sobre el impuesto de sociedades, que es lo que ha hecho Irlanda con extraordinario éxito en términos de atracción de la inversión extranjera y de creación de empresas locales y también reducir algo las tasas del impuesto sobre la renta, lo que permitiría aumentar y extender más fácilmente su base imponible y recaudar mucho más. Habría asimismo que reducir los tramos de tasas de renta para hacerlo más sencillo y, sin embargo, aumentar el mínimo exento para hacerlo más progresivo. Un cuarto elemento de cambio estructural del sistema impositivo sería el de gravar, aunque sea en una pequeña proporción, las rentas del capital que hoy no se gravan en Argentina. Es verdad que, de acuerdo con la imposición óptima, los impuestos sobre el capital deben de ser bajos (y también los impuestos sobre el ingreso altos, como ambos lo son ya en los países nórdicos) ya que pueden acabar perjudicando a propios trabajadores puesto que tienden a reducir la acumulación de capital y, de ahí, su productividad laboral y, por tanto, sus salarios. Pero también es meridiano que casi ningún país ha dejado de gravar las rentas del capital, tanto los intereses y los dividendos como las plusvalías y no parece que en Argentina su ausencia haya estimulado mucho la inversión y la acumulación de capital, por lo menos hasta ahora. Finalmente, existe otro elemento que genera una elevada distorsión y complejidad en el sistema tributario argentino que es el de los gastos tributarios: es decir, el de la gran maraña de exenciones, exoneraciones, créditos fiscales, deducciones, aplazamientos y devoluciones que alcanzan el 2,4% del PIB, de los que un 80% están recogidos en las leyes de los distintos impuestos y un 20% se dedican a los diversos regímenes de promoción económica sectorial y regional. Habría que volver a replantearse todos ellos a la luz de su efectividad y su equidad, ya que muchos de ellos benefician en su mayoría a las clases más altas. Pacto por la Solidaridad 5) El quinto y último pilar del Pacto Social sería el de la Solidaridad, es decir el de la extensión y focalización del gasto público re-distributivo, que es mucho más eficiente en su efecto de redistribución que el derivado de intentarlo a través del sistema tributario, es decir, de los ingresos. Esta política permitiría reducir, al mismo tiempo, el carácter regresivo de los ingresos tributarios y de los gastos públicos argentinos. Los cálculos del Banco Mundial que se han realizado sobre el coeficiente de Gini que mide la desigualdad de distribución de la renta (siendo 0 la igualdad total y 100 la desigualdad total), para el caso de Argentina demuestran que, siendo 54 antes de impuestos, empeora hasta 56 después de impuestos, empeoramiento sólo superado por los de Brasil, Guatemala, Honduras y Panamá. Lo mismo se puede decir del coeficiente de Gini antes y después de impuestos y transferencias del gasto público. Según la CEPAL, en el caso de Argentina el coeficiente de Gini baja de 50 antes de impuestos y transferencias a 48 después de ellas, cuando, por poner dos ejemplos europeos cercanos, en España, baja de 47 a 35 y en Portugal de 49 a 38. Es decir, hay todavía mucho por hacer en las transferencias y gastos sociales para mejorar la distribución de la renta y reducir la pobreza en Argentina. Existen dos formas de hacer frente a este problema. El primero es a través de dar universalidad a la educación, a la salud y a la cobertura de pensiones, lo que es necesario pero quizá todavía muy caro para realizarlo en una sola legislatura de cuatro años. Otra, que es menos ambiciosa y no sustitutiva sino complementaria de la anterior, es focalizar el gasto social allí donde más se necesita para evitar su falta de progresividad. En términos de educación, Argentina es uno de los países de Latinoamérica mejor situados en su clasificación relativa. El promedio de años de asistencia a la escuela es de 12,1, el más elevado de la región, junto con Chile. El promedio de años completados es de 9,8, el segundo mayor de la región después de Chile. Ahora bien, aunque Chile, Uruguay y Argentina son los que mejor transforman dicho elevado número de años de escolaridad en conocimiento dentro de la región, sin embargo, cuando se comparan internacionalmente a través de la evaluación de sus resultados en PISA (Program for Internacional Student Assessment) se quedan en lugares rezagados, por ejemplo en matemáticas, tanto en relación con su renta por habitante como en su gasto por estudiante tanto en relación con los países del Este como con los países asiáticos emergentes. Finalmente, existe una brecha todavía muy grande entre las familias más ricas y más pobres en cuanto su acceso a la educación secundaria y universitaria. Hay muchos factores que influyen en la educación: la evidencia empírica demuestra que la familia cuenta mucho en la educación ya que es el principal medio de su transmisión; las restricciones de ingresos de las familias pobres aumentan la probabilidad de no terminar la escuela secundaria y empezara trabajar; la dificultad de acceso físico a la escuela cuenta mucho en las zonas rurales donde las distancias son muy largas; cuenta más como se inviertan los recursos disponibles que cuanto se invierte para mejorar la educación; no siempre pagar más a los profesores y tener escuelas más dotadas mejora la educación; la calidad rinde mucho más que la cantidad; cuando la toma de decisiones sobre la escuela se deja en manos de la escuela misma, las familias y las comunidades la educación mejora más que cuando los niveles de decisión son más elevados, etc. Parece claro que en el caso de Argentina hay que focalizar el gasto en educación en varios factores fundamentales: Primero, en el nivel de conocimiento y de salud de los padres y en los impedimentos físicos y de nutrición en la edad temprana de los niños. Segundo, en las transferencias de dinero y de comida y medicinas a las familias pobres condicionadas a que sus hijos asistan a la escuela. Tercero, en la educación primaria y sobre todo en la secundaria y en la formación profesional, en lugar de en la educación superior, que es mucho menos cara e incluso gratuita lo que la hace ser muy regresiva. Cuarto, en becas basadas tanto en la renta como en los méritos de los estudiantes que llegan a la Universidad para permitir que estudiantes de bajos niveles ingresos y elevados resultados de comprensión y conocimiento puedan acceder a la educación terciaria. Estas son las algunas de las formas que permiten que mejore la igualdad entre unos estudiantes y otros y por tanto los resultados de la inversión en educación, ya que una buena parte de la desigualdad en argentina es de origen educacional y se debe a que la parte de la población más pobre se ve obligada a dejar la escuela y ponerse a trabajar, por falta de ingresos familiares suficientes, a final de la primaria o en medio de la secundaria con lo que consigue ingresos más bajos que aquellos otros, con mayores ingresos, que la terminan y empalman con la superior, con lo que la brecha de ingresos aumenta en lugar de disminuir. Lo mismo se puede decir de la salud. Hay que focalizar el gasto en salud en centros de atención básica o primaria gratuita con capacidad resolutiva cerca de las poblaciones más necesitadas y no en grandes, pero escasos, hospitales urbanos. Un buen sistema de atención primaria es la mejor forma de prevenir las enfermedades y de ahorrar gasto en salud. El caso de Argentina es paradigmático, ya que, de acuerdo con la OMS, su gasto en salud es del 9,6% del PIB, ligeramente más elevado que en la media de la OCDE (9,2%) y 3,2 puntos porcentuales de PIB superior al del promedio mundial. Sus principales problemas son los siguientes: primero, es bastante ineficiente en relación a su gasto total si se compara con el de los países europeos de parecido gasto total. Segundo, es algo regresivo ya que un 28% del gasto total es gasto privado de bolsillo pagado por parte del enfermo, mientras que en el promedio de la OCDE es del 18%, diez puntos porcentuales menos y en algunos países europeos es menor del 10%. Tercero, es un gasto público regresivo, ya que de acuerdo con la CEPAL, la distribución del mismo entre los quintiles de renta muestra que el 20% de mayores ingresos recibe tres veces más gasto público en salud que el 20% de menores ingresos que suele tener mayores problemas de salud que el primero. Cuarto, parte de su menor eficiencia deriva de que no existe una integración de los sistemas financiados con impuestos y de los sistemas contributivos, de la Seguridad Social, es decir que existen distintos tipos de prestación y vinculación entre el sector público y privado, lo que implica una menor solidaridad y gestión de riesgos y una duplicidad de funciones y un uso ineficiente de los recursos. Por un lado, la cobertura de la Seguridad Social (personas empleadas que cotizan) es del 56% en las zonas urbanas y del 69% en el sector urbano formal (incluyendo sólo asalariados y excluyendo trabajadores por cuenta propia) siendo mucho más baja en las zonas rurales. Por otro, la población cubierta por el seguro social es sólo del 38% en el quintil de mayores ingresos (que puede optar por su nivel de ingresos por un seguro privado) y de más del 92% en el de menores ingresos (que no tiene opción). Finalmente, existe un paquete básico de prestaciones de salud pero sólo en el sistema público PMOE, ya que en el OS y en el privado varía de acuerdo con el convenio. Por todo ello, parece que lo más lógico es que hubiese una mayor integración de los sistemas y que además se separase la integración vertical existente entre el financiamiento y la prestación, lo que facilitaría que las instituciones que gestionan el financiamiento no se vean obligadas a comportarse como cajas pagadoras, sino más bien como administradores de riesgos de salud ejerciendo una función activa en la compra de servicios de salud para sus afiliados. Por último, en el caso de los sistemas de pensiones de Argentina hay que focalizar el mayor esfuerzo en las pensiones asistenciales más que en las contributivas, ya que estas todavía no cubren a un elevado porcentaje de la población. Por ejemplo, el porcentaje de la población en edad de trabajar activa que está cubierto tanto por el sistema de reparto como por el de capitalización ha descendido desde la reforma desde el 50% al 22% según un reciente estudio con cifras de 2004. Lo mismo ha pasado en casi todos los países de la región. Naturalmente, la caída en la cobertura afecta especialmente a los grupos de trabajadores de salarios más bajos, a aquellos que no están obligados a cotizar, al sector rural a los trabajadores autónomos y a las mujeres. Más todavía, muchos de los que cotizan en los nuevos planes de pensiones dado que llevan cotizando pocos años no van a conseguir ni siquiera la pensión mínima cuando se jubilen. De ahí que en un país donde los niveles de informalidad alcanzan cerca de la mitad de la fuerza laboral y donde existe todavía inestabilidad laboral y trabajo precario, el objetivo de prevención de la pobreza en la vejez debe de estar respaldado por un sólido componente no contributivo. Este pilar debe de diseñarse de tal forma que minimice los incentivos negativos a la participación en la economía formal, mantenga un alto grado de eficiencia en su administración de sus recursos y asegure su viabilidad financiera en base a proyecciones demográficas y financieras prudentes. Además, los sistemas de capitalización argentinos fueron prácticamente expropiados durante la crisis de la convertibilidad aunque luego se hayan recuperado, luego hay que evitar que vuelva a darse una injerencia política en una pensión privada. Finalmente, también es importante que las AFJP gasten menos en comercialización ya que su coste no justifica los resultados en términos de captar nuevos contribuyentes ya que la competencia no es tan elevada como se pensaba. El nuevo pilar de “Pensiones Solidarias” de Chile puede ser un ejemplo a imitar ya que los chilenos se han dado cuenta de que, por un lado la mitad de los afiliados no van a haber cotizado un mínimo de 20 años y no van a alcanzar la pensión mínima y de que la cobertura de ambos sistemas contributivos sólo llega al 57% del total de la población activa. Este nuevo sistema garantiza un complemento no contributivo a todos los ciudadanos que lleguen a la edad de jubilación (65 años) con una pensión por debajo de los 200.000 pesos mensuales que equivalen al 150% del salario mínimo. |
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