Promueve acción declarativa de certeza






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PROMUEVE ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA.


Sr. Juez Federal:

FEDERICO ADOLFO STURZENEGGER, economista, Documento Nacional de Identidad Nº17.815.550, en mi carácter de Diputado Nacional y en ejercicio de la legitimación a que más adelante me referiré, con domicilio real en la calle Finochietto 627, CABA, constituyendo domicilio en Balcarce 412, CABA y domicilio electrónico en los términos de las Acordadas CSJN Nros. 31/11 y 38/13 en el Usuario federico@fsturzenegger.com.ar, con el patrocinio letrado de ARTURO SEBASTIÁN OLIVERA BARBERI, abogado, inscripto al Tº109, Fº900, CPACF, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

  1. OBJETO.

En el carácter invocado y en los términos del Art. 322 del CPCCN, vengo a promover demanda contra el Estado Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (“Ministerio de Economía”), con domicilio en Hipólito Yrigoyen 250, Ciudad de Buenos Aires, y contra el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), con domicilio en la calle Reconquista 266, Ciudad de Buenos Aires, a fin que V.S. disipe el estado de incertidumbre actualmente suscitado, declarando judicialmente que:

(i) De acuerdo a lo previsto en el Art. 50 de la Ley 26.895, de Presupuesto General para la Administración Nacional para el ejercicio 2014 (“Ley de Presupuesto”) (1), el Ministerio de Economía solamente puede destinar los fondos que integran el Fondo de Desendeudamiento creado por el Decreto 298/2010, en la medida en que ello disminuya el costo financiero por ahorro en el pago de intereses, a la cancelación de servicios de la deuda pública con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y, en caso de resultar un excedente y siempre que tengan efecto monetario neutro, a financiar gastos de capital.

(ii) Cualquier otro destino respecto de los fondos previstos en el Art. 50 de la Ley de Presupuesto, implica un uso no autorizado por el marco normativo vigente y aplicable, según lo legislado al respecto por el Congreso de la Nación, y por ende ilegítimo.

(iii) El saldo del Fondo de Desendeudamiento que todavía podría integrarse de acuerdo al límite establecido en el Art. 50 de la Ley de Presupuesto, no es pasible de ser destinado a un fin no autorizado, mediante la práctica –ilegítima- de convertir a pesos los dólares estadounidenses recibidos por el Ministerio de Economía a través de la colocación de una Letra intransferible, o el título público que sea, al BCRA.

(iv) De igual modo, tales cuestiones se replican en relación a lo establecido en el Art. 38 de la Ley 27.008 (2), que aprobó el presupuesto para el ejercicio 2015, por lo se solicita se extienda el pronunciamiento peticionado en respecto de esta última norma.

S.S, como podrá advertir de las explicaciones que a continuación se formularán, la información que surge de los propios registros públicos del BCRA –su balance semanal-, revela que estaría siendo desconocido el claro límite establecido en la Ley de Presupuesto para el destino de los fondos colectados para un uso específico, Fondo de Desendeudamiento, mediante una práctica administrativo – contable conjunta entre el Ministerio de Economía y el BCRA, con directa y grave incidencia en el interés general, al destinarse dichos fondos a un destino que indefectiblemente aumenta notoriamente la base monetaria y por ende no tiene efecto neutro como dispone el referido Art. 50 de la ley, sino más bien todo lo contrario, al generar mayor inflación.

En consecuencia, a través de la presente acción se persigue despejar la incertidumbre generada en relación al alcance y extensión de lo previsto en el Art. 50 de la Ley de Presupuesto, de modo de evitar que su desconocimiento afecte al común de los habitantes de la Nación.

2. LEGITIMACIÓN.

V.S., el suscripto es Diputado Nacional por el distrito Ciudad de Buenos Aires, con mandato desde el 10 de diciembre de 2013 hasta el 9 de diciembre de 2017, circunstancia que es posible corroborar mediante el acceso a la página web de la Cámara de Diputados (3).

En tal carácter, vengo a fundar la legitimación activa que me asiste para el inicio de la presente acción en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En efecto, mi parte no desconoce que en materia de legitimación activa de los legisladores, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha sido hasta a la fecha ciertamente restrictiva.

A fin de no incurrir en innecesarias citas, cabría invocar –por todos los precedentes- lo resuelto en el año 2010 en la causa “Thomas” (4).

Allí, en síntesis y con cita de precedentes previos (5), se descartó la legitimación del Diputado Nacional Thomas, por no encontrarse presente –según se dijo- un interés personal del actor. Ello en atención a no hallarse la necesaria convicción que demuestre el modo en que fue privado de ejercer las atribuciones que le asistían como legislador (v. considerando 6º).

Para arribar a tal criterio, se partió de repasar antecedentes previos del Tribunal, en los que se había sostenido igual aseveración, cuya finalidad es no permitir la reedición del debate que se ha perdido en el ámbito propio de actuación de un diputado –o genéricamente, un legislador- que es el seno del Poder Legislativo (6).

Ahora bien, más allá que tal criterio restrictivo resulte correcto y adecuado a circunstancias de verdadera necesidad de resguardo del interés público, lo cierto es que aun tal parámetro admite la legitimación en casos donde justamente no se verifican los presupuestos limitantes que allí se detallan.

En efecto, es claro que cuando el legislador no trata de reeditar un debate perdido al amparo de las reglas democráticas que hacen al funcionamiento del Poder Legislativo que integra, debe concederse la facultad de instar la acción judicial respectiva cuando se corrobora una afectación como la que se describe en el presente.

En el caso, note V.S. que, por una parte, el planteo que se somete a su jurisdicción no ha sido materia de debate y tratamiento de ningún tipo en el ámbito del Poder Legislativo.

Pero a la vez y en lo que entendemos resulta determinante en el análisis del aspecto a que nos venimos refiriendo, ponemos de resalto a V.S. que pese al tiempo transcurrido, a la fecha NO se ha conformado la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS DE LA DEUDA, creada por el Art. 6º del Decreto 298/2010 (7).

Es decir, que el órgano que prevé expresamente el Poder Legislativo para, en el ámbito del mismo, proceder al seguimiento, verificación y control de los pagos que se realizan con el Fondo del Desendeudamiento Argentino, no está implementado pese a ordenarse su conformación hace casi ya 5 años8.

Debe recordarse que según los considerandos del Decreto 298/10, de necesidad y urgencia, el propósito de esa Comisión es, precisamente, asegurar la transparencia en la instrumentación de los pagos a realizar con el Fondo del Desendeudamiento Argentino, … a los fines de la verificación y control de dichos desembolsos.

Sírvase entonces reparar V.S., que la actuación dentro del ámbito propio del Poder de Gobierno que integro, el Poder Legislativo, no es posible de instarse ni ejercerse, debido a la falta de conformación de la Comisión Bicameral mencionada.

Surge así evidente que no tengo otro modo de ejercer mi incumbencia, que no sea a través de esta acción; siendo además que como se desprende de mi perfil de público conocimiento, me he capacitado en cuestiones económicas e integro justamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación.

Se puede entonces corroborar la presencia en el caso de un supuesto de clara legitimación de mi persona para proponer la pretensión traída ante S.S., al verificarse una clara imposibilidad del suscripto de controlar la cuestión denunciada en el ámbito propio del Poder Legislativo –afectación directa y personal-, a la vez que, como se verá, estarse en presencia de un perjuicio para el total de los habitantes de este país.

El criterio expuesto ha tenido acogida favorable en un precedente de este fuero (9), donde se dijo que:

Los actores -diputados de la Nación- se encuentran legitimados para plantear la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia que no ha sido puesto en consideración del Poder Legislativo en el marco del art. 99, inc. 3° de la C.N., en defensa del ejercicio de competencias que les son propias y que se encontrarían afectadas en forma directa y substancial, pudiendo configurarse de su parte un interés especial, personal y directo para litigar (Cons. V)”.

A mayor abundamiento, debe invocarse como sostén de la legitimación propuesta, que el Art. 25 pto. 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“CADH”) -con jerarquía constitucional- establece que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones judiciales…”.

A todo evento, se destaca que tampoco el Ministerio Público de la Nación ha ejercido acción alguna en ejercicio de la legitimación que le confiere el Art. 120 de la Constitución Nacional.

Por último y en atención a los altos intereses en juego en cuestiones de gravedad institucional como la propuesta, es menester mencionar lo señalado por una importante constitucionalista al comentar el aludido precedente “Thomas”, quien se pregunta en relación a la legitimación (10): “… ¿Las reglas no están para ser cumplidas? ¿No constituye ello la medida de la calidad institucional? ¿El control ciudadano no se favorece con la visibilidad social que proporciona un debate robusto y extendido?”.

Se trata en suma, V.S., de garantizar el control de la Administración en el cumplimiento de la ley y en pos de ello, negado dicho control en el ámbito específico del Congreso, debe resguardarse en el ámbito judicial.

Al respecto, el Máximo Tribunal ha dejado bien en claro lo que significa institucionalmente el control público y necesidad de ser ejercido por quienes tienen asignada la competencia respectiva, afirmando que (11):

Si se desconoce el papel asignado a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas la estrategia de transparencia fracasa en su objetivo, en tanto se mantiene el ejercicio discrecional de sectores de la Administración que se consideran a sí mismos como esferas inmunes al control. De ahí que en los límites de esta decisión, resulte necesario destacar un aspecto particularmente importante: la necesidad de fortalecer en la práctica de las instituciones de la Administración la organización en torno a un principio de transparencia que neutralice la lógica corporativa que ha constituido a lo largo del tiempo un rasgo distintivo del sistema. En efecto, el control no puede ser sólo jerárquico, pues ‘dentro del sistema republicano de gobierno ningún funcionario del Estado es dueño o árbitro de los intereses que le son confiados, todos son mandatarios del pueblo, que les señala su cometido a través de las leyes a las que deben sujetar su actuación’ (Fallos: 327:5863, voto concurrente del juez Maqueda). Ello por cuanto, la actividad estatal no debe estar monopolizada por voluntades omnipotentes sino repartida entre órganos cuyas competencias se establecen normativamente (Fallos: 327:5863, voto del juez Fayt)”.

Sin dudas, el criterio de la Corte Suprema es extensible a un caso como el presente, en el que el órgano con competencia para el control de la cuestión propuesta por mi parte no ha sido siquiera conformado.

En virtud de las consideraciones expuestas, entiende mi parte que se encuentra legitimada para iniciar la presente demanda.

3. ANTECEDENTES.

3.1. La descripción de la operatoria actual entre el BCRA y el Ministerio de Economía.

Seguidamente expondremos la situación de incertidumbre suscitada en relación a las normas invocadas y, además y fundamentalmente, por qué es que esta cuestión es por demás relevante en tanto generadora de efectos harto perniciosos para la economía en general y para los habitantes de la Argentina en particular.

Así, debe comenzarse por señalar que el Art. 50º de la Ley de Presupuesto dispone que:

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a integrar el Fondo del Desendeudamiento Argentino, creado por el decreto 298 de fecha 1° de marzo de 2010, por hasta la suma de dólares estadounidenses nueve mil ochocientos cincuenta y cinco millones (u$s 9.855.000.000)”.

Los recursos que conformen el Fondo del Desendeudamiento Argentino se destinarán, en la medida en que ello disminuya el costo financiero por ahorro en el pago de intereses, a la cancelación de servicios de la deuda pública con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y, en caso de resultar un excedente y siempre que tengan efecto monetario neutro, a financiar gastos de capital”.

A tales fines, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a colocar, con imputación a la planilla anexa al artículo 49 de la presente ley, al Banco Central de la República Argentina, una o más letras intransferibles, denominadas en dólares estadounidenses, amortizables íntegramente al vencimiento, con un plazo de amortización de diez (10) años, que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina por el mismo período, hasta un máximo de la tasa Libor anual, menos un (1) punto porcentual y cuyos intereses se cancelarán semestralmente”.

Los referidos instrumentos podrán ser integrados exclusivamente con reservas de libre disponibilidad; se considerarán comprendidos en las previsiones del artículo 33 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, y no se encuentran alcanzados por la prohibición de los artículos 19, inciso a) y 20 de la misma”.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá informar periódicamente a la Comisión Bicameral creada por el artículo 6° del decreto 298 de fecha 1° de marzo de 2010 el uso de los recursos que componen el Fondo del Desendeudamiento Argentino”.

Tal norma es replicada en la actual Ley 27.008 de Presupuesto para el ejercicio 2015, en su Art. 38.

En otros términos, se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a integrar el Fondo de Desendeudamiento Argentino (creado por el Decreto Nº298/2010) por una suma de hasta dólares estadounidenses nueve mil ochocientos cincuenta y cinco millones (U$S 9.855.000.000).

La operación de traspaso de dichos fondos al Ministerio de Economía se realiza mediante la colocación de Letras Intransferibles al BCRA, el cual contabiliza dicho instrumento como un activo en su hoja de balance.

Este dinero, de acuerdo al citado Art. 50, únicamente puede utilizarse para dos posibles fines taxativamente mencionados:

1) En la medida en que ello disminuya el costo financiero por ahorro en el pago de intereses, a la cancelación de servicios de la deuda pública con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2014”; y

2) En caso de resultar un excedente y siempre que tengan efecto monetario neutro, a financiar gastos de capital.

Ahora bien, de acuerdo al balance semanal del BCRA, durante la primera semana de octubre tuvo lugar la colocación de una Letra Intransferible por una suma de dólares estadounidenses tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones (U$S 3.459.000.000) y, luego, en la última semana de noviembre, una Letra Intransferible adicional por una suma de dólares estadounidenses tres mil doscientos veintisiete millones cuarenta y un mil (U$S 3.227.041.000).

En total, ha sido transferido por este mecanismo el monto de U$S 6.686 millones, por lo que todavía existe un margen de U$S 3.169 millones que pueden ser traspasados al Tesoro de la Nación a cambio de Letras Intransferibles durante lo que resta del ejercicio fiscal 2014.

Sin embargo, note V.S. que las obligaciones por pago de deuda pública con tenedores privados, que es la finalidad de estos fondos, no son de tal magnitud.

Así, de acuerdo a los informes del Ministerio de Economía que se acompañan y que públicamente pueden consultarse (12), y en función de los acontecimientos transcurridos a lo largo del año en materia de deuda, durante los meses de septiembre y octubre de 2014 los vencimientos de deuda del sector público en concepto de capital e interés con tenedores privados se ubicarían, como máximo, cerca de los U$S 2.320 millones. Las obligaciones de esta índole para el mes de noviembre son de aproximadamente U$S 630 millones de dólares, mientras que para diciembre los vencimientos rondan los U$S1.658 millones.

Es decir, los servicios de deuda para estos meses, en su conjunto, totalizarían unos U$S 4.608 millones. Por lo tanto, se desprende de ello –reiteramos se trata de información pública-, que en vistas de que ya han sido transferidos U$S 6.686 millones al Poder Ejecutivo por el mecanismo descripto anteriormente, existe (en los términos de la Ley 26.895) un excedente de aproximadamente U$S 2.078 millones (el cual podría verse incrementado hasta cerca de U$S 5.247 millones, de concretarse nuevos traspasos de fondos por parte del BCRA al Poder Ejecutivo).

Según la normativa, el excedente en el monto dinerario que compone el Fondo de Desendeudamiento que no fue utilizado para el pago de deuda pública con tenedores privados, puede ser utilizado por el Poder Ejecutivo Nacional para financiar gastos de capital, “siempre que tengan efecto monetario neutro”.

Ahora bien, de la información publicada por el BCRA en su página de Internet (13) surgen evidencias de que al menos una parte de este excedente pudo haber sido convertido a pesos argentinos, quebrantando la restricción impuesta por el Art. 50 de la Ley de Presupuesto con respecto a los destinos permitidos para dichos fondos.

A continuación, detallamos las dos operaciones de colocación de Letras Intransferibles que tuvieron lugar este año, tal como se desprende de la hoja de balance del BCRA, que permiten visualizar, sobre la base de las operaciones concretas, la presunción que acabamos de esbozar.
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