América Latina: Los años ochenta, la década perdida






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fecha de publicación13.06.2015
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América Latina: Los años ochenta, la década perdida
Desde 1981 aparecieron los primeros signos de una nueva inestabilidad económica en los países latinoamericanos, la que se prolongó durante gran parte de la década causando un notable retroceso en el crecimiento económico al grado, incluso, de pre­sentar números negativos, circunstancia por la que ese periodo fue llamado la déca­da pérdida.

La situación más grave se presentó en 1982, el año de la llamada crisis de la deu­da, cuando México se declaró en moratoria de pagos involuntaria y fue seguido por el resto de los países latinoamericanos, obligados a reconocer su incapacidad para ha­cer frente a los pagos de amortizaciones e intereses generados por su deuda externa, lo cual resultó particularmente grave porque orilló a estos países a recurrir a nuevos préstamos de capital extranjero.

La deuda externa total de América Latina se duplicó entre 1978 y 1982, y pasó de 274 mil millones de dólares, en ese último año, a más de 360 mil millones en 1985. Esto resulta de singular gravedad si se toma en cuenta que la cifra de la deuda exter­na representaba, en 1985, casi la mitad del Producto Interno Bruto (pib) y más de dos veces y media el valor de sus exportaciones. Desde 1982 hasta 1989, América Latina transfirió más de 200 000 millones de dólares a las naciones industrializadas. Así, en 1990, cuando se habían concedido más préstamos para cubrir el pago de los intere­ses, la deuda total latinoamericana ascendió a 417 500 millones de dólares.37 Según datos del Fondo Monetario Internacional, en 1985 eran cuatro los países latinoame­ricanos con mayor endeudamiento (en miles de millones de dólares): Brasil, 104; México 96; Argentina, 50, y Venezuela, 36.

En consecuencia, durante la década de los ochenta, la región entró en una fase de semiestancamiento, con un incremento de la producción global de solamente 1.3% anual. En algunos países la caída del pib fue en alto grado dramática. Economías re­lativamente solventes, como las de Argentina y Venezuela, tuvieron una caída acumu­lada cercana a 25% entre 1981 y 1989, y en México el pib mostró en promedio crecimiento negativo en el sexenio 1982-1988.

Esa crisis trajo consigo múltiples efectos económicos y sociales para estos paí­ses. Aparte de que la inseguridad generó desconfianza entre los ahorradores, produ­ciéndose una importante fuga de capitales que acentuó la crisis, hubo un aumento significativo del desempleo tanto abierto como encubierto; en tanto que los salarios observaron una caída generalizada de alrededor de 13% en promedio para la región en su conjunto, lo que a su vez influyó en el aumento de los niveles de pobreza e in­digencia. A finales de la década, alrededor del 44% de la población latinoamericana (183 millones de personas) tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza, es de­cir, que 37% de las familias eran pobres y 17% de las mismas se encontraban en con­diciones de indigencia.38

La difícil situación era de singular gravedad para los países deudores de Amé­rica Latina porque eran ellos, precisamente, los que presentaban un crecimiento de­mográfico desmedido de los centros urbanos, como efecto de la industrialización. Las grandes y medianas ciudades crecieron a tasas muy superiores a las de población nacional —la ciudad de México, por ejemplo, se ha convertido en la urbe más pobla­da del planeta —, y en algunos países la población rural comenzó a disminuir consi­derablemente. Además del efecto económico que esto significó para la producción agropecuaria, en el aspecto social la migración rural a las ciudades trajo consigo se­rios problemas de empleo, vivienda, salud, educación y seguridad. Otro fenómeno relativo al impacto social de la crisis en los años ochenta fue el aumento de la migra­ción de campesinos —mexicanos y centroamericanos— a la frontera con Estados Uni­dos con el fin de ingresar a este país, legal o ilegalmente, en busca de empleo; este aumento migratorio generó a su vez serios conflictos internacionales.

Las respuestas frente a la crisis de la deuda. Las respuestas internas frente a la crisis financiera se basaron, principalmente, en políticas de ajuste, es decir, medidas radicales, llamadas de choque, que tomaron diferentes nombres y características en cada país pero que, de manera general, incluyeron: una reducción considerable de los gastos del gobierno, una política fiscal que proporcionara mayores ingresos al Es­tado, y un control de precios y salarios orientado a reducir la inflación. Tales medi­das implicaron una seria contracción de la economía, pues al reducirse la inversión pública se redujeron los estímulos a las empresas privadas, que hasta entonces habían gozado de los beneficios del proteccionismo gubernamental. En realidad, éstos fue­ron los primeros pasos en el abandono del modelo de sustitución de importaciones, ya para entonces imposible de sostener.

A lo largo de los años ochenta, la renegociación de la deuda se convirtió en te­ma prioritario para los gobiernos latinoamericanos. Las autoridades internacionales —el gobierno estadounidense, los banqueros privados y especialmente el fmi— plan­tearon la posibilidad de reducir la deuda. A cambio, impusieron estrictas condiciones a los países deudores latinoamericanos, obligándolos prácticamente a emprender re­formas económicas profundas. En casi todos los casos, y como recomendación de los acreedores, tales reformas incluyeron la apertura de las economías al libre mercado y a la inversión extranjera, la reducción del papel del gobierno, el impulso a nuevas ex­portaciones y la toma de medidas urgentes contra la inflación. Este conjunto de me­didas debía ser aplicado mediante una política de ajustes estructurales, que significó el abandono de las estrategias proteccionistas características del modelo de industria­lización sostenido hasta entonces en América Latina. Además, en la práctica, dichos ajustes, que correspondían a las directrices del neoliberalismo, significaron un enorme sacrificio para las po­blaciones latinoamericanas y, de manera particular, para los sectores marginados.

Por otra parte, ante la gravedad de la situación de los países acreedores y la amenaza de una moratoria de pagos generalizada, los bancos comerciales acepta­ron cooperar con la iniciativa estadounidense conocida como Plan Baker, y aplicada a México como caso pilo­to. De acuerdo con este plan, se reconocía que el pago del servicio de la deuda sólo podría darse y mantener­se en condiciones de crecimiento económico y, por tan­to, se consideró necesario apoyar a los países deudores latinoamericanos con nuevo financiamiento externo que les permitiera aumentar la producción a pesar de las medidas de recesión propias de la puesta en marcha del ajuste estructural.
Gloria Delgado, “Historia Universal. De la era de las revoluciones al mundo globalizado”

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