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CONSULTORA EXANTE. ECONOMÍA, FINANZAS Y NEGOCIOS CORPORATIVOS








27 de junio de 2003


HAY MUCHO ESPACIO PARA MEJORAR LAS SEÑALES DE LARGO PLAZO
Por Santiago Gallichio


El primer mes de gestión presidencial no mostró demasiados hechos en el área económica, si se deja de lado el anuncio del plan de obras públicas que maneja el ministro de Planificación Federal Julio de Vido. La misma continuidad de Roberto Lavagna al frente de Economía centró la escena presidencial en otras áreas de gobierno, en las que se produjeron los verdaderos golpes de timón. Sin embargo, aun sin muchos hechos hubo espacio para que se emitieran ciertas señales acerca de cómo interpreta este Presidente la economía. La misma continuidad del Ministro implica que no habrá grandes novedades respecto de la gestión Duhalde. Esto es en sí mismo un punto negativo que deberá revertirse en lo sucesivo.
La gestión anterior estuvo signada por la transitoriedad y ello atenta contra la capacidad de atraer a la Argentina inversiones de riesgo y a largo plazo. Para ello, se requiere mostrar un fuerte apego por la seguridad jurídica y un respeto firme de las reglas de juego. Tal vez el peor error de este gobierno haya sido el no haber aprovechado el cambio de gestión para mostrar con cuáles de las muchas medidas drásticas que tomó el ex presidente Duhalde no se estaba de acuerdo y, en consecuencia, se procedería a repararlas. El no haberlo hecho fue leído seguramente como un tácito acuerdo. Y un acuerdo con las muchas y graves violaciones a los derechos de propiedad cometidas en 2002 no es la mejor señal para los potenciales inversores. Aquí hay mucho espacio aún para mejorar, aunque sea apelando al mero pragmatismo, ese pragmatismo que sin empachos se está empleando en áreas como la Cancillería, por ejemplo.
Los primeros trascendidos respecto de la continuación de las negociaciones con el FMI, que habían quedado suspendidas hasta tanto asumiera un nuevo gobierno, fueron en un sentido equivocado. El ministro Lavagna se vio tentado de seguir adelante con la estrategia que le había dado buenos resultados durante la presidencia Duhalde y dejó trascender que se buscaría un nuevo acuerdo corto, para sortear los importantes vencimientos que comenzarán a golpear la caja del Tesoro en setiembre. Se esperaba contar así con el tiempo necesario para renegociar la deuda en default con los acreedores privados sin que éstos pudieran contar con el marco relativamente más cierto que implica un acuerdo como el que pretende el FMI, es decir, de mediano plazo (3 años). Forzados a negociar en esas condiciones, especulaba el Gobierno, aceptarían quitas al capital de la deuda mayores de las que aceptarían de otro modo.
Semejante actitud bien puede ser interpretada como sigue: los funcionarios de este gobierno, si bien no provocaron el default, están muy agradecidos con sus servicios y, llegado el caso, hasta lo provocarían. Lo mismo se puede interpretar del proyecto que, aunque firmado por Duhalde, defiende ahora el gobierno en Diputados. La compensación a los bancos, en lugar de ser tratada como la reparación de un daño que el Estado les infligió, pretende ser condicionada a que los bancos hagan lo que el Gobierno cree que deberían hacer: prestar más dinero al sector privado de lo que ellos mismos desean. Pero entonces, no se trata ya de una verdadera compensación de un daño sino de otra cosa totalmente nueva: un subsidio al crédito futuro. Nuevamente, se podría interpretar que este gobierno tampoco cree que haya habido un daño estatal injusto al sistema financiero y, si bien no fue su causante, llegado el caso lo habría podido causar.
Otro tanto se puede afirmar de la renegociación de las tarifas de los servicios públicos. Las empresas prestadoras no son tratadas como lo que son, víctimas de una modificación unilateral de los contratos por parte del Estado. La actitud del Gobierno más bien deja traslucir que son consideradas al menos co-responsables de su propia suerte y hasta privilegiados actores en una crisis que necesita subsidiar sectores de la demanda antes que pagar lo que corresponde a los inversores de la década pasada.
Por ahora, esta gestión parece responder a un diagnóstico ideológico: quienes se beneficiaron en los ’90 merecen llevar la mayor carga actual. Todas estas señales van quedando en la memoria de los inversores. Cuando la confianza del público en general, que se expresa económicamente como consumo, ya no sea suficiente y cuando el atractivo del tipo de cambio real haya terminado de servir como motor del crecimiento, es decir, en unos meses más, se necesitará la inyección de los inversores para seguir creciendo. Pero ellos, lo dueños del capital, están anotando no sólo los pasos que da el gobierno sino los que deja de dar y hasta las opiniones que deja trascender. Pensar que el Estado será capaz de reemplazar a esos inversores es completamente ilusorio.
En este sentido hay mucho por mejorar y hasta por revertir. Y más vale hacerlo cuanto antes. De otro modo, la presión para ceder a nuevas devaluaciones competitivas será cada vez más irresistible y el riesgo de volver al círculo vicioso de los ’80 no quedará demasiado lejos.


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