¿Cómo se está desarrollado Colombia?: Una perspectiva desde el sector minero energético y el sector agroindustrial
María Alejandra Medina García
maria.medina04@est.uexternado.edu.co
Resumen
En el presente artículo se busca evaluar la situación actual del sector minero energético y del sector agroindustrial, y como estos están contribuyendo a el crecimiento y a el desarrollo económico colombiano. Es importante tener en cuenta que se les ha prestado una atención desigual dentro de la agenda pública del gobierno nacional, en la medida en que la minería fue constituida como "locomotora” en el Plan Nacional de Desarrollo de 2010-2014, mientras que la agroindustria está poco desarrollada. Para el análisis, se evidenciarán los problemas que enfrenta cada uno y cómo la superación de los mismos llevará al país a una mejor situación económica.
Palabras Claves: Sector minero energético, sector agroindustrial, crecimiento económico, desarrollo económico
Abstract
This article seeks to assess the current situation in the energy and mining sector and agribusiness, and how they are contributing to the growth and the Colombian economic development. It is important to note that has received uneven attention to them in the public agenda of the national government, to the extent that mining was organized as a "locomotive" in the National Development Plan 2010-2014, while agribusiness it is underdeveloped. For analysis, the problems faced by each and how to overcome them take the country to a better economic situation have been found.
Keywords: mining and energy sector, agribusiness, economic growth, economic development
¿Crecimiento o desarrollo económico?
Desde una perspectiva económica, la generación de riqueza, renta y la adquisición de más bienes y servicios, por lo general, favorecen unas mejores condiciones de vida y un mayor bienestar. Está perspectiva se relaciona directamente con la satisfacción de las necesidades humanas por medio de la división del trabajo, la generación de ingreso y su distribución, que posibilitan un alza en los estándares de vida de los individuos (Eceiza, 2008, p. 1). Ahora bien, en términos de política económica, es necesaria una diferenciación entre crecimiento económico y desarrollo económico, pues puede generar confusión o la idea de que se está hablando del mismo fenómeno.
Generalmente, hablar de crecimiento económico implica referirse al aumento de la renta o valor de bienes y servicios producidos por una economía durante un periodo de tiempo, medido por indicadores como el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto. Sin embargo, estos indicadores son defectuosos al ser una medida imperfecta del bienestar material (Delong & Olney, p. 13), pues no evidencia la distribución relativa del producto económico del país, es así como el crecimiento económico se define más en términos cuantitativos que cualitativos. A partir de esta discusión, Joseph Stiglitz propone que “una economía que eleva su PIB no es una economía desarrollada, si vamos a hablar sobre desarrollo tenemos que ir mas allá de la economía, mas allá del modelo del Consenso de Whasington y pensar en otros aspectos de la sociedad” (Stiglitz, 2002, p. 11). Es decir que el término de desarrollo económico implica una correlación entre el crecimiento económico y otra serie de factores que mejoren los estándares de vida, lo que da lugar a solucionar la pobreza o la “desigualdad en la distribución de la renta, la riqueza y la participación en la vida económica y social” (Fernández, 2005, p. 3).
En el presente articulo se busca evaluar el tipo de desarrollo del que se habla en Colombia a través de la caracterización y análisis de dos sectores importantes para la economía nacional: el sector minero energético y el sector agroindustrial. En primer lugar, se describirá cada uno y se recopilarán los problemas más relevantes que aquejan cada sector. En segundo lugar, a partir de estos sectores se analizará como contribuyen o no al desarrollo del país; para finalmente establecer recomendaciones respecto a el papel que tienen como generadores de bienestar en la vida económica y social de los colombianos.
Sector minero energético: la principal locomotora ¿Con “prosperidad para todos”?
Con el primer gobierno de Juan Manuel Santos se consolidó el “boom” del sector minero energético que venía adquiriendo importancia desde los años noventa. Este gobierno reconoció al sector en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, como una locomotora que puede desarrollar el país. La minería se proyectó como la salida al subdesarrollo en la medida que la participación del sector en el Producto Interno Bruto pasó del 8,8% en el 2006 al 9,2% en 2009 (DANE, 2010). Para lograrlo, el Gobierno Nacional se propuso “adelantar una serie de reformas para consolidar y materializar las inversiones en el sector, y así posicionar a Colombia como un país minero a nivel mundial” (DNP, 2011, p. 279).
Según el Ministerio de Minas “El sector minero energético ha incrementado su participación en el PIB y en los ingresos de la Nación: su participación paso de 2009 a 2012 a ser de un 9,2% a un 10,3% del PIB y en cuanto a ingresos fiscales generados por el sector, los recursos que genera como porcentaje de ingresos tributarios del SPNF mas regalías pasó de un 12,3% a un 24,86%” (Ministerio de Minas y Energía , 2013, p. 2). Los argumentos del Gobierno Nacional para priorizar la configuración del sector minero como una locomotora para el desarrollo se basan en que ha atraído inversión en niveles elevados, lo que ha permitido que el sector minero “ocupe el segundo renglón en las exportaciones del país” (DNP, 2011, p. 279). El director de Fedesarrollo, en el II Congreso del Sector de la minería a Gran Escala, sostiene que “las ventas externas minero energéticas superan el 72% de las exportaciones totales” y que “la inversión foránea en el sector representa el 54% de la IED total” en el 2012 . (Fedesarrollo , 2013). Si bien la actividad minera consiste en explotar un recurso no renovable, el gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió a que el sector generaría capacidades en otros sectores, es decir que, por ejemplo “la locomotora de la minería se complementa con la locomotora de la innovación, para generar capacidades renovables a partir de recursos no renovables” (Estupiñán & Polanía, 2011, p. 48).
Ahora bien, es necesario hacer una evaluación del sector minero energético partiendo del hecho de que es la locomotora que más dinamizó la economía durante el gobierno anterior, pues fue la base de crecimiento en los últimos cuatro años. Sin embargo, según Eduardo Sarmiento “la mitad del valor agregado minero sale del país por vía de la repatriación de capitales y la otra se compensa por las secuelas negativas sobre la industria y la agricultura” (Sarmiento, Crecimiento lento, 2014), situación que conduce a pensar ¿Qué problemas tiene el manejo que se le ha dado a la minería en el país?. Principalmente son: 1) la exclusión de la pequeña y mediana minería en la locomotora promovida por Santos 2) la crisis de los derechos laborales, económicos y sociales de los mineros que trabajan para las grandes trasnacionales y 3) el detrimento del derecho a un ambiente sano para la población directamente afectada por está actividad económica.
En primer lugar, para 2011 a partir del Censo Minero, se identificó que en la gran mayoría de los departamentos un “80% de unidades de producción minera no tienen en promedio, título minero” (Ministerio de Minas y Energia, 2011). Este fenómeno es causado por dos aspectos principalmente, por un lado, la minería de hecho o informal ha sido históricamente una forma de subsistir para muchas comunidades en Colombia; por otro lado, tras varios intentos fallidos de formalización de la minería informal, siendo el actual Código de Minas junto con la Ley 1382 de 2010 el último intento, no se han logrado los efectos esperados. Durante el gobierno de Santos se confundió la minería ilegal con la minería criminal, lo que condujo a una situación en la que “el gobierno ha optado por no reconocer las actividades de los pequeños mineros de hecho, hasta el punto de perseguirlos y aplicarles prohibiciones, tal como lo denuncian los mineros del municipio de Ayapel (Córdoba) y del Bajo Cauca antioqueño” (Pardo M. , 2014); además de la expedición del Decreto 2235 de 2012 que ordena la destrucción de maquinaría utilizada en la exploración o explotación de minerales sin autorización, sin una previa diferenciación de la minería informal de la ilegal. Está situación desembocó en que “unos 250 mil mineros a pequeña escala de todo el país ya se sienten definitivamente excluidos de la locomotora minera y el reflejo de ese descontento es el paro nacional” (Bermúdez, 2013) que se llevó a acabo el pasado julio de 2013. Está exclusión genera interrogantes si se compara con el papel de las transnacionales en la minería, se pensaría que se está dando lugar a la imposición de un nuevo modelo “fundamentado en el ingreso de grandes compañías mineras y de hidrocarburos con amplios beneficios fiscales, laborales y tributarios que facilitaron la inversión extranjera directa” (Pardo A. , 2012), la denominada “minería a gran escala” la cual ha provocado conflictos sociales en todo el país.
En segundo lugar, a lo largo del territorio nacional, sobre todo en las regiones afectadas por la presencia de transnacionales que explotan recursos tales como: oro, petróleo, carbón, entre otros, la población emprende una lucha por sus derechos laborales, económicos y sociales. Si bien la locomotora prometía generar más empleo, en la realidad esto no está sucediendo; por ejemplo “los Wayúu no encuentran empleo en El Cerrejón, que prefiere emplear a gente foránea. De hecho, solo el 1% de la fuerza laboral de El Cerrejón pertenece a la comunidad Wayúu en un departamento donde el 45% de la población es indígena y con un 70% de pobreza en la región” (Vicente, Martin, Slee, Birss, Lefebvre, & Bauer, 2011). Por otro lado, la lucha también ha sido motivada por exigir un ambiente sano y el goce de los recursos naturales por parte de la comunidad. Según el CINEP, en Colombia “comunidades campesinas, afro descendientes e indígenas que se sienten gravemente amenazados por un modelo económico extractivo el cual, acompañado de una política pública a favor del gran capital, deja a los habitantes y sus territorios vulnerados en sus derechos y arrasados sus patrimonios biológicos, culturales políticos y sociales” (CINEP/Programa por la paz, 2012,p. 8).
Sector agroindustrial, sin sustento a causa del abandono al agro
Por otro lado, en cuanto al sector agroindustrial, actualmente los esfuerzos estatales se han centrado en generar lazos directos entre los sectores agrícolas y los sectores industriales, con el fin claro esta, de hacer el proceso de transformación de materias primas mas eficiente y que generé mayores ganancias. Este proceso ha venido de la mano del fortalecimiento de la inserción colombiana en mercados cada vez mas grandes y competitivos como el estadounidense, según la visión de la economía del actual gobierno. Si bien es cierto que no puede desarrollarse un sector agroindustrial sin la existencia de un sector agropecuario y el fortalecimiento de la conexión con el sector industrial favorecería mas el desarrollo económico del país. Según PROEXPORT Colombia, “el sector agropecuario aporta el 9% del PIB, sus ventas al exterior representan el 21% del valor de las exportaciones totales y genera el 19% del empleo a nivel nacional y el 66% en las zonas rurales. De los 10 principales productos no tradicionales de exportación, 7 pertenecen al sector. Para el periodo 2004-2009 el PIB sectorial creció 2.3% promedio real anual, alcanzando niveles de 3.9% en los años 2006 y 2007. El comportamiento favorable se explica, no solo por el incremento de las ventas externas agrícolas (de US$3 mil millones en 2004 a US$6 mil millones en 2009), sino por la ampliación del mercado interno” (PROEXPORT, 2011, p. 5).
Colombia goza de condiciones favorables en términos geográficos, climatológicos e hidrológicos que han permitido una abundante producción agrícola con una basta oferta de materias primas (PROEXPORT, 2011). Sin embargo, este sector no ha sido apoyado con programas gubernamentales y ha sido vulnerado por un largo conflicto en el que el factor fundamental ha sido la inequitativa distribución de la tierra, sin una reforma agraria que intente reestructurar y reorientar este importante sector productivo. Según un estudio estadístico de la Universidad Nacional “Colombia presenta un alto nivel de concentración de tierras, con un índice de Gini de 0.8479. En Colombia el 80 % de la tierra está en manos del 10 % de los propietarios. Este alto grado de concentración de tierras se presenta, en general, en todos los departamentos y regiones del país” (Rodriguez & Cepeda, 2011). Durante varias décadas, este sector se ha enfrentado a los mismos problemas sin que se le provea una solución estructural, pero no deja de ser esencial para la economía colombiana. En consecuencia, el Plan Nacional señaló en el 2010 los “cuellos de botella” del sector en donde se identifican problemas tales como: la baja remuneración laboral, la acentuada pobreza rural, los elevados costos de producción, la falta de financiación, entre otros. Sin embargo, en el gobierno de Santos no hubo “prosperidad” para miles de familias campesinas situación que desemboco en el Paro agrario, a pesar de los intentos del presidente de negar las demandas de las diferentes dignidades y las malas condiciones a las cuales se enfrenta está actividad económica.
De esta manera, se evidencia que no hay voluntad política ni incitativas de política pública para articular el sector agro con el sector industrial. En la medida en que se presentan problemas de tipo técnico, debido a la ausencia de tecnología y personal capacitado. También hay necesidades con respecto a una buena infraestructura, a enfrentar los problemas especiales de comercialización interna y la volatilidad e imperfecciones que acusan los mercados mundiales de algunos de los productos que pueda exportar Colombia. Más allá de las políticas dirigidas a los sectores más pobres en las zonas rurales, esto justifica una política agrícola activa e instrumentos especiales de comercio exterior para productos agroindustriales como franjas de precios y fondos de estabilización (CEPAL, 2002, p. 55). Es impresionante la falta inversión en ciencia y tecnología pues “mientras Brasil invierte cerca del 2% de su PIB en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, Colombia no alcanza el 0,5%” (Revista Dinero, 2013). Por otro lado, el débil esfuerzo del gobierno por solventar problemas de comunicación y transporte que generalmente producen sobrecostos en el producto final, que a pesar de ser la infraestructura un pilar del actual gobierno, esta necesita ser vista como una prioridad no solo enfocada en la construcción carreteras, sino en otras formas más eficientes de transporte a nivel nacional e internacional.
A su vez, la actitud pasiva del gobierno frente a las políticas comerciales proteccionistas de las potencias agroindustriales que a la hora de establecer relaciones económicas son estas últimas las que imponen las condiciones, sin que Colombia proteja a sus productores y a sus productos, como es el caso del Tratado de Libre Comercio con EEUU. Al final, se desconoce las condiciones desiguales que no permiten al país ser competitivo en este sector y mas bien se subordina a los intereses de multinacionales y a la dinámica internacional del mercado manejado por las potencias. En efecto, condicionar el mercado nacional y la industria local, obliga a la producción a tener en cuenta las necesidades internacionales mas que las nacionales, lo que debilita el mercado interno. En Colombia no hay tampoco una política que establezca una seguridad alimentaria para abastecer las necesidades de la población mas que las demandas del mercado extranjero; por ejemplo, la preferencia de producir mas caucho o palma de cera antes que arroz o productos de primera necesidad. La Sociedad de agricultores señala “la importante contribución que la producción campesina realiza, con el 9% de la propiedad de la tierra produce cerca del 60% de los alimentos que consumimos los colombianos; mientras que la gran propiedad, un poco más del 49% de la propiedad de la tierra, produce solo el 9% de los alimentos del país” (SAC, 2013).
¿De que tipo de desarrollo se habla en Colombia?
Es necesario hacer un balance de cómo el sector minero energético y el sector agroindustrial están pensados en Colombia en términos de desarrollo o crecimiento económico. Por el lado de la minería, el gobierno nacional lo posiciona como un éxito en consecuencia a los aportes que hace en términos de PIB. Sin embargo, aquí se habla entonces de un crecimiento económico sin desarrollo, que de hecho hasta en términos de PIB está entrando en una etapa de estancamiento. Según Eduardo Sarmiento “la minería, que hizo de locomotora en los últimos diez años, se ha venido desacelerando y no sería extraño que entrara en una fase de índices negativos” (Sarmiento, Crecimiento sin bases, 2014) y “la mitad del valor agregado minero sale del país por vía de la repatriación de capitales y la otra se compensa por las secuelas negativas sobre la industria y la agricultura” (Sarmiento, Crecimiento lento, 2014). Lastimosamente, pareciera que más que favorecer el desarrollo nacional, la forma de regular “el auge de la gran minería en Colombia es parte de una estrategia transnacional que busca aprovechar la alta demanda internacional por minerales, explotándolos en los países del tercer mundo para alimentar la industria de los países centrales o de la grandes economías emergentes, que producen bienes manufacturados de alto valor agregado, reprimarizando las economías de los países mineros en contra de las posibilidades de industrialización” (Guhl Nannetti, 2012).
Es así como el manejo que se le ha dado al sector minero energético no está generando desarrollo económico, pues no hay una verdadera generación de ingresos a través de un aumento significativo del empleo. Por otro lado, a pesar de que hay inversión, en su mayoría proviene de el exterior lo que hace que las utilidades se fuguen del país y no se conviertan en consumo o ahorro nacional. Ahora bien, si el gobierno se concentra en convertir a Colombia en un país minero, se va a abandonar aun más los sectores productivos a causa de los sectores extractivos. La CEPAL ha dicho que “la economía colombiana alcanzó una tasa de crecimiento del 4,0% en 2013, gracias al impulso de la demanda interna. Después de la contracción del crecimiento del sector industrial y de un menor dinamismo del sector minero debido a problemas laborales y ambientales a inicios del año”, lo que quiere decir que no solo está arrastrando la industria, sino que también los resultados que ha tenido no son los esperados, es así como favorece el crecimiento económico pero no en grandes dimensiones. Por otro lado, los problemas laborales y ambientales que generan evidencian que el país no se está desarrollando a partir de la mineria, pues este negocio está en manos de las grandes multinacionales que no cumplen con sus promesas de recompensar a los habitantes afectados por su actividad de exploración como la sísmica, o la misma explotación que deja inservibles miles de hectáreas en las que no se puede volver a cultivar. Sin olvidar, la actual desprotección de los pequeños y medianos mineros.
Por otro lado, al sector agroindustrial no se le ha dado una verdadera oportunidad para demostrar que puede no solo hacer crecer el país, sino que también desarrollarlo. A partir de un estudio hecho por la FAO “el desarrollo de agroindustrias competitivas es crucial para generar oportunidades de empleo e ingresos. Contribuye, además, a mejorar la calidad de los productos agrícolas y su demanda. Las agroindustrias pueden tener un efecto real sobre el desarrollo al aumentar el crecimiento económico y reducir la pobreza, tanto en las áreas rurales como urbanas de los países en desarrollo. Sin embargo, con el fin de evitar efectos adversos sobre países y personas vulnerables, es necesario contar con políticas y estrategias sólidas para fomentar las agroindustrias” (Silva, Baker, Shepherd, Jenane, & Cruz, 2013).
Resulta entonces mejor pensar en un desarrollo social y sostenible por medio de la protección del sector agroindustrial, empezando por el impulso del sector agropecuario. Es decir, un desarrollo que es potencialmente bueno pero en el que no se ha invertido. Donde se construya un verdadero plan de ordenamiento territorial aprovechando los suelos y los climas que ofrece el territorio colombiano, así generar mayor empleo y una mayor producción en el sector real de recursos renovables. Crecimiento que vaya de la mano del derecho a un ambiente sano y los derechos sociales de las comunidades, de los pobladores. Además, que por medio de la tecnología y la inversión en investigación se construya un campo desarrollado en conexión a un sector agroindustrial nacional que genere valor agregado a las materias primas producidas.
Mirando hacía el futuro
Es claro que el país debe proyectarse a desarrollar los sectores mencionados, de forma regulada y pensando en el bienestar de la población Colombiana, pues pueden llevar a contribuir al desarrollo social y económico. No es necesario la exclusión de alguno de los sectores, sino que de manera conjunta, por medio de buenas instituciones, vigilancia, control, políticas públicas e infraestructura se genere una mejora en cada sector, teniendo siempre como objetivo el beneficio a través del desarrollo y así la mejora de la calidad de vida de todos los colombianos.
Es necesario que “el Estado reformule la política minera teniendo en cuenta un ordenamiento territorial que reconozca: 1) un ordenamiento ambiental que garantice la conservación del ambiente y 2) una política de desarrollo rural para la viabilidad de la economía campesina que implica el uso adecuado del suelo y el manejo organizado de la frontera agraria” (CINEP/ Programa por la paz, 2012, p. 8). Pues la ambición de convertir a Colombia en un país minero, impide que se desarrolle el sector agrario, en la medida en que se invierte y se promueve poco, y así no halla sustento para el desarrollo de la agroindustria nacional.
A su vez, se debe promover la generación de empleo bajo condiciones de trabajo digno, que se garantice la seguridad social con condiciones de trabajo seguras, la participación de organizaciones de trabajadores que promueva el dialogo social tan fundamental para la productividad. Por otro lado, es necesario exigir la protección prioritaria del derecho a un ambiente sano, donde el gobierno se encargue de conocer exactamente los impactos ambientales de la actividad minero energética y los impactos de la agroindustria. Esto orientado sobre todo al buen uso del suelo y los recursos hídricos.
Finalmente, es importante evitar una enfermedad holandesa o una maldición de los recursos, mirando hacía la potencialización de otros sectores que generen un verdadero desarrollo del país. Sectores como el agroindustrial, que gracias a las condiciones del territorio anteriormente descritas y con el fortalecimiento del lazo agro-industrial, puede generarse un crecimiento económico que no solo se evidencie en el presente, sino que se prolongue en el futuro con una generación constante de ingresos a toda la población. Esto solo será posible si hay un esfuerzo gubernamental por mejorar la infraestructura, ya sean vías, puestos y plantas, que permitirían un descenso en los costos de producción y así un aumento en la competitividad global. Una propuesta clave, para lograr un desarrollo social de Colombia es apoyar la pequeña industria y al pequeño minero mediante la tecnificación de los procesos productivos a través de políticas que faciliten el acceso a maquinaria, conocimiento y licencias en el caso de la minería, que formalicen su actividad.
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