1) Economía y Hacienda:
1.1.Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
1.2. ACUERDO sobre la adecuación de la normativa reglamentaria a los Proyectos de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejecución.
[ Nota: se incluye una presentación del Ministerio de Economía y Hacienda, MEH, resumiendo este Proyecto de Ley, denominado "Ley Omnibus", según hemos ido comentando en anteriores NEIs. (Presentacion Reforma Sector Servicios) ]
Se da un nuevo paso en la reforma estructural del sector Servicios y es un gran avance en la transposición de la Directiva de Servicios comunitaria, con la que se espera un incremento adicional del PIB alrededor del 1,2 por 100 y la creación de entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo.
Destacan las modificaciones en la normativa de los Colegios Profesionales, que modernizan el marco institucional en el que se desenvuelve un conjunto de actividades profesionales de gran relevancia para el funcionamiento de la economía.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de modificación de 47 leyes estatales para su adaptación a lo dispuesto en la Directiva de Servicios.
La aprobación de esta "Ley Ómnibus" tiene por objetivo impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas españolas en el sector servicios, que representa el 66 por 100 del PIB y del empleo en España.
El nuevo marco beneficia particularmente a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, para quienes los costes de inicio de actividad y las cargas administrativas que soportan son proporcionalmente mayores.
Como resultado de todo el proceso a nivel estatal, autonómico y local, se prevé la creación de entre 150.000 y 200.000 empleos y un incremento adicional del PIB alrededor del 1,2 por 100.
El Proyecto de Ley modifica 47 leyes estatales en las siguientes áreas: administración pública (3), consumo (1), servicios profesionales (3), empleo (4), servicios industriales y construcción (6), energía (3), transporte y comunicaciones (7), medioambiente y agricultura (13) y sanidad (3).
Los cambios se dirigen a mejorar la regulación para que sea más eficaz pero menos gravosa para ciudadanos y empresas. Fundamentalmente, se sustituye la figura de la autorización previa que rige el acceso en numerosas actividades por meras comunicaciones de inicio de la actividad o declaraciones responsables por parte del prestador a la Administración. De este modo se reducen las barreras y los costes de entrada a la actividad económica.
Por otro lado, se eliminan requisitos y otros obstáculos que restringen de forma innecesaria o desproporcionada la puesta en marcha de actividades e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores y la creación de empleo. En consecuencia, se reducen las barreras y los costes de entrada a la actividad económica.
Por ejemplo, se otorga validez en todo el territorio nacional a diversas autorizaciones o habilitaciones para el ejercicio de una actividad (de modo que el prestador de servicios no tenga que obtener una nueva autorización en cada comunidad autónoma en la que quiere ejercer), se simplifican procedimientos administrativos (tramitación telemática, supresión de autorizaciones provisionales, unificación de trámites de apertura y funcionamiento), y se establece el silencio positivo como norma general.
Reforma de los Colegios Profesionales
En el Proyecto destaca la reforma de la Ley que regula los Colegios Profesionales. Este colectivo agrupa alrededor de un millón de profesionales, que suponen un 6,1 por 100 del empleo total y el 30 por 100 del empleo universitario. Las profesiones colegiadas suponen un 8,8 por 100 del PIB. Estas son algunas de las mejoras:
1.- Se eliminan restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales, permitiendo que el consumidor esté mejor informado y se incremente su capacidad de elección.
2.- Se eliminan las restricciones impuestas por los Colegios al ejercicio conjunto de dos o más profesiones. Esto permitirá aprovechar las sinergias que puede generar el ejercicio simultáneo de varias profesiones.
3.- El ejercicio de los profesionales también se verá favorecido por la supresión de trámites habituales como la obligación de comunicar el ejercicio fuera del territorio del Colegio de inscripción.
4.- Se suprime la función de los Colegios de fijar baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios, que vienen restringiendo de forma injustificada y habitual la competencia en precios que tanto beneficia al consumidor, si bien se admite la colaboración con la Administración de Justicia a efectos de la tasación de costas.
5.- La solicitud de visado colegial de los trabajos profesionales será voluntaria, salvo que lo exija un Real Decreto, suponiendo un ahorro para los profesionales y el consumidor. Los Colegios no podrán imponer a los profesionales la obligación de visar sus trabajos. Asimismo, se aclara el régimen de la responsabilidad que asumen los colegios cuando visan trabajos.
6.- Se prevé que la cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción.
7.- Se establece la obligación de que los Colegios cuenten con un servicio de atención a los usuarios y a los colegiados, con obligación de resolver sus quejas o tramitarlas, lo que generará una mejor protección del consumidor ante posibles prestaciones defectuosas de servicios profesionales.
8.- Los colegios dispondrán de los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, aligerando cargas administrativas y ahorrando costes de tiempo y dinero a los potenciales colegiados.
9.- Se refuerza la transparencia en el funcionamiento de los Colegios. Se prevé que publiquen una memoria anual sobre su gestión económica y su actuación disciplinaria en defensa de los intereses de los consumidores.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará un Real Decreto que establezca los visados que serán exigibles. Asimismo, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor, el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.
Otras mejoras de la Ley, por sectores
Industria: Se sustituyen las autorizaciones por declaraciones responsables en las actividades de instalación de gas, la instalación de calderas o de recipientes frigoríficos. Además se eliminan requisitos no justificados o desproporcionados, tales como exigir un local de 25 m2, especificar que determinados operadores deben estar contratados a jornada completa o exigencias de coste excesivo de contratación de seguros y que afectan fundamentalmente a las PYMEs.
Energía: Se sustituyen cuatro regímenes de autorización previa por comunicaciones de inicio de la actividad a la autoridad competente (comercializadores de energía eléctrica, operadores al por mayor de productos petrolíferos, comercializadores al por menor de GLP a granel, comercializadores de gas natural), se suprimen determinados registros de operadores que son sustituidos por listados publicados en Internet y se eliminan cinco requisitos de carácter discriminatorio.
Telecomunicaciones: Se sustituye la autorización para la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por una declaración responsable.
Transporte Terrestre: Se eliminan dos regímenes de autorización (de estaciones y centros de transporte y para el arrendamiento de vehículos sin conductor), que se derogan y se introduce así un régimen de libre acceso y ejercicio a la actividad.
Sector ferroviario: Se elimina la autorización previa a las actividades auxiliares que no sean prestadas por ADIF como el acceso a la red de telecomunicación, el suministro de información complementaria y la inspección técnica del material rodante.
Sector postal: Se sustituye la autorización para la actividad de servicios postales fuera del Servicio Postal Universal por declaración responsable, y la inscripción en el registro pasa a realizarse de oficio y a renovarse automáticamente.
Medio ambiente y servicios de agricultura: Se eliminan ocho regímenes de autorización (cinco de los cuales se han sustituido por declaración responsable, uno por notificación y dos se han suprimido) y se eliminan diversos requisitos de carácter discriminatorio (reserva de la actividad a los españoles en materia de caza y pesca) y limitaciones territoriales.
Vivienda: Se sustituye la acreditación oficial (autorización previa) para entidades de control de calidad de la edificación por una comunicación de inicio de actividad y se sustituye la acreditación oficial por declaración responsable para laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación
Un proceso en varias fases
La estrategia adoptada por el Ejecutivo para el proceso de liberalización del sector servicios en España pasa por varias etapas. La primera estuvo centrada en la creación de un marco de referencia para regular el sector: la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, o "Ley Paraguas", aprobada el pasado 27 de marzo y actualmente en trámite parlamentario.
Ese mismo día el Gobierno presentó en primera lectura el anteproyecto de "Ley Ómnibus", para su remisión a los órganos consultivos correspondientes. A continuación, se abrió un período de audiencia pública de la Ley, incluyendo una consulta específica a las Comunidades Autónomas, durante la cual se recabaron numerosas observaciones y comentarios que han permitido mejorar el texto que hoy se aprueba.
La aprobación de ambos proyectos legislativos irá seguida por la adecuación de un elevado número de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales para culminar el proceso de transposición de la Directiva de Servicios desde el punto de vista de la Administración General del Estado antes del 28 de diciembre de 2009.
Por ello, el Ministerio de Economía ha elevado hoy también al Consejo de Ministros un Acuerdo con el desglose concreto de los Reales Decretos que deben ser modificados por cada ministerio.
Esta completa revisión de la normativa estatal en relación con las actividades de servicios supone la reforma de, al menos, 116 normas reglamentarias.
1.3 Real Decreto Ley por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 19.621,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Los créditos extraordinarios aprobados ascienden a casi veinte mil millones de euros y permiten cumplir con los compromisos del Gobierno en materia de prestación social, formación, sanidad, seguridad y reactivación de la actividad económica.
La compensación a las comunidades autónomas por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio se dota con 1.800 millones de euros.
Se incrementan los impuestos sobre el tabaco con el doble objetivo de proteger la salud y contribuir a la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Aumentan 2,9 céntimos por litro los impuestos sobre hidrocarburos, con la excepción del gasóleo profesional y agrario y el gasóleo para calefacción.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que incluye la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por un importe de casi veinte mil millones de euros, que permitirán financiar las prestaciones públicas por desempleo y algunas de las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno en el pasado Debate del Estado de la Nación, como el Proyecto Escuela 2.0, la formación de postgrado de desempleados o el Plan VIVE de autobuses. El Gobierno cumple de esta forma sus compromisos en materia de prestación social, formación, sanidad, seguridad y reactivación de la actividad económica en el contexto de las necesarias reformas estructurales.
Créditos extraordinarios de casi 20.000 millones de euros
El Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros establece la concesión de varios créditos extraordinarios y suplementos de crédito por un importe total de 19.751,11 millones de euros. De éstos, el 86 por 100 (16.898,05 millones de euros) se dotan en el Ministerio de Trabajo e Inmigración y tienen como finalidad atender prestaciones por desempleo y fomento del empleo, financiar el Plan Extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral y compensar la pérdida de ingresos por cotizaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
Por otra parte, se dotan créditos por importe de 1.800 millones de euros para el pago de un anticipo a cuenta a las comunidades autónomas de régimen común como compensación por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
Además, el Ministerio de Educación recibirá un crédito extraordinario de 155,32 millones de euros para la concesión de ayudas económicas durante el período de desempleo para licenciados españoles que deseen formarse, así como para la realización del Proyecto Escuela 2.0.
El Ministerio de Sanidad y Política Social también dispondrá de un crédito extraordinario de cuatrocientos millones de euros para financiar el nivel mínimo de protección garantizado por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
El Ministerio del Interior recibirá un crédito extraordinario de 297,74 millones de euros para los gastos adicionales ocasionados por la aceleración en la implementación del DNI electrónico y otros gastos, fundamentalmente en Instituciones Penitenciarias como consecuencia de la entrada en funcionamiento de nuevos centros.
También se destinan doscientos millones de euros al Ministerio de Fomento para actuaciones urgentes en carreteras y estaciones de ferrocarril.
Por otro lado, y además de estas cantidades, se dota también un crédito de 70,17 millones de euros para el Ministerio de Fomento que permitirá poner en marcha el Plan Vive Autobuses 2009-2010 para la renovación del parque de autobuses y autocares mediante mecanismos de ayuda a la financiación.
Incremento de los impuestos especiales sobre el tabaco
El Real Decreto Ley aprobado hoy incluye un incremento de la subida de los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco con el doble objetivo de desincentivar su consumo para proteger la salud y reforzar el compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas.
De esta forma, para los cigarrillos se eleva el nivel mínimo de los impuestos especiales del tabaco de 70 a 91,3 euros por cada mil cigarrillos. Además, se mantiene el tipo proporcional en el 57%, pero se aumenta el tipo específico de 8,2 a 10,2 euros por cada mil cigarrillos.
Por otra parte, con el objetivo de frenar el importante incremento del consumo de picadura de liar como producto sustitutivo de los cigarrillos, con especial incidencia en los consumidores más jóvenes, se establece un impuesto específico de seis euros por kilogramo y un impuesto mínimo de cincuenta euros por kilogramo para esta labor del tabaco. El impuesto proporcional para la picadura de liar se mantiene en el 41,5 por 100 del precio de venta.
En cuanto al tipo proporcional de cigarros y cigarritos, pasa del 13,5 por 100 al 14,5 por 100 y, para el resto de las labores del tabaco, con el objetivo de evitar un incremento del diferencial de tributación y desplazamientos de consumo, se sitúa en el 26 por 100 del precio de venta, en lugar del 25 por 100 actual.
Así, la fiscalidad de las labores del tabaco quedaría de la siguiente forma:
Tipos impositivos Labores del Tabaco
Cabe recordar que España es uno de los países europeos con un menor precio de venta del tabaco. La imposición sobre las labores del tabaco es un instrumento al servicio de la política sanitaria como desincentivación del consumo, además de constituir una fuente de ingresos tributarios.
Con este incremento del impuesto, si se produjera su traslado íntegro a precios, el precio de venta al público de la marca más vendida en España pasará de 3,10 euros a 3,29 euros la cajetilla, todavía lejos del precio de venta al público de dicha marca en Portugal (3,55 euros) y muy inferior al precio en los países de Europa con tributación más alta, como Francia y Reino Unido.
Por otra parte, el precio más habitual en España, precio al que se comercializan un buen número de marcas, es de 2,65 euros la cajetilla. Con el traslado íntegro del incremento impositivo a precios, estas marcas deberían subir su precio a 2,84 euros, muy por debajo aun de los 3,40 euros de precio de las mismas en Portugal y muy lejos de los países con mayor tributación.
Efecto en precios (precio por cajetilla)
* Suponiendo que se traslade íntegramente al precio el incremento positivo
El incremento del nivel mínimo de los impuestos del tabaco, en el supuesto de que se traslade íntegramente a los precios, reducirá previsiblemente su consumo por los más jóvenes, que ya no podrán encontrar en el mercado precios inferiores a 2,60 euros la cajetilla.
Incremento del impuesto sobre hidrocarburos
Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado una subida del impuesto sobre hidrocarburos en 2,9 céntimos por litro para la tributación de la gasolina con y sin plomo y el gasóleo para automoción. La subida no afecta al gasóleo profesional y agrario, ni al gasóleo para calefacción, ni a otro tipo de combustibles como el gas natural, el queroseno o el fuelóleo, entre otros.
La imposición sobre los carburantes tiene un alto componente medioambiental puesto que contribuye a racionalizar el consumo fomentando la eficiencia energética y reduciendo las emisiones de CO2, por lo que una eventual moderación del consumo, aunque tenga un coste recaudatorio a corto plazo, se consideraría positiva desde el punto de vista de los compromisos para la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático asumidos por nuestro país. En cualquier caso, el incremento de la recaudación contribuirá muy especialmente a hacer frente a los gastos derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia.
Aun con este incremento, y salvo modificaciones derivadas de la evolución del precio del petróleo, el precio del litro de gasolina y del gasóleo para automoción en España continuará previsiblemente siendo inferior al vigente en Francia y Portugal. Con el incremento impositivo aprobado es previsible que el precio del litro de gasolina y gasóleo en España se sitúe en 1,03 euros y 0,90 euros, respectivamente, mientras que los precios en Portugal y Francia (estadísticas a 1 de junio de la Comisión Europea) alcanzan 1,27 y 1,23 euros en el caso de la gasolina, y 0,98 y 0,97 euros en el caso del gasóleo.
1.4 INFORME sobre la posición cíclica de la economía española.
(Nota: se incluye enlace a documento explicativo del MEH, (Objetivo de estabilidad) ]
Se presentan los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años.
Las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda se basan en una previsión de disminución del PIB del 3,6 por 100 en 2009 y del 0,3 en 2010. Para los años 2011 y 2012, las tasas son positivas con un 1,8 por 100 y un 2,7 por 100 respectivamente.
El presupuesto de 2010 exigirá un esfuerzo de contención del gasto sin precedentes, ya que el gasto no financiero disminuirá un 4,5 por 100 respecto a 2009.
En el año 2012 se cumplirá el objetivo fijado por la Comisión Europea en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.
El Consejo de Ministros ha recibido de la Vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda el “Informe sobre la posición cíclica de la economía española”, que ha sido remitido a las Comunidades Autónomas.
La Ley General de Estabilidad Presupuestaria establece que este informe debe tomarse en cuenta para la fijación de los objetivos de estabilidad de las Administraciones Públicas de los tres ejercicios siguientes.
Las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda se basan en una previsión de disminución del PIB del 3,6 por 100 en 2009 y del 0,3 por 100 en 2010. Para los años 2011 y 2012 las tasas de crecimiento son positivas con un 1,8 por 100 y un 2,7 por 100, respectivamente. Estas previsiones son una actualización del cuadro macroeconómico presentado en el Programa de Estabilidad del pasado mes de enero y tienen en cuenta las estimaciones anunciadas por los diferentes organismos internacionales y el empeoramiento de los indicadores económicos en el primer trimestre de 2009.
Objetivo de estabilidad presupuestaria
La Vicepresidenta Segunda también ha informado al Consejo de Ministros sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria para el trienio 2010-2012. La propuesta será presentada a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales la próxima semana en el marco de la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administraciones Locales. Con posterioridad al Consejo de Ministros del 19 de junio, estos objetivos de estabilidad serán remitidos al Congreso, junto al techo de gasto no financiero para los Presupuestos de 2010.
El informe del Ministerio de Economía y Hacienda presenta unas cuentas públicas que reflejan la situación de crisis económica que España, como el resto de países, está atravesando y plantea una reducción progresiva del déficit de las Administraciones Públicas en los tres próximos años, hasta cumplir en 2012 con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de no superar el límite del 3 por 100 de déficit público. Así, en 2010, se estima que el déficit del conjunto de las administraciones públicas será del 7,9 por 100 del PIB; en 2011, del 5,2 por 100 y en 2012, del 3 por 100 .
Por lo que se refiere a la Administración Central, el año 2010 se prevé un déficit del 5,7 por 100 , que se reducirá hasta 3,5 por 100 en 2011 y al 2 por 100 en 2012. Las previsiones para las comunidades autónomas son de un 2 por 100 de déficit en 2010, un 1,7 por 100 en 2011 y un 1,3 por 100 en 2012. En cuanto a las entidades locales, se estima un déficit del 0,4 por 100 en 2010, un 0,3 por 100 en 2011 y un 0,2 por 100 en 2012. Por lo que respecta a la Seguridad Social, la estimación es de un saldo positivo del 0,2 por 100 del PIB en 2010, del 0,3 por 100 en 2011 y del 0,5 por 100 en 2012.
El déficit más significativo en los tres años corresponde a la Administración Central, como reflejo del mayor esfuerzo en la adopción de las medidas más importantes para paliar los efectos de la crisis económica en empresas y ciudadanos. Por lo tanto, el déficit se genera, fundamentalmente, por las medidas de impulso fiscal que el Gobierno ha ido tomando y por el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, tanto por el lado del ingreso, como por el del gasto.
Límite de gasto no financiero del Estado
Por otra parte, la Vicepresidenta Segunda también ha informado sobre el límite de gasto no financiero del Estado para los Presupuestos de 2010. Dado que los ingresos estimados para 2010, en términos de Contabilidad Nacional, son de 121.360 millones de euros y que el objetivo para el Estado es de un déficit del 5,7 por 100 , el límite de gasto en términos de Contabilidad Nacional deberá situarse en 181.624 millones de euros.
Una vez efectuados los pertinentes ajustes para pasar de contabilidad nacional a presupuestaria, el límite de gasto no financiero para 2010 quedará establecido en 182.439 millones de euros. Esto supone, en términos homogéneos, un 4,5 por 100 menos que la estimación de presupuesto liquidado correspondiente a 2009.
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2) Industria, Turismo y Comercio:
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a suscribir un convenio de colaboración con la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) para el desarrollo del Plan 2000 E de apoyo a la renovación del parque de vehículos.
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a suscribir un convenio de colaboración con la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA), entidad colaboradora seleccionada para la instrumentación y distribución de las ayudas del Plan 2000E de apoyo a la adquisición de vehículos.
La situación económica actual ha traído consigo una serie de medidas por parte del Gobierno, entre las que destacan las realizadas en el sector del automóvil.
En este ámbito, un Real Decreto de 22 de mayo reguló la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos, mediante el denominado Plan 2000E, lo que supone una reafirmación a las políticas de estímulo del sector del automóvil y una articulación de la financiación del Plan VIVE, cuya dotación para el presente ejercicio está agotada.
El mencionado Real Decreto establecía la posibilidad de atribuir a una entidad colaboradora la gestión y el pago de las ayudas a la compra de vehículos. De acuerdo con la Ley General de Subvenciones, se ha realizado un proceso de concurrencia pública y se ha seleccionado a FITSA. Para formalizar la colaboración es necesario firmar un convenio entre esta empresa y el Ministerio de Industria.
El convenio regula las condiciones de colaboración y las obligaciones asumidas por la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil y tiene como objeto fundamental establecer los mecanismos para una gestión más rápida y eficaz de las ayudas.
La Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil asume, entre otros, los siguientes compromisos:
Entregar a los agentes de venta los fondos recibidos de acuerdo con los criterios del Plan 2000E
Comprobar el cumplimiento de las condiciones y requisitos determinantes para recibir la subvención
Entregar al Ministerio de Industria informes sobre la evolución del Plan 2000E y, especialmente, la justificación de la entrega a los agentes de venta de los fondos recibidos.
La financiación de las ayudas, que asciende a cien millones de euros, se realizará a través de FITSA con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria, que entregará los fondos en el momento de la firma del convenio.
Las Comunidades Autónomas que se adhieran al Plan 2000E deberán suscribir un convenio específico con FITSA que regulará los términos de la colaboración y el procedimiento de gestión de sus aportaciones a través de la Fundación.
Asimismo, FITSA establecerá convenios con los agentes de venta o sus asociaciones para desarrollar la mejor gestión del Plan 2000E |
