Resumen: Con frecuencia los medios de comunicación y la clase política suelen emplear los datos que ofrece la Fiscalía General del Estado en sus Memorias anuales para ofrecer cuál es el volumen de la delincuencia del país.






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fecha de publicación06.08.2017
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ANÁLISIS EMPÍRICO DE LOS DATOS DE LA FSCLM: LOS PROBLEMAS QUE SUSCITA LA INCORRECTA TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS.

A continuación se presentan algunos de los principales resultados obtenidos en una investigación empírica realizada por el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Fiscalía provincial de Albacete, que ha tratado de conocer la información de la que dispone la Fiscalía para con ello profundizar un poco más en el proceso de producción de datos de la FGE. En concreto, en este foro se van a debatir las dificultades que surgen con la tipificación de las infracciones de cara a valorar los problemas de validez que ello pueda generar. En un primer momento, se expondrá la metodología de la investigación, posteriormente y tras exponer los principales resultados se revisarán las normas de recuento que la FGE ha establecido, para con ello poder finalizar discutiendo sobre los problemas identificados y su posible superación.

    1. Metodología de la investigación



      1. Diseño de la investigación

Se realizó un análisis exploratorio y descriptivo utilizando metodología cuantitativa.

      1. Muestra

Si se considera que las tres únicas formas de iniciar una investigación penal son las DPA, las DUD y los Juicios de Faltas, en la jurisdicción penal ordinaria y las Diligencias Preliminares en la jurisdicción de menores, para poder analizar el proceso de producción de datos por completo, se impone realizar un análisis de cada tipo de expediente. Sin embargo, en la medida que era la primera ocasión en la que se realizaba una investigación en sede de Fiscalía y con la intención de no encontrar causas solapadas, se rechazó revisar aquellos expedientes incoados directamente desde su inicio como Juicios Rápidos, Diligencias Indeterminadas o Juicios de Faltas, seleccionando tan solo los expedientes incoados como Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado (DPA en lo sucesivo), que por otra parte constituyen la forma principal de iniciación de causas judiciales penales.

En una primera etapa se realizó un pase piloto, llevado a cabo en junio de 2010, revisando de manera aleatoria 20 expedientes de la FCLM de los últimos años (2007, 2008 y 2009). Esta revisión se llevó a cabo utilizando el registro informático de datos que opera en la Fiscalía, a través de la consulta de datos que ofrece la aplicación ‘Fortuny’. En concreto, se quería conocer si era posible utilizar un tamaño de muestra que abarcara toda la región o era más adecuado trabajar en el ámbito provincial, y si la mayoría de los expedientes incoados en esas fechas habían llegado a su conclusión o seguían en trámite en alguno de los órganos judiciales de la jurisdicción penal.

Una vez realizada esta primera aproximación al objeto de estudio, se consideró que el ámbito de realización de la recogida de información serían los juzgados de orden jurisdiccional penal de la provincia de Albacete. De otro lado, y tras analizar en el pase piloto expedientes de los años 2007, 2008 y 2009 se consideró más adecuado utilizar únicamente expedientes incoados en el año 2007 con la intención de garantizar que la mayoría de las causas hubieran finalizando y poder obtener toda la información necesaria contando con una muestra representativa de todas las fases procesales.

Por lo tanto y tras la adopción de estas decisiones respecto al objeto de estudio, la población total la constituyen las 27.219 DPA incoadas en la provincia de Albacete en 2007. Para este estudio, finalmente, se seleccionó una muestra aleatoria de 1.111 expedientes incoados en el año 2007 distribuidos de forma proporcional al volumen de los juzgados de instrucción consultados (ver Tabla 2), con lo que se consigue un nivel de confianza en la predicción de un 95%, con un error máximo del 0’03. Para realizar la selección aleatoria de expedientes se utilizó la aplicación Fortuny tomando como referencia el registro de asuntos penales realizado en la Fiscalía provincial de Albacete para el año 2007 (Número General de Fiscalía).

Tabla 2. Distribución de la muestra



      1. El instrumento. Variables de la investigación

La elección de ítems que integra la ficha de recogida de información (ver anexo 1) ha sido realizada por el equipo investigador teniendo en cuenta los objetivos de estudio y revisando la literatura existente (Home Office, 2000; García España y Pérez Jimenez, 2004; Diez Ripollés, y García España, 2009).

Fue fundamental para la elaboración de la ficha de recogida de información contrastar la información obtenida a través de estos ítems con el pase piloto de 20 expedientes que se realizó al inicio y que permitió evaluar la adecuación de la información a los objetivos de la investigación.

La ficha de recogida de datos o cuestionario final consta de 4 secciones, cada una de las cuales contiene elementos relativos a un tema de análisis: en primer lugar, datos de identificación del expediente; a continuación datos de tramitación de la causa, desde su incoación hasta la finalización del expediente judicial; datos de evolución del expediente y su paso por diferentes órganos judiciales; y por último, datos de autor y víctima.

      1. Procedimiento



        1. Trabajo de campo

Realizada la selección de los expedientes a través de la aplicación informática Fortuny, se procedió a identificar la ubicación física de los expedientes siguiendo su evolución por las diferentes instancias judiciales y, dentro de lo posible, identificando las duplicidades producidas. Es decir, la existencia de varios expedientes abiertos por el mismo hecho delictivo.

Una vez localizado el expediente se hacía necesario la consulta del mismo acudiendo a los órganos judiciales donde se encontraban ubicados los expedientes. Con ello, el trabajo de búsqueda ha requerido la visita de todos los órganos judiciales del orden jurisdiccional penal: juzgados de instrucción, juzgado de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y Audiencia provincial. Para consultar los expedientes en cada instancia ha sido necesario obtener previamente el permiso de los encargados del órgano judicial (secretario judicial y juez o magistrados).

Obtenido ese permiso los expedientes han sido consultados en los archivos del juzgado, si los expedientes se han terminado, o en las dependencias del juzgado si los expedientes seguían en trámite. En ocasiones ha sido necesario utilizar las aplicaciones informáticas de tramitación procesal Minerva NOG o Libra, para encontrar la situación concreta del expediente y su ubicación: bien archivo provisional o archivo definitivo, por lo que era necesario consultar el archivo del órgano judicial; o bien en trámite en el juzgado, ante lo que se consultaba a los tramitadores para encontrar el expediente.

En concreto se visitaron todos los órganos judiciales del orden penal de Albacete capital (Juzgados de Instrucción nº 1, 2 y 3, Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 y Juzgados de lo Penal nº 1, 2 y 3; y Audiencia provincial de Albacete, secciones 1 y 2), y fueron requeridos, para que enviasen la información, o visitados los juzgados de instrucción de la circunscripción territorial provincial.

En una primera fase, que se prolongó desde Agosto de 2010 hasta febrero de 2011 fueron consultados 700 expedientes de los juzgados de Albacete capital además de los juzgados de Instrucción de Alcaraz, Casas Ibañez y La Roda.

En la segunda fase de recogida de información fue necesario desplazarse a los juzgados de instrucción de mayor volumen de la provincia de Albacete: Juzgados de Instrucción nº 1 y 2 de Almansa, Juzgados de Instrucción nº 1 y 2 de Hellín, Juzgados de Instrucción nº 1 y 2 de Villarrobledo. Esta segunda fase fue realizada entre los meses de marzo y julio de 2011.

La muestra total fue recopilada entre agosto de 2010 y julio de 2011, llevándose a cabo su consecución por tanto en 12 meses, y consiguiendo recoger información relativa a 1104 casos del total de la muestra seleccionada, debido a que fue imposible la localización de 7 casos de los seleccionados en la muestra y, por lo tanto, deben considerarse “casos perdidos”.

        1. Procesamiento y tratamiento de la información

Al tiempo que se fue realizando el vaciado de datos en el trabajo de campo, toda la información recogida para cada causa fue introducida en una base de datos para proceder a su análisis, utilizando para ello el paquete estadístico SPSS. Este proceso requiere un trabajo previo de creación de una base de datos ad hoc, que integre toda la información relativa a los ítems de la ficha de recogida de datos de una forma que permita su análisis, es decir, debe ser codificado para que esa información muestre la información de forma clara y fidedigna, desde una perspectiva cuantitativa. El trabajo de creación de la base de datos se realizó durante los meses de noviembre y diciembre de 2010 y el volcado de la información de los expedientes a la base comenzó en enero de 2011 y finalizó en diciembre de ese mismo año.

    1. Resultados

Como se explicaba anteriormente, en el trabajo que aquí se presenta, se va a realizar, exclusivamente, un análisis de los problemas que surgen al identificar la verdadera naturaleza de los hechos cometidos que dan lugar a la incoación de los procedimientos penales. En un primer momento se describirá la tipificación de los hechos que ha realizado la Fiscalía provincial de Albacete, en un segundo momento se precisaran el procedimiento y las normas de recuento que la Fiscalía ha aplicado para recoger esa información y en tercer lugar se expondrán los problemas identificados en ese proceso, en el análisis empírico de los expedientes y que afectan a la validez de los datos ofrecidos por la institución.

      1. Tipificación de los hechos realizada por la Fiscalía provincial de Albacete.

La tabla 3 muestra la información que le consta a la Fiscalía sobre la naturaleza de los hechos cometidos. En concreto, el 56,7% de los hechos que se ponen en conocimiento de las autoridades judiciales son presuntos delitos contra la propiedad (hurtos, robos con fuerza o con violencia o intimidación, robo y/o uso de vehículo de motor o daños) mientras que el 20,3% de los hechos delictivos son posibles delitos contra las personas (lesiones, amenazas o injurias, agresión sexual y malos tratos en el ámbito familiar). Entre estos el 3% de los hechos es calificado como violencia doméstica o maltrato familiar.

Tabla 3. Tipología delictiva tal y como se refleja en el expediente origen de la causa



Por otro lado, y bajo el epígrafe de Otros Delitos (10,5%) se encuentran hechos delictivos de muy diversa naturaleza, los cuales abarcan desde supuestos de estafa, apropiación indebida o falsificación de documentos públicos hasta quebrantamientos de condena o denuncias por abandono de familia o impago de pensiones. Así mismo, se encuentran otras tipologías delictivas con una prevalencia inferior al 0,5%: amenaza con arma blanca, coacciones, homicidios imprudentes, incendios, etc. Finalmente, el 9,7% de los expedientes son calificados como delitos sin especificar, esta categoría, como más adelante se verá, constituye un cajón desastre en la que quedan incluidos hechos en los que en el momento inicial de incoar el procedimiento no queda clara la tipificación de los mismos o porque se duda si incluso pueden constituir un ilícito penal.

      1. Procedimiento de recogida de información y reglas de recuento que se aplican en la Fiscalía

Como se exponía en apartados anteriores el procedimiento de recogida de información para elaborar las memorias y las reglas de recuento que dicta la FGE son relevantes a la hora de valorar el alcance de la información que presenta la FSCLM. A continuación se exponen brevemente lo que ha podido conocerse al respecto.

Según la información3 recabada en la Fiscalía provincial de Albacete, en el momento del registro de la causa se anota la infracción que se ha registrado previamente en el Juzgado de instrucción de procedencia. De hecho, recientemente se ha implantado un sistema de comunicación electrónica entre órganos judiciales y profesionales denominado Lexnet, por el que la Fiscalía realiza un volcado de la información registrada por el Juzgado de instrucción que condiciona la identificación de la naturaleza de los hechos que inicialmente recoge esta institución. Aunque, existen opciones de modificación a la hora de importar la información, por ejemplo, si existe un vacío de información respecto al tipo de delito en la fuente de origen, desde la oficina de Fiscalía puede suplirse; no ocurre lo mismo si la información es incorrecta, aunque el oficial que está haciendo el registro detecte un error, no es posible realizar una recalificación de los expedientes penales incoados.

En otras ocasiones el problema no deriva del Juzgado sino que el error se arrastra del lugar de origen de la denuncia; por ejemplo, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado remiten para su incoación actuaciones administrativas, como las detenciones de extranjeros por la Ley de extranjería, la “desaparición de personas” o “las muertes por suicidio”, hechos todos ellos no punibles. En este caso la norma general es calificar los hechos como “delito sin especificar”, sin embargo, a pesar de que se trate de expedientes penales incoados en el Juzgado, en realidad no constituyen infracción penal alguna.

Así mismo, existe la posibilidad de que en el volcado existan expedientes que no se hayan calificado en el Juzgado de instrucción. En este caso, la Fiscalía al registrarlo, obligatoriamente, debe tipificarlo de alguna manera, siendo en ese momento un oficial de justicia, sin disponer de mucho tiempo y mucha información, quién califica el hecho de la manera que le parece más oportuna, siendo probable que se identifiquen errores importantes. Así, por ejemplo, no es infrecuente que los extravíos de documentación se califiquen como hurtos.

Por otra parte, el sistema de registro no está preparado para detectar delitos conexos que dan lugar a un concurso de delitos, esto es, la posibilidad que un mismo sujeto en un mismo acto haya cometido varias infracciones al tiempo. Por ejemplo, puede ocurrir que un sujeto pueda ser detenido por conducción bajo influencia de alcohol (en adelante CIBA) además de conducción temeraria y de conducción sin carnet. En estos casos la norma de la FGE es que cuando en una causa haya varios delitos sólo se contabilizara uno de cara a la estadística, siendo el criterio de selección entre delitos, por lo general, el de mayor gravedad. No obstante una vez que el Fiscal al que le corresponda la causa realiza la calificación, la aplicación informática reflejara todos los delitos calificados. Por lo tanto, suele ocurrir que las estadísticas de delitos incoados y calificados no coincidan. En el caso del ejemplo que se acaba de exponer, y a efectos de elaboración de las memorias, en el cómputo de procedimientos penales incoados aparecerá tan sólo un delito, un CIBA; mientras que, posteriormente, en el apartado de procedimientos calificados aparecerán tres. En este punto habría que aclarar que las memorias anuales sólo proporcionan información del tipo de delito respecto a las diligencias incoadas y no sobre los delitos ya calificados que sólo aparecen cuantificados numéricamente.

Respecto a las formas de comisión, todas las infracciones se recogen en grado consumado en su incoación como procedimiento penal, ya que la aplicación informática no recoge delitos intentados. Al igual que sucede con el anterior criterio de recuento, este hecho puede ser modificado posteriormente cuando el Fiscal realiza la calificación jurídica de los hechos, ya que a partir del escrito de calificación es posible anotar las formas de comisión que no sean consumadas.

Por último, y en lo que se refiere a las faltas, desde la oficina de Fiscalía, en la actualidad se registran todas aquellas de las que tienen conocimiento los Fiscales, lo cual posibilitaría contar con un índice aproximado de infracciones de menor gravedad. No obstante, hay que tener en cuenta que en este caso no pueden contabilizarse todas las faltas en las que el Fiscal no debe intervenir, como por ejemplo los expedientes por injurias entre partes.
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