Resumen: Con frecuencia los medios de comunicación y la clase política suelen emplear los datos que ofrece la Fiscalía General del Estado en sus Memorias anuales para ofrecer cuál es el volumen de la delincuencia del país.






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EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE DATOS DE LA FISCALÍA: REFLEXIONES SOBRE LA TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS
Esther Fernández Molina

Rosario Vicente Martínez

Juan Montañés Rodríguez

Diego Gómez Iniesta

Centro de Investigación en Criminología

Universidad de Castilla-La Mancha

Esther.Fdez@uclm.es

Resumen: Con frecuencia los medios de comunicación y la clase política suelen emplear los datos que ofrece la Fiscalía General del Estado en sus Memorias anuales para ofrecer cuál es el volumen de la delincuencia del país. Sin embargo, la propia Fiscalía reconoce que, aunque conocer estos datos sobre la evolución de la delincuencia es de vital importancia para que el Estado se encuentre en condiciones de desarrollar una política criminal adecuada, los datos que se ofrecen por parte de la institución no hacen referencia exacta a la delincuencia real acontecida, sino más bien al volumen de trabajo que esa delincuencia real genera en la institución y por ello llaman a la cautela a la hora de la valoración de los resultados, ya que las estadísticas que ofrecen, sólo pueden ser validas como indicativas de una tendencia u orientación, marcando líneas de estabilidad o de cambio.

Este sesgo detectado por la institución se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones en la literatura criminológica española indicando que los datos oficiales de la delincuencia en nuestro país arrastran de por sí mayores problemas que cualquier otra fuente de información oficial. Existen varios estudios que han analizado el problema y todos ellos concluyen que existen problemas de fiabilidad y validez sobre los mismos. De fiabilidad por sus errores metodológicos y de validez, porque no miden exactamente ‘delincuencia’ sino otra cosa, más bien actuaciones de las distintas instituciones. Por ello, es necesario profundizar en el proceso de producción de datos oficiales sobre la delincuencia para obtener una mejor comprensión del mismo, que posibilite el avance hacia una nueva forma de presentar esta información de manera más flexible, esto es, que se adapte a las demandas del momento, pero también más precisa y exacta en relación con lo que realmente es el hecho delictivo.

En este trabajo se presentan los resultados de un análisis realizado por el Centro de Investigación en Criminología en el que se trata de ahondar en el proceso de producción de datos de la Fiscalía, valorando cuáles son los problemas de fiabilidad y validez que presentan, para poder plantear cuál es el alcance real que puede tener esta fuente de información a la hora de determinar el volumen de delincuencia del país. Para ello se analizaron en profundidad una muestra aleatoria de 1.111 expedientes incoados en la Fiscalía Provincial de Albacete.

Palabras clave: datos oficiales de la delincuencia, delincuencia oficial, fiscalía, administración de justicia, producción de datos

  1. INTRODUCCIÓN

La investigación empírica sobre la Administración de Justicia penal no es muy abundante en España; sin embargo los beneficios que reporta su desarrollo constituyen una indudable ayuda para el sistema. Realizar investigación empírica en Tribunales o en las Fiscalías ofrece numerosas posibilidades para conocer el funcionamiento del sistema de justicia y las tendencias del fenómeno delincuencial. En este sentido, el avance que la investigación científica en Criminología ha logrado a nivel internacional ha permitido que a día de hoy se sepa mucho más y mejor cuáles son las claves para desarrollar un sistema judicial eficaz (Cavadino y Dignan, 2006, Ashworth, 2010) y cómo utilizar la información que ofrece el sistema penal para medir y conocer la delincuencia (Hope, 2005, Maguire, 2007). Este tipo de estudios de profundización en materia judicial constituyen un instrumento fundamental para mejorar la confianza ciudadana en la Administración pública y promover la eficacia del sistema judicial (Stangeland, 1995).

Con frecuencia los medios de comunicación y la clase política suelen emplear los datos que ofrece la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE) en sus memorias anuales para ofrecer cuál es el volumen de la delincuencia del país. Sin embargo, la propia Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha (en adelante FSCLM) reconoce que, aunque conocer estos datos sobre la evolución de la delincuencia es de vital importancia para que el Estado se encuentre en condiciones de desarrollar una política criminal adecuada, los datos que se ofrecen por parte de la institución no hacen referencia exacta a la delincuencia real acontecida en la región, sino más bien al volumen de trabajo que esa delincuencia real genera en la institución y por ello llaman a la cautela a la hora de la valoración de los resultados, ya que las estadísticas que ofrecen, sólo pueden ser validas como indicativas de una tendencia u orientación, marcando líneas de estabilidad o de cambio1.

Este sesgo detectado por la institución se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones en la literatura criminológica española indicando que los datos oficiales de la delincuencia en nuestro país arrastran de por sí mayores problemas que cualquier otra fuente de información oficial. Existen varios estudios que han analizado el problema (Stangeland, 1995; Diez-Ripollés y Cerezo, 2001; Aebi, 2008) y todos ellos concluyen que existen problemas de fiabilidad y validez sobre los mismos. De fiabilidad por sus errores metodológicos y de validez, porque no miden exactamente ‘delincuencia’ sino otra cosa, más bien actuaciones de las distintas instituciones. Por ello, es necesario profundizar en el proceso de producción de datos oficiales sobre la delincuencia para obtener una mejor comprensión del mismo, que posibilite el avance hacia una nueva forma de presentar esta información de manera más flexible, esto es, que se adapte a las demandas del momento, pero también más precisa y exacta en relación con lo que realmente es el hecho delictivo (Simmons, 2000).

En este trabajo se realiza un análisis que trata de conocer parte del proceso de producción de datos de la FSCLM. En un primer momento, se revisarán cuáles son los datos que ofrece la institución, posteriormente, se analizaran los resultados de un análisis empírico realizado en la Fiscalía provincial de Albacete, que permitirá valorar en mayor medida cuál es el alcance de la información que ofrece la institución, de cara a presentar la magnitud de la delincuencia acontecida en la región.

  1. LOS DATOS QUE OFRECE LA FISCALÍA SUPERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



    1. El proceso de recogida de la información

La elaboración de las Memorias anuales se inicia tras recibir una instrucción de la FGE, a principios de cada año, en donde se solicita la estadística del año anterior de cada Fiscalía provincial. El periodo de elaboración de estas estadísticas provinciales se inicia en enero de cada año, obteniendo los datos de la aplicación informática Fortuny, en la cual se ha ido registrando la evolución de los expedientes que han pasado cada año por cada Fiscalía provincial.

Posteriormente, sobre el mes de febrero, todos esos datos provinciales son remitidos a la Fiscalía regional, en donde se inicia la elaboración de la Memoria de la FCLM, la cual debe estar completada a finales del mes de marzo. Su elaboración corre a cargo de la Fiscalía autonómica y es competencia del Fiscal Superior, una vez está completada, su presentación ante las Cortes de Castilla-La Mancha. Posteriormente, se publica en el DOCM.

Respecto a las pautas de elaboración, es la FGE, a través de la Unidad de apoyo, la que establece los puntos en los que se debe incidir en las estadísticas. Estas reglas se determinan en las denominadas Circulares de Buenas prácticas.

    1. Indicadores de delincuencia que utiliza la FSCM

Una vez clarificado el procedimiento por el cual la FCLM recopila la información sobre la actividad de las Fiscalías, se pasa a resumir brevemente cuál es el resultado de ese procedimiento que anualmente se plasma en las Memorias que la institución presenta a la sociedad y eleva a la FGE para la elaboración de la Memoria nacional.

Si se analiza detenidamente el contenido de dichas memorias, se puede apreciar el interés por parte de esta institución de proporcionar un dato que pueda reflejar el volumen de delincuencia que se ha producido cada año. Así, se ha advertido en la elaboración de las memorias realizadas desde 2007 la delimitación por parte de la FSCLM de hasta cinco indicadores del volumen de delincuencia que se detallan a continuación.

En primer lugar, y desde 2007 la FSCLM viene considerando que la cifra de diligencias previas puede ser un buen indicador de la delincuencia ya que en realidad la mayoría de los procesos penales se inician como diligencias previas, que después se transforman en otros procedimientos, mayoritariamente en procedimiento abreviado, o quedan sobreseídas. Según esta institución la cifra total de diligencias previas es una referencia importante para determinar los niveles de delincuencia con carácter general o global y las considera un buen indicador del número de delitos cometidos durante el año2; eso sí, advirtiendo de “las lógicas y naturales reservas que deben hacerse teniendo en cuenta que no todos los delitos son objeto de denuncia, y, por tanto, de diligencias previas, que hay casos de duplicidad de actuaciones en relación con un mismo hecho o que en los casos de concurso real o ideal de delitos, en cambio, unas solas diligencias previas engloban más de un delito” (indicador 1).

Sin embargo, la propia Fiscalía a pesar de haber indicado que esa cifra de diligencias previas puede ser un buen indicador de la delincuencia de manera general, en la memoria del año 2007 (página 60) asume el criterio usado por la propia Fiscalía General del Estado en la memoria de 2006, y considera necesario añadir a esa cifra, el número de diligencias urgentes para tener una información más fiable sobre el número de procedimientos judiciales que se han incoado por la comisión de infracciones penales en un territorio y durante un período de tiempo determinado (indicador 2).

Posteriormente, en la memoria de 2008 la Fiscalía intentando precisar más el alcance de la información que aporta en sus memorias proporciona dos indicadores más. Así en la página 97 considera que posiblemente sea mejor adoptar como módulo de referencia para medir la delincuencia global no solo las diligencias previas, sino la suma de estas y todos los procedimientos penales que se incoan directamente sin pasar antes por la fase de previas (diligencias urgentes, juicios de faltas, diligencias preliminares de menores y expedientes de reforma) considerando la institución que este dato parece el más riguroso (indicador 3).

Por otra parte en la página 96 se refleja otro indicador al considerar que existen datos que, mejor que el de diligencias previas incoadas, reflejan lo que es propiamente la actividad de las Fiscalías, como son los relativos a procedimientos ordinarios incoados y sobreseídos, procedimientos abreviados incoados y sobreseídos, juicios rápidos incoados y sobreseídos, juicios de jurado incoados y juicios de faltas incoados, diligencias preliminares de menores incoadas y transformadas en expediente. No obstante en este caso y como bien se señala en la propia memoria esta información estaría haciendo referencia a la actividad de las Fiscalías más que a la evolución de la delincuencia (indicador 4).

Posteriormente al año 2008, las memorias de 2009 y 2010 han presentado un único indicador del volumen de delincuencia que corresponde a la suma de diligencias previas, diligencias urgentes y juicios de faltas al considerarse que estas son las tres únicas formas procesales por las que puede iniciarse una investigación penal (indicador 5).

Además de la información que aparece detallada entre las páginas de las memorias, existe al final de todas las memorias desde 2008 un anexo de información estadística que detalla el desarrollo de diligencias previas, diligencias urgentes, juicios de faltas, procedimientos abreviados que están en Juzgados de Instrucción, Sumarios, Tribunal de Jurado, Juicios y otras actividades de la Fiscalía como el número de sentencias impuestas en las distintas instancias, ejecutorias, solicitudes de prisión, diligencias preprocesales y actuaciones de vigilancia penitenciaria, en donde en cualquier caso es difícil establecer equivalencias entre estos datos y los que se reflejan en el interior de las memorias.

Así pues, de lo expuesto en las memorias de la FSCLM puede deducirse que esta institución baraja varios indicadores para explicar la evolución de la delincuencia que tienen como resultado datos que distan mucho entre sí, tal y como puede verse en la tabla 1, con datos relativos a la provincia de Albacete.

Tabla 1. Relación de indicadores que valora la FSCLM respecto a la provincia de Albacete



*DP= Diligencias Previas, DU= Diligencias Urgentes, JF= Juicios de Faltas, DPM=Diligencias preliminares de menores, ER= Expedientes de Reforma, PO= Procedimientos ordinarios, PA= Procedimientos Abreviados, JR= Juicios rápidos, JJ=Juicios de Jurado

Fuente: elaboración propia a partir de las memorias de la FSCLM de 2007-2010

Por ello, un lector que quiera con estos datos determinar cuál es exactamente el volumen de delincuencia de la región tiene serias dificultades. Por una parte, y como se decía más arriba, el indicador 4 no es un indicador de criminalidad sino de la actividad que genera esa criminalidad para las Fiscalías de la región. Por otra parte, aunque el indicador 3 parece más completo hay que tener en cuenta que entre los datos ofrecidos pueden existir importantes problemas de solapamiento. Así mismo, para los datos de la jurisdicción de menores no debería tenerse en cuenta el dato de las diligencias preliminares incoadas más los expedientes de reforma, porque sino el mismo hecho delictivo podría contarse doblemente, como diligencia preliminar y, en su caso, como expediente de reforma si se estima necesaria su incoación.

De otro lado los indicadores 1, 2 y 5 parten de la misma idea, considerándose que, en efecto, el último de ellos, adoptado en las memorias de 2009 y 2010 es el más preciso y más completo, puesto que como bien se decía en las mismas las tres únicas formas procesales de iniciar una investigación penal son la diligencia previa, la diligencia urgente o el juicio de faltas.

No obstante, esta diversidad de indicadores y datos están cargados de problemas de fiabilidad y validez si se quieren utilizar cómo indicadores de la delincuencia, puesto que, como reconocía la propia Fiscalía Superior al hablar de los datos de diligencias, hay que tener en cuenta, entre otros problemas, que no todos los delitos son objeto de denuncia, y, por tanto, de diligencias previas, que hay casos de duplicidad de actuaciones en relación con un mismo hecho, que en los casos de concurso real o ideal de delitos, en cambio, una sola diligencia previa puede englobar más de un delito. Por otra parte y como bien señala la propia FSCLM en sus memorias de 2009 y 2010 (páginas 81 y 102 respectivamente), además hay que tener en cuenta que “la decisión del Juez de incoar diligencias previas es una decisión escasamente reglada, con sensibles diferencias de criterios de unos Juzgados a otros, dependiendo de factores sumamente aleatorios (alternativa a diligencias indeterminadas, traslados entre Juzgados de diligencias previas por razón de reparto cada uno de los cuales les asigna un número aunque terminan acumulándose, recepción o no de los partes de lesiones de los servicios de urgencia hospitalarios, apertura de diligencias previas por puras bagatelas, etc.)”.

Estos problemas parecen demostrar el rechazo que existe entre los expertos a considerar los datos de esta institución como información válida y fiable que pueda reflejar el volumen de delincuencia del país. No obstante, es innegable reconocer que la Fiscalía tiene una posición privilegiada como parte sustancial de la investigación penal, ya que a sus oficinas se hace llegar por parte de los Juzgados toda la información referente a los hechos delictivos que han sucedido en un territorio concreto en un período de tiempo determinado.

Es bien conocido por la Criminología española los problemas que tienen los Juzgados como fuente de información que refleje el índice de criminalidad del país. El magnífico trabajo de Stangeland (1995) reveló, entre otros problemas, que la mitad de los casos contabilizados en la estadística judicial eran duplicidades, que de los casos registrados en la estadística judicial sólo un 64% daba lugar a unas diligencias previas y que existía un alto número de diligencias incoadas y un número escaso de procedimientos enjuiciados (como juicio de faltas, juicio oral o sumario). En concreto, Stangeland hablaba de una relación de 1 a 20 entre delitos denunciados que llegan a ser condenados.

Por ello, parece conveniente, ahondar en el proceso de producción de datos de la Fiscalía, valorar cuáles son los problemas de fiabilidad y validez que presentan, para poder plantear cuál es el alcance real que puede tener esta fuente de información a la hora de determinar el volumen de delincuencia del país.
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