La elección racional






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LA ELECCIÓN RACIONAL



Este curso tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes con los modelos de elección racional en ciencias sociales y, muy especialmente, en Ciencia Política. El curso se estructura en torno a dos componentes principales: en primer lugar, el presente documento, que constituye una guía resumida de las características más importantes de la teoría de la elección racional, de sus aportaciones y de las críticas más importante a las que ha sido sometida y, en segundo lugar, un conjunto de lecturas, algunas de ellas obligatorias, y otras, optativas, que permiten apreciar cómo se aplica el enfoque de la elección racional para estudiar y tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas fundamentales que nos ocupan en nuestras disciplinas. Todas las lecturas son objeto de una presentación particularizada en la parte final de este documento, que –con mirar a despertar el interés e incentivar su lectura entre los participantes –es especialmente detallada en las lecturas optativas.

La “teoría” de la elección racional se fundamenta en que los “individuos” toman “de manera racional” sus decisiones sobre “cursos alternativos de acción” encaminadas a “perseguir sus intereses”. En los párrafos que siguen, se presentarán las características básicas de la elección racional al hilo de la aclaración de las expresiones entrecomilladas.
Aunque, por lo general, se habla de ella como de una “teoría”, la elección racional constituye, más bien, una familia de teorías o un paradigma en cuyo seno cabe una amplia gama de teorías específicas sobre temas muy diversos. Así, a modo de ejemplo, se han formulado teorías de elección racional que han permitido estudiar la acción colectiva (Olson, 1965), la decisión de votar (Aldrich, 1993; Aldrich, 1997; Blais, 2000; Ferejohn & Fiorina, 1974), el voto estratégico (Lago, 2003), las coaliciones (Laver & Shepsle, 1996), el surgimiento de instituciones (Buchanan & Tullock, 1962; Rawls, 1971), las reformas administrativas en América Latina (Geddes, 1991), las transiciones a la democracia (Przeworski, 1991; Weingast, 1997), las revoluciones (North y Weingast, 1989), los conflictos étnicos (Fearon, 1995), la cooperación (Axelrod, 1984), la existencia y eventual estabilidad de lo que se defina como un bien común (Arrow, 1951; Riker, 1982; Riker, 1986), las huelgas (Tsebelis & Lange, 1995), los oligopolios o, incluso, temas que van más allá de las preocupaciones habituales de los politólogos, como las decisiones familiares (Becker, 1981) o los procesos de selección entre especies o tipos de individuos de una especie (Binmore, 1992).
Como atestigua la relación precedente, los modelos de elección racional han supuesto una verdadera revolución en las ciencias sociales, y han permitido replantear problemas de manera original y obtener respuestas novedosas sobre un amplio abanico de temas. Una de las razones principales del éxito creciente de los modelos de elección racional estriba precisamente en que la teoría de la elección racional constituye, más que una teoría específica, una aproximación teórica bajo cuyo paraguas pueden desarrollarse multitud de teorías específicas –no siempre compatibles las unas con las otras. De hecho, parte del éxito de la teoría de la elección racional también se debe a que, dados los serios problemas evidenciados por otros enfoques de calado similar, como el estructuralismo, el funcionalismo o el marxismo, la elección racional posiblemente es, actualmente, la familia de teorías dominante en todas las ciencias sociales, y se enfrenta, en el mejor de los casos, a un conjunto de teorías particulares sobre temas específicos.
Una característica fundamental de la elección racional es su énfasis en el nivel individual como locus natural de los mecanismos causales. Incluso cuando el interés reside en el nivel agregado o “macro”, o en niveles intermedios o “meso”, los desarrollos en estos niveles se deben poder explicar merced a la agregación de las decisiones (racionales) en el nivel individual o “micro”. Los “individuos” de los modelos racionales provienen de caladeros heterogéneos: consumidores, productores, políticos, votantes (potenciales), burócratas, activistas (potenciales), accionistas, ejecutivos, suscriptores de seguros, presos, cónyuges o, en definitiva, cualquier actor cuya conducta resulte de interés para la investigadora.
En algunas aplicaciones, los actores “individuales” son entidades como empresas: lo importante es que, si el objeto de estudio es un mercado, por ejemplo, el mercado de cortes de pelo, de videojuegos o de bebidas refrescantes, las teorías de elección racional se centran en el estudio de las motivaciones de los agentes a nivel “micro” de esos mercados, a saber, de cada una de las empresas que ofrece servicios de peluquería (posiblemente, asumiendo una estructura de competencia perfecta), de producción de videojuegos (posiblemente, asumiendo una estructura de competencia monopolística) o de producción de bebidas refrescantes (posiblemente, asumiendo una estructura de competencia oligopolística). Nótese que el énfasis en el nivel “micro” no implica, necesariamente, tratar con agentes “pequeños”: ¡la producción anual de algunas empresas de refrescos es mayor que la de determinados países!
El énfasis de las teorías de elección racional en las micro-decisiones significa que estas teorías abrazan el individualismo metodológico, frente a enfoques holísticos y estructurales en los que los individuos juegan un papel secundario o despreciable. Muchas de las aplicaciones del enfoque de elección racional en Economía y en Filosofía Política adoptan una versión “dura” del individualismo metodológico, y asumen individuos que toman decisiones en un “estado de naturaleza” ideal, no condicionado por características sociales o institucionales (Marí-Klose, 2000). Piénsese, por ejemplo, en los consumidores anónimos que deben elegir cómo asignar un presupuesto dado entre una cesta hipotética de cañones y mantequilla, o en los individuos que deben diseñar un contrato social “justo” bajo el velo de la ignorancia rawlsiano (Rawls, 1971). En contraste con ellas, muchas de las aplicaciones en Ciencia Política y Sociología optan por una versión “blanda” del individualismo metodológico, y asumen individuos culturalmente condicionados que toman decisiones constreñidos por factores sociales e institucionales que condicionan la estructura de incentivos de los individuos. Así, los modelos de elección racional pueden tener en cuenta la interacción entre factores individuales e institucionales sobre las decisiones de los individuos de votar o abstenerse (Anduiza, 1999; Anduiza, 2002; Boix & Riba, 2000; Brians & Grofman, 1999), el efecto de las normas de votación en una cámara sobre las decisiones legislativas (Shepsle & Weingast, 1981), o el efecto de la identificación grupal sobre los equilibrios políticos (Glazez, 1993).
La “racionalidad” en la toma de decisiones de los individuos presupone que éstos tienen preferencias completas y transitivas. Se entiende que un individuo tiene preferencias completas cuando, enfrentado a dos alternativas, A y B, puede decir si prefiere la alternativa A frente a la B, si prefiere B ante A, o si es indiferente entre ambas. Se entiende que un individuo tiene preferencias transitivas cuando, enfrentado a tres alternativas, A, B y C, si prefiere A frente a B, y B frente a C, entonces, debe preferir A frente a C. Dada la importancia de la cuestión, conviene señalar que –en línea con el individualismo metodológico propio de las teorías racionales –la transitividad de las preferencias es una propiedad de los individuos que se necesita asumir para garantizar su racionalidad, pero no presupone la transitividad de las preferencias sociales, como demostró formalmente Arrow en un trabajo de hondas repercusiones sobre nuestra concepción de la democracia y del bien común (Arrow, 1951).
Dos son las características principales de esta racionalidad. Primera, se trata de una concepción “instrumental” de la racionalidad, en el sentido de que las estrategias, acciones o cursos de acción de los individuos no constituyen el objetivo perseguido por éstos, sino que representan medios o “instrumentos” para la consecución de sus fines u objetivos últimos.
En sus versiones más “puras” u ortodoxas, los cursos de acción de los individuos son meros medios sin valor en sí mismos. Por ejemplo, en el marco de la tradición racional, suele asumirse que el voto es un medio o instrumento de los ciudadanos para seleccionar a sus representantes políticos, y que es valioso para los ciudadanos en la medida y sólo en la medida en que contribuye a este fin (Downs, An Economic Theory of Democracy, 1957). De manera similar, muchos modelos racionales asumen que el objetivo último de un político es maximizar su apoyo electoral, y que, en consecuencia, sus decisiones de apoyar o no una determinada ley o propuesta no obedecen a sus convicciones ideológicas, sino al impacto de su apoyo o no a la misma (y al de la suerte de ésta) sobre los votos que esperan recibir en la próxima contienda electoral (Geddes, 1991). Se trata, pues, de una racionalidad finalista, “teleológica”, o de medios-fines, diametralmente opuesta a planteamientos procedimentales, como el imperativo categórico kantiano (Kant, 1785/1999), en los que se destaca el valor intrínseco de las acciones en sí mismas.
Existen, sin embargo, planteamientos en el seno de la elección racional que permiten incorporar como un elemento integrante de la “función objetivo” (de los “intereses” de los agentes) el valor intrínseco de determinadas acciones. Por ejemplo, los ciudadanos podrían valorar en sí mismo el hecho de acudir a las urnas, en cuyo caso el voto sería una fuente de valor para ellos por dos motivos: primero, por el valor en sí mismo de acudir a las urnas, y segundo, por el valor instrumental en tanto que contribuyera a que su candidato preferido accediera al poder (Downs, 1957, pág. 255s; Riker & Ordeshook, A theory of the calculus of voting, 1968; Santana, 2008). Como se verá en la lectura de Aldrich (Aldrich, 1993) y en mi texto, al primer componente se le denomina valor de consumo, expresivo o intrínseco del voto, y al segundo, dimensión instrumental o de inversión del voto. De manera similar, los políticos podrían barajar en sus objetivos tanto la probabilidad de ser (re)elegidos como la consistencia de las leyes promulgadas con sus inclinaciones ideológicas.
Estas versiones menos “ortodoxas” o “puras”, que aceptan la posibilidad de atribuir un valor intrínseco a las acciones, han sido el objeto de críticas tanto por parte de autores que trabajan bajo los postulados de la acción racional –porque desdibujan el carácter instrumental o teleológico de la racionalidad de los individuos –como por parte de los críticos de la elección racional –fundamentalmente, porque sospechan que pueden ser reas de un deseo de “salvar teorías que no funcionan” gracias a la inclusión ex-post de los elementos de consumo o intrínsecos (Green & Shapiro, 1994). Ambas críticas son legítimas, y representan una señal de advertencia ante la posibilidad de que los modelos racionales realicen ajustes (presentados bajo el término más elegante de “refinamientos”) que pueden incluir potencialmente cualquier motivación (incluso algunas originalmente muy alejadas de los modelos originales, y que quizás ya habían sido propuestas por enfoques alternativos) y que pueden estar socavando la posibilidad de falsación de las hipótesis defendidas.

Sin embargo, ésta es una consecuencia, en parte, del hecho de que la elección racional, más que una teoría, es un paradigma. Un modelo concreto de elección racional –por ejemplo, uno que estipule que los ciudadanos sólo votan para elegir a sus representantes políticos –puede resultar falsado o rechazado, o puede resultar tener una capacidad explicativa reducida, pero ello no implica necesariamente que el fracaso, quizá, relativo, de ese modelo en concreto deslegitime toda pretensión de explicación del voto en el marco de la elección racional.
Tanto en ciencias sociales como en otros ámbitos, se han formulado modelos que han sido abandonados o refinados sin que ello implicara un abandono de los paradigmas en cuyo seno se inscribían; al fin y al cabo, no se debe olvidar nunca que la ciencia es una empresa colectiva y que nuestro conocimiento se nutre tanto de lo que aportan los modelos aceptados (provisionalmente) como de lo que evidencian los que resultan refutados (King, Keohane, & Verba, 1994). Ahora bien, si se “refina” un modelo racional para incluir también una motivación de consumo del voto, es indispensable contrastar el nuevo modelo con evidencia nueva, ya que, como argumentan, entre otros, Gary King, Robert Keohane y Sidney Verba en su ya clásico Designing Social Inquiry, los refinamientos de las teorías sólo son legítimos si son sometidos al contraste empírico de datos nuevos o adicionales (King, Keohane, & Verba, 1994).
De manera similar, cabe señalar que nada en el marco de la elección racional obliga a restringir la función objetivo de los políticos a la maximización de los votos o apoyos electorales, y que un modelo que defina como objetivo último de un político su prestigio o felicidad, dependiente tanto de los votos conseguidos como de las leyes que promulgó, no es necesariamente inconsistente con la elección racional, de la misma manera en que tampoco lo es un modelo que defina la satisfacción de un consumidor de automóviles tanto en función de la velocidad máxima que alcanza un coche como de los dispositivos de seguridad que contiene o incluso de la imagen social que le ayuda a proyectar.
La segunda característica de esta racionalidad es que las acciones o estrategias están encaminadas a perseguir los intereses “individuales” de quien las toma: por ejemplo, si la decisión de votar o abstenerse la toma un votante, digamos que Natalia, tal decisión está encaminada a perseguir sus intereses (incluyan o no una valoración intrínseca del acto de votar), no los de su compañero de clase Zutanito ni los de la ciudadanía en su conjunto. Nuevamente, los modelos de elección racional al uso se dividen entre una versión “dura” y una “amplia” en función de lo que aceptan como los intereses de Natalia.
La versión dura entraña lo que se ha venido a denominar una concepción de “egoísmo estricto”, según la cual a Natalia sólo le importa su propio bienestar, y ha sido objeto de numerosas críticas: ¿cómo es posible fundamentar nuestras explicaciones sobre el comportamiento de los individuos si impedimos que nuestros modelos tengan en cuenta que a Natalia le puede importar también el bienestar de su hija, de su marido, de su madre y, en general, de terceras personas? Un enfoque de estas características, se argumenta, no sólo resulta inapropiado para explicar el comportamiento de las personas, sino que está al servicio de determinadas posturas ideológicas.
La versión amplia permite que Natalia tome en consideración no sólo su bienestar directo, sino el de terceros que le importan. La manera estándar en que esto se consigue sin desvirtuar (excesivamente) los postulados de la elección racional es gracias al recurso a funciones objetivo (como funciones de “utilidad”) interdependientes, donde el bienestar (total) de Natalia (que es lo que ésta persigue maximizar) es una función tanto de su bienestar personal directo como del de aquéllos “otros relevantes” que le importan, como podría ser el caso de su sobrina, su abuelo, sus amigas e, incluso, la sociedad en su conjunto. Técnicamente, esto se puede conseguir mediante funciones de utilidad interdependientes que suelen otorgar un peso mayor al bienestar propio y menor al de terceros. De hecho, si se acepta la posibilidad de funciones de utilidad interdependientes, no hay razón para excluir de antemano la plausibilidad de que la función de utilidad de Natalia incluya entre sus argumentos (entre lo que tiene en consideración) la utilidad de terceros a los que asigne pesos negativos: ¿y si Natalia es una envidiosa incurable, o le desea el mal a la amante de su marido, o les tiene fobia a los pelirrojos?
Así, algunos trabajos han tratado de resolver la paradoja del voto (Ferejohn & Fiorina, 1974; Green & Shapiro, 1994, págs. 47-71; Grofman, 1993) mediante el recurso al altruismo de los electores (Edlin, Gelman, & Kaplan, 2002; Fowler, 2006; Jankowski, 2002; Jankowski, 2007).
Al igual que sucediera con el egoísmo estricto, o con la versión “amplia” o menos “pura” de la racionalidad medios-fines, esta versión amplia del egoísmo también ha sido objeto de críticas: ¿no será, nuevamente, un subterfugio de los practicantes de la elección racional para salvar teorías que no funcionan?; ¿no abre, acaso, las puertas a que cualquier conducta, cualquier objetivo, pueda ser tildado de racional?; ¿qué posibilidad de refutación tienen los modelos racionales si se abre la veda a funciones objetivo interdependientes?

La toma de decisiones “para perseguir los propios intereses” puede ser más complicada de lo que parece en primera instancia, ya que la relación entre las decisiones tomadas y el cumplimiento de los intereses perseguidos puede no ser evidente. Los agentes no siempre saben cuáles serán las consecuencias de sus acciones, ya que no siempre saben qué otras cosas sucederán en el mundo. Algunos modelos racionales prescinden simplemente de esta posibilidad y consideran que las “acciones” de los agentes, actores o individuos tienen consecuencias previsibles (contextos de certidumbre); otros modelos racionales, sin embargo, se plantean la posibilidad de que las acciones de los agentes tengan diferentes consecuencias en función de otros desarrollos que, técnicamente, se denominan, en determinados contextos, “estados del mundo”.
La multiplicidad de estados del mundo puede corresponder a situaciones en las que los agentes no saben qué sucederá, pero sí pueden atribuirle probabilidades de ocurrencia a las distintas posibilidades (contextos de riesgo) a situaciones en las que ni siquiera son capaces de asignarles probabilidades (contextos de incertidumbre), o incluso a situaciones que quedan entre las dos anteriores, en las que pueden asignar probabilidades, pero de manera imperfecta (contextos de cuasi-riesgo). Es posible, además, que los distintos agentes reconozcan que las acciones de cada uno de ellos dependen de lo que haga el resto y, por ende, condicionen las de los otros, esto es, que los agentes reconozcan que, en determinadas situaciones –situaciones en las que, por norma general, el número de actores es reducido –existe una situación de interdependencia estratégica (estas situaciones son analizadas por la Teoría de Juegos, una rama de la elección racional que merece un estudio aparte ya que, técnicamente, puede llegar a ser considerablemente elaborada).
La asunción del tipo de situación o de contexto en el que los agentes toman sus decisiones conlleva implicaciones para los modelos concretos propuestos para explicar un fenómeno, sin que ello signifique el abandono de los modelos de elección racional. Siguiendo con el ejemplo de la decisión de votar, algunas alternativas al modelo instrumental clásico radican, precisamente, en la concepción de la decisión de votar como una decisión tomada en situaciones de riesgo (Ferejohn & Fiorina, 1974), no exenta de críticas dentro del propio paradigma racional (Wuffle, 1979; Wuffle, 1984; Wuffle, 1988), o como una decisión tomada en situaciones estratégicas (Palfrey & Rosenthal, 1983; Palfrey & Rosenthal, 1984; Palfrey & Rosenthal, 1985).
La “persecución” de los propios intereses involucra la optimización de una “función objetivo”, ya sea la maximización (de beneficios, de renta o de votos, por ejemplo) o la minimización (de costes o de oposición, por ejemplo), de ésta. Esta optimización puede ser directa (en contextos de certidumbre), puede involucrar el recurso a la utilidad esperada (o a los beneficios esperados o, en general, al valor esperado de la función objetivo, en contextos de riesgo), o, incluso, a otras reglas menos habituales: por ejemplo, Ferejohn y Fiorina, en su artículo de 1974, defienden la plausibilidad de que los electores minimicen el arrepentimiento posible de su decisión de voto, en contextos de incertidumbre, esto es, proponen una regla “minimax” (Ferejohn & Fiorina, 1974), mientras que, en su célebre teoría sobre la justicia, John Rawls propone una regla “maximin”, según la cual, bajo un velo de ignorancia, ciudadanos racionales diseñarían un contrato social que maximizara el bienestar del ciudadano menos favorecido (Rawls, 1971).
Todos estos procedimientos han sido objeto de críticas por parte de los detractores de la elección racional, especialmente, desde las filas de psicólogos cognitivos como Kahneman, Tversky y colaboradores, quienes demuestran problemas de los individuos para tratar con probabilidades muy pequeñas o muy grandes, actitudes diferentes ante pérdidas o ganancias respecto a un determinado punto de referencia, y otros problemas que dificultan la posibilidad de los individuos de perseguir sus objetivos de manera sistemática y eficiente mediante procedimientos optimizadores (Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982; Tversky, 1974; Tversky & Kahneman, 1986; Tversky, Slovic, & Kahneman, 1990). Si bien sus críticas se deben tener muy presentes, es preciso conocer también la defensa de los practicantes de la elección racional, quienes destacan que, en la vida real las condiciones son diferentes a las de los experimentos, porque lo que está en juego es más importante y porque hay muchos procedimientos que ayudan a obtener información.
Ante la diversidad de situaciones en las que un agente puede tomar sus decisiones, la elección racional se centra en el análisis de un concepto, el de “estrategias” de los individuos, que, si bien subsume al de “acciones” y, en ocasiones, coincide con él, es más amplio que éste. La elección racional entiende que los “individuos” (en el sentido arriba comentado) adoptan “estrategias” más elaboradas que especifican las acciones concretas que los individuos tomarían ante diferentes eventualidades o contingencias, con el objetivo de perseguir sus intereses, ya sea definidos de manera estrecha (egoísmo estricto) o de manera más amplia.
Finalmente, la persecución (amplia o estrecha) de “los propios intereses” se puede concretar de maneras muy variadas. Lo más habitual es que se concrete en variantes de algún tipo de interés último “de orden fungible”, esto es, que permita la consecución de otros intereses u objetivos potencialmente atribuibles a los individuos. Entre ellos, destacan los siguientes:

  1. La riqueza (o similares: la renta, el salario, el dinero, los beneficios);

  2. El poder (o similares: los votos, los escaños, el apoyo electoral, la capacidad de veto);

  3. El prestigio (o similares: el estatus, el reconocimiento de pares o familiares)


A continuación, y para no alargar en exceso la exposición, se presentan y discuten brevemente las lecturas propuestas para el curso, a saber, tres lecturas obligatorias (el primer capítulo de The Logic of Collective Action, de Mancur Olson, el primer capítulo de mi tesis doctoral, Expresividad, cálculo y movilización en la decisión de votar, y un artículo de Hechter y Kanazawa en Annual Review of Sociology) y tres lecturas optativas (un artículo de John Aldrich en American Journal of Political Science, un artículo de Barbara Geddes en The American Political Science Review, y un artículo de Barry Weingast en la misma publicación periódica). Aunque soy consciente de que, inevitablemente, he tenido que dejar fuera muchos trabajos fascinantes, he reunido un conjunto de textos que, considerados de forma conjunta, espero que os resulten interesantes y provechosos.
Como lecturas obligatorias, he escogido, para empezar, el primer capítulo del ya clásico libro de Mancur Olson (Olson, 1965), que estudia los fundamentos de la acción colectiva: ¿cuándo cabe esperar que ésta se dé?; ¿qué mecanismos permiten explicarla?; ¿qué tipos de grupos deberían ser, en principio, más proclives a inducir la acción colectiva entre sus miembros? Este libro ofrece una serie de reflexiones y respuestas que, sin duda, harán que muchos modifiquen algunas nociones que daban por descontadas sobre esta cuestión, y constituye un ejemplo de las posibilidades del enfoque de elección racional para contribuir a nuestro conocimiento sobre el mundo. Dos ventajas adicionales son que el texto no es técnicamente complejo y que existen versiones traducidas del mismo.
En segundo lugar, propongo como lectura obligatoria el capítulo introductorio de mi tesis doctoral, que resume las principales aportaciones de la teoría de la elección racional acerca de la comprensión de la decisión de votar. He optado por incluir este texto como lectura obligatoria porque –además de conocerlo moderadamente bien –está en español, hecho que supongo que facilitará vuestro estudio y vuestras posibilidades de aprovecharlo, aunque he considerado que merece la pena que tengáis la posibilidad de acceder, si así lo deseáis, al texto de Aldrich (Aldrich, 1993), uno de los más difundidos y valorados en la disciplina. Por este motivo, el artículo de Aldrich es vuestra primera referencia optativa.
Finalmente, incluyo como lectura obligatoria un texto de Hechter y Kanazawa (Hechter & Kanazawa, 1997) en el que los autores revisan las contribuciones de la elección racional a la sociología. Se trata de un texto sencillo que sirve para adquirir un panorama amplio de las contribuciones de la elección racional en esta área y que proporciona, asimismo, un compendio de referencias que pueden ser potencialmente útiles para aquéllos que estén interesados en profundizar en alguno de los temas considerados.

La primera referencia optativa la constituye, como se avanzó unas líneas más arriba, el artículo de John Aldrich en American Journal of Political Science (Aldrich, Rational Choice and Turnout, 1993). El artículo revisa las principales aportaciones de la teoría de la elección racional acerca de la comprensión de la decisión de votar. Aunque, para facilitar el estudio, he preferido escoger como obligatorio el primer capítulo de mi tesis doctoral, escrito en español, merece la pena que tengáis la posibilidad de acceder, si así lo deseáis, al texto de Aldrich, uno de los más difundidos y valorados en la disciplina.
El enfoque racional dominante sobre la dupla voto-abstención comparte la visión de que el voto es un acto “instrumental”, en el sentido de que votar no es un fin en sí mismo, sino un “instrumento” o medio para seleccionar a los gobernantes preferidos. La decisión de votar entraña beneficios, captados por el diferencial partidista (B), que deben ser descontados (por la probabilidad P de ser decisivo) debido a que el ciudadano no es siempre –no es casi nunca –determinante para decidir qué partido gana, así como costes asociados al voto, que se asume que son positivos (C).
Aldrich estudia la decisión de votar o abstenerse en tres contextos o, dicho de otra manera, bajo tres asunciones diferentes acerca de cómo interpretar esta decisión: (1) como una decisión paramétrica tomada en condiciones de riesgo; (2) como una decisión paramétrica tomada en condiciones de incertidumbre; (3) como una decisión estratégica.
El núcleo del artículo se centra en la primera interpretación, que es, también, la más importante, y que se resuelve mediante el cómputo de la utilidad esperada del voto. Como demuestra con gran esmero y detalle, el voto instrumental es irracional en un contexto paramétrico en cualquier electorado amplio, porque la decisión de un único ciudadano no influye sobre el resto, con lo que P tiende a cero y los beneficios esperados de votar, P*B, serán despreciables frente a cualquier coste positivo de votar. La consiguiente predicción de abstención generalizada recibe el nombre de “paradoja del (no) voto”, debido a su inconsistencia con el hecho empírico de que millones de ciudadanos votan en muchas elecciones.
En cuanto a la segunda interpretación, Aldrich revisa la propuesta de Ferejohn y Fiorina (Ferejohn & Fiorina, 1974), quienes señalan que, en condiciones de incertidumbre (en las que las probabilidades no son conocidas), no se puede acudir a la regla de la utilidad esperada para tomar decisiones (porque implica el empleo de probabilidades), y defienden que la regla más plausible en esta situación sería la de minimizar el máximo arrepentimiento. La propuesta de estos autores entraña una serie de problemas importantes que Aldrich trata con detalle.
Finalmente, el autor apenas dedica atención a la segunda interpretación que, en su opinión, si bien sirve para clarificar y precisar algunas cuestiones, no supone un cambio fundamental en las conclusiones.

También he incluido entre los textos optativos un artículo en el que Barbara Geddes emplea un modelo racional –que rompe con los modelos culturales al uso –para analizar las reformas administrativas que introducen criterios meritocráticos en la selección de los funcionarios públicos en América Latina (Geddes, 1991). He escogido este texto porque muestra cómo se puede ofrecer una respuesta a otra pregunta interesante para la ciencia política gracias a un modelo formal muy sencillo, y porque resulta muy ilustrativo el contraste de las hipótesis generales que se siguen del modelo con un diseño comparativo.
Geddes asume que los políticos son racionales y maximizadores de votos, en contraste con otros enfoques que asignan más importancia a sus preferencias por políticas. La autora recurre a un modelo muy estilizado –muy simplificado –de teoría de juegos con dos partidos. Técnicamente, Geddes propone dos juegos “de suma cero” en la que los pagos los constituyen los porcentajes de voto obtenidos. En el primero, que se enmarca durante la campaña electoral, el recurso al clientelismo es una estrategia dominante porque permite incrementar los votos esperados y no se producen reformas. El segundo juego tiene lugar tras las elecciones y Geddes demuestra que, bajo ciertas condiciones, cuando parte de la sociedad rechaza el clientelismo, pueden darse reformas.
Su modelo le permite deducir que, cuanto más similar sea el apoyo electoral recibido por los dos partidos, mayor será la probabilidad de reforma. Ésta es una conclusión empíricamente contrastable que la autora coteja con un análisis cualitativo de diferentes países latinoamericanos, algunos de ellos con reformas exitosas (Colombia, Venezuela y Uruguay) y otros, con fracasos (Brasil y Chile).
El artículo es completo y riguroso: parte de una pregunta interesante para la ciencia política, propone un modelo formal muy sencillo pero con cierto poder explicativo, deriva hipótesis generales del equilibrio del modelo, y las confirma con un diseño comparativo. Desde un punto de vista más crítico, se podría cuestionar que, a lo largo de la discusión, parece que la autora piense, en ocasiones, en términos de modelos diferentes del que presentó formalmente, 1 y que la repetición indefinida del juego a lo largo del tiempo –más coherente con la realidad de la competición electoral en la mayoría de países –podría abrir la puerta a equilibrios no previstos por la autora.

Finalmente, la tercera lectura optativa la constituye un artículo de Barry Weingast publicado en The American Political Science Review (Weingast, 1997). Weingast aborda con un enfoque de elección racional la cuestión vital en Ciencias Políticas de por qué los políticos cumplen la ley en algunos países y en otros, no; de por qué algunos gobernantes aceptan la existencia de límites a su poder impuestos por las reglas del juego o, dicho de otra forma, por qué en algunas situaciones (no) exigen los ciudadanos que sus representantes cumplan la ley. Este artículo sirve, además, para ilustrar algunas de las posibilidades que se abren con el empleo de modelos complejos de elección racional, tales como juegos en forma normal anidados dentro de un juego en forma arbórea.
La hipótesis básica de Weingast es que los gobernantes cumplirán la ley si temen que, en caso de no hacerlo, los ciudadanos se coordinarán –se pondrán de acuerdo –y los substituirán por otros.
El autor emplea un modelo de dos juegos con tres jugadores: el soberano (S), y la ciudadanía, compuesta por dos individuos (A y B).2 Son juegos dinámicos o secuenciales en los que, primero, juega el soberano, y luego, los ciudadanos. Sin embargo, cuando les toca jugar, los ciudadanos deciden al mismo tiempo –técnicamente, se pasa a un subjuego simultáneo.
El primer juego propuesto por Weingast es simétrico: o bien el soberano respeta los límites del poder, o bien los traspasa en detrimento de ambos ciudadanos. Este juego tiene dos equilibrios (a) el soberano no transgrede la ley y los ciudadanos no lo deponen, aunque ambos lo desafiarían si transgrediera; (b) el soberano transgrede la ley y los ciudadanos no le desafían: la razón por la que se da este equilibrio es porque la segunda fase del juego se caracteriza por existir información imperfecta, cada ciudadano debe actuar sin saber lo que hace el otro, hecho que puede dar pie a problemas de coordinación para castigar a los gobernantes que transgredan la ley.
El segundo juego complica el precedente al introducir la posibilidad de una transgresión asimétrica por parte del soberano, que ahora puede confiscar solo a uno de los ciudadanos, repartiendo la ganancia con el otro, en cuyo caso la violación de la ley tiene consecuencias distributivas que dificultan la coordinación entre los ciudadanos. Esta modificación da pie a dos equilibrios asimétricos, en los que el soberano transgrede solo contra uno de los ciudadanos, sea A o B, y éstos no lo desafían excepto que actúe contra ambos; en definitiva, estos equilibrios se dan cuando los ciudadanos solo logran coordinarse cuando el soberano perjudica a ambos.
Un hecho importante ilustrado por este artículo es que los modelos permiten determinar qué estrategias constituyen equilibrios de un juego –qué estrategias cabe esperar que adopten los ciudadanos –pero, cuando son varios los equilibrios posibles, los modelos de teoría de juegos no nos aportan información acerca de cuáles cabe esperar que efectivamente tengan lugar y cuáles no, o cuándo cabe esperarlo.
Esta cuestión es la que trata Weingast, fundamentalmente, en su discusión final, hecho que le lleva a barajar la importancia de factores como la cultura cívica o la división étnica. Para el autor, la coordinación de los ciudadanos se ve facilitada si éstos comparten un conjunto de valores, una cultura cívica, que establezca qué se debe considerar una violación a las reglas del juego y qué se debe hacer en caso de tal violación. Un corolario es que la coordinación será más fácil –y la transgresión de la ley por parte de los gobernantes, menos frecuente –en sociedades étnicamente homogéneas.

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