Esto no sucede con el proyecto de ordenamiento territorial de actividades que presentara la actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco Alicia Mastandrea, de autoría de Bruno Schwesig y su equipo de colaboradores e interesados
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“Nelson Mandela DD. HH.” Centro de Estudios e Investigación Social Avenida Alberdi N° 338 - Resistencia - Chaco - C.P. 3500 Tel/fax: (54 - 03722) 428475 Página web: www.centromandela.com.ar E mail: info@centromandela.com.ar centromandela@yahoo.com.ar   Lo que el Chaco se debe y necesita ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ACTIVIDADES Debe entenderse cabalmente que un ordenamiento territorial de actividades es, fundamentalmente, una puja de intereses en el que es más fuerte intenta imponer lo que más le conviene a sus negocios, salvo que el Estado actúe con limpieza y neutralidad, poniendo el equilibrio necesario para que el resultado finalmente sea justo y equitativo. Esto no sucede con el proyecto de ordenamiento territorial de actividades que presentara la actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco Alicia Mastandrea, de autoría de Bruno Schwesig y su equipo de colaboradores e interesados. El Chaco se debe y necesita un ordenamiento territorial con justicia y equidad social y ambiental. O sea que se debe el mejor ordenamiento que se pueda realizar y que importe una justa composición de intereses y de realidades, guiados por el espíritu de justicia social y ambiental. Sin embargo, aparece el proyecto de Bruno Schwesig como guante a medida para los intereses de grupos selectos y concentrados del poder económico. Este ordenamiento no debe ser sancionado porque es inoportuno e inconsulto, y porque afecta los intereses y derechos de las mayorías chaqueñas. Es el peor ordenamiento posible. El uso inadecuado e irracional de los recursos naturales produjo en el Chaco una creciente y profunda degradación socio-ambiental. La expansión de la frontera agropecuaria intensificó este proceso, fuertemente incentivado por la estigmatización de los sistemas productivos tradicionales, categorizados como de baja rentabilidad, de escasa productividad y de reducidos efectos sociales. Esto fue tomado como pretexto por los forjadores del nuevo modelo productivista instalado en la actividad agropecuaria, con resultados devastadores para las grandes mayorías sociales, que inevitablemente desembocó en la pérdida de soberanía semillera y alimentaria, como también en el riesgo de extinción de la seguridad alimentaria, que ha sido una conquista lograda a través de la aplicación de políticas nacionales históricas orientadas a lograr la justicia y la equidad social. Las nuevas tecnologías aumentaron notablemente la actividad económica y la inequidad social. Lamentablemente, los servicios ambientales no están internalizados, ni considerados como factores relevantes en el actual modelo productivo, que se reduce a valorar excluyentemente lo económico, el uso de la tecnología, los agrotóxicos y los insumos transgénicos, bajo la lógica de la mayor rentabilidad posible. Esta es la síntesis del pensamiento de los dueños del aparato productivo de la República Argentina, quiénes excluyeron la mano de obra y el trabajo de la producción de la riqueza agropecuaria. La extraordinaria expansión de las fronteras agropecuarias El domo agropecuario tradicionalmente instalado a lo largo de la geografía central de la República Argentina se ha visto desbordado. Los agronegocios generaron, en primer término, la expansión de la frontera agrícola, para luego intensificar el avance territorial sobre zonas tradicionalmente ganaderas, silvopastoriles y forestales. En la actualidad, y a pesar de la crisis internacional, la actividad agrícola modela todo el territorio nacional, expandiéndose a la medida de los agronegocios. No reconoce frontera, sino oportunidades para generar otros negocios y más rentabilidad. En la estrategia de aumentar la superficie destinada a la agricultura, se viene ponderando que regiones como el nordeste argentino tienen un alto potencial en recursos naturales; los modernos productores transgénicos resaltan que la región cuenta con un alto potencial en biodiversidad, escondiendo que el escenario no debe ser valorado con la clásica lógica de los mercados, especialmente en el terreno de la producción intensiva. Sin embargo, insisten en continuar ampliando la frontera agrícola a expensa de los suelos y de los climas, sin advertir que territorios como los nuestros son frágiles por su conformación y estructura. ¿Cómo estamos hoy? Son muchos los aspectos que podríamos puntualizar para tratar de reflejar la actual situación de aguda degradación socio-ambiental que se ha instalado en el Chaco a través de las políticas públicas. Entre los aspectos más importantes que vale la pena resaltar, señalamos las siguientes situaciones: 1) A pesar de la veda dispuesta por el Decreto 1341/06 del ex-gobernador Nikisch, los desmontes continúan y se reproducen con absoluta impunidad, salvo el trabajo tesonero y en soledad de un reducido grupo de inspectores de la Dirección de Bosques. No existen programas ni acciones de prevención. En los casos en que se actúa, se lo hace sobre los hechos consumados. Se prioriza el cobro de multas a la preservación del ambiente, de los recursos naturales y el monte. La cuestión se agrava cuando los desmontes se producen en suelos no aptos para la agricultura, lo cual es muy frecuente; en estos casos se potencia el riesgo y el daño ambiental. 2) Los incendios forestales aumentaron en el reciente periodo de sequía, fundamentalmente en Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. Algunos de los incendios fueron utilizados para “hacer campos” para la agricultura. Esto se produjo, principalmente, en las explotaciones silvo-pastoriles, que serán las futuras chacras transgénicas. 3) Reina un desorden administrativo generalizado en todas las áreas de las Subsecretarías de Recursos Naturales y de Medio Ambiente, en particular en las Direcciones de Bosques y de Suelos. 4) Los permisos forestales para aprovechamientos comerciales son evaluados por los mismos técnicos que luego los aprueban; firman los testaferros. La relación entre los funcionarios y técnicos que analizan los permisos forestales reflejan, con absolutamente claridad, la expansión de la corrupción; mandan “los clientes,” quiénes gestionan en forma personal, sin ningún tipo de discreción. 5) Salvo pocas excepciones, los permisos forestales no son controlados por las Direcciones de Bosques y de Suelos, que deberían hacerlo para verificar el correcto manejo de los recursos forestales. 6) A excepción de un pequeño número de empleados, de reconocida solvencia técnica y moral, es totalmente deficitario el funcionamiento de las áreas de inspección en ruta. 7) La mayor preocupación en las distintas áreas de las Subsecretarias de Recursos Naturales y de Medio Ambiente, consiste en tramitar el otorgamiento de los permisos forestales con la mayor rapidez, sin control adecuado sobre la corrección de los mismos. 8) Un empresa que pretende radicarse en nuestra provincia presentó un estudio de impacto ambiental (EIA) que fue realizado por una conocida Consultora del medio que cuenta como integrante de su plantel técnico con un profesional que analiza dicho estudio en el ámbito estatal. Este dato revela el fuerte grado de corrupción existente desde hace muchos años. 9) No se efectúan las forestaciones obligatorias de los permisos de desmontes que fueron aprobados antes de la veda del Decreto 1341/06. 10) Los viveros forestales se encuentran totalmente abandonados; sin personal, insumos ni platines. Esta cruda realidad no se resuelve con más leyes o con más ordenamientos territoriales, sino con controles decentes y eficientes; para esto se necesitan funcionarios públicos apropiados, que por cierto no abundan. ¿Cómo llegamos a esta gravísima situación? El desmonte que azota nuestra provincia es responsabilidad compartida entre varios niveles de funcionarios públicos, políticos y de carrera. Se sabe que además de la intervención de la Dirección de Bosques, todos los trámites para conseguir permisos de desmontes pasan inexorablemente por la Dirección de Suelos, y que para su aprobación se necesita de la firma de su director, que es un funcionario estratégico en un tema muy importante para los chaqueños. Los últimos años estuvieron signados por la devastación de nuestros montes nativos, de la mano de los desmontes para ampliar descontroladamente la frontera agropecuaria o para beneficiar a los explotadores forestales, en actividades lícitas o clandestinas. El deterioro del sector público ha sido extraordinario. Muchos ejemplos abundan en el terreno de la burocracia y la corrupción. Por ejemplo, la esposa de un alto funcionario realiza desembozadamente estudios de impacto ambiental, y factura como monotributista. Ese mismo funcionario integra una red de amigos que se ponen ropajes de ecologistas, que también confeccionan estudios de impacto ambiental. Participan otros funcionarios que dirigen otros organismos del Estado. Mucho dinero corre detrás del funcionamiento de estos grupos, que especulan y negocian con los intereses colectivos de los chaqueños, negociando sus decisiones. En este cuadro de situación tan deteriorado es fácil reconocer que existe continuidad entre las gestiones anteriores y la actual en el manejo de los recursos naturales; los funcionarios de una y otras gestiones entrelazan sus intereses y organizan sus desempeños en sintonía con los intereses de los grupos económicos que mandan en materia de explotación de los recursos naturales. La consecuencia de todo esto es la inevitable profundización de la degradación social y ambiental, que es un fenómeno que se ha incorporado a la realidad cotidiana de los chaqueños desde hace varias décadas. Son numerosos los déficit que encontramos en las últimas gestiones de gobierno y en la actual; a su vez, cada una de las acciones han favorecido a quiénes se dedican a desmontar o a explotar los montes chaqueños. Lo que viene Lo que viene no es lo mejor. Es casi redundante comprender que la aplicación de políticas y sistemas productivistas, basados en la extracción tradicional, en la expansión de la frontera agropecuaria, en la aplicación compulsiva de nuevas tecnologías, en los análisis parciales de las problemáticas, en la no internalización de los servicios ambientales, con burocracia y corrupción en los sectores público y privado, han generado consecuencias que atentan contra los objetivos de sustentabilidad, conservación del ecosistema, salud ambiental, generación de empleo y desarrollo con equidad social. El modelo productivo aplicado en la República Argentina es absolutamente excluyente; por lo tanto, es generador de mayor desigualdad social, que a su vez es la madre de las restantes desigualdades, de modo que el futuro no se presenta como muy venturoso en nuestra provincia, sobre todo si entendemos que el Estado no pone límite a las actividades productivas, que por su estructura y funcionamiento se han convertido en extraordinarios factores agresivos contra el ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, que es lo mismo que decir que van en contra de las poblaciones. La necesidad de elaborar un buen ordenamiento territorial de actividades Necesitamos confeccionar un buen ordenamiento territorial de actividades, no cualquier ordenamiento; y menos, que responda a los intereses económicos de los sectores concentrados, que se beneficien con los desmontes y las explotaciones forestales. Para elaborar un buen ordenamiento territorial de actividades, como herramienta estratégica para nuestro futuro crecimiento con equidad, es preciso que tengamos en cuenta una serie de factores. En primer término, es necesario comprender que desarrollo sustentable no es lo mismo que crecimiento económico; en ciertas regiones del Chaco estos conceptos son directamente incompatibles. También es indispensable que entendamos que el Chaco debería ser considerado con un alto potencial en recursos naturales, aunque esto necesariamente no debe significar que tales recursos puedan ser extraídos, producidos o procesados de manera rentable, con el concepto mecánico de la producción y de la economía productivista. En este sentido, deberíamos tener en cuenta que en las regiones norte y oeste del Chaco es prácticamente incompatible el desarrollo sustentable con la competitividad de las cadenas de valores y la rentabilidad, potenciándose la progresiva fragilidad del ecosistema. Asimismo, deberíamos considerar que los procesos de degradación social y ambiental, en especial los que recaen sobre los ecosistemas y suelos chaqueños, empeorarán hasta llegar a puntos de irreversibilidad si se sigue promoviendo la mayor escala y la dependencia de insumos derivados del monte nativo. Las alternativas productivas deben estar orientadas a integrarse al ecosistema, más que a sustituirlo; un ejemplo de integración estaría dado por la ganadería con pastoreos rotativos, con recuperación de pasturas naturales, apoyado por un manejo del sotobosque, que es mucho más sustentable que la agricultura en el largo plazo porque es de menor impacto ambiental, de baja inversión, de pequeña escala y de insumos mínimos. Las actividades productivas organizadas deben ser inclusivas en las regiones en las cuales la desocupación es alta. No debería recomendarse la agricultura a gran escala en las regiones vulnerables. Deberían desestimarse las prácticas extractivas tradicionales; al mismo tiempo, deben promoverse producciones que demanden mano de obra, a la vez que permitan mejorar las condiciones nutricionales de la población, mediante la creación de redes locales de distribución. Bajo ningún concepto deben aplicarse fórmulas técnicas concebidas para la llanura pampeana o para ecosistemas de mayor elasticidad; la región chaqueña es adversa a dichas fórmulas, que como se están aplicando potencian la vulnerabilidad del equilibrio ambiental. En la planificación deben considerarse los tipos de suelo y sus aptitudes de uso; sin embargo, hay que tener en cuenta que tales aptitudes no son equivalentes a tipos similares de suelo de otras regiones, como repetidamente se ha producido. Las tierras ya deforestadas y en producción deben recuperarse paulatinamente hacia sistemas de rotación que permitan mejorar su calidad y preservación. Debe prestarse mucha atención al área de transición entre el Chaco árido y el húmedo, comprendiéndose que las isohietas varían entre 100 y 200 km hacia el oeste o hacia el este, haciendo más húmeda o más árida las regiones, dependiendo de los ciclos climáticos, dado que las producciones realizadas en los ciclos húmedos no funcionan en los secos, dejando graves impactos ambientales. La diputada y Bruno Schwesig Alicia Mastandrea, presidente de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de ley con el pretexto de ordenar territorialmente las actividades del Chaco. El autor intelectual ha sido Bruno Schwesig. El proyecto sintetiza exactamente lo que no se debe hacer porque es el ordenamiento que más beneficia a los sectores concentrados y, a la vez, perjudica a las mayorías sociales. Si se convirtiera en ley, profundizará una mayor desigualdad e inequidad social y ambiental. El ordenamiento pensado por Schwesig es inoportuno e inconsulto, y se muestra desprovisto de toda razonabilidad y equidad; refleja acabadamente los intereses con los que simpatiza este funcionario de los ex-gobernadores Rozas y Nikich. Alienta las actividades más agresivas contra el ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales; es un cheque abierto a favor del desmonte y de la explotación forestal a futuro. Beneficia a empresas y sectores muy reducidos y conocidos. Genera fuertes riesgos sociales y ambientales, que inevitablemente se transformarán en daños irreversibles al ecosistema. Para confeccionar un ordenamiento territorial de actividades se necesita contar con un verdadero inventario forestal actualizado, un mapa de suelos terminado, los resultados de las variaciones climáticas de largo plazo, los registros de lluvias, los datos geo-poblacionales y los indicadores socio-sanitarios tradicionales, entre otros factores indispensables a ser tenidos en cuenta y evaluados en profundidad. Nada de esto ha sido contemplado en el proyecto elaborado por Schwesig; y esto ha sido así en función de los intereses en juego y de la puja sordamente desatada. Además, ninguna planificación territorial será exitosa en tanto sigan existiendo severos problemas de desnutrición, subalimentación, discriminación racial y social, abandono sanitario, endemias y otros males sociales. Ningún ordenamiento será exitoso en tanto algunos intendentes continúen siendo autoritarios y corruptos, acaudillados por personas que hacen del clientelismo político, la coacción y el esclavismo su modo permanente de ejercicio del poder. Ninguna planificación territorial puede funcionar adecuadamente sin un acompañamiento estatal, a largo plazo, en lo referido a educación, capacitación ambiental, salud pública, atención de las necesidades básicas, cumplimiento de las leyes, fortalecimiento institucional y pleno funcionamiento de la democracia. En su momento dijimos “paremos el desmonte”. Ahora decimos “paremos el proyecto de ordenamiento territorial de binomio Mastandrea-Schwesig”. Auspician y van por más desmontes y explotaciones. Parece que el sector no tiene límites. RESISTENCIA – 19 NOVIEMBRE 2008 |
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