Resumen En 2006 se produjeron en la Argentina dos documentos -en proinder/sagpya-iica por Obschatko, Foti y Román y en fonaf/sagpya por una comisión de productores






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ALGUNAS IMPLICANCIAS DE DISTINTAS DEFINICIONES DE PRODUCTOR FAMILIAR AGRARIO EN LA ARGENTINA ACTUAL

UN ENSAYO EN EL CASO DE SAN ANDRÉS DE GILES (BUENOS AIRES).

Pedro Tsakoumagkos

pedrots@sinectis.com.ar
Fernanda González Maraschio

fgmaraschio@mail.unlu.edu.ar
Universidad Nacional de Luján
Resumen
En 2006 se produjeron en la Argentina dos documentos -en PROINDER/SAGPYA-IICA por Obschatko, Foti y Román y en FONAF/SAGPYA por una comisión de productores y funcionarios - que abordan sendas definiciones de unidades y/o sujetos agrarios familiares (PP pequeño productor y AF agricultura familiar) con sus operacionalizaciones.

Restringiéndonos a algunas de las implicaciones que involucran aquellas operacionalizaciones, intentamos aportar acerca de los rasgos que caracterizarían actualmente a esas unidades. Dichos rasgos pueden vincularse con procesos de reestructuración en curso.

La definición de PP alude a la combinación de la presencia del trabajo directo familiar con la ausencia del trabajo asalariado permanente y los límites en tierra y capital compatibles con ellos y a tres tipos integrándolos.

La AF se define como una forma de vida y una cuestión cultural; basada en la reproducción social, la gestión productiva, las inversiones y el predominio del trabajo familiares; y se establecen 5 categorías internas.

Nuestro ensayo consiste en compararlas conceptualmente; verificar el impacto de sucesivas modificaciones en la definición de PP para el caso de San Andrés de Giles (asalariados transitorios y servicios de maquinaria agrícola); así como la contratación de 1, 2 o 3 asalariados permanentes.

Palabras clave

Pequeña producción - Agricultura familiar - San Andrés de Giles

ESSAY ON SOME PRESENT IMPLICATIONS OF FAMILY AGRICULTURE AND SMALL PRODUCER DEFINITIONS IN ARGENTINA.

SAN ANDRÉS DE GILES (BUENOS AIRES) AS A CASE STUDY.
Summary

In 2006 two documents were made in Argentina –at PROINDER/SAGPYA-IICA by Obschatko, Foti and Roman, and at FONAF/SAGPYA by a commission formed by producers and policy makes- which analysed definitions of family-agrarian unities or subjects (SP: small producer & FA: Family agriculture) with their operationalizations.

Focussing on some of the implications which involved those operationalizations, we intend to define the specific characteristics that would distinguish those unities nowadays. These characteristics can be related to ongoing restructuration processes.

SP concept refers to the combination of two situations -presence of direct familiar labour and absence of permanent salaried work - with their related limits in land and capital, and the three integrated types.

FA can be defined as a way of life as well as a cultural matter; based upon social reproduction, reproductive action, investments and predominance of familiar work. Five internal categories can be noticed.

Our essay consists in comparing both of them conceptually, verifying the impact of successive modifications on the definition of SP considered in San Andres de Giles’ case (transitory labour and agricultural machinery services). Besides, the effect of the hiring of 1, 2 or 3 permanent salaried workers was considered.

Key Words

Small Production – Familiar Agriculture – San Andrés de Giles

I. SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS DEFINICIONES RECIENTES DE UNIDADES Y/O SUJETOS FAMILIARES AGRARIOS EN LA ARGENTINA
Las distintas definiciones y clasificaciones de agentes agropecuarios familiares en el marco de las políticas agrarias no constituyen novedad alguna. Si nos situamos desde algunas de las diferentes perspectivas que existieron sobre el desarrollo capitalista latinoamericano y, consecuentemente, sobre el desarrollo rural; encontraremos en cada una de las correspondientes etapas, complejos de vinculaciones entre esos enfoques teóricos y ciertas delimitaciones operativas de unidades y/o sujetos familiares agrarios (tsakoumagkos, 2007). Mencionemos brevemente dos de ellos.

Al enfoque estructural-desarrollista del estancamiento agropecuario y de los tradicionales dualismos entonces vigentes, le correspondía la conceptualización de las EAP (explotaciones agropecuarias) sobre la base de sus escalas económicas y sus sistemas de tenencia de la tierra; su clasificación en familiares, multifamiliares y subfamiliares según las capacidades de absorción de trabajo por parte de determinados tamaños en hectáreas para ciertas condiciones modales por región; y, un diseño del objetivo político centrado en la EAP familiar capitalizada y moderna. Diversos tamaños según regiones correspondientes a EAP subfamiliares o minifundistas (Basco y Rodríguez Sánchez, 1978) y a EAP familiares con capital, permitían cuantificar poblaciones-objetivo e identificar acciones de desarrollo rural (CONADE-CFI, 1964).

Con el advenimiento de los enfoques denominados neoliberales que subrayaron la flexibilidad y dinamismo de la oferta agropecuaria respecto de los incentivos de mercado bajo condiciones de apertura-desregulación y sus derivaciones en nuevos dualismos viables-no viables (Murmis, 1993; Tsakoumagkos, 2000); las EAP viables no difirieron de la definición convencional del agente productor de cualquier rama de la economía esencialmente caracterizado por la orientación mercantil y la conducta optimizadora (Mundlak, Cavallo y Domenech; 1989); las EAP consideradas no viables fueron vinculadas a la incapacidad expansiva, a la pobreza rural y aún a un carácter contracíclico (de Janvry et. al., 1989); y, las políticas se escindieron en económicas para unos y sociales para otros. Éstas últimas, sobre todo, extremaron la focalización en EAP u hogares pobres (definidas por sus necesidades básicas insatisfechas o según una línea de pobreza) y en el caso de las EAP familiares con capital se enfatizaron sus semejanzas con las empresas capitalistas típicas.

Ahora bien, a instancias de la resolución Nº 25/2007 del Grupo Mercado Común y de la REAF (Reunión Especializada de Agricultura Familiar) del MERCOSUR, es adoptado en nuestro país el término "agricultura familiar" (AF), como había sido hecho en el resto de los países integrantes y en Chile, con el fin de acordar y promover políticas de desarrollo rural a ella dirigidas.

Pero también casi contemporáneamente se había publicado el estudio de Obschatko, Foti y Román (2006) realizado en el IICA a requerimiento del PROINDER-SAGPYA (Programa de desarrollo de pequeños productores agropecuarios) destinado a definir, cuantificar y tipificar la pequeña producción agropecuaria y que adoptara el término "pequeño productor" (PP).

Se utilizaron así dos términos que, teniendo en común la centralidad del trabajo y la gestión familiar de la unidad productiva, presentan sin embargo diferencias conceptuales y operacionales. Ninguno de los dos es un término teórico y, por lo tanto, sus significados y alcances serán siempre discutibles. Su carácter instrumental, empero, puede dar lugar a legítimos análisis de esos significados y alcances. Consideremos, sucesivamente, sus contenidos y contrastes.
La agricultura familiar
En un texto destinado a revisar esta noción, se preguntaba: "¿Se trata de campesinos con culturas bien definidas y fuertes limitaciones de tierra (o directamente sin ella) y entonces los instrumentos de política deben apuntar a una reforma agraria? ¿Son productores que conocen su oficio y las reglas del mercado y que poseen cierta dotación de recursos pero aspiran a contar con las tecnologías que les permitan una mayor competitividad y, entonces, amplios programas de financiamiento y ciertas garantías de mercado son las herramientas de políticas apropiadas? ¿Son productores con limitaciones de varios tipos integrados a mercados fuertemente concentrados y condicionados por las reglas que imponen las empresas industriales o comerciales y que por lo tanto necesitan normas y arbitrajes del Estado regulando esas relaciones, de por sí tan desiguales, para asegurar una mejor distribución del excedente generado por la cadena productiva? ¿Son quiénes producen en condiciones tradicionales, aprovechando los recursos naturales, y a quienes las expansiones de los grandes negocios mineros o agropecuarios impiden el desarrollo de su estilo de producción y, por lo tanto, solicitan protección para los bosques, que no se cierren los caminos para la veranada, un mayor valor para sus productos, entre otras medidas? ¿Y si son todos estos y muchos más, a quién o qué política diferenciada debe privilegiarse?" (Soverna, Tsakoumagkos y Paz; 2008:1).

Esas preguntas fueron suscitadas por un documento del FONAF (Foro Nacional de la Agricultura Familiar), una instancia que presidía el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos e integrada por funcionarios de dicha Secretaría y representantes de organizaciones de productores familiares. Ese documento fue conocido en agosto de 2006 y públicamente oficializado en octubre de 2007.Posteriormente, a partir de setiembre de 2008, fue creada en nuestro país, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar; y, posteriormente, en octubre de 2009, elevada a Secretaría de Estado en el marco del nuevo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Dicho documento (FONAF, 2006: 4) sostiene: "En nuestro concepto, la agricultura familiar es una “forma de vida” y “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas”, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias. Incluimos en esta definición genérica y heterogénea distintos conceptos que se han usado o se usan en diferentes momentos, como son: Pequeño Productor, Minifundista, Campesino, Chacarero, Colono, Mediero, Productor familiar y, en nuestro caso, también los campesinos y productores rurales sin tierra y las comunidades de pueblos originarios. En el concepto amplio de “Agricultura Familiar” deben incluirse las actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias, pesqueras, forestales, las de producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de recolección y el turismo rural. (…) Para toda esta gama de actividades debe tomarse en cuenta no sólo la producción de la familia, sino también la de estructuras asociativas de los productores." Además, el documento estableció 5 Categorías de agricultores familiares basadas en escalas económicas de las unidades productivas, en la residencia rural o próxima, en el destino de la producción, en el nivel de los ingresos netos y extraprediales y en el carácter y las dotaciones de trabajo familiar y asalariado1.

En la definición del FONAF, entonces, se parte de una conceptualización cualitativa -centrada en visualizaciones de la AF como estilo de vida, en la reproducción social familiar como objetivo de ésta, en el predominio proporcional del trabajo familiar directo y de gestión en la EAP, en la ampliación de los tipos de actores y actividades incluídos, entre otros criterios- para postular posteriormente una categorización de la AF, cuya concordancia con la definición inicial no es inmediatamente evidente.

Soverna, Paz y Tsakoumagkos (2008: 2), señalan que "la definición del FONAF, si bien no ignora que debe lograr una medición de las unidades familiares, posterga ese objetivo hasta contar con un instrumento ad hoc: el registro de agricultores familiares. Con las fuentes secundarias disponibles en este momento, no hay forma de establecer el peso de la agricultura familiar en el país, ni de las distintas categorías definidas, por las siguientes razones: el CNA registra la residencia en la explotación del productor y su familia, pero no si reside en una localidad cercana; mide el trabajo fuera de la explotación agropecuaria, pero sólo para el productor o socio, sin establecer el carácter principal o secundario de la actividad y sin ofrecer información sobre el resto de los miembros de la familia; en cuanto al destino de la producción, el CNA no discrimina entre producción para el mercado y para el autoconsumo -y como la condición para ser incluido en el Censo es que la EAP venda algo de su producción al mercado- no quedan registradas las unidades que producen sólo para autoconsumo que, también como se vio, es uno de los tipos de agricultura familiar. Resulta imposible establecer la proporción del ingreso familiar que es aportado por la producción agropecuaria que, como se vio, es un criterio definitorio de las diversas categorías de agricultura familiar."

Hagamos una breve referencia previa a los casos chileno y brasileño a este mismo respecto.

En el caso de la AF en Chile -denominada "agricultura familiar campesina", principalmente: está definida con variables sobre superficie y producción (hectáreas de riego básico); dichas variables son tomadas de censos agrícolas; la AFC representa más del 80% de las EAP; aparecen caracterizando a la AFC, datos sobre producciones intensivas, con lo cual cabe esperar escalas situadas por encima de la pobreza; y, hay una cierta orientación de las políticas públicas especializadas que enfatizan el propósito de incluir a la AFC en cadenas internacionalmente competitivas, o en cambio, de hacerla objeto de programas sobre pobreza.

En Brasil, su definición de AF incluye los siguientes aspectos fundamentales: la presencia del trabajo y la gestión familiar; la proporción predominante del trabajo familiar, siempre que los asalariados permanentes no excedan de 2; el límite máximo de 4 "módulos fiscales" (480 ha.); la propiedad familiar de los medios de producción; la discriminación de 3 estratos, aunque el 71% del valor bruto de la producción proviene del estrato capitalizado; la concentración del PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar) en ese tipo de unidades, mayoritariamente localizadas en los Estados del sur brasileño. (Abramovay y da Veiga, 1997; Bittencourt y Menezes, 2002; Cobo Soares, 2003).

Retomando el caso de la AF en la Argentina según el documento FONAF (2006) a efectos de considerar sus contenidos, cabrían algunos comentarios como los siguientes.

En primer lugar, el énfasis de esa definición en sus rasgos de forma de vida, de cuestión cultural y en un cierto tipo de residencia; evoca aspectos de relacionamiento interpersonal tanto intra como extrafamiliares y recuerda algunos señalamientos realizados en el marco de la nueva ruralidad en América Latina, según los cuales "El hecho de otorgar tanta importancia a las relaciones sociales de tipo personal, implica revalorar la noción de 'comunidad' y de 'sociedad' propuesta por Ferdinand Töennies, como tipos ideales.(...) la primera se basa en relaciones esenciales, de parentesco y de interdependencia y en una economía basada en correspondencia de intereses. (...) su concepto de sociedad se refiere a relaciones voluntarias, arbitrarias y contractuales." (Gómez Echenique, 2002: 137-139).

Se trata sin duda de una opción definicional legítima, a condición de explicitar que dicha forma de vida comprende -precisamente- a toda la variedad de sujetos rurales, agrarios y no agrarios. Es legítimo, asimismo, postular algunas implicancias suyas, pertinentes para los propósitos del desarrollo rural.

Por un lado, el rasgo aludido -la AF como una forma de vida- conlleva el énfasis en su carácter homogeneizante al interior de la AF como un todo, frente a lo no rural. Es la razón por la que hay autores que han preferido la denominación "mundo rural" a la de ámbito o sector rural y aún, por supuesto, a la de sector o producción agraria. Podría ser útil tener en cuenta este contenido de la definición conceptual, a la hora de contrastarla con su operacionalización, sobre todo para el caso de las categorías altas. Cabría además el interrogante acerca de la inclusión o exclusión de aquellos AF que no fuesen protagonistas de una forma de vida como la que queda planteada.

Por el otro -aunque ciertamente la definición conceptual asigna centralidad y/o predominancia a un modo de aludir a la familia que recuerda a la "familia entera y ampliada como equipo de trabajo" y otros rasgos asociables a éste planteados por Balsa (2008 : 1)- incluye en la AF: (a) unidades productivas familiares por el trabajo individual del productor o por un trabajo familiar cuya parcialidad impide visualizarlo como aquel "equipo de trabajo" citado más arriba; (b) unidades suprafamiliares (comunidades de pueblos originarios, estructuras asociativas de productores).

Se señala, en segundo lugar, que la AF tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas. Agreguemos que se exige la existencia de producción para el autoconsumo en todas las categorías establecidas.

Hay aquí un elemento de la definición que podría dar lugar a un enfoque de dicha reproducción vinculable a aquellos planteos sobre una lógica sui generis como, por ejemplo, las unidades "estacionarias" de Schejtman (1980: 52). Sin embargo en éstas últimas, ese objetivo les viene impuesto antes que elegido. Pero, sobre todo, las categorías de AF operacionalizadas incluyen unidades que se sitúan claramente por encima de ese nivel de reproducción, particularmente, las categorías altas.

Un tercer elemento de la definición conceptual consiste en que la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia. Esto podría constituir, creemos, una exigencia muy fuerte tanto "hacia arriba" como "hacia abajo".

"Hacia arriba" porque las categorías "altas" de AF descriptas al operacionalizar el concepto, podrían llevar adelante estrategias consistentes en arreglos con otros agentes económicos para completar y/o articular la inversión de capital comprometida en unidades particulares.

"Hacia abajo" porque algunos de los productores familiares con mayores limitaciones, los aparceros precarios, por ejemplo, tienen como rasgo característico la imposibilidad de "poner" el capital fijo (que es puesto generalmente por el propietario de la tierra) y por la consecuente asimetría consistente en que la comercialización suele ser controlada también por dicho propietario. La operacionalización del concepto de AF no excluye a este tipo de productores.

En cuarto lugar, la definición de AF indica que la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia. Hay en esta indicación, dos aspectos a considerar: por un lado, se trata de una proporción; por el otro, se involucra todo el trabajo, permanente o transitorio. Recordemos que es este uno de los componentes de la definición brasileña de AF.

En efecto: ¿en una unidad con 3 asalariados permanentes y contrataciones de asalariados transitorios sin límite superior; podría mantenerse una proporción mayoritaria del trabajo familiar? Más abajo volvemos sobre este punto.

Se plantea como rasgo definicional de la AF, en quinto término, que la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia.

Es este, habitualmente, el caso del Pequeño Productor, Minifundista, Campesino, Chacarero, Colono, Mediero, Productor familiar; conceptos que aluden a tipos agrarios con tales características, entre otras. Y podría ser aún el caso de las comunidades de pueblos originarios y el de las estructuras asociativas de productores.

Mientras que los campesinos y productores rurales sin tierra suelen ser casos de productores directos sin otros medios de producción, además de sin tierra. Otro tanto puede esperarse de la agricultura urbana.

Ahora bien, las categorías de AF operacionalizadas incluyen a ambos casos; aunque, los trabajadores con muy escasa tierra o con parcelas meramente residenciales, podrían ser objeto de las políticas de desarrollo rural sin que, necesariamente, tengan que incluirse en una definición de AF.

A propósito de ser objeto de las políticas de desarrollo rural, y, estar/no estar incluidos en la definición de AF; en sexto lugar, parece importante considerar específicamente el caso de las estructuras asociativas de productores y, aún, el de las comunidades de pueblos originarios. Sobre todo porque se las incluye expresamente en la definición operativa de AF: "Los grupos asociativos (de cualquier índole, p. ej. Asociaciones civiles, cooperativas, comunidades indígenas) pueden interpretarse dentro de cualquier categoría." (FONAF, 2006: 6).

En ese sentido, cabe diferenciar dos situaciones posibles: (a) el caso en que la asociación/comunidad constituya un sujeto agrario colectivo propiamente dicho; y, (b) el caso en que dicha asociación/comunidad reúna a sujetos agrarios individuales en torno a intereses diversos (productivos, comercializadores, sociales, vecinales, etc.).

Desde la perspectiva de la definición de AF, el caso (a) no presenta dificultad. Pero, desde la perspectiva de las políticas de desarrollo rural, una adecuada diferenciación entre los casos (a) y (b) parece imprescindible a la hora de su implementación.

A partir de este séptimo punto, abordaremos específicamente algunos aspectos de la categorización o clasificación al interior de la AF mediante diversos indicadores operativos, únicamente cuando resulten atinentes al propósito del análisis de la AF en el marco del desarrollo rural.

Puede afirmarse que, tras los largos debates acerca de las posiciones y del devenir de los productores campesinos y familiares en el capitalismo, las asociaciones biunívocas de dichos productores con la pobreza -y, consecuentemente, asociaciones semejantes al diseñar e implementar políticas de desarrollo rural- carecen de sustento empírico y teórico. Carencia similar cabría señalar en el caso de las estrategias de focalización en la pobreza que predominaron desde los enfoques inspirados en la economía ortodoxa, vía organismos internacionales, particularmente en los programas dirigidos a esos productores en el pasado reciente.

Por lo tanto, toda perspectiva capaz de dar cuenta de la heterogeneidad de los productores familiares en este sentido -como cabe observar en la amplia escala económica presente en las 5 categorías de la definición operativa del documento del FONAF- comporta un avance respecto de, por ejemplo, las propuestas confinadas al "alivio de la pobreza".

Sin embargo, esa misma amplitud puede resultar problemática si se considera que la cuestión de las categorías operativas construidas para dar cuenta de los productores familiares, es de una indudable importancia para el diseño e implementación de acciones de desarrollo rural; sobre todo, si el carácter cualitativo -y no meramente cuantitativo- de las diferenciaciones entre las políticas de desarrollo rural y las políticas agrarias en general, constituyen una premisa básica de aquel diseño/implementación.

En efecto, independientemente de precisiones teóricas, en el ámbito de la gestión del desarrollo rural existe cierto consenso acerca de que la diferencia cualitativa aludida en el párrafo anterior, se referiría a que el desarrollo rural se dirige -al menos- hacia el diverso conjunto de productores familiares con limitaciones para autosostener un proceso de capitalización. O, a la inversa, a que los productores con autonomía en dicho proceso, no requerirían de un tratamiento diferencial y serían parte de los objetivos de la política general y no de las de desarrollo rural.

Los significativos límites superiores propuestos en materia de beneficios netos y asalariados contratados, podrían dar lugar a interrogantes respecto a la existencia de tales limitaciones en las categorías altas de AF.

Otro interrogante podría formularse así: ¿Si la AF es una forma de vida, este rasgo permanece en las categorías altas? ¿productores situados en esas categorías altas pero ajenos a dicha forma de vida, quedan excluidos de la AF? ¿El sendero de expansión desde las categorías a hacia la E, con su plausible objetivo de mejoramiento económico y social, constituye al mismo tiempo un camino hacia el abandono y, en el límite, hacia la desaparición de la AF?

No se trata sin embargo de cuestionamientos, sino, de aportar sugerencias acerca de la necesidad de explicitar los contenidos definicionales en análisis. Sobre todo, por la significación que pueden alcanzar en el diseño e implementación de políticas de desarrollo rural.

Respecto al tratamiento operativo de la residencia, "se considera que no existe riesgo al no forzar límites rígidos, dado que la inclusión al sector de Agricultura familiar, estaría dado por la consideración del cumplimiento de todas las premisas." (FONAF, 2006: 6).

No es posible dudar acerca de los beneficios para una definición comprehensiva de AF, de un enfoque flexible de la residencia. Pero no es absurdo hipotetizar, al mismo tiempo, que, al menos en una cierta proporción, la combinación categorías altas/residencia urbana -pensando en la no improbable posibilidad de productores urbanizados aún en microrregiones o territorios en muchas zonas del país- podría cuestionar la permanencia de un rasgo tan definitoriamente presentado como el de una "forma de vida".

Los ingresos netos son definidos como "aquellos que surgen de la resta del ingreso total logrado mediante la venta de la producción menos los costos relacionados a la misma. El Ingreso Neto obtenido tiene que permitir pagar impuestos inmobiliarios y monotributo; servicios de todo tipo (salud, educación, transporte, etc.); alimentos; alquileres, etc. La propuesta es que sea incorporado en las componentes que definan los estratos para la creación de políticas estratificadas, por tal motivo, es prioridad determinar correctamente los límites." (FONAF, 2006: 6). Y, al establecer la estratificación de la AF, se indica que la categoría E podría tener ingresos netos de hasta 15 canastas básicas familiares (FONAF, 2006: 7).

Pondremos entre paréntesis una cuestión que en términos operativos es, sin embargo, muy importante: La dificultad práctica para la medición correcta de este indicador, aún haciéndolo caso por caso. De hecho, es raramente utilizado, precisamente, en estudios de caso.

También pongamos entre paréntesis el hecho de que la única canasta básica disponible en nuestro país, es una canasta urbana. Pero lo cierto es que, ingresos netos de hasta 15 canastas básicas, comportan una notable ampliación de la población usualmente objetivo de las políticas de desarrollo rural.

La interpretación acerca de la elevación del límite superior de la AF que comportaría la definición que estamos analizando, se ve particularmente subrayada al considerar el tratamiento operativo dado a la contratación de trabajo asalariado dentro de la unidad productiva.

Por un lado, se plantea que: (a) La "Mano de Obra Permanente (MOP): Se entiende como complementaria al aporte de mano de obra familiar por insuficiencia de la misma para llevar adelante todos los trabajos necesarios.; y, (b) La " Mano de Obra Temporal (MOT): la que sea necesaria para permitir acceder a los objetivos productivos del establecimiento." (FONAF, 2006: 6).

El único límite, entonces, sería el carácter necesariamente complementario que debe tener el trabajo asalariado permanente. Este rasgo coincide con aquel citado más arriba como uno de los componentes de la definición brasileña de AF.

Sin embargo, dicho carácter no se traduce en una proporción del trabajo familiar respecto del trabajo familiar + asalariado en la unidad productiva sino que, por el contrario, asume la forma de cantidades absolutas de trabajadores asalariados permanentes contratables sin que la unidad pierda su condición de AF: concretamente, tal condición admite hasta 3 asalariados permanentes.

Es este un requisito de difícil conciliación empírica con las EAP considerables como familiares y/o pequeñas. En efecto, -con la conocida excepción a este respecto de Santa Cruz y Tierra del Fuego- en todas las provincias la cantidad de trabajadores no familiares permanentes por EAP es menor o, a lo sumo, igual a 1. Aunque la media es la peor de las medidas de tendencia central, lo previsible es que el modo sea, en este caso, inferior a la media, como lo demuestra el estudio de Obschatko, Foti y Román (2006) que estima en un 66% a los PP que no contratan ningún asalariado permanente2.

Los ingresos extraprediales, por su lado, están rígidamente concebidos o asociados a la necesidad derivada de los bajos ingresos. Sin embargo, los estudios sobre la pluriactividad están matizando imágenes de este tipo y, por ende, a las que podemos hacernos del productor como sujeto social. Lo importante podría ser la decisión de volcarse o no volcarse a los AF centrados en lo agrario. Volcarse a ellos parece lo más coherente con el desarrollo rural y el análisis expreso de este problema atraviesa a diversas estrategias de desarrollo recientemente propuestas.

Además, la indicación acerca de que "Los ingresos extraprediales se definen en función del núcleo familiar del referente familiar" (FONAF, 2006: 6) amerita otra glosa al respecto.

Por un lado, puede haber miembros del núcleo no residentes y aún residiendo en lugares lejanos, pero que aporten ingresos de este tipo. Por el otro, pueden existir personas ajenas al núcleo familiar pero integradas a la EAP, que también podrían proveer ingresos extraprediales. Dejamos de lado el caso de varios núcleos familiares en una misma EAP y con pluriactividad, porque -obviamente- están incluidos en la idea general.

Pasemos ahora a la otra definición que nos propusimos considerar.

Los pequeños productores
El estudio de Obschatko, Foti y Román (2006) definió operativamente como PP a quien dirige la EAP, trabaja directamente en ella, no posee trabajadores no familiares remunerados permanentes, su EAP no es S.A. ni S.C.A. y no sobrepasa límites máximos en ciertos componentes de tierra y capital que difieren de región en región.

Es decir, entre otras observaciones posibles para lo que estrictamente es la delimitación de un subconjunto de las EAP relevadas por el CNA 2002: no considera: la contratación de asalariados transitorios, la contratación de servicios de maquinaria, la existencia de actividades remuneradas extraprediales del productor.

Estimó que los PP de la Argentina eran en 2002 un 66% (218868) y ocupaban más del 13% de la superficie nacional de las EAP.

Estableció tres tipos de PP utilizando indicadores de nivel de capitalización (dotación de tractor, superficie unidades ganaderas, superficie regada, superficie con frutales u hortícolas, etc.).

Los PP -en rigor, las EAP de PP- resultan de la definición implícita en los indicadores operativos resumidos más arriba, es decir, en aquella basada en una EAP correspondiente al trabajo directo y de gestión de una familia.

Pero también se inscribe en antecedentes que, en nuestro país, constituyeron aportes dentro de una línea conceptual específica: la que asigna un papel relevante -no excluyente- a la ausencia de la contratación permanente o sistemática de trabajo asalariado en la caracterización de unidades agropecuarias familiares. El trabajo de Forni y Neiman (1994) que definió a las EAP pobres, en ese sentido, constituyó una línea divisoria respecto de los tradicionales indicadores operacionalizados mediante el tamaño de las EAP. Dos trabajos posteriores (González y Pagliettini, 1996; Tsakoumagkos, 2000) apoyándose y modificando parcialmente dicha definición de EAP pobre, introdujeron el término "pequeña EAP". Ésta última, una vez establecidos los límites en tierra (superficie total, cultivada, regada, etc.), en ciertos componentes de capital (unidades ganaderas, montes frutales, etc.), formas jurídicas excluídas (SA, SAC); desembocó en Obschatko, Foti y Román (2006) en la noción de PP que venimos aludiendo. Sintéticamente, puede decirse que dicha noción no sobrepasa la combinación "trabajo familiar/capitalización limitada". Por último, tomando en conjunto las tres definiciones mencionadas en este párrafo, aunque parten de definiciones concordantes con determinados objetivos, sus operacionalizaciones contienen implícitamente a sus propuestas conceptuales.

En términos metodológicos, el estudio Obschatko, Foti y Román (2006) se ajusta estrictamente a la delimitación de un subconjunto de las EAP del país y a estratos dentro de él, con el propósito de estimar el número de las unidades incluídas y la participación de éstas en el valor bruto de la producción y en el empleo agropecuarios. En tal sentido, Constituye una herramienta aplicable a las unidades familiares, de la que no se disponía desde hacía más de 40 años en la Argentina. En efecto, un estudio de tal tipo que incluyera dimensiones económicas sobre producción y empleo -mediante una metodología consistente y para todo el país- no se había hecho desde el trabajo del equipo CONADE-CFI de principios de la década de los sesenta (CONADE-CFI, 1964)

Pero, como se habrá podido advertir, no son metodológicas las diferencias más sensibles entre las definiciones de AF y PP.

En primer lugar, está la cuestión de la compra de fuerza de trabajo en la forma de trabajadores asalariados permanentes: Pongamos entre paréntesis las limitaciones de las fuentes censales a este respecto (subregistros, falta de registro de la dedicación, etc.). En los PP dicha compra no existe, mientras los AF podrían contratar hasta 3 asalariados permanentes.

Por un lado, es evidente que no se trata de una cuestión numérica, sino de la contraposición entre dos criterios diferentes: el de la ausencia del trabajo asalariado permanente y el de la proporción predominante del trabajo familiar.

Por el otro, tampoco se trata de la identificación del punto en que se constituye la figura del capital personificado. En efecto, podría existir la contratación de asalariados permanentes y sin embargo no haberse constituído tal figura. Para que ello ocurra, el número mínimo de asalariados debe ser tal como para que "el capital se convierta en mando sobre el trabajo" (Marx, 1867: 374-375).

En consecuencia, las preguntas instrumentales en términos del desarrollo rural que se podrían plantear son: ¿En qué medida un AF que se limita a tareas de control del proceso productivo sigue siendo una unidad familiar en su sentido propio? ¿Hasta qué punto unidades familiares propiamente dichas pero que contratan asalariados permanentes requieren de políticas diferenciales? Éste último interrogante, en particular, ya nos habla de la conexión entre dicho punto y los alcances atribuídos al desarrollo rural por el plexo de factores objetivos y subjetivos operantes en conformnaciones histórico-geográficas específicas.

Puede decirse entonces que los PP constituyen un subconjunto de los AF si centramos sus diferencias en la contratación de asalariados permanentes. Soverna, Tsakoumagkos y Paz (2008) citan una estimación de 36.723 EAP que tienen uno, dos o tres trabajadores remunerados no familiares permanentes, y que, por tanto, cuantificarían el subconjunto de AF no-PP que "elevan el techo" de los primeros. La definición de AF menciona otro sector no incluído entre los PP "por debajo", el de los trabajadores sin tierra. Sin embargo, el documento del FONAF alude en diversos lugares a productores familiares como sinónimo de agricultores familiares.

En segundo lugar, tenemos las otras formas de utilización de trabajo no familiar dentro de la EAP, respecto de las cuales no existe límite superior en ambas definiciones:

Por un lado, la que se refiere a la contratación directa o indirecta de asalariados transitorios, y por el otro, la que está incluída en la contratación de servicios de maquinaria.

En principio, esta es una cuestión vinculada al criterio de la proporcionalidad trabajo familiar/total dentro de la EAP, en la medida en que la restricción de dicha proporción al trabajo permanente es justificable sólo cuando la exclusión de las otras formas mencionadas no distorsiona la naturaleza del indicador.

Pero, además, porque aún el cómputo del trabajo familiar y no familiar abarcando permanentes y transitorios bajo cualquier forma en que fueren utilizados, dejaría pendientes otras dos cuestiones:

Por un lado, aquella referida a la viabilidad de la estimación basada en fuentes secundarias, bases éstas evidentemente relevantes a la hora de implementar políticas públicas. A este respecto, son conocidas en nuestro país, la probable sobreestimación del trabajo familiar, las dificultades para registrar el trabajo transitorio y la ausencia de relevamiento del trabajo incluuído en la contratación de servicios de maquinaria.

Por el otro lado, queda la cuestión de que no necesariamente existe asociación biunívoca entre proporciones trabajo familiar/total inferiores al 50% y pérdida de centralidad del trabajo familiar en la EAP. La existencia de tareas altamente demandantes en momentos acotados mientras el resto del trabajo dependiera del compromiso laboral familiar, explicaría esa disociación.

En tercer lugar, la discriminación -en cualquiera de los dos casos- al interior de los productores familiares en estratos (según dotaciones de recursos, ingresos) o estilos (según grados de mercantilización). Las problemáticas de la primera son ampliamente conocidas. Pero la asociación estilos/grado de mercantilización, en particular, conlleva la necesidad de diferenciar dos aproximaciones a dicho grado: la integración (presencia) en uno, pocos o todos los mercados (productos, insumos y equipos productivos, fuerza de trabajo, tierra, crédito); y, el grado propiamente dicho respecto de la economía de la unidad familiar misma.

Presentemos ahora nuestro ensayo empírico destinado a considerar el impacto de la modificación de algunas dimensiones seleccionadas en la definición de PP, con la finalidad de acotar nuestro análisis a aquellas abordables con información censal agropecuaria.


II. SAN ANDRÉS DE GILES Y UNA CONSIDERACIÓN DE ALGUNAS DIMENSIONES RELEVANTES EN LA CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES Y/O SUJETOS FAMILIARES

Ubicado en el noreste de la provincia de Buenos Aires y al noroeste del AMBA (105km de la Capital Federal); San Andrés de Giles tiene una superficie de 1.135km2 y limita al sudeste con Luján, al sur con Mercedes, al sudoeste con Suipacha, al oeste con Carmen de Areco, al norte con San Antonio de Areco, y al noreste con Exaltación de la Cruz.

Según los datos censales de 2001, San Andrés de Giles poseía para ese año una población urbana de 13.941 habitantes concentrada en su totalidad en la ciudad cabecera del partido. La población rural ascendía a 6.888 habitantes (33%), de los cuales 2.357 (11%) residen en las 6 aglomeraciones rurales del partido (Solís, Villa Ruiz, Cucullú, Azcuénaga, Villa Espil y Franklin), mientras que 4.531 (22%) lo hacen en forma dispersa o a campo abierto. En términos intercensales (1991-2001) se observa un incremento del 13,8% de la población total del partido, destacándose el desempeño de la población rural aglomerada, que crece un 24,9% frente al incremento del 22,8% de la población urbana. En términos relativos, la población del partido se hace levemente menos rural, al descender del 38 al 33% la proporción de población rural total. Nos encontramos entonces ante una proporción de ruralidad superior a los promedios provincial y nacional, aunque, experimentando tendencias orientadas a incrementos en la localización en pueblos. No podemos afirmar conexiones entre esta tendencia y aquellas pampeanas predominantes, pero, como vemos a continuación, éstas últimas están claramente coexistiendo en el partido. (Tabla 1).

La regionalización agroproductiva propuesta por Andrés Barsky (1997), sitúa a San Andrés de Giles en la “zona agrícola – ganadera del norte bonaerense y sur santafesino”, caracterizada por la producción de soja, carne bovina, trigo y maíz, aunque San Andrés de Giles constituye un caso atípico de “poliproductos agrícolas, carne y leche bovinos” dentro de la zona.

Sin embargo, dentro de ese contexto, la comparación intercensal 1988-2002 muestra una reestructuración productiva a tono con la agriculturización: los cereales para granos se incrementan un 58% (15272 ha., 24104 ha.); los oleaginosos aumentan un 91% (20477 ha., 39024 ha.); las existencias bovinas disminuyen un 6% (45669 cab., 43113 cab.); y las vacas en ordeñe se reducen en un 50% (5653 cab., 2846 cab.). La proporción superficie cultivos anuales/superficie implantada pasa, a su vez, del 72% al 88% aún dentro de el incremento absoluto de ésta última. (Tabla 2 y 3).

La evolución granífera tanto en la zona núcleo como en otras pampeanas y extrapampeanas, ha profundizado estas tendencias.

En efecto, el análisis de series del MAGYP, correspondiente a datos anuales de superficie sembrada, producción y rendimientos de 38 años (desde el período 1969/70 hasta 2007/08) para maíz, trigo, soja y girasol así lo muestran. Concretamente, para considerar la evolución de la superficie sembrada y de los rendimientos de estos cultivos, comparamos el promedio de los 3 primeros años con el promedio de los 3 últimos años de las series, llegando así a las conclusiones que indicamos a continuación.

Girasol: Su superficie sembrada disminuye en el período considerado en un 80% (de 3.033 ha a 633 ha.). En ese mismo lapso, los rendimientos aumentan un 170% (pasan de un promedio de 895 kg/ha a 2.400 kg/ha.).

Maíz: Su superficie sembrada permanece más o menos estable (con algunas variaciones, se registra una pequeña disminución del 6% entre los extremos de la serie, pasando de 9.000 ha a 8.433 ha); mientras los rendimientos se incrementan en un 118% (de 3.567 kg/ha a 7.767 kg/ha.).

Trigo: Su superficie sembrada se incrementa en un 136% (pasa de un promedio de 2.683 ha a 6.333 ha.). Los rendimientos se incrementaron en un 98% (de 1.870 kg/ha a 3.700 kg/ha.).

Soja: La soja comienza a sembrarse en 1973/74. La superficie sembrada se incrementa en los 34 años corridos desde entonces, en un 9.155% (pasa de 367 ha a 33.933 ha.). Los rendimientos se incrementan en 176%, (de 1.266 kg/ha a 3.490 kg/ha.).

Sumando la superficie cultivada y la producción de los cuatro cultivos principales se observa que aumentan, aunque con oscilaciones, durante toda la serie, pero desde 1983/84 el crecimiento es mucho mayor, manteniéndose hasta el período 1996/97 a partir del cual la superficie disminuye hasta el 2001/02, a partir del cual, con oscilaciones, se recupera la producción, llegando a un punto de máxima en el 2007/08, no así de la superficie que alcanza su máximo en 1996/99 con picos de superficie sembrada de trigo, maíz y girasol; mientras que la soja continúa creciendo, siendo los valores máximos desde 2004/05 hasta el final de la serie.

Los CNA 1988-2002 ya mencionados, indican sobre este partido un incremento de su superficie agropecuaria del 24%. Es este un dato que, aparentemente, es de difícil compatibilización con su ubicación agrogeográfica y su secular puesta en producción. Sin embargo, aunque tal incremento es llamativamente elevado razón por la cual podría suponerse, en principio, un problema de confiabilidad en el relevamiento y/o procesamiento de la información censal; algunas consideraciones acerca del lugar de la superficie tomada en otros partidos (ver más abajo los datos sobre tenencia de la tierra) podrían ser pertinentes. En efecto, la información de la matriz de interrelaciones departamentales de la superficie de las explotaciones agropecuarias con límites definidos del censo nacional de 2002, indica que la superficie asignada a San Andrés de Giles fue de 89.308,5 ha. Mientras la localizada en el partido fue de 74.624,5 ha.3 Lo determinante sería, de todos modos, la variación intercensal en esa dinámica entre superficie localizada/asignada. Encararemos su análisis, en combinación con información primaria, al concluir un relevamiento que estamos realizando actualmente.

Considerando a pesar de ello, la sensible reducción en el número de EAP (-41%) mostrada en esos mismos censos; conviene visualizar las variaciones intercensales en dicho número agrupando a los estratos en cuatro tramos (Tabla 4):

0-200 ha. que disminuye más que el promedio (-58%);

200-1000 ha. que se incrementa levemente (poco más del 3%), de modo que podemos considerarlo "estable";

de 1000-5000 un tramo en que se destaca la aparición de 22 EAP "nuevas" que pasan a absorber un 44% de la superficie agropecuaria del año 2002; y

las EAP superiores a las 5000 ha., que no presentan ningún caso en ambos relevamientos.

En resumen, la desaparición de EAP se concentra en las escalas más pequeñas (hasta 50 ha) y, en menor medida, en los establecimientos de entre 50,1 y 200 ha. Las EAP de más de 1000 ha aumentan en cantidad. Por otra parte, aunque no aparecen las más grandes unidades asociadas por los estudios más recientes a los elevados incrementos en las economías de escala generadas por la agriculturización; hay sin embargo, dos hechos pertinentes para nuestro análisis:

Por un lado, los cambios en el estrato 1000-5000 ha. se vinculan a la concentración del capital invertido en la tierra.

Por el otro, los datos absolutos y relativos sobre el estrato 200-1000 ha., independientemente de las trayectorias que puedan ocultar los promedios, sugieren la existencia de tamaños intermedios compatibles con un cierto grado de heterogeneidad al interior de dicha concentración.

En cuanto al régimen de tenencia, también en consonancia con ciertas modalidades organizativas que protagonizan la agriculturización, se observa el incremento de la superficie en propiedad en tanto disminuyen la cedida en arrendamiento y aparcería, -24,9% y -82,7% respectivamente; mientras aumenta la superficie cedida bajo contrato accidental que se quintuplica en el período analizado (+400,8%) (Tabla 5).

Hay, en consecuencia, una existencia significativa de la agriculturización, una variedad de situaciones y una presencia de los tamaños usualmente vinculados a los productores familiares que hacen plausible una exploración como la que aquí se propone.

En la región pampeana -y, por lo tanto, en el caso de San Andrés de Giles- los límites de las EAP de PP, además de los criterios generales de delimitación mencionados en el último apartado de I., son los siguientes: superficie total de hasta 1000 ha., superficie cultivada de hasta 500 ha., unidades ganaderas de hasta 500 UG4.

Las variables seleccionadas para estratificar al interior de los PP en la región pampeana y en San Andrés de Giles, son la posesión de tractor y la dotación de unidades ganaderas5.

En estas condiciones, los PP representan en 2002 un 39% del total, poseen el 11,5% de la superficie total y su superficie media es de 104 ha. (Tabla 6); es decir, poco más de la mitad del porcentaje promedio nacional en cuanto a cantidad de productores (66%) pero muy poco menos de la proporción nacional respecto de la superficie de los PP (13%). En otras palabras, los PP gilenses tienen EAP decididamente mayores que los PP del resto del país, como cuadra a la imagen esperable en la región pampeana. Hacia el interior de los PP del partido, puede decirse que ningún tipo predomina en cantidad de productores. Sin embargo, el tipo 1 posee el 62% de la superficie de las EAP de PP. En otras palabras, el tipo 1 es el mejor dotado, como lo demuestra su superficie media de 182 ha. (un 75% mayor que el promedio PP). (Tabla 7).

Por otra parte, el 99% de la superficie cultivada por los PP es granífera y, en particular, el 64% se dedica a soja (Tabla 8), con lo cual, el proceso de agriculturización se presenta con toda su intensidad también entre este tipo de productores. Sin embargo, disponen de sólo el 19% de los tractores en manos de las EAP totales del partido y, de ese 19%, un 91% tienen más de 15 años de antigüedad (Tabla 9).

Acerca de la pluriactividad, una encuesta que estamos aplicando y que al momento alcanza al 70% del tamaño muestral estadístico estimado, nos añade algunos datos interesantes. Pero, consideremos antes que nada, lo que los datos censales agropecuarios informan acerca de las actividades remuneradas extraprediales de los productores que dirigen directamente su explotación.

El dato sobre actividad remunerada extrapredial del productor en 2002 es algo inferior al 10%. Pero, todos los estudios de caso disponibles indican que el fenómeno de la pluriactividad circunscripto al productor, constituye una subestimación.

Los pequeños productores de San Andrés de Giles tienen actividades remuneradas extraprediales proporcionalmente superiores al promedio del partido (15%) y poco menos de tres cuartas partes de ellos las desempeñan fuera del sector agropecuario (Tabla 10). Dentro del subregistro que implica este dato censal que no releva las mismas actividades en el resto del grupo familiar, el hecho podría vinculárselo a las condiciones circundantes en esta localización cercana a grandes centros urbanos.

Sin embargo, nuestros resultados parciales nos indican que el 44% de las EAP del partido son pluriactivas. Esto significa, según la definición que adoptamos en este caso, que al menos un miembro familiar tiene actividad extrapredial. Además, en ningún estrato dicho porcentaje es inferior al 30%. Es decir, estos datos estarían sugiriendo que la existencia de actividades extraprediales de otros miembros además del productor, como más arriba acotábamos a propósito de los estudios de caso disponibles, tiene una presencia significativa.De hecho, la cantidad promedio de personas/EAP con actividad extrapredial es de 1,64.

La existencia de este tipo de EAP pluriactivas es, por un lado, mayoría en el estrato de 10-200 ha. Por el otro, en el único estrato en que la cantidad de personas/EAP con actividad extrapredial sobrepasa al promedio, se presenta en el estrato de más de 500 ha. (2,25). Es decir, la tendencia censal de productores pluriactivos predominantes en los estratos menores, parece contrastar hasta cierto punto, con la mayor presencia de miembros pluriactivos no productores en los estratos mayores, a la hora de sugerir imágenes acerca de la pluriactividad en general. En efecto, cabe preguntarse con estos datos, si este fenómeno se vincula preferentemente a estrategias de persistencia –como ha sido frecuentemente postulado- o si, por el contrario, su presencia en estratos mayores indicaría otro tipo de estrategias además de ella (por ejemplo, estrategias expansivas o estrategias extrapredialmente centradas).
Yendo a las variables cuyo comportamiento hemos planteado más arriba que podrían cuestionar la naturaleza familiar de los PP, cabe señalar que no parece ser el caso de San Andrés de Giles. En efecto, si nos referimos a la contratación de asalariados transitorios -tanto en forma directa como indirecta- el 99% de los PP declaran la ausencia de tal tipo de trabajo (Tabla 11 y 12).

Otro tanto sucede con la contratación de servicios de maquinaria, si se tiene en cuenta que el 94% de los PP declaran no utilizar dichos servicios (Tabla 13).

Una lectura posible de estos datos es la siguiente: PP con un parque de tractores y otras maquinarias agrícolas envejecido, se dedican a actividades graníferas en sus propios predios. Un estudio semejante llevado a cabo en el vecino partido de Luján, aporta elementos de juicio en este sentido (Tsakoumagkos y Giordano Buiani, 2008). Además, dado los tamaños medios de las EAP de estos productores, dicho parque sería probablemente de pequeña potencia. No se puede descartar, como efectivamente sucede en Luján, que sean contratistas-productores como lo indicaría el notable incremento de la tenencia en contrato accidental. La información sobre prestación de servicios de maquinaria, en principio, contradeciría a los datos sobre actividades extraprediales que -por parte de los PP- son declaradas en baja proporción y orientadas fuera del sector agropecuario (Tabla 14).

Esta información respecto de San Andrés de Giles contrasta, sin embargo, con una conclusión de Soverna y Tsakoumagkos para todo el país, según la cual encuentran "tres grandes deslindes dentro de las pequeñas EAP: 1. Un "núcleo duro" de alrededor del 50% que no contrata ni asalariados ni servicios de maquinaria; 2. aquellas que contratan unos y/u otros sólo para cosecha o esquila, en el orden del 10%; y 3. las que los contratan para roturación, siembra, mantenimiento y/o cosecha y/u otras labores (menos del 40%), en las que el papel de ese uso directo o indirecto de trabajo asalariado requiere de un análisis cualitativo de sus características intrínsecas y/o de su vinculación con la capacidad autónoma de sostener procesos de valorización de un capital. Sin embargo, la sola importancia cuantitativa de éste último subconjunto sería motivo suficiente para utilizarlo en la reconsideración del concepto de agricultura familiar." (Soverna y Tsakoumagkos, 2008: 10). O, si se prefiere, asociaría a este partido al grupo 1. que los autores encontraron predominantemente en regiones extrapampeanas.

Por último, si consideramos las EAP "no PP" en el partido de San Andrés de Giles que contratan 1, 2 o 3 asalariados permanentes; y, las sumamos a las PP; obtenemos un total de 197 respecto de 250 EAP totales, que representan el 79%. No es una medida exacta de la ampliación que supone la utilización de hasta 3 trabajadores permanentes incluída en la definición de AF, pero, brinda una idea aproximada en cuanto comporta una duplicación de su importancia numérica.

III. REFLEXIONES FINALES

En 2006 se produjeron en la Argentina dos documentos -en PROINDER/SAGPYA-IICA por Obschatko, Foti y Román y en FONAF/SAGPYA por una comisión de productores y funcionarios - que abordan sendas definiciones de unidades y/o sujetos agrarios familiares (PP pequeño productor y AF agricultura familiar) con sus operacionalizaciones.

La AF se define como una forma de vida y una cuestión cultural; basada en la reproducción social, la gestión productiva, las inversiones y el predominio del trabajo familiares; y se establecen 5 categorías internas.

La definición de PP alude a la combinación de la presencia del trabajo directo familiar con la ausencia del trabajo asalariado permanente y los límites en tierra y capital compatibles con ellos y a tres tipos integrándolos.

Ninguno de los dos es un término teórico y, por lo tanto, sus significados y alcances podrán ser siempre discutibles. Su carácter instrumental sin embargo brinda la posibilidad de analizar sus contenidos y contrastes.

Se ha sostenido que la forma en que se postulan ciertos aspectos intra y extrafamiliares de la AF (forma de vida, equipo familiar), los objetivos de reproducción familiar, el carácter familiar de la propiedad de los medios de producción y de las inversiones, el predominio del trabajo familiar como criterio definicional, la cuestión de los sujetos colectivos, tendería a subrayar elementos homogenizantes dentro de ella, frente a potenciales heterogeneidades en algunas o todas sus categorías, el impacto del uso de asalariados permanentes, el nivel de ingresos netos, la residencia o las actividades extraprediales.

Las AF y las PP coinciden y/o difieren en diversos sentidos, pero, se subrayaron los siguientes: La contratación de asalariados permanentes (ausente en los PP, presente hasta 3 en la AF), por lo cual entre otras razones, puede afirmarse que los PP serían un subconjunto de las AF. Se consideró a la contratación de trabajadores transitorios y de servicios de maquinaria; que en ninguna de las dos definiciones cuenta con límites definicionales ni operativos. Se ha mencionado aunque sin avanzar en su análisis, la cuestión del potencial vínculo entre estilos de productores familiares y sus grados de mercantilización.

San Andrés de Giles, ateniéndonos a la información censal agropecuaria, aparece como un partido con una existencia significativa de la agriculturización, una variedad de situaciones y una presencia de los tamaños usualmente vinculados a los productores familiares.

Hemos interpretado nuestros datos acerca de las variables sobre contratación de asalariados transitorios y servicios de maquinaria (casi inexistentes entre los PP), señalando que PP con un parque de tractores y otras maquinarias agrícolas envejecido, se dedican a actividades graníferas en sus propios predios. Un estudio semejante llevado a cabo en el vecino partido de Luján nos aporta elementos de juicio en este mismo sentido. Además, dado los tamaños medios de las EAP de estos productores, dicho parque sería probablemente de pequeña potencia. No se puede descartar, como efectivamente sucede en Luján, que sean contratistas-productores como lo indicaría el notable incremento de la tenencia en contrato accidental.

La información sobre prestación de servicios de maquinaria, en principio, contradeciría a los datos sobre actividades extraprediales que -por parte de los PP- son declaradas en baja proporción y orientadas fuera del sector agropecuario. Sin embargo, relevamientos propios –compatibles con una mayor generalidad y diversidad de funciones de la pluriactividad que las sugeridas por esos datos censales - nos permiten dudar de la verosimilitud de dicha contradicción.

Estos PP de San Andrés de Giles se ubicarían además, dentro del 40% de PP que no contratan ni unos ni otros (ni asalariados transitorios ni servicios de maquinarias), encontrado para todo el país con una metodología semejante, aunque predominantemente en regiones extrapampeanas.

Por último, las EAP del partido que contratan 1-3 asalariados permanentes representan un 40% del total y, sumados a los PP, duplican su peso numérico denotando con ello el impacto de la incorporación de este criterio definicional.

ANEXO TABLAS
Tabla 1. San Andrés de Giles. Población por localidades, y población urbana y rural (1991-2001)

LOCALIDAD

1991

2001

San Andrés de Giles

11.345

13.941

Solís

678

862

Villa Ruiz

348

465

Cucullú

344

435

Azcuénaga

350

357

Villa Espil

91

167

Franklin

75

71

Total Urbana

11.345

13.941

Total Rural aglom.

1.886

2.357

Total Rural disp.

5.071

4.531

TOTAL

18.302

20.829
  1   2   3

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