En la ciudad de La Plata, a 14 de junio de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Pettigiani, Roncoroni, Hitters, Soria, Genoud, Kogan, Domínguez






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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 de junio de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Pettigiani, Roncoroni, Hitters, Soria, Genoud, Kogan, Domínguez, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 77.960, "Monteagudo, Enrique Armando y otra contra Hospital Zonal General de Agudos Petrona Villegas de Cordero. Daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro redujo el monto de la condena, confirmando la de primera instancia en todo lo demás que fuera motivo de agravio, con costas a la demandada vencida.

Se interpuso, por la apoderada de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

El recurso es insuficiente.

Sobre la base de circunstancias de hecho y prueba la sentencia de grado entendió configurada en autos una relación contractual entre actores y demandado.

A partir de ello resolvió el debatido tema del tiempo de la prescripción aplicable a la causa.

Una conclusión así sólo pudo ser impugnada sobre la base de la existencia de absurdo, demostrando vicios lógicos en un razonamiento que, más allá de su acierto o error, no pudiese, mínimamente, ser admitido como una conclusión judicial válida.

Este extremo no aparece satisfecho. El absurdo no ha sido denunciado ni menos aún demostrado. El recurrente argumentó de un modo distinto y paralelo al del tribunal, tratando de oponer a sus conclusiones las suyas propias, pero esta oposición no alcanza para conmover la estructura de una sentencia por la vía extraordinaria.

Tampoco es suficiente para ello la invocación de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya vigencia se encuentra limitada en las causas que motivaron los respectivos pronunciamientos (conf. mi voto en Ac. 82.155, sent. del 2 X 2003 y muchos otros) y que por lo demás no guardan relación inmediata y directa con lo debatido en autos.

Los fallos de esta Suprema Corte que también se invocan, refieren situaciones distintas a las de autos.

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. a) En lo que interesa destacar para el recurso traído, la Cámara a quo, con apoyo en doctrina y jurisprudencia, consideró que la responsabilidad emergente de la relación médico paciente, aun cuando pueda originarse a través de organismos intermedios, como hospitales municipales, es de naturaleza eminentemente contractual, por lo cual rechazó el agravio de la representante de la Fiscalía de Estado que la consideraba extracontractual y por ende sujeta a la prescripción bienal del art. 4037 del Código Civil, desechando los antecedentes esgrimidos por la misma, por no considerarlos idóneos para el caso en examen.

Expresó que su gratuidad no obstaba a la existencia de un contrato, ya que se encontraban el consentimiento, el objeto, la causa y la forma y no veía por qué la paciente no podía demandar al Estado al no recibir adecuada atención sanitaria, ya que tanto éste como el particular que brinda el mismo servicio resultan responsables, citando el art. 512 del Código Civil.

Refirió también a la jurisprudencia acerca de la aplicación restrictiva del instituto de la prescripción en caso de duda, resolvió confirmar lo decidido en primera instancia, en cuanto rechazó la alegada por la demandada.

b) Sostuvo que la obligación  en autos  era de medios y no de resultado y que por tratarse de incumplimiento contractual, el caso estaba regido por los arts. 499, 512, 520, 521, 902 y ccdtes. del Código Civil y efectuó, por último, un minucioso análisis de la prueba pericial, testimonial y documental, a la luz del cual desestimó los agravios de la apelante, careciendo de virtualidad su desarrollo, por no haber sido materia de agravios en esta instancia extraordinaria.

II. Interpone la apoderada de la Provincia de Buenos Aires recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que se limita a sostener que debió aplicarse el plazo bienal de prescripción del art. 4037 del Código Civil, por cuanto en el caso está en juego la responsabilidad extracontractual del Estado.

Considera, pues, que se ha aplicado erróneamente el art. 4023 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual se rechazó su planteo de prescripción en razón de no existir contrato alguno y ser aplicables, por ende, los arts. 1112, 1113 y 4037 del Código Civil.

Sostiene que el fallo confunde la actividad del Estado para el cumplimiento de sus fines, que surge del poder público y es de raigambre constitucional, con la actividad privada.

En apoyo de su tesis desarrolla sus propias argumentaciones, basadas en la jurisprudencia citada en la apelación, que fue desestimada por el a quo, considerándola aplicable al sub lite y a su entender, tal omisión atenta contra una interpretación sistemática de las normas en conflicto.

III. Discrepo con lo propiciado por el doctor Negri pues considero que el recurso controvierte suficientemente la naturaleza contractual que adopta la sentencia, demostrando el quebrantamiento del art. 4037 del Código Civil.

IV. Dijo el doctor Hitters en la causa Ac. 79.514 (sent. del 13 VIII 2003) "... La temática abordada plantea la necesidad de determinar la naturaleza jurídica de la relación hospital público paciente y médico paciente. La dilucidación de esta cuestión resulta relevante a los fines de resolver acerca de la prescripción de la acción promovida, pues si se acepta que la responsabilidad deriva de tal contrato, se aplica el término común del artículo 4023 del Código Civil, en tanto que si se admite su carácter extracontractual, la acción prescribe a los dos años (art. 4037 Código Civil)".

"Tanto desde la óptica doctrinaria como jurisprudencial, se ha tratado de enmarcar la responsabilidad médica, ya sea en el régimen contractual o extracontractual, en base a las circunstancias fácticas del caso, es decir, con un criterio preponderantemente casuístico, existiendo en la actualidad diversos enfoques sobre la materia".

"1. Posturas doctrinarias"

"En el campo del derecho civil predomina la corriente doctrinal que encuadra esta problemática en el régimen contractual".

"En tal sentido se ha sostenido que siempre que hubiera mediado un previo acuerdo de voluntades entre el galeno y el damnificado para la prestación de servicios por parte del primero a este último, la responsabilidad en que se puede incurrir por tal motivo sólo puede ser "contractual" es decir, derivada del incumplimiento de las obligaciones así asumidas. Con lo cual, el régimen diferente de la responsabilidad extracontractual queda relegado a los casos excepcionales en que el servicio se prestó sin que existiese una previa convención entre el profesional y la víctima (conf. Trigo Represas, Félix, "Los nuevos daños" en "Los nuevos daños. Soluciones modernas de reparación", Ed. Hammurabi, Bs. As. 1999, pág. 309 y ss.)".

"No obstante, los autores que coinciden con esta postura, puntualizan numerosas excepciones al régimen contractual, como por ejemplo en caso de que los servicios son requeridos por una persona distinta del enfermo, casos de urgencia, servicios contra la voluntad del paciente, obligación de origen legal, daños reclamados por damnificados indirectos no contratantes, entre otros supuestos (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, "Responsabilidad civil de los médicos", t. 1, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 383 y ss.; Mosset Iturraspe, Jorge, "Responsabilidad por daños", Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. As., 1998, t. 1, pág. 520 y ss.)".

"Para otros doctrinantes la clasificación señalada es insuficiente y ha dejado de ser útil, pues cada vez en mayor número se presentan conductas que el jurista debe ubicar en uno u otro régimen y que dan lugar a dudas y complicaciones. En el supuesto de responsabilidad médica sanatorial institucional son aplicables las normas de responsabilidad contractual, pues siempre habrá una obligación preexistente que el médico debe cumplir cuando interviene en la atención del paciente (Cont Highton, Elena "Responsabilidad médica ¿contractual o extracontractual?, "Jurisprudencia Argentina" 1983 III 659)".

"En las antípodas de tal tesitura se encuentra Borda, quien afirma que la responsabilidad civil de los médicos es extracontractual, pues ella no surge de la celebración de un contrato, sino de las obligaciones que impone el ejercicio de la medicina, haya o no contrato. Agrega que el problema carece de relevancia en lo que atañe al concepto mismo de los hechos que configuran la culpa profesional; pues la obligación contractual asumida por el médico no es otra que un deber de prudencia y diligencia, que es también el fundamento de la responsabilidad extracontractual. En cambio, es importante en lo que respecta a la prescripción (Borda, Guillerino A., "Tratado de Derecho Civil Argentino", Contratos, t. H, Ed. Perrot, Bs. As., 1962, p. 61)".

"En tanto que, desde la óptica iuspublicista se ha afirmado que el nosocomio público se encuentra obligado constitucionalmente a organizar el servicio de salud, y frente a un deficiente funcionamiento del mismo, el Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su propia función, y no a la actuación del profesional o dependiente. De tal modo, si el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad del Estado, pues parte de una situación objetiva de falta o deficiencia del servicio que el Estado por mandato constitucional debe garantizar, pues constituye uno de los fines esenciales del Estado que justifican su propia existencia (conf. Weingarten, Celia y Ghersi, Carlos A., "La discrecionalidad de la estrategia terapéutica. La responsabilidad del Estado por la seguridad de los pacientes en hospitales", "Jurisprudencia Argentina", 1997 11 429)".

"Así, el Estado tiene el deber jurídico de realizar prestaciones positivas dirigidas, sustancialmente, a la prevención de la enfermedad, y a la asistencia  médica y terapeútica  de los pacientes. En consecuencia, nacerá la responsabilidad del Estado, por falta de servicio, si éste no cumple de una manera regular los deberes u obligaciones impuestos  de modo expreso o implícito  a sus órganos por el ordenamiento jurídico (comprensivo de la Constitución, los tratados, la ley, el reglamento, y los principios generales del derecho), o, simplemente, por el funcionamiento irregular del "servicio", en el caso, la asistencia a la salud de la población (conf. Jeanneret de Pérez Cortés, María, "Responsabilidad del Estado en materia de salud pública", en obra colectiva "Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público", Ed. Ciencias de la Administración, Bs. As., 2001, págs. 311 y ss.)".

"En tal línea de pensamiento, el Estado como tal debe a los particulares o administrados funciones esenciales: salud, justicia, educación y seguridad. Estas funciones constitucionales generan una relación muy especial que en manera alguna es de derecho privado y menos aún contractual. Por tanto, "la relación del Estado a través del hospital público con el administrado, es de derecho constitucional administrativo y la relación médico funcionario público con el paciente administrado, es de derecho administrativo y/o constitucional y la responsabilidad es extracontractual" (conf. Ghersi, Carlos A. y Lovece, Graciela, "Derecho Constitucional a la salud. Hospital Público (La relación médico paciente es extracontractual)", "Jurisprudencia Argentina", 1998 11 347)".

"2 Evolución Jurisprudencial"

"La Corte Suprema de Justicia, desde antiguo ha reconocido la responsabilidad del Estado  nación, provincia, municipio  cuando no se cumple de modo regular la prestación de un servicio, señalando que "quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución" (Fallos: 182:5)".

"Por aplicación de dicho criterio jurisprudencial, en las causas "Brescia, Noemí Lujan c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y Perjuicios" (fallo del 22 XI 1994) y "Schauman de Scaiola, Martha Susana c/ Provincia de Santa Cruz" (fallo del 6 VII 1999) se pronunció respecto a la relación jurídica que se entabla entre un hospital público paciente, señalando que: "Que, tal como lo ha decidido este tribunal en reiteradas ocasiones, quien contrae la obligación de prestar servicio  en el caso, de asistencia a la salud a la población  lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare por incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 307:821; 312:343; 315:1892 y 317:1921; 322:1393)".

Destacando que: "ello pone en juego la responsabilidad extracontactúal del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo de las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (Fallos 306: 2030; 317:1921; 322:1393)".

"Como vemos, en los citados pronunciamientos el más Alto Tribunal Federal concluye que la responsabilidad del Estado en el ejercicio de la función atinente al servicio público hospitalario reviste carácter extracontractual".

"En el marco de tales lineamientos jurisprudenciales, la prescripción de la acción de reparación cae en las previsiones del art. 4037, siendo en tal sentido, pacífica la tendencia de la Corte Suprema en cuanto expresa que: "El plazo de prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual de la administración es de dos años a partir del momento de producido el daño, conforme al artículo 4037 del Cód. Civil, modificado por la ley 17.711" (in re, "Molteni, Carlos L. c. Estado Nacional s/ordinario", sentencia del 29 VI 1989)".

"CONCLUSIONES:"

"A mérito de lo expuesto, interpreto que la relación del Estado a través del hospital público con el paciente y la relación médico paciente, se desenvuelven en el ámbito del derecho público  derecho constitucional y/o administrativo (art. 75 incs. 19 y 23 Constitución nacional y 368 de la Constitución bonaerense), y consecuentemente la responsabilidad se encuadra en el régimen extracontractual, correspondiendo, por ende, aplicar en materia prescriptiva el plazo establecido en el artículo 4037 del Código sustantivo".

"Así pues, como lo sostuve en los precedentes "Irisarri" (Ac. 67.882, sent. del 14 III 2001) y "Gimenez" (L. 71.070, sent. del 23 XII 2003) "quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar al fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución..., y que ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público... ".

V. En la citada causa, a la que presté mi adhesión, tuve oportunidad de agregar conceptos que son también aquí aplicables los cuales reproduzco "... La responsabilidad extracontractual parte de un presupuesto determinante: el deber genérico e indeterminado de no dañar. La contractual, de su lado, requiere ineludiblemente la existencia de una obligación previa nacida de un contrato, vínculo este último que antecede en el tiempo al incumplimiento generador del daño".

"La prestación cumplimentada en el establecimiento sanitario oficial es la consecuencia de la asunción por el Estado de una función propia. En efecto, el art. 36 inc. 8 de la Constitución de la Provincia reconoce el derecho a la salud y a esos fines garantiza a todos sus habitantes el acceso a ella en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos, sosteniendo el hospital público y gratuito".

"Ha expresado la Corte Suprema de la Nación que quien contrae la obligación de prestar un servicio de asistencia a la salud lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular. Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad. (Fallos, 322 1402; y sus citas, 306 2030 y 317 1921)".

VI. Ahora bien, en autos, los terceros citados Morel Alberto Fossati y Carlos Alfredo Lorenzo a quienes el a quo hizo extensiva la condena consintieron el fallo.

Dije en mi voto en minoría en la causa Ac. 62.638 (sent. del 31 III 1998) que el principal efecto del consentimiento del fallo por parte de los terceros citados es su firmeza a este respecto. Como señala Fairén Guillén refiriéndose a la apelación, pero con plena aplicabilidad a la instancia extraordinaria, renunciándose a la impugnación queda detrás una situación formada por la sentencia o resolución que puso fin al tracto procedimental anterior ("Estudios de Derecho Procesal", págs. 609/610). Tal conclusión no se desmerece por el hecho de continuar en pie las defensas introducidas por el restante colegitimado pasivo. En nuestro sistema legal rige el principio de la personalidad del recurso, según el cual el alzamiento deducido aprovecha únicamente a la persona que lo ha interpuesto. Expresa Costa que no pueden imponerse los resultados a quienes no han querido deducir el recurso. Si el mecanismo judicial, por lo que hace al proceso civil, sólo se mueve a impulso de la actividad privada (principio dispositivo), nada autoriza a sobreponerse a los intereses propios de las partes. Toda sentencia goza de una presunción de verdad; con ella el Estado llena su función de administrar justicia; sus resultados deben tenerse en consecuencia por firmes y definitivos con respecto a quienes la han aceptado, sin que esto perjudique en cambio a los apelantes, que podrán invocar las ventajas que logren en la instancia superior, en uso de un derecho personal concedido en su exclusivo beneficio. Es exacto que por este medio puede llegarse a sentencias contradictorias en un mismo litigio, pero esto es un derivado del principio de la identidad de partes que exige la cosa juzgada. Y concluye afirmando que el principio de la personalidad de la apelación es el que mejor armoniza con el concepto actual del recurso, dentro de la corriente que tiende a convertirlo en un instrumento de control de la sentencia, con carácter restrictivo, de manera que el que no ejerce el derecho no puede invocar los beneficios ("El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", págs. 58/59).

Destaca en este orden Couture que el prestigio del principio de la personalidad no disminuye por la circunstancia de que aparezcan cosas juzgadas contradictorias. La razón, dice, no es tanto de carácter lógico como sistemático; sus fundamentos se hallan esparcidos a lo largo de todos los principios del derecho procesal civil. En primer término, el de que la voluntad crea y extingue derechos. Quien consintió la sentencia es porque la consideraba justa; el agraviado tendrá dos caminos: consentir o apelar; si optó por el primero, su voluntad lo liga definitivamente a ese consentimiento. Una segunda razón emana del principio mismo de la cosa juzgada. Nada excluye en derecho la posibilidad de dos sentencias contradictorias; las propias evoluciones de la jurisprudencia demuestran que este riesgo es connatural con el concepto de cosa juzgada. Una tercera razón fluye del principio mismo de la apelación. El tribunal superior no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurso introducido; nada le autoriza a cambiar la parte de la sentencia que desecha la demanda en lo que se refiere a A, si no ha mediado recurso a ese respecto (Fundamentos, págs. 369/370).

Es cierto que el maestro uruguayo excluye aquellos supuestos en que la obligación es solidaria (cit. pág. 370). No es este caso. Se difunde por la doctrina que si bien en nuestro régimen legal hay una sola solidaridad, la perfecta, existe una categoría de deudas en las cuales cada obligado lo es por el todo, aunque no haya solidaridad, y es el caso de las obligaciones in solidum, que se advierte en situaciones en las cuales se establece la responsabilidad integral de varias personas por un mismo hecho dañoso, con prescindencia de toda idea de solidaridad. Se trata de los casos en que concurren la responsabilidad directa del autor del daño con la responsabilidad indirecta de una persona a la que, sin haber intervenido en la comisión del hecho, la ley le obliga a indemnizar las consecuencias perjudiciales causadas, sea en su carácter de propietario de la cosa con la que causó el daño o de principal del autor del mismo. En ellas, entre otras notas distintivas, la cosa juzgada en el juicio seguido contra un deudor no afecta a los demás responsables (véase Cazeaux Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", t. II, págs. 75/81, con cita de Demolombe, De Gásperi, Busso y Borda).

Volviendo al sistema recursivo vigente en nuestro Código procesal, que es el de la personalidad de la apelación, el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial sólo autoriza al tribunal de alzada a examinar las cuestiones "que hubieran sido materia de agravios". La interpretación general estima que el interés que habilita la apelación debe ser personal del recurrente (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", t. I, p. 85 y sigtes.). Señala este autor que cuando se acciona por daños y perjuicios y media un litisconsorcio, si uno de los codemandados apeló la sentencia de primera instancia obtuvo una reducción en la condena, y al otro se le declara desierto el recurso, éste no puede ampararse en tal reducción, pues el recurso interpuesto contra la sentencia sólo beneficia a quien lo deduce (con cita de la Cám. la. Civ. Com., Mercedes, "La Ley", 1975 B 641). Y continúa expresando dicho autor: "En los supuestos de daños y perjuicios provocados por un accidente de tránsito, la situación de cada litisconsorte puede considerarse independiente de la de los demás, en el sentido de que la situación de cualquiera de ellos puede tener un desenlace eficaz con prescindencia de lo que ocurra a los otros, cada uno debe buscar a través de la apelación el reconocimiento del derecho a su favor o de la inexistencia de un derecho a favor de la contraparte. Quienes hayan apelado y obtenido una sentencia favorable en la apelación podrán gozar de su derecho, los que no hayan apelado quedarán con la solución propuesta por la sentencia en grado" (cit., p. 102 y sigtes.). De allí que "cabe concluir que la sentencia de primera instancia que no ha sido apelada por alguno de los litisconsortes ha pasado en autoridad de cosa juzgada a su respecto; y por lo tanto la apelación deducida por otro u otros litisconsortes no beneficia a los que no han apelado" (cit., p. 105). En hipótesis semejantes, la Corte Suprema de la Nación ha expresado que los tribunales de alzada no pueden exceder la jurisdicción que les acuerdan los recursos concedidos ante ellos resolviendo sobre cuestiones que han quedado firmes. Así ocurre en el caso en que el a quo rechazó la demanda respecto de una codemandada, quien no había apelado el fallo de primera instancia (1 IV 1982, Rep. E.D., 16 762, núm. 41).

En resumen, en la relación que emerge de la pretensión incoada por el actor contra los terceros citados, la sentencia que rechaza la excepción de prescripción planteada y hace lugar a la demanda ha pasado en autoridad de cosa juzgada. En otras palabras, posee la autoridad y la eficacia suficiente para convertir lo sentenciado en inimpugnable, inmodificable y coercible. En ningún caso, ni de oficio ni a petición de partes, este órgano jurisdiccional o cualquier otro podrá alterar los términos de un fallo así inconmovible. Recordemos que el derecho reconocido por una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada constituye un bien que se incorpora al patrimonio del beneficiario del pronunciamiento y del cual no puede ser privado sin mengua del precepto constitucional que asegura la inviolabilidad de la propiedad. Y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales, en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público posee también jerarquía constitucional.

VII. Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia recurrida, declarando a la prescripción de la acción intentada con alcance exclusivo respecto del codemandado Fisco de la Provincia de Buenos Aires (art. 4037 del Código Civil); con costas (art. 68, C.P.C.).

Con este alcance, voto por la afirmativa.
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