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Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa. Sr. Mac Allister.- Señor jefe de Gabinete: como bien lo dijo, para usted es muy importante todo el trabajo social y en el deporte. El deporte es salud, inserción, contención y lucha contra la alcoholemia. Sin embargo, destinan 433 millones de pesos al deporte. También es importante la SEDRONAR ya que implica pelea contra la droga y contra el narcotráfico. Sin embargo, le destinan 258 millones de pesos. La pregunta que quiero formular es si en algún momento ustedes han pensado en comercializar la pauta de Fútbol para Todos y de Automovilismo para Todos para potenciar con ese dinero el trabajo a favor del deporte y de la SEDRONAR con el fin de que nuestros jóvenes vivan mucho mejor. Quisiera saber si para este gobierno nacional y popular es más importante mirar deporte o practicarlo. Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sr. Tonelli.- Señor jefe de Gabinete: voy a cambiarlo un poco de tema. En su primera alocución, usted nos anunció la intención del gobierno de promover la reforma de la ley 17.319, de hidrocarburos. Por lo que sabemos, el gobierno ya está en conversaciones con los gobernadores de las provincias petroleras. A los efectos de redactar ese proyecto de ley, hubiera sido sumamente útil y provechosa la actuación del Consejo Federal de Hidrocarburos creado por el artículo 4° de la ley 26.741, de expropiación de YPF y de soberanía hidrocarburífera, sancionada por este Congreso. De acuerdo con dicha norma, ese Consejo debería estar integrado por algún representante del gobierno nacional y por un representante de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, cuando la presidenta de la Nación reglamentó ese decreto, cambió el Consejo Federal de Hidrocarburos por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que está integrada sólo por cuatro funcionarios del Estado nacional. Es decir, la presidenta, mediante un decreto, modificó una ley del Congreso y excluyó a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de ese órgano de asesoramiento en materia hidrocarburífera. Por supuesto, esto es una barbaridad desde el punto de vista constitucional, y ya está concretada, pero me gustaría algún comentario de su parte en este sentido. Por otra parte, le pido, señora presidenta si el minuto que me resta se lo puede conceder a la diputada Schmidt Liermann. Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sra. Schmidt Liermann.- Muchas gracias, diputado Tonelli. Bienvenido, señor jefe de Gabinete. Quisiera hacer referencia a un tema que usted trató hoy, que es la ley de abastecimiento, y preguntarle concretamente –atento a la necesidad de los consumidores de sentirnos protegidos por qué hasta la fecha no se implementaron los tribunales de competencia, que son una herramienta que podría ser muy buena para los consumidores y con la que ya contamos. Además, quisiera saber por qué no se ha vuelto a designar a un nuevo defensor del pueblo, teniendo en cuenta que el último –el señor Mondino cesó en sus funciones hace cinco años y hasta el momento ese cargo ha quedado acéfalo. Entonces, le pido que se implementen las herramientas que ya existen para salir a defender a los consumidores. Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete. Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- ¿De cuántos minutos dispongo, señora presidenta? Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene 20 minutos. Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Se lo consultaba porque son muchas preguntas y entonces tengo que hacer una síntesis. Con respecto al tema del defensor del pueblo, para su designación se requiere de los dos tercios de los votos de ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Por lo tanto, es necesario generar un consenso entre el oficialismo y la oposición para la designación de una persona que efectivamente cumpla con los requisitos formales y sustanciales exigibles para el cargo, pero que a su vez cuente con el consenso político para su designación. Con respecto al tema del tribunal de competencia, se propicia un esquema funcional para la designación de los miembros. Por eso, a partir de esta iniciativa se generan las condiciones para hacer efectiva la aplicación de la defensa de la competencia. Concretamente, el perfil de los postulantes estaba determinado pero nunca se puso en práctica. Por lo tanto, la idea central ahora es que sobre la operatividad del funcionamiento de la comisión pueda cumplirse rápidamente su conformación en la Comisión de Defensa de la Competencia para que efectivamente funcione. En tercer lugar, respecto de la ley 17.319 quiero decir que el decreto relativo a los funcionarios del Poder Ejecutivo no invalida la efectiva constitución del Consejo Federal. Por lo tanto, en realidad esta es una cuestión pendiente de mi parte frente a una instrucción de la presidenta para llevar a cabo la convocatoria del Consejo Federal. Quiero referirme a otras cuestiones vinculadas al tema de la asignación de recursos. Los recursos asignados al Sedronar destinados a recuperación e inclusión social ascienden a 1.910 millones de pesos. Se trata de una ampliación desde el punto de vista del recurso originalmente previsto para el Sedronar. Los mecanismos de asignación de recursos que cité precedentemente se refieren a las casas educativas terapéuticas y a la inclusión de los correspondientes centros de prevención de las adicciones. En el caso de las casas educativas terapéuticas es importante remarcar que existen aproximadamente veintiocho, a las que se destinan 418 millones de pesos en proceso de ejecución. Esto supera sustancialmente la cifra que se ha mencionado. Hablamos de 173 millones de pesos de once centros de prevención local de adicciones que, en total, implicarían una asignación de recursos equivalente a 1.910 millones de pesos teniendo en cuenta la asignación para este año y el próximo ejercicio. De esta manera, estamos garantizando un esfuerzo desde el punto de vista fiscal y financiero para fortalecer la capacidad de funcionamiento del Sedronar. En este contexto, en cuanto al tema del deporte, esto no incluye las partidas específicas desde el punto de vista del Comité Olímpico, que tiene un sistema de financiamiento asociado a la recaudación telefónica que, a su vez, es lo que ha permitido también garantizar una estrategia de formación del deporte olímpico. En la República Argentina existen muchas inversiones en materia de infraestructura deportiva. Frente a la disyuntiva acerca de practicar o mirar deporte, quiero decir que ambas cuestiones son muy importantes. El diputado preopinante, como ex futbolista profesional, sabe muy bien lo que significa el deporte de alto rendimiento en la conformación de la política deportiva en total. La política deportiva incluye varios eslabones. En primer lugar, la inclusión social educativa para que el niño ingrese al sistema educativo formal y, dentro de dicho sistema, la posibilidad de la práctica deportiva en las escuelas. El deporte escolar es muy importante, al igual que los clubes de barrio, desde el punto de vista de su relación. Además, debemos tener en cuenta al deporte federado. Por ejemplo, la Asociación del Fútbol Argentino tiene 4.200 clubes inscriptos y, a su vez, debemos considerar al deporte de alto rendimiento. A lo largo y a lo ancho del país se han hecho muchas inversiones en materia de infraestructura. Se han edificado estadios, microestadios y polideportivos. Se está implementando un programa de construcción de polideportivos para el fortalecimiento de las escuelas. Estoy dando datos que son objetivos y son importantes para tener información. Argentina tiene aproximadamente 13 millones de hogares, 43 mil establecimientos educativos, 1.425.000 cargos docentes y 825 mil maestros. Dentro de este esquema, nuestro país tiene un número muy escaso de profesores de educación física respecto al volumen total de docentes. Es muy importante el tema de los institutos de formación terciaria tanto para el profesorado de educación física como para el rol de los clubes deportivos y sus niveles de infraestructura. Es necesario admitir que las dos cuestiones se potencian en el sentido de lo que significa el funcionamiento de una institución federada respecto al número de socios para el financiamiento de la institución a los efectos de garantizar infraestructura adecuada. Todo club tiene distintas fuentes de ingresos. La primera fuente de ingreso de un club es el socio, quien concurre al club siempre y cuando tenga infraestructura deportiva o por amor a su tradición y sus colores. A su vez, cuando tiene infraestructura y socios, puede generar la obtención de ingresos adicionales para el sostenimiento de las erogaciones operativas del club y su funcionamiento. A su vez, cuando se puede participar de distintas competencias se obtiene un mayor flujo de ingresos, que permiten consolidar los niveles de formación de los jugadores y obtener así la posibilidad de negociar los derechos federativos. Esto no siempre ocurre, porque en la Argentina –usted lo sabe muy bien por ser de La Pampa los clubes del interior, por ser amateur, muchas veces no perciben los derechos correspondientes. Sin dudas este es un tema que merece discutirse para ver si puede ser contemplado en alguna ley. Para nosotros el deporte de alta competencia tiene un efecto sobre el resto de las actividades deportivas; muchas veces se pretende emular a los jugadores de fútbol, lo cual constituye un incentivo concreto para la práctica deportiva, para la organización de los clubes, para la participación de los socios y para la organización social. Creo que una cosa no se divorcia de la otra; las podemos complementar perfectamente. Por ello, adscribo a una corriente que entiende que el deporte es forjador de valores. Cuando hablamos de seguridad, de la recuperación de los espacios verdes y de recreación y de los clubes como forjadores de valores y de la práctica de un culto independientemente de su orientación, lo hacemos porque todo eso es clave para construir una sociedad con valores. El deporte es sinónimo de dedicación, esfuerzo, disciplina, compromiso, fidelidad, lealtad a una divisa, compañerismo, amistad y amor. En definitiva, la práctica del deporte conjuga una síntesis vital desde el punto de vista de la construcción de valores. Por eso, con gusto nos ponemos a disposición para atender todos estos temas y recibir ideas. Ojalá podamos conjugar más esquemas de generación de incentivos para el deporte. Estoy totalmente de acuerdo con esta idea. En cuanto al tema de la seguridad que planteó la señora diputada Bullrich, en primer término debo decir que diferimos con el enfoque metodológico del informe de Naciones Unidas. No obstante ello, hay algunas cosas que quisiera observar. En lo que respecta a la conducción política de las fuerzas de seguridad, el ministerio interviene en la Junta de Calificación, en la designación del personal superior y en el establecimiento de los perfiles profesionales. También hacemos una ponderación desde el punto de vista de la percepción que tiene la población sobre cada una de las fuerzas de seguridad. En este sentido, la Gendarmería Nacional goza de prestigio y de la confianza de la ciudadanía, no así determinadas fuerzas provinciales; lógicamente que esto último depende de las autoridades provinciales correspondientes. En consecuencia, es necesario separar claramente cada una de las competencias. También es imprescindible reconocer que hubo un proceso de reclutamiento y de capacitación del personal adecuado y un mejoramiento sustancial de las políticas preventivas en materia de seguridad. En lo atinente al Plan Cinturón Sur, el Operativo Centinela dispone de 1.500 agentes. Además, se tomó la decisión de incrementar en un 45 por ciento el personal de Prefectura, en un 100 por ciento el de Gendarmería y en un 25 por ciento el de la Policía Federal. Asimismo, contamos con el Cuerpo de Prevención Barrial –que aquí se mencionó, que cuenta con 879 agentes, en el que se desempeñan policías entrenados y capacitados en mediación comunitaria. En lo vinculado con los operativos especiales, sobre todo en materia de lucha contra el narcotráfico, debo mencionar los operativos Escudo Norte y Vigía y la creación de la Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico. Lo cierto es que el Ministerio de Seguridad adopta su actual organización jurídica a partir del año 2010. Seguramente ustedes recordarán el discurso que la señora presidenta de la Nación pronunció el día de los derechos humanos, más precisamente el 10 de diciembre de 2010, a partir del cual se tomó esa decisión. Tengo aquí las previsiones del presupuesto inicial, que era de 28.600 millones de pesos, mientras que para 2014 ascendió a 36.615 millones. Además, en equipamiento y bienes de capital para las fuerzas policiales se destinó la suma de 1.247 millones de pesos, que se destinaron a la adquisición de 2.936 vehículos, 39.000 chalecos, 1.200 cámaras de seguridad, 8 aeronaves, 14 escáneres, 3 guardacostas repotenciados, sistemas SAI y SIBIOS. Es muy importante la profesionalización de las fuerzas de seguridad, lo que implica la evaluación y modificación de los planes de estudio, donde se han introducido cambios. Esto funciona también mediante un convenio que se hizo con el Ministerio de Educación, con el plan FINES, que abarca a 1,5 millones de personas, de las cuales 500 mil ya han egresado y un millón están en proceso de egreso. La formación del personal policial ha sido muy importante en los niveles terciario y universitario. También la ciudadanía ha tenido una participación muy importante en temas de seguridad, y lo mismo respecto de la capacitación en derechos humanos. Aquí se plantea que si hay una inversión se tienen que ver los resultados; entonces, es importante ver qué variación ha habido. En el año 2003 teníamos 18.282 agentes de Gendarmería Nacional, y en 2014 tenemos 36.383, es decir que ha habido un incremento de 18.101 cargos acumulados, o sea casi un ciento por ciento. En la Prefectura Naval Argentina teníamos 14.910 agentes en 2003, y 21.693 en 2014, es decir, 6.783 agentes más, con un incremento del 45,49 por ciento. En la Policía Federal Argentina había 36.822 agentes en 2003, y hay 46.372 en 2014, o sea, 9.550 cargos acumulados y un incremento del 95 por ciento. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria había 3.710 agentes en 2003 y ahora hay 4.314, con un incremento de 1.144 cargos, es decir, 36,9 por ciento. La consolidación de los agentes de todas las fuerzas abarca a 108.672 personas. Las pistas de aterrizaje declaradas y en proceso de revisión son 1.400. Hay seis radares primarios: Santiago del Estero, Resistencia, Formosa, Posadas, Las Lomitas y Tartagal. Hay 22 radares móviles del Ejército, que permiten cubrir el cono de sombra, y también están los nuevos radares del INVAP. Con respecto a la producción con tecnología propia del INVAP, el plan de radarización permitió prácticamente la cobertura integral de las rutas comerciales y el 85 por ciento del territorio nacional. También es importante remarcar el decreto 1091/2011, sobre el programa Escudo Norte, y la red de observación aérea para el tránsito aéreo irregular. Con respecto a las coberturas de radares, hay zonas rojas, amarillas, etcétera, a través de 22 radares, que implica el uso de tecnología argentina, con la cobertura de la empresa del Estado INVAP, de Río Negro. Con respecto al juicio por jurados, estamos enviando al Congreso un nuevo sistema de enjuiciamiento penal nacional y federal, que implica la modificación del Código Procesal Penal. Allí se incluye, para ser sometido a un proceso de discusión, el juicio por jurados. Las principales características del proyecto son que incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y desformalización. Establece en tres años el plazo máximo de duración del proceso. Contempla la participación ciudadana en el proceso de administración de justicia a través del juicio por jurados. Regula de manera ágil la revisión de decisiones y el sistema de recursos. Reconoce mayor tutela judicial a la víctima e incorpora principios de oportunidad procesal. Otra característica del proyecto es que redefine la competencia actual del juez; el Ministerio Público Fiscal asume la persecución penal de manera integral. Sobre este tema ha habido muchas reformas en las provincias, donde el sistema inquisitorio ha sido sustituido por el acusatorio. También prevé la modernización de las reglas del litigio, el registro audiovisual, un catálogo amplio de medidas de encarcelamiento, la investigación preparatoria y una serie de cuestiones adicionales. El proyecto será enviado próximamente al Congreso para su debate. Es importante remarcar que dentro de la agenda legislativa, y en materia judicial, tenemos la revisión final de la reforma del Código Civil, la revisión del Código Penal, que está en proceso de análisis en el sistema universitario y también el caso del Código Procesal Penal, que es muy importante. Asimismo, se encuentra en análisis una iniciativa vinculada con el fuero contencioso administrativo; justamente, en la anterior sesión informativa me referí a la ley orgánica del sistema penitenciario, que comprende la creación de una nueva agencia federal penitenciaria y de reinserción social, que consagra la desmilitarización de la institución penitenciaria y la superación de su carácter de fuerza de seguridad, jerarquizando la labor del personal y favoreciendo su profesionalización. Respecto del juicio por jurados, me parece importante recordar a los señores diputados que el Código Procesal Penal lo contempla. En muchas provincias, como su instauración es una facultad propia, está en proceso de discusión; tal es el caso de Buenos Aires, el Chaco y Córdoba. Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez. |