Informe del señor jefe de gabinete de ministros
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Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- En cuanto a la situación del ex titular de la Sedronar, José Granero, y de algunos empleados implicados en la causa penal a la que hicieron referencia los señores diputados, permítaseme decir que la investigación corresponde al Poder Judicial. Lo que hace el Poder Ejecutivo es cooperar con el suministro de información a medida que la Justicia la va requiriendo. En el ámbito interno, como la Sedronar ya había iniciado un sumario administrativo por estos hechos, lo que se hizo fue agregar el procesamiento dictado por la jueza Servini de Cubría. Es de suma importancia destacar que debido a las falencias detectadas, en los últimos años se tomaron múltiples medidas para paliar la situación. Por ejemplo, se creó el Sistema Nacional de Trazabilidad de Precursores Químicos a partir de la resolución 16/13 de la Sedronar, que implementó con carácter obligatorio la presentación de informes sobre movimientos de sustancias para el universo de operadores. En este sentido, creo que el Registro Nacional de Precursores Químicos en la órbita de la Sedronar –conforme lo establecido en los artículos 44 de la ley 23.737 y 1° de la ley 26.045 tiene como objetivo garantizar mecanismos de transparencia, control y supervisión para tomar todos los recaudos necesarios. La Sedronar no posee facultades para celebrar convenios internacionales, tarea que corresponde a la Cancillería. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto posee, entre otras, la función de participación y representación en todos los procesos de integración nacional, como así también en los organismos internacionales. Desde esta perspectiva, la Argentina entrega toda la información reciente en cumplimiento de los convenios celebrados entre la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas –JIFE y la Sedronar, y la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la OEA –CICAD y la mencionada secretaría en materia de precursores químicos. La colaboración con la JIFE se produce en el marco de los convenios internacionales que pautan su funcionamiento, mientras que el trabajo con la CICAD se desarrolla sobre la base de la estrategia hemisférica sobre drogas, específicamente a través de las propuestas consensuadas por el grupo de expertos sobre sustancias químicas y productos farmacéuticos, propuestas que luego son ratificadas en las reuniones celebradas dos veces al año, a las que nuestros funcionarios concurren asiduamente. Me parece importante recordar que todo convenio suscripto debe ser ratificado por el Poder Legislativo; luego sus textos son de dominio público a partir de su publicación en el Boletín Oficial. En el informe correspondiente, que hemos distribuido entre los señores diputados, detallamos todas las personas físicas y jurídicas que fueron sancionadas administrativamente como consecuencia de los procedimientos iniciados a partir de la violación de la ley 26.045. Por lo tanto, me parece ocioso hacer algún comentario al respecto. Respecto de las preguntas formuladas por el señor diputado Mario Negri, digo lo siguiente: tenemos que hacer una evaluación desde el punto de vista de la política fiscal y de acumulación de reservas. En el período 2003-2008, la política fiscal fue expansiva. El objetivo era propiciar la expansión del gasto y de la inversión pública, con el objeto de motorizar la tasa de crecimiento de la actividad económica. En ese contexto, tuvimos la oportunidad de consolidar el superávit fiscal primario y financiero, que a su vez tenía su correlato en el superávit comercial y de cuenta corriente. Esto posibilitó una acumulación de reservas, que a su vez permitió la creación del fondo de desendeudamiento y la capacidad para que la República Argentina pueda amortizar los servicios de capital e intereses de deuda. Es bueno pensar que efectivamente hemos utilizado una herramienta, la política fiscal, como un incentivo concreto para el desenvolvimiento de la actividad económica. Como ustedes saben, muchos países, desde Estados Unidos hasta los de la Unión Europea –es decir, sumados, el cincuenta por ciento de la economía del mundo , pueden demostrar con mucha profundidad que tienen un problema de financiamiento desde el punto de vista fiscal. Pero resultó que la política fiscal fue expansiva y la política de acumulación de reservas, contracíclica. Por lo tanto, la República Argentina utilizó 43.000 millones de dólares de acumulación de reservas para amortizar deuda. Cabe aclarar que se trata de una deuda que no contrajo este gobierno, pero que honra por el mandato de la continuidad jurídica. Me parece que es muy importante remarcarlo, porque con un escenario de tasas sustancialmente bajas, equivalentes al 0,3 por ciento como promedio de colocación desde el punto de vista de una imposición financiera, fue beneficioso utilizar las reservas con ese objetivo desde el punto de vista de la generación de recursos y de la alta volatilidad de la cotización de monedas extranjeras y también del oro. Hablo del oro porque precisamente ayer su pérdida de valor fue de 60 millones de dólares en el volumen total de reservas del Banco Central, y en ese contexto el monto total de oro líquido disponible dentro del volumen total de reservas es equivalente a 3.000 millones de dólares. Lo que nos parece muy importante es reconocer que la política fiscal expansiva y el proceso de acumulación de reservas como política contracíclica permitieron utilizar un activo generado por un círculo virtuoso de crecimiento de la actividad económica para amortizar deuda. Por lo tanto, la variación patrimonial ha sido equivalente a cero, y creo que ha mejorado sustancialmente una posición relativa: la deuda pública, que era equivalente al 75 por ciento en manos privadas de moneda extranjera, hoy es equivalente al 8 por ciento, y esto obviamente constituye una mayor autonomía desde el punto de vista fiscal y financiero. Pero la Argentina ha logrado cancelar integralmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional por casi 9.500 millones de dólares. La Argentina ha tenido que afrontar compromisos por 190.000 millones de dólares durante once años de gestión. Finalmente, la Argentina ha tenido la posibilidad de reestructurar la deuda pública 2005-2010 y ha venido cumpliendo en forma regular sus obligaciones. Entonces, lo que nosotros queremos reafirmar categóricamente es, en primer lugar, que la política fiscal ha sido elaborada con el objetivo de garantizar la inclusión social, una mayor equidad en la distribución del ingreso y una mayor expansión de la actividad económica para fomentar los niveles de empleo y consolidar la base de recaudación. En segundo lugar, entendemos que la cuestión del resultado fiscal está fuertemente incidida por el impacto que tiene el tema de subsidios, asociado al tema de importación de energía. Es decir, la energía ha tenido un abrupto incremento de su demanda como consecuencia de la recuperación del poder de consumo de la población –con lo cual hubo una mayor adquisición de electrodomésticos y la reactivación y recuperación de la actividad económica y también desde el punto de vista comercial e industrial. Ello implicó que uno deba tomar el resultado fiscal de dos maneras distintas: con subsidio de energía o sin subsidio de energía. Si lo toma sin subsidio, obviamente el resultado fiscal es positivo en casi 2 puntos del producto en materia de resultado primario, y prácticamente equilibrado en materia de resultado financiero. Entonces, es muy importante remarcar, en primer lugar, que el gobierno no se endeudó, sino que se desendeudó. En segundo término, la lógica de incremento del volumen total de deuda en dólares es producto de la capitalización de amortización de capital e intereses; parte se reprograma, parte se consolida y parte, obviamente, es lo que permite afrontar los escenarios desde el punto de vista del flujo de vencimientos anualizado. Por lo tanto, lo que nosotros hemos observado de una manera clara, objetiva y contundente es que tenemos que ver la relación técnica existente entre deuda y producto, y esta relación hay que analizarla entre deuda bruta y neta, y dentro de la deuda neta, la deuda en manos privadas en moneda extranjera. Ahí me parece que resulta absolutamente claro y contundente que la Argentina se desendeudó y tiene menos deuda en moneda extranjera en manos privadas. Insisto, del 75 por ciento de incidencia en el producto bruto interno en 2002, pasa al 8 por ciento en 2014, lo que con claridad constituye una estrategia muy promisoria. En tercer lugar es necesario afirmar algunas cuestiones de modo categórico. La relación de la Argentina con los organismos multilaterales de crédito es la siguiente. En la década del noventa la participación relativa del financiamiento del Banco Mundial era del 56 por ciento del total de financiamiento de organismos internacionales, y hoy es del 21 por ciento. La Corporación Andina de Fomento creció al 22 por ciento, y en ese contexto la República Argentina en los últimos once años ha amortizado casi 7.800 millones de dólares con el Banco Mundial y 2.700 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene una deuda total con los organismos multilaterales de crédito de 19.538 millones de dólares. A su vez, tiene la particularidad de contar con saldos sin desembolsar equivalentes a 4.200 millones de dólares. Para el transcurso de este ejercicio fiscal tenemos 660 millones de dólares de aprobación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Como una estrategia el Banco Mundial… Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- La Presidencia solicita al señor jefe de Gabinete de Ministros que redondee su respuesta. Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Iré contestando el resto de las preguntas en el transcurso del debate, pero con el permiso de la Presidencia quisiera redondear un concepto, porque hay muchas inquietudes referidas a la base monetaria y las reservas. El volumen total de la base monetaria en nuestro país es equivalente a 390.997 millones de pesos, lo que equivale al 9,5 por ciento del producto interno bruto, y la variación interanual es del 19,8 por ciento, lo que equivale a 64.568 millones de pesos. Los depósitos en pesos han tenido una variación de 127.361 millones de pesos, o sea, del 29 por ciento interanual. A su vez, el volumen total de depósitos en pesos asciende a 750.950 millones de pesos. Para la versión taquigráfica estableceremos esto con claridad. Los plazos fijos del sector privado son de 260.059 millones de pesos, con una variación interanual del 29,7 por ciento, y 60.972 millones de pesos es el efectivo incremento en el transcurso del período interanual. Tenemos distintas tasas de interés de bancos privados: 21,2 por ciento es el equivalente de la Badlar; para plazos fijos de hasta 100.000 pesos, de 18,9 por ciento; 23,3 por ciento por adelantos a empresas de más de 10 millones de pesos; con 7 días de plazo, 23,3; documentos descontados a 90 días, 25,4 por ciento; 19,1 por ciento de cola a un día, y pases de reposición entre terceros a un día de 18,6 por ciento. Según el dato del mes, el balance total del Banco Central de la República Argentina en millones es equivalente a 118.922 millones de pesos, y la variación de activos ha sido muy significativa en 2014, equivalente a 185.633 millones de pesos. Desde el punto de vista de la relación correspondiente del patrimonio neto ha tenido una variación positiva de 11.654 millones de pesos. Las reservas al día de ayer son de 28.548 millones de dólares. El resto de las inquietudes las iré respondiendo a medida que transcurra el debate. Sr. Negri.- Pido la palabra para pedir una aclaración. Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Corresponde otorgar el uso de la palabra al resto de los bloques, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, quien comparte con el señor diputado Alegre el tiempo de 25 minutos del que dispone el bloque del Frente Renovador. Sr. Giustozzi.- Señora presidenta: agradecemos la presencia del señor jefe de Gabinete de Ministros. Los reclamos de todos los bloques de la oposición respecto de la mecánica de funcionamiento de esta Honorable Cámara han sido claros y reiterados. Pero al mismo tiempo deseo agregar que la modalidad de presentación de preguntas cuyas respuestas son recibidas bastante tiempo después resulta extemporánea. Además, al ritmo de la evolución de las principales variables macroeconómicas, dichas respuestas prácticamente se convierten en piezas de museo apenas dos o tres meses después. A principios del año en curso, allá por el mes de enero o febrero, pedimos la revisión del presupuesto, porque había quedado superado por la realidad. Se había estipulado un tipo de cambio y metas de inflación que han sido larga y dramáticamente superadas por la realidad, con todas las consecuencias que eso ha traído en este tiempo y que seguimos advirtiendo, en el sentido de que se ha profundizado la situación de debilidad y se ha registrado una alta vulnerabilidad en los sectores más populares de la República Argentina. Resulta claro que unos y otros integrantes de las diferentes bancadas han puesto de manifiesto la necesidad de modificar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y de poner al acento sobre la preocupación que significa la pérdida de puestos de trabajo, las suspensiones, la caída del poder adquisitivo del salario y el retraso de los ingresos en los programas sociales. A esto debe agregarse el fracaso de las políticas sociales, que finalmente no han generado una mayor inclusión integral, sino que han pasado a constituir un parche que parece incorporarse a una cadena de parches que no terminan de resolver el problema. Sabiendo todo esto, en la oportunidad anterior le trasladamos al señor jefe de Gabinete de Ministros una preocupación que recorre la República Argentina de una punta a la otra. A nosotros particularmente nos preocupa y, al mismo tiempo, nos conmueve la velocidad, la profundidad y el impacto que tiene la problemática de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. En este sentido quiero recordar un informe de la OEA que fue confeccionado a partir de determinadas estadísticas. Sabemos que muchas veces se desalienta la posibilidad de que un vecino común realice una denuncia para evitar que ella genere un impacto en esas estadísticas. No obstante, el citado organismo aclaró y puso de manifiesto que la Argentina está entre los países que registran el mayor índice de delitos por habitante. Concretamente, se registran 973 delitos por cada cien mil habitantes. De esta forma, nuestro país se ubica a la cabeza en esta materia, seguido por otras naciones. Así, por ejemplo, en Brasil se registran 415 delitos por cada cien mil habitantes; en Chile, 542, y en Uruguay, 410. De manera tal que la Argentina es el país de América Latina que tiene el mayor índice de robos. Esto es algo indiscutible y constituye una cuestión de Estado respecto de la cual no podemos mirar hacia otro lado. Quiero decir humildemente que nos preocupa que el señor jefe de Gabinete de Ministros reiteradamente insista en que solamente se trata de un problema de las provincias. Sabemos y anticipamos el fracaso de la política de seguridad en muchas de ellas, especialmente en la de Buenos Aires. Durante estos años se han dicho muchas cosas. Pero yo quiero recordar que desde 2007 este tema, que el gobierno niega sistemáticamente y trata como un problema a veces de índole mediática o de sensaciones, no es nada más ni nada menos que una realidad que convive con nosotros, pero al mismo tiempo nos llama a la puerta de manera desesperada. Porque son cientos de miles los argentinos y los bonaerenses que, angustiados por esta situación, ven que la respuesta es que uno le tira la pelota al otro, y a veces aparecen algunas denuncias altisonantes que no llegan demasiado lejos. Quiero leer unas palabras dichas en abril de 2004 por el entonces presidente de la Nación respecto de un Plan Estratégico de Justicia y Seguridad. Decía: “Tenemos que proceder, caiga quien caiga, limpiar la fuerza, premiar la honestidad y devolver la confianza en las instituciones a la gente. Esto hay que hacerlo sin ningún tipo de concesión, no hay salidas intermedias.” En la oportunidad anterior, al jefe de Gabinete le hemos preguntado si el Consejo Federal de Seguridad Interior ha tomado cuenta del crecimiento del delito en la República Argentina. Si durante el transcurso de las elecciones pasadas se decidió estar presentes en algunos puntos en donde la problemática aparecía con mayor intensidad, como el conurbano bonaerense, ¿por qué se retiraron? ¿Por qué se interrumpió el programa de seguridad ciudadana, que implicaba dar oportunidad a los municipios que tuvieran al menos una mínima capacidad para complementar a quienes tenían la responsabilidad principal, que eran las jurisdicciones provinciales? Tengo un sinnúmero de estadísticas, que –insisto están amortiguadas por la gran mentira de esta Argentina, que son las estadísticas. Es cierto que en una y otra repartición desalientan a los vecinos a hacer las denuncias porque nos pondría una mala nota en los diarios; hoy nos pondría una mala nota frente a otros países. No nos interesa la mala nota en los diarios o en otros países, sino la situación de angustia que viven cientos de miles de bonaerenses y argentinos. Queremos rescatar que se propuso la creación de una agencia federal de investigaciones y seguridad interior, un área de investigaciones criminales y un cuerpo nacional de paz, compuesto por seis mil hombres de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, dándoles capacidad técnica, condiciones tecnológicas y mejor remuneración, en un programa coordinado de una punta a la otra del país, concentrados en los puntos más calientes de la República Argentina. Reitero la necesidad de hacerlo en el conurbano bonaerense. Esa situación hubiera permitido, con la legislación vigente –y mal que le pese al propio gobierno , hacer mucho más que un discurso y patear la pelota afuera. Si se puede hacer, si existe la legislación y si existió el problema -que también sigue estando-, ¿por qué no se hace? ¿Qué es lo que está haciendo y cuáles son los avances del Consejo Federal de Seguridad Interior en esta materia? Las funciones serían agrupar y coordinar a todas las fuerzas de investigaciones federales involucradas en el crimen organizado para evitar el avance de un flagelo que todos reconocemos, como el narcotráfico, que perfora a las policías provinciales. Esto no debe ser parte de un discurso, sino que debe ser una acción. Estamos en el Parlamento. Quizá quienes venimos de cumplir cargos ejecutivos tenemos la vocación de que no se hable tanto y hagamos más cosas. No querría que nos fuéramos con la angustia de que pasamos por esta sesión sin hacer demasiado, hablando mucho y no reconociendo un problema que sufren y padecen cientos de miles de argentinos. Es algo que nos toca una y otra vez por un vecino común, por un familiar, por un amigo; ocurre a la vuelta de la casa, en la esquina o en el supermercado. Todo a plena luz del día. Debemos convocar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a las fuerzas federales y provinciales sin miramientos y sin especulación política. ¿Qué está pasando en materia de seguridad en la República Argentina? Es el fracaso de la provincia de Buenos Aires en su entorno con la Ciudad de Buenos Aires; es el fracaso de la Ciudad de Buenos Aires para poder avanzar en políticas coordinadas y que al mismo tiempo sean efectivas. Deben dejar de lado la disputa política, pero dar una respuesta concreta. ¿Cómo se puede hacer? Trabajando, tomando decisiones, etcétera. Tengo un deseo personal seguramente compartido con todos los que están acá para que durante el día de hoy, mientras estamos en esta sesión usted, señor jefe de Gabinete, se pueda comunicar con la señora ministra de Seguridad y con el secretario del área para que esta sesión se transforme en una reunión de trabajo con el fin de ver qué están haciendo y aportar ideas si las tenemos. Nos dijeron que la Gendarmería no solamente iba a ir por las elecciones al conurbano bonaerense, sino que iba a quedarse para tranquilidad de los vecinos. Se iba a quedar ante el fracaso de la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se fue? Necesitamos saber por qué se fue la Gendarmería de la forma que lo hizo del conurbano bonaerense. La situación es cada vez más complicada. No podemos mirar para otro lado, porque estamos en una situación de angustia. Seguramente a muchos de ustedes les ocurre lo mismo que a mí: vamos al supermercado, a la esquina o a cortarnos el pelo y nos interrumpe algún vecino para decirnos que hay que hacer algo. ¿Qué es ese algo que hay que hacer? No se trata de patear la pelota para otro lado. Señor jefe de Gabinete: todos sabemos que en tiempos fundacionales la República Argentina es posterior a la formación de las provincias. Además, las provincias no le cedieron al país la seguridad interior. No le cedieron al gobierno federal la potestad y la jurisdicción de la seguridad de sus provincias. También sabemos que esto no puede ser una excusa para permanecer perplejos e impotentes frente a una realidad que crece y que a fin de año va a ser peor. Nadie duda de que este año es peor que el año pasado, aun cuando escondan las estadísticas. La situación delictual crece año tras año. Estamos viviendo una coyuntura complicada y debemos tomar cuenta de ello. Por eso quiero saber cuál es la posición del gobierno nacional frente a un dato que recorre los pasillos de ministerios, de juzgados y del Estado en sus diferentes niveles. Incluso, en esta propia casa hay denuncias entrelíneas hechas por funcionarios nacionales y por dirigentes de distintos partidos políticos. ¿Qué pasa con esto que se comenta en cuanto a que existe un vínculo entre la política y el delito, además de ciertos sectores de la policía cruzados por la corrupción, donde encuentra tierra fértil el avance del narcotráfico? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional que no convoca a todos los sectores para ver si esto es una especulación o una realidad? La información que tienen muchos dirigentes políticos –quizás sin una prueba contundente y sin ningún escrito, porque nadie filma que está cometiendo un delito de estas características es que como en otras épocas existe una compraventa de comisarías en la provincia de Buenos Aires por nivel de recaudación. La policía, cruzada por la corrupción, muchas veces está siendo presionada para la constitución de cajas, de recursos económicos que cruzan de una punta a la otra la política y al mismo tiempo impiden a las fuerzas de seguridad cumplir con eficacia sus deberes. También hay que decir con todas las letras qué sucede con el Poder Judicial. ¿Cómo podemos permanecer impotentes frente a una situación así y lo único que se nos ocurre son palabras para patear la pelota afuera? Cada uno, dentro del rol que le toca, tiene que hacerse cargo. Hoy estamos en el Parlamento nacional como representantes del pueblo. No podemos irnos de este lugar sin dejar pasar la oportunidad de escuchar cuántas veces se convocó y con qué objetivo participaron los ministerios públicos de las distintas jurisdicciones. El Ministerio Público Federal y las distintas áreas de investigación tienen una estrategia común y coordinada para atacar el narcotráfico y el delito organizado, pero al mismo tiempo atacar la corrupción sistémica que existe en el Estado alentando la corrupción policial, muchas veces emparentada con una mirada liviana del Poder Judicial. También hay que decir que escuchamos que muchas veces en el propio Poder Judicial la liviandad no viene de la mano de un falso garantismo sino que existen cambios de carátula que también tienen precio en el mercado. Eso es lo que estamos viviendo. Alguien se tiene que hacer cargo de esta situación, y no puede ser que el gobierno federal mire para otro lado. Si el gobierno de alguna provincia no se hace cargo de lo que le corresponde, los municipios terminan quedando aislados, sin herramientas suficientes y sin recursos. Reitero la pregunta: ¿por qué se interrumpió el programa de seguridad ciudadana implementado en el año 2008, que permitía contar con algunos recursos para cumplimentar las tareas de seguridad que podían desarrollar nuestras fuerzas? ¿Por qué no se avanzó en estos tópicos que se establecieron en esa época? No sólo hay que hacer discursos sino que tiene que existir una capacidad y un sentido de responsabilidad para asumir este tema como una política de Estado. - Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo. |
