Debate y votación de la siguiente solicitud de comparecencia






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BORRADOR
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SIGUIENTE SOLICITUD DE COMPARECENCIA:

-DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, PARA EXPLICAR LAS RAZONES QUE LE HAN LLEVADO A TOMAR TAN DRÁSTICAS MEDIDAS AL PRESENTAR SU DIMISIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001557)
El señor PRESIDENTE: Empezamos la sesión.

En primer lugar, debemos hacer una votación de trámite, dado que en la reunión de Mesa y Portavoces de la semana pasada contemplábamos dos propuestas para la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: la que hacía yo mismo para que su comparecencia fuese a fin de presentar la memoria anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otra que ya estaba solicitada por el Partido Popular para que la comparecencia, por el contrario, se centrase en la explicación de las razones de su anunciada dimisión. Esta segunda solicitud tuvo que ser votada y rechazada en la Mesa. Como saben, al ocurrir esto, automáticamente ha de ser sometida a votación en el pleno de la Comisión nada más comenzar nuestra reunión. No reproduzco los argumentos con el fin de no reabrir el debate y pasar a la votación inmediatamente. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pujalte, acabo de insistir en ello.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: No es por reabrir el debate, es que ha dicho que la petición de comparecencia del Grupo Popular sustituye a la otra y, no era así, era acumular. De sus palabras parece que se entendía que la comparecencia solicitada por el Grupo Popular era para sustituir al informe y, no, era para acumular; simplemente quería añadir que es una comparecencia de acumulación.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la propuesta era para acumularla pero, dado que nosotros no considerábamos esta propuesta del Partido Popular acorde con el Reglamento, la sometimos a votación y fue rechazada. Por esa razón hay que someterla a votación ahora mismo. (El señor Martínez-Pujalte López: No quieren que comparezca para explicar su dimisión, no puede hablar de la dimisión.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Ha sido rechazada.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CONTHE GUTIÉRREZ), ACORDADA POR LA COMISIÓN, PARA DAR CUENTA DEL INFORME ANUAL SOBRE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MERCADOS DE VALORES, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 24/1988, DEL MERCADO DE VALORES. (Número de expediente
El señor PRESIDENTE: Así pues, la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es para informarnos de la memoria anual de dicho organismo y a estos efectos tiene la palabra el compareciente.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Conthe Gutiérrez): Señorías, comparezco hoy ante ustedes por última vez como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para presentarles el informe anual correspondiente al año 2006, para hacerles, al hilo de ese informe y de mi experiencia como presidente durante dos años y medio, algunas propuestas de mejora sobre el futuro de la institución y, en fin, para explicarles la dimisión que con carácter irrevocable presentaré por escrito en breve ante don Pedro Solbes, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.

Teñidas por la nostalgia de quien deja un cargo que le apasionaba, mis palabras serán, sin embargo, optimistas. Defraudarán a cuantos las hubieran querido transidas de ira o de espíritu apocalíptico, aunque no pretendan tampoco ser parangón de la tercera de las virtudes que, según Mark Twain, la bondad divina regaló al pueblo americano; la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la prudencia de no practicar nunca ninguna de ellas.

Quiero agradecer al presidente de esta Comisión, don Antonio Gutiérrez, que haya acelerado la comparecencia ordinaria para presentar el informe anual y que me haya permitido aprovecharla para que explique mi anunciada dimisión.

Comenzaré con un resumen sucinto del informe anual correspondiente a 2006. El informe anual es un trabajo conjunto de toda la casa y está dirigido por la dirección de servicios y, muy en particular, por don Julio Segura, un consejero que ha prestado especial atención a este trabajo, que tiene una calidad creciente como ustedes habrán podido comprobar. Este informe anual además se está complementando por actuaciones adicionales como son la publicación de una serie de monografías y dentro de muy poco por la aparición de un boletín trimestral en donde, de nuevo, sin hacer menciones específicas, sí querría señalar que don Julio Segura ha tenido un protagonismo y ha tenido una labor de impulsión muy destacada.

En lo que atañe a mercados, y empezando por los de renta variable, quizá el año pasado, y lo transcurrido de este, se destacó por las muy numerosas salidas a bolsa, aunque, hay que reconocerlo, el número total de sociedades cotizadas siga siendo de aproximadamente 185. Aun así queda claro que el mercado español tiene capacidad para atraer a nuevos emprendedores, incluso poseedores de compañías de una dimensión limitada.

Por otro lado, el año pasado hubo un gran éxito en la aplicación por las sociedades cotizadas de las Normas Internacionales de Contabilidad. Fue elevadísimo el porcentaje de las opiniones favorables en los informes de auditoría que alcanzaron máximos históricos y ha habido también un excelente trabajo de un grupo de expertos contables, llamado GEC, que, iniciado por mi antecesor Blas Calzada, y bajo la dirección de uno de los directores de la casa, don Rafael Sánchez de la Peña, ha servido para crear una jurisprudencia sobre cómo aplicar las normas a casos concretos y está alimentado las bases de datos de dos órganos internacionales, que son el Comité Cesarfin y en el ámbito de Iosco, un comité que se dedica específicamente a las cuestiones contables y ahí precisamente esa labor pionera del grupo de expertos contables está haciendo que España tenga un singular protagonismo.

En mayo de 2006, como es bien conocido, se aprobó el Código unificado de recomendaciones de buen gobierno para las sociedades cotizadas y si es verdad que al principio se hizo bueno el dicho que siempre citaba una de las expertas que integraron el grupo Ana María Llopis, que habla más don Lamento que don Contento, muchas sociedades están siguiendo voluntariamente las recomendaciones. Pronto la CNMV adaptará la circular de Gobierno corporativo para los informes del año que viene.

Quiero decir también en paralelo que ha habido un grupo especial en la Organización Internacional de Comisiones y Valores, Iosco, que elaboró también bajo mi presidencia un informe sobre la independencia de consejos de administración, que fue hecho público el pasado febrero durante la primera conferencia internacional sobre gobierno corporativo que se celebró aquí en Madrid, coincidiendo con la primera reunión en España del comité técnico de Iosco.

Las sociedades cotizadas están además siguiendo voluntariamente la recomendación que la Comisión Nacional del Mercado de Valores les dirigió en diciembre de 2005 para que aumentaran la transparencia de sus presentaciones analistas y a otros profesionales del mercado de valores. BME creó el nuevo mercado alternativo bursátil, el llamado MAB, pensado inicialmente para las sociedades de inversión de capital variable, pero que podrá incluir en el futuro pequeñas y medianas empresas que no deseen incorporarse a la cotización oficial.

Se emitieron también exchange trading fence (?) como gran novedad y la actividad de opas fue realmente febril. Hubo opas abundantes en número y en complejidad, no solo la de Endesa, a la que luego me referiré, sino otras como la de Metrovacesa. En muchas de ellas hubo además una multiplicidad de oferentes competidores.

Cabe señalar que la reforma que en 2003 el Gobierno llevó a cabo a instancias de este Parlamento en el sistema de ofertas competidores ha tenido un éxito y, como todos sabemos, ese régimen vigente cambiará en breve y de una forma significativa cuando entre en vigor la nueva ley relativa a ofertas públicas de adquisición. A ella me referiré más adelante.

Durante el año pasado se gestó la que hemos llamado iniciativa contra el abuso de mercado, un esfuerzo colectivo que la CNMV solo lidera contra la información privilegiada y la manipulación de cotizaciones. Hay ya en avanzado estado de preparación sendas circulares sobre negociación sobre acciones propias y operaciones de bloques. Aquí también de nuevo el grupo de expertos de mercado, un grupo integrado por profesionales de mercado y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se ha constituido en un valiosísimo foro de debate y diálogo entre el supervisor y el mercado. En lo que atañe a renta fija, tras la simplificación del régimen de emisiones y admisiones que se produjo por la trasposición en 2005 de la directiva comunitaria sobre folletos, el año 2006 fue el primer año de aplicación de la nueva normativo. Hubo un proceso de agilización de tales emisiones. En el año 2006, destaca la creciente emisión de valores de renta fija, especialmente las vinculadas a titulización del mercado hipotecario. España fue el segundo país de la Unión Europea en volumen de titulizaciones, después del Reino Unido. Finalmente, en lo que atañe a infraestructuras de mercado, todos sabemos que el grupo Bolsas y Mercado Españoles salió a cotizar en bolsa. En el ámbito internacional, hubo operaciones corporativas significativas en mercados internacionales, entre los que destacó la unión entre el mercado europeo Euronext y la bolsa de Nueva York y que se produjeron dos grandes iniciativas referentes a compensación y liquidación de valores. Por un lado, la aprobación del código de conducta que impulsó el comisario McCreevy y, por otro lado, el lanzamiento del proyecto Target 2 securities por el eurosistema.

Pasamos ahora a intermediarios financieros. El año estuvo presidido por los trabajos de preparación del llamado nivel 3 de la directiva de mercados e instrumentos financieros. A tal efecto, de nuevo constituimos entre la CNMV y los expertos del mercado un grupo de expertos sobre intermediación financiera. Nos consta que las entidades financieras españolas se están afanando por aprobar en su seno planes de adaptación. Se finalizó la normativa sobre instituciones de emisión colectiva de inversión libre, los llamados popularmente ¿¿?? y fondos de ¿¿?? y se produjeron las inscripciones de las primeras instituciones de esa naturaleza. También se crearon nueve gestoras dedicada a este tipo de instrumentos y catorce de las antiguas ampliaron su actividad para poder gestionar estas. Se completaron durante el ejercicio las primeras inspecciones de las labores de comercialización de productos financieros por entidades de crédito y se constató que, junto a ese esfuerzo elogiable de las entidades por mejorar en esta materia, todavía quedaban algunas debilidades, como las que atañían a la estructura organizativa de la entidad para prevenir conflictos de interés en las pruebas de idoneidad para comparar la adecuación entre el producto ofrecido y los intereses del cliente y para la actividad publicitaria llevada a cabo por las entidades. Por lo que respecta a otros intermediarios y, en particular, instituciones de inversión colectiva, también la CNMV, en colaboración con las entidades y sociedades gestoras, está corrigiendo determinadas malas prácticas que las labores de supervisión de la CNMV han constatado, entre ellas, en materia de retrocesión de comisiones por las inversiones que realizan los fondos en otros fondos. También se han constatado y se están corrigiendo ciertas deficiencias en los procedimientos de asignación y desglose de operaciones y también estamos analizando y corrigiendo las excesivas comisiones de ¿¿?? que a veces cargan algunos intermediarios financieros a los fondos de inversión de su grupo. Quiero señalar que hemos hecho una intensa labor inspectora de las sociedades gestoras de fondos de titulización, acorde precisamente con la actividad titulizadora tan enorme que están llevando a cabo. Finalmente, en esta materia, quiero decir que el número y la actividad de las entidades de capital riesgo registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores creció de forma significativa.

Concluyo haciendo una referencia al ámbito de los inversores, uno de los grandes objetivos que anima las actividades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Son en realidad dos los grandes objetivos que la CNMV tiene en esta materia. En primer lugar, favorecer que las entidades financieras apliquen a sus clientes minoristas las mejores prácticas, que deben ser acordes con la nueva Ley de consumidores y usuarios, que ustedes aprobaron el pasado diciembre, y con las normas de conducta que están ínsitas en la directiva sobre mercados e instrumentos financieros. Al mismo tiempo, la CNMV pretende formar e informar a los inversores para que comprendan y evalúen los riesgos a los que se exponen.

Eso se ha plasmado en una gama incipiente de medidas que espero tengan un desarrollo mucho más profundo en los meses venideros. En primer lugar, la CNMV está mejorando la información que difunde a los inversores. De ahí que estemos a punto de sacar una información comparativa en nuestra propia página web sobre fondos de inversión, lo que hemos dado en llamar buscador amigable, que previsiblemente el jueves de esta semana se pondrá en pruebas a disposición del público. También haremos algo parecido un poquito más adelante en lo que atañe a comparación de tarifas de comisiones y a otras actividades aplicadas por entidades financieras. Hemos revisado el contenido de esa página, ese rincón del inversor que tenemos en nuestra página web, y vamos a difundir mensualmente un boletín electrónico -NewsLetter- para beneficio de los inversores. Estamos empeñados no solo en que la CNMV mejore la información que ella misma da, sino también en colaborar con las entidades financieras para que ellas difundan una mejor información, en primer lugar en lo que atañe a las comunicaciones comerciales, de forma que hemos fijado criterios para los anunciantes y para los inversores en relación con la publicidad financiera, buscando, lógicamente, descansar en la autorregulación. También queremos potenciar el uso de Internet e incluir en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la dirección de la página web de las entidades registradas, así como links (?) recíprocos. En cuanto a los contratos, folletos y tarifas que aplican las entidades financieras, debe mejorarse su contenido y simplificarse su lenguaje, además de suprimirse las tarifas máximas y sustituirse por las, efectivamente, aplicadas a los inversores. Finalmente, en materia de diálogo vamos a reactivar el foro de diálogo sobre protección del ahorrador que ya la CNMV creó con los servicios de atención al cliente de las entidades financieras y desde luego reforzaremos la cooperación institucional con el Banco de España y con la Dirección General de Seguros, conscientes todos de la enorme independencia que existe entre los diversos productos financieros.

Como colofón de esta primera parte de mi intervención, resumiré telegráficamente algunos de los principales desafíos y tareas a los que se enfrentan la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los mercados de valores españoles. Primero, el mantenimiento del atractivo del mercado español para nuevas empresas y emisores. Segundo, la adaptación a la Directiva de mercados de instrumentos financieros, la Directiva MIF, tanto en lo que atañe a los mercados como a los intermediarios financieros. Tercero, la culminación de la iniciativa contra el abuso de mercado, la llamada ICAM, incluida la potenciación de la capacidad de la Comisión Nacional para usar medios de investigación en casos de abuso de mercado adecuados a la naturaleza de las infracciones. Cuarto, la conclusión de la reflexión estratégica sobre el futuro de los mercados financieros españoles en el seno de la Unión Europea, tanto en lo que atañe a la negociación como a las infraestructuras de registro, compensación y liquidación. Quinto, la mejora en el gobierno corporativo de las sociedades gestoras de inversión colectiva. Sexto, el lanzamiento, como señalaba, de un gran programa de formación e información del ahorrador en colaboración con el Banco de España y seguros. Séptimo, la adopción de un modelo de supervisión financiera en España basado en el modelo de Twin Peaks, con traspaso inmediato, si fuera posible, al Banco de España de la supervisión de la solvencia de todos los intermediarios financieros, incluidas las empresas de servicios de inversión, es decir, las sociedades y agencias de valores y las sociedades gestoras de cartera. Y octavo, la potenciación de España como sede de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, Iosco, y la activa participación de la Comisión Nacional en el Comité César y en Iosco.

Tras esta sucinta panorámica del informe anual y de los desafíos pendientes para la CNMV, acogiéndome a la generosidad del presidente de la Comisión y de SS.SS., paso a explicarles la renuncia que les anuncié el pasado 2 de abril. Desearía aclarar antes que nada que, al solicitar aquel lunes santo una comparecencia especial, no pretendía echarle un pulso o lanzarle un órdago ni al Parlamento ni al Gobierno ni a nadie, sino expresar mi respeto y sometimiento a esta Comisión de Economía, a quien corresponde controlar y fiscalizar cada vez con más rigor la actuación de aquellos organismos públicos económicos que, como la Comisión Nacional, son independientes del Gobierno. La independencia de la Comisión Nacional frente al Gobierno es indisociable de las obligaciones de rendición de cuentas ante el Congreso y de transparencia pública que están consagradas desde hace años en la Ley del Mercado de Valores, pero ni esa independencia ni sus concomitantes obligaciones han calado todavía ni en nuestra Administración ni en nuestro Parlamento ni en la opinión pública.

Por fortuna, la polémica pública suscitada estos días por mi anuncio de dimisión está contribuyendo a popularizar tales conceptos. El concepto de independencia o autonomía frente al Gobierno de ciertos organismos, agencias o autoridades administrativas, nació en los Estados Unidos a principios del siglo XX, como han destacado algunos ilustres juristas españoles, como Gaspar Ariño, Tomás Ramón Fernández o Andrés Betancor. En Francia se plasmó en 1978 en la creación de la Comisión Nacional de Informática y Libertades, la primera de las luego llamadas autoridades administrativas independientes. En España ese concepto tuvo su primer reflejo en 1980 en el Consejo de Seguridad Nuclear, pero pronto se trasladó al ámbito económico y tuvo su segunda manifestación en 1988 cuando la Ley del Mercado de Valores creó la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la configuró a imagen y semejanza de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. Poco tiempo después, siguiendo la estela del Tratado de Maastricht y el modelo del Banco Central alemán, el mítico Bundesbank, el Congreso aprobó en 1994 la Ley de Autonomía del Banco de España. Así pues, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde sus orígenes, y el Banco de España, desde 1994, se configuraron como organismos independientes del Gobierno.

Por desgracia, en posteriores legislaturas, el concepto de organismo o agencia independiente se fue desvirtuando y se crearon otras llamadas comisiones nacionales, como la de telecomunicaciones o la de la energía, cuyo nivel de independencia respecto al Gobierno fue menguando. Ocurrió con ese concepto de independencia algo parecido a lo que ocurrió en el ámbito de las sociedades cotizadas con los llamados consejeros independientes, cuya independencia era hasta ahora, con honrosas excepciones, solo de nombre. La vigente Ley del Mercado de Valores reconoce la plena independencia o autonomía de la comisión nacional frente al Gobierno. Su artículo 14.6 exige taxativamente al Gobierno y al Ministerio de Economía que respeten su ámbito de autonomía. Y el párrafo último de su artículo 13 deja meridianamente claro que el presidente de la comisión nacional rinde cuentas a esta Comisión de Economía del Congreso, no al Gobierno. Por desgracia, los nobles pronunciamientos de las leyes quedan con frecuencia desvirtuados por quienes las aplican a diario. No en balde el refranero francés advierte que es preferible dirigirse a Dios que a sus ángeles. Por eso, aunque en esta ocasión tenga el raro privilegio de dirigirme a un celestial Parnaso de legisladores, permítanme que les relate algunas peripecias cotidianas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando debe dirigirse a los ángeles, arcángeles, coros, serafines y, sobre todo, dominaciones que pueblan la Administración del Estado. Así quien descienda desde el Olimpo de la Ley del Mercado de Valores hasta el gigantesco organigrama del Ministerio de Economía y Hacienda verá maravillado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores aparece como dependiente de la subsecretaria del ministerio, emparejada no con el Banco de España, del que no hay vestigio en ese organigrama, sino de organismos tan independientes como el Parque Móvil –antes del ministerio, hoy del Estado- o el Comisionado para el Mercado de Tabacos. Por eso, todas las primaveras los ángeles de la subsecretaria compiten con los dioses de esta Comisión de Economía y reclaman de la comisión nacional una memoria de actividades para integrarla en la de la subsecretaria y en vísperas de las vacaciones de verano, preocupados por que no decaiga la cadena de mando, nos reclaman que les comuniquemos qué altos cargos se quedaran de guardia. Tampoco andan a la zaga en su espíritu controlador las dominaciones del Gobierno, pues desde 1996 vienen atribuyéndose una supuesta competencia que esgrimen frente a la comisión nacional, pero no, curiosamente, frente al Banco de España, para someter a la oferta de empleo público y autorizar, una a una, cualquier contratación de empleados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como reciente colofón, hace apenas una semana los serafines de la Oficina económica del presidente del Gobierno invitaron a la presentación en Bolsa de su informe económico a algún distinguido vicecargo de una nueva institución de la que yo les confieso no tenía noticia, la llamada Comisión Nacional del Mercado de Valores del Ministerio de Economía y Hacienda.

Ironías aparte, la comisión nacional no es solo que deba gozar de un nivel de independencia similar al del Banco de España, más aún que esa independencia sea plena y aceptada por el Gobierno o por la Administración del Estado es mucho más necesario en el caso de la comisión nacional que en el Banco de España. ¿Por qué? En materia de política monetaria el gobernador del banco tiene tan solo un voto en el Banco Central Europeo, lo que priva esa facultad de cualquier interés político. Y en lo que atañe a la supervisión del sistema bancario y a la estabilidad del sistema financiero, el carácter técnico de las decisiones del banco, un merecido prestigio acumulado durante décadas, el escrupuloso respeto que por tradición y propio interés las entidades de crédito tienen hacia el supervisor de su solvencia y, en fin, la propia configuración de los órganos de Gobierno del Banco de España, cuyo consejo tiene funciones esencialmente ornamentales, hacen que cualquiera que sean las previsiones legales el gobernador del Banco de España siempre disponga de un amplio margen de autonomía y sea independiente no solo de iure, sino también de facto, con independencia de lo que digan las leyes.

La situación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es muy distinta. Las presiones que pueden llegar a gravitar sobre ella desde el Gobierno o desde el sector privado son mucho más intensas, variadas y continuas. Las sociedades cotizadas, cuya información financiera y cuyas operaciones corporativas supervisa, proceden de sectores muy dispares, algunos de los cuales tienen poca experiencia en materia de regulación o poseen una gran influencia social; esa influencia gravita en algunos casos sobre el propio Gobierno, como ocurre, por ejemplo, con los grupos de comunicación. Los directivos de algunas de esas empresas y grupos no siempre se han educado en una tradición de respeto a las instituciones públicas supervisoras tan acendrado como el los directivos de las entidades de crédito. Muchas operaciones corporativas que afectan a grandes sociedades cotizadas, incluso cuando no son de ámbito transnacional, suelen tener un impacto económico y social que les da una innegable dimensión política. Bajo esas premisas, es inevitable que se den ocasionales conflictos entre los dictados a corto plazo de la política económica y las normas reguladoras de los mercados de valores. Estas solo se pueden hacer cumplir por una institución pública muy profesionalizada, con gran autonomía frente al poder político y que en caso de conflicto goce de un amplio respaldo del Parlamento y de la opinión pública. Hans Tietmeyer, el que fuera gran presidente del Bundesbank alemán, lo repetía con frecuencia durante los casi ocho años que compartí con él en el Comité monetario de la Unión Europea: La independencia de una institución frente al Gobierno no puede descansar solo en las leyes, debe ser también entendida y respaldada por los políticos y por los ciudadanos.

¿Cómo reconciliar el principio constitucional de que la dirección de la política corresponde al Gobierno, consagrado en el artículo 97 de la Constitución, con la creación de organismos o agencias capaces de actuar con autonomía o independencia de él? Esa cuestión capital se debatió extensamente en 1991 por la Conferencia intergubernamental que alumbró el Tratado de Maastricht y la Unión Económica y Monetaria. La respuesta es que la independencia o autonomía frente al Gobierno de cualquier organismo público, trátese del Banco Central Europeo, el Banco de España, de la Junta de Seguridad Nuclear o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es democráticamente admisible solo si además de consagrada en una ley está compensada por un riguroso régimen de rendición de cuentas y control parlamentario, así como por unas exigentes reglas de transparencia que obliguen a la institución a explicar regular y públicamente sus decisiones.

Así pues, independencia frente al Gobierno, rendición de cuentas al Parlamento y transparencia pública son tres elementos indisociables. Quienes no atribuyan importancia a la transparencia o a la rendición de cuentas al Parlamento -y son muchos dentro y fuera de la Comisión Nacional- socavan, sin pretenderlo, su independencia. Por desgracia, la inercia institucional y legislativa ha hecho que la aparición de organismos administrativos independientes, aunque reconocida en sus leyes especiales, no tiene todavía reflejo en otras normas, incluido el Reglamento del Congreso. Recuerdo que cuando pregunté por primera vez en la Comisión Nacional qué tenía que hacer para comparecer ante esta Comisión de Economía y presentar el informe anual, supe que mis predecesores lo solicitaban a través del Gabinete del ministro. Intuí que el gobernador del Banco de España no pasada por esa horca caudina, y comprobé, en efecto, que el gobernador y el presidente de esta Comisión se habían inventado un inteligente procedimiento que respetaba la autonomía del primero frente al Gobierno. Primero fijaban por teléfono la fecha de la comparecencia y, acto seguido, el presidente de la Comisión de Economía conminaba al gobernador a comparecer. Como se ve, a veces hace falta un poco de imaginación para compensar la falta de adaptación de los viejos procedimientos a las nuevas realidades.

Tras haberles expuesto por qué mi solicitud de comparecencia no ha respondido a un arrebato de soberbia sino que fue el corolario de la función de control que tiene atribuida sobre la Comisión Nacional esta Comisión de Economía, paso a exponerles los motivos de mi renuncia al cargo. A mi juicio, la responsabilidad ante la opinión pública de quienes dirigimos instituciones públicas cuando se producen fallos graves en su funcionamiento es objetiva; esto es, nos es exigible incluso aunque no hayamos sido los causantes directos del fallo o no tengamos culpa alguna de que se haya producido. El código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, que el actual Gobierno aprobó en el año 2005 y al que me referiré de nuevo más adelante, así lo reconoce tácitamente cuando en su punto 11 afirma que los cargos públicos asumirán las responsabilidades en todo momento de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran legalmente exigibles. La razón de ese régimen de responsabilidad moral objetiva está en que, como expuse hace meses en el foro que me brindó uno de los diarios de mayor prestigio en España, el diario ABC, la percepción por los ciudadanos de la vida pública se rige por las leyes de la metonimia y la sinécdoque, de suerte que una institución y quien la preside se confunden en la percepción popular, como si fueran la misma cosa. En mi caso, escribí al director de un diario económico para pedirle que no abusara tanto de la sinécdoque entre CNMV y Conthe, y para recordarle que en la Comisión Nacional el poder decisorio lo ostentan los órganos colegiados: el Comité ejecutivo, integrado por cinco miembros, y el Consejo, que añade al Comité ejecutivo los dos consejeros externos.
Esa estrecha identificación entre la parte y el todo, entre una institución y quien y la preside, hacen casi imposible que un presidente pueda desmarcarse de la institución que dirige. En consecuencia, debe admitir el carácter objetivo de sus responsabilidades en caso de que la institución falle. La dimisión será, precisamente, el drástico remedio para reconocer públicamente el fallo, pedir disculpas y desligarse moralmente de él. En España este principio elemental de la vida pública es entendido pocas veces, pues muchos no saben distinguir entre los cánones morales exigibles a quienes ostentan funciones de relevancia social y el principio jurídico de presunción de inocencia. Algunos políticos, sin embargo, se han aplicado ese principio moral con extraordinario rigor. Aunque ha habido ejemplos en varios partidos, quiero destacar entre ellos a uno de los políticos más vocacionales y de mayor talla política e intelectual que han pasado por el Congreso y por el Ministerio de Economía y Hacienda: Carlos Solchaga. Este batallador navarro tuvo la gallardía de dimitir como portavoz parlamentario cuando se confirmó que otro servidor público, al que había propuesto en su día como gobernador del Banco de España, había cometido ciertas irregularidades a las que él era por completo ajeno. No recuerdo que mucho elogiaran públicamente la grandeza de aquel gesto y encomiaran el sacrificio personal que entrañó, pero a mí aquel episodio no me pasó desapercibido y me pareció tan ejemplar como las emocionantes palabras que había pronunciado casi 60 años antes otro gran ministro de Hacienda socialista, Indalecio Prieto: Cuando yo liquido conmigo -conmigo, porque llevo dentro de mí el más severo tribunal- las responsabilidades de aquella gestión y me miro íntimamente reconozco que, aunque modesto, desde aquella cartera presté servicio valiosos a mi país. Y añadía: Si un hombre adscrito a un ideal y puesto al servicio de él no tiene la abnegación suficiente para ir al fracaso, a destrozarse, a dejar en el cargo los jirones de un prestigio, populachero o no, ese hombre no es hombre de temple, es una escoria humana que no tiene utilización en la política, el arte más noble del mundo. Las crónicas aquí cuentan que los parlamentarios dijeron: Muy bien, muy bien.

Llegados a este punto, SS.SS. se preguntarán: ¿Cuál ha sido el fallo de la Comisión Nacional que ha llevado a su presidente a anunciar su renuncia? El fallo se produjo en el mañana del 2 de abril, cuando el Consejo de la Comisión Nacional, que, como dije, se compone de los cinco miembros del Comité ejecutivo más los dos consejeros externos, rehusó a abrir un expediente sancionador contra ENEL y Acciona, como le había propuesto a las nueve y media de esa mañana el Comité ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no solo su presidente. Antes de explicar en detalle por qué considera un error esa decisión o, por mejor decir, esa no decisión, permítanme que haga varias constataciones previas. La primera es que la CNMV actuó de forma irreprochable durante la larga opa sobre Endesa, desde que Gas Natural anunció su oferta el 5 de septiembre de 2005 hasta las nueve y media de lunes 2 de abril, lunes santo. A lo largo de ese periodo la Comisión Nacional tuvo un sinfín de actuaciones e intervenciones, que vistas en perspectiva constituyen un rico brocado tejido con gran profesionalidad. Mi única y exclusiva discrepancia se ciñe a la decisión que adoptó el Consejo aquel lunes santo. Especial elogio merecen los profesionales de la Dirección General de Mercados, cuya experiencia, absoluta imparcialidad y dedicación en el desempeño de sus funciones son un orgullo no solo para la Comisión Nacional sino un motivo de confianza para el Mercado Español de Valores. Tan meritoria actuación durante tantos meses en circunstancias tan adversas y bajo grandes presiones hizo especialmente doloroso para mí el error final porque, como escribió Gracián, ofende más la mancha en el brocado que en el sayal. La segunda constatación es que ni a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni a su presidente le corresponden juzgar las decisiones de política económica e industrial que dentro del amplio campo competencial que delimita el artículo 97 de la Constitución corresponden en exclusiva al Gobierno. No corresponde a la Comisión Nacional hacer juicios de oportunidad sobre decisiones de política económica que no son de su competencia. Personalmente, siempre me ha parecido natural que el Gobierno tenga preferencias y criterios o adopte decisiones y mantenga contactos con las empresas energéticas, cotizadas o no. Que una sociedad sea cotizada no la sustrae al ámbito potencial de la política económica.


Por eso, en ocasiones, el Gobierno y sus miembros dispondrán de información privilegiada sobre sociedades cotizadas, esto es, de información que, de hacerse pública, podría afectar a la cotización de la acción. Nada hay de ilegítimo en ello, siempre y cuando se preserve su confidencialidad y no se use de forma indebida, esto es, siempre que se respete lo dispuesto en los artículo 81 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores, así como en el Código Penal. La única preocupación de la Comisión Nacional debe ser asegurarse de que ninguna de esas decisiones o preferencias del Gobierno entren en conflicto con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, y si excepcionalmente lo hicieran, la Comisión Nacional debe actuar en defensa de las normas infringidas.

La tercera constatación es que el error de la Comisión Nacional no ha perjudicado, al menos a corto plazo, a los accionistas de Endesa, sino tan solo a la empresa alemana E.ON, cuya posición como oferente autorizado se vio perturbada por ENEL y Acciona. El error de la CNMV no ha perjudicado en la práctica a los accionistas de Endesa, porque tras el fracaso y retirada de la opa de E.ON, los dos nuevos oferentes, ENEL y Acciona, han presentado una opa por el cien por cien de Endesa a un precio ligeramente superior al de E.ON. Esa opa tiene visos de prosperar, como refleja la cotización de mercado de Endesa. En suma, se equivocan quienes presentan a los accionistas de Endesa como víctimas de la actuación de la CNMV y del Gobierno; por lo menos hasta ahora no han salido perjudicados. A mi juicio, difícilmente puede reputarse como perjuicio que algunos de ellos vendieran sus acciones a precios inferiores a los ahora vigentes. Junto a E.ON, la otra gran víctima de los acontecimientos ha sido, a mi juicio, la credibilidad y autoridad moral de la Comisión Nacional, que basándose en argumentos jurídicos de escasa entidad, dejó desamparado al único oferente autorizado y le puso en situación de desventaja frente a ENEL y Acciona. Pero tampoco creo que esa herida sea profunda y grave, siempre que se apliquen las medidas para restañarla que sugeriré más adelante.

La cuarta constatación es que el juicio crítico que me merece la conducta de ENEL y Acciona al alcanzar y difundir su acuerdo no es óbice para que reconozca, como economista, la visión estratégica y empresarial y la capacidad para asumir riesgos que demostró Acciona cuando entró en el accionariado de Endesa y con ello logró una mejora en la oferta sobre Endesa que favoreció al conjunto de los accionistas de la compañía eléctrica.

Como quinta y última constatación, quiero dejar constancia de la impecable conducta que han tenido con la Comisión Nacional y conmigo, tanto durante la larga tramitación de la opa de Endesa como en las restantes ocasiones, el vicepresidente segundo del Gobierno, don Pedro Solbes, y el secretario de Estado de Economía, don David Vegara. Yo mantengo la confianza en ambos y siempre agradeceré al primero que me propusiera en su día para el cargo que ahora abandono.

Empezaré pues defendiendo la impecable actuación de la Comisión Nacional en la opa sobre Endesa hasta el lunes 2 de abril, y aunque la alabanza propia envilece, como dice El Quijote, me parece obligado en este caso hacer un encendido elogio de la independencia de la CNMV desde el principio de la opa, tras la presentación de la opa de Gas Natural en septiembre de 2005, cuando todos en la CNMV, y yo el primero, fuimos acusados de sectarismo y servilismo con el Gobierno por muchos de los que ahora han elogiado mi dimisión. Debo por eso mencionar las célebres cartas que, con el respaldo del comité ejecutivo, dirigí el 12 de septiembre de 2005 a las tres compañías entonces afectadas por la operación, esto es, Gas Natural, Endesa e Iberdrola. Su contenido no fue idéntico, porque en una opa las obligaciones del oferente, entonces Gas Natural, y de la empresa objeto de la oferta, Endesa, son distintas. Así, los administradores de la empresa opada no pueden malvender activos ni obstruir de forma ilegítima la oferta, aunque sí pueden obviamente buscar ofertas competidoras. Por eso, con el fin de proteger a los accionistas de la compañía, la carta a los gestores de Endesa incluyó una advertencia, que, fruto de la experiencia de un colaborador mío y de lo previsto en la directiva comunitaria sobre opa, decía así: A juicio de esta Comisión Nacional, serían contrarias al citado deber aquellas actuaciones de Endesa que tengan como fin primordial fomentar la compra de acciones de Endesa por inversores contrarios a la opa. La limitación citada no impedirá que el consejo de administración, en interés de los accionistas de Endesa, inste la presentación de ofertas competidoras. Aquella advertencia resultó polémica, pero fue premonitoria. Como enseguida expondré, el fracaso competidora de E.ON debe atribuirse en gran medida a la compra de paquetes accionariales significativos por accionistas contrarios a esa segunda oferta. Hay algo que nos debiera mortificar a todos los que por unanimidad aprobamos aquel célebre párrafo. Es probable que el deseo de E.ON de respetarlo y, en consecuencia, no comprar ningún paquete de acciones de Endesa, le dejara año y medio después en desventaja frente a quienes, como Acciona y ENEL, primero, compraron paquetes significativos de Endesa y, después, acordaron lanzar una opa. La célebre carta fue recurrida, y el 11 de noviembre, la Audiencia Nacional dictó un auto lleno de buen sentido que los medios de comunicación, por error, presentaron como una anulación de la carta y un fuerte varapalo de la Comisión Nacional, porque la Audiencia se limitó a constatar que el deber de pasividad de los administradores de Endesa derivaba directamente del artículo 14 del Real Decreto de opas, sin precisar de la intermediación de actos administrativos que así lo acuerden o recuerden. Y si la propia Comisión Nacional consideraba que su carta tenía carácter puramente informativo -razonaban con acierto los magistrados-, nada tenía que oponer a la suspensión provisional de sus eventuales efectos jurídicos.
La Audiencia Nacional tenía razón. De forma análoga si durante una nevada la Dirección General de Tráfico anuncia que hacen falta cadenas para cruzar un puerto, ese anuncio carece de efecto jurídico, lo importante será que los guardias de tráfico multen o impidan el tránsito a los vehículos concretos que desatendiendo el aviso pretendan cruzar el puerto sin cadenas. El auto describe bien la naturaleza de muchos de los comunicados que la Comisión Nacional hace públicos. No son actos administrativos que incorporen decisiones que innoven el ordenamiento jurídico, sino meras advertencias o avisos para navegantes que informan al mercado de las posibles consecuencias jurídicas de hechos o conductas hipotéticos. Son trasunto del dicho de que quien avisa no es traidor. El supervisor anuncia qué opinión le merecen ciertos hechos hipotéticos y en consecuencia señala cómo actuará si se producen. No tienen, pues, efectos jurídicos. Pero esos avisos solo serán útiles si la Comisión Nacional no juega de farol y no se arruga más tarde si hay que cumplir la advertencia. La publicación de aquellas tres cartas se tildó por los medios de insólitas, eufemismo habitual para embozar el calificativo de arbitraria, pero inició una política de transparencia e información al mercado que desde entonces la Comisión Nacional ha seguido como norma. Precisamente de esa misma técnica se valió la Comisión Nacional el viernes 23 de marzo de este año, después de que la víspera los servicios de la Comisión requirieran información a ENEL y a Acciona sobre los rumores que empezaron a circular aquel jueves por la tarde sobre su intención de concertarse y de formular una opa conjunta si fracasaba la de E.ON. Recibidas aquel viernes por la mañana las respuestas el Consejo de la CNMV aprobó el siguiente aviso para navegantes: las intenciones manifestadas por Accional y ENEL en sus respuestas a los requerimientos que les dirigió ayer esta Comisión Nacional, junto con sus compras de paquetes significativos de acciones de Endesa en los últimos meses, permitirían considerar de forma indiciaria que pretenden adquirir en actos sucesivos una participación superior al 50 por ciento de la compañía. Esa pretensión, que constituiría el supuesto de hecho previsto en el artículo 60 de la Ley de Mercado de Valores, resultaría incompatible con lo que en desarrollo de ese precepto legal establece el vigente real decreto de opas, ya que hay un proceso de opa en curso sobre Endesa y E.ON es el único oferente autorizado, sin que sean admisibles nuevas ofertas competidoras. Por otro lado, el mero anuncio de que Acciona y ENEL pudieran presentar de forma conjunta o separada una opa a precio superior a la de E.ON, si esta no alcanzara el 50 por ciento del capital de Endesa, podría perturbar el desarrollo de la opa de E.ON, la única autorizada y conforme a lo dispuesto en el citado real decreto.

En consecuencia el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acuerda: primero, por entenderla contraria en su origen al régimen de opas previsto en el artículo 60 a la Ley del Mercado de Valores, la Comisión Nacional no autorizará ninguna opa sobre Endesa que formulasen ENEL o Acciona, ya sea de forma individual o conjunta durante los próximos seis meses; segundo, a la vista de los acontecimientos excepcionales acaecidos, la CNMV no se opondría a que si así lo solicita E.ON pueda mejorar el precio de su oferta por una sola y última vez. Acogiéndose a esta última previsión el lunes 26 de marzo E.ON anunció a primera hora que elevaba el precio de su oferta hasta 40 euros. La gran sorpresa se produjo poco después cuando, a pesar del aviso para navegantes del viernes anterior, aquel lunes Acciona y ENEL hicieron público el acuerdo sobre acciones de Endesa, que acababan de suscribir al alba en el que anunciaban el lanzamiento de una opa conjunta aun precio de al menos 41 euros, siempre que la de E.ON no prosperara. Ante la gravedad de ese inesperado anuncio público -inesperado al menos para mí, aunque no sé si lo fue también para todos los miembros del Consejo de la Comisión Nacional- la Comisión Nacional del Mercado de Valores difundió aquella noche un nuevo comunicado de su Consejo que decía haber analizado con carácter preliminar el citado acuerdo sobre acciones de Endesa y declaraba aplicable lo establecido en el punto primero, de su acuerdo del viernes precedente. Como quiera que el comunicado de aquel lunes fue preliminar, no debe extrañar que tras un análisis más sosegado a lo largo de aquella semana de pasión el lunes siguiente, 2 de abril, lunes santo, víspera de la conclusión del periodo de aceptación de la opa de E.ON, el Consejo de la CNMV volviera a analizar las posibles consecuencias en el orden sancionador de la discordancia entre el acuerdo de Acciona y ENEL y el artículo 60 de la Ley del Mercado de Valores. No puedo relatarles aquí en esta sesión pública el contenido completo de las actuaciones, deliberaciones y argumentos que sobre los acontecimientos relacionados con la OPA sobre Endesa tuvieron lugar en la Comisión Nacional durante aquella larga e intensa semana de pasión, que lo fue en su sentido más pleno.

Además, como en aquellos debates hubo posiciones contrapuestas, faltaría a mi deber como presidente del consejo si no les advirtiera que lo que les voy a relatar no es una narración objetiva e imparcial de lo acaecido, sino las razones necesariamente subjetivas que me impulsaron a anunciar mi dimisión. A mi juicio, desde el mismo viernes 23 de marzo ENEL y Acciona intentaron deliberadamente neutralizar el efecto disuasorio del anuncio de que la CNMV no les autorizaría ninguna opa hasta pasados seis meses. A esa estrategia cabe racionalmente atribuir el rumor de que presentarían su opa entre el 16 y el 20 de abril. De suerte que los seis meses señalados por la Comisión Nacional serían tan solo el plazo ordinario de tramitación de la oferta, que tenía que superar diversos trámites ante otras instancias administrativas, como la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Europea. Diversas manifestaciones en Londres de altos directivos de ENEL durante aquellos días formaron parte de la misma estrategia. En la medida en que se basan en hechos públicos y en su calificación jurídica a la luz de normas igualmente públicas, puedo decirles que, concluida la semana de pasión, a las nueve y media del lunes 2 de abril -lunes santo- el Comité ejecutivo de la Comisión Nacional concluyó, por mayoría de sus cinco miembros, que el anuncio público del ya citado acuerdo sobre acciones de Endesa entre ENEL y Acciona podría entrañar una infracción muy grave de las previstas en la letra r) del artículo 99 de la Ley del Mercado de Valores. Esa conclusión se basó en que la difusión pública del acuerdo entre ENEL y Acciona constituía una promesa vinculante de opa y equivalía, de facto, a una oferta competidora que no se había sujetado a las reglas imperativas que sobre ese tipo de ofertas contiene el capítulo V del Real Decreto sobre opas, cuyo artículo 33 establece un plazo límite para su presentación, y además estaba perturbando el desarrollo de la única opa competidora todavía subsistente, autorizada por la CNMV, esto es, la presentada por la compañía E.ON. Como llamativa manifestación de esa perturbación, la promesa de opa de ENEL y Acciona fue difundida públicamente con posterioridad a la última mejora de E.ON y prometía al menos un euro más que ella. El Comité ejecutivo concluyó pues que debía incoarse expediente sancionador contra ENEL y Acciona por posible infracción del artículo 99 r) de la Ley del Mercado de Valores. Esa conclusión se adoptó por mayoría del Comité ejecutivo, no por unanimidad, pero no tuve que usar el voto de calidad que, como presidente, las normas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores me otorgan en caso de empate. Se equivocaron, pues, el Diario El País y los demás medios de comunicación que, en cascada, afirmaron que como presidente de la Comisión Nacional me quedé solo al defender la apertura de un expediente sancionador contra ENEL y Acciona. En realidad, para la Comisión Nacional aquellas horas tempranas del lunes santo más parecieron propias de un lunes de gloria. Su comité ejecutivo, haciendo honor a sus responsabilidades como supervisor del mercado español de valores, sacó la inevitable conclusión lógica de un silogismo cuyas dos premisas habían sido hechas públicas por el propio consejo de la CNMV la semana precedente, y demostró así que al hacer tales anuncios no había jugado de farol. De ahí precisamente el tono optimista de estas palabras que les estoy dirigiendo. El Comité ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el órgano que integrado por cinco miembros juega el papel esencial en el quehacer cotidiano de la institución, estuvo a la altura de las circunstancias, y contrariamente a lo que han dicho por error los medios de comunicación, actuó con rigor en defensa de los procedimientos. Permítanme que me detenga aquí un instante para exponer detalladamente el silogismo al que me he referido. En efecto, el viernes 23 de marzo, el consejo, dando muestras de valentía e independencia, hizo pública las premisa mayor de un silogismo, el anuncio de una opa por ENEL y Acciona sería contrario al artículo 60 de la Ley del Mercado de Valores. El lunes 26 por la noche, tras la difusión pública de su acuerdo por ENEL y Acciona, el consejo añadió a ese silogismo su premisa menor: el acuerdo difundido por ENEL y Acciona el 26 de marzo es un anuncio de opa. Mi afición personal a Lewis Carrol, gran amante de la lógica, me hizo entrever pronto la inevitable conclusión de ese silogismo, que el lunes 2 de abril a las nueve y media refrendó el comité ejecutivo. Por ser contrario al artículo 60 de la Ley del Mercado de Valores, la difusión del acuerdo entre ENEL y Acciona podría constituir una infracción de las previstas en el artículo 99 r) de la Ley del Mercado de Valores. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué la conclusión del comité ejecutivo no se hizo pública? ¿Qué falló? ¿Por qué la Comisión Nacional del Mercado de Valores se arrugó? A tenor de los vigentes acuerdos sobre delegación de competencias en la Comisión Nacional el comité ejecutivo tiene facultades delegadas para incoar expedientes sancionadores, pero por la trascendencia de la decisión y para que siguiera siendo el consejo el que aprobara los comunicados más sustantivos relacionados con la opa, el Comité ejecutivo prefirió no adoptar como decisión la conclusión citada, sino elevarla como propuesta al consejo para que fuera este el que adoptara la decisión final.

Fue entonces cuando, por desgracia, el Consejo, actuando también por mayoría, no aprobó la propuesta del Comité Ejecutivo y optó por no abrir expediente sancionador contra ENEL y Acciona. Los hechos posteriores son conocidos. La opa de E.ON fue aceptada por tan solo el 6 por ciento del capital de Endesa y, en consecuencia, la entidad alemana retiró su oferta, no si antes pactar con ENEL y Acciona la compra de ciertos activos de Endesa.

Cabe, pues, llegar a las siguientes conclusiones. Primera, ENEL y Acciona desafiaron públicamente el aviso de navegantes que la CNMV difundió el viernes 23 de marzo. Segunda, ENEL y Acciona no solo perturbaron con su opa competidora de facto la del único oferente autorizado, sino que actuaron con ventaja frente a él. En efecto, el criterio tradicional de la CNMV ha sido que los oferentes no adquirieran acciones en el mercado al margen de la opa para que así todos los accionistas estén en pie de igualdad y obtengan el mismo precio y el oferente deba ofrecer un precio generoso que atraiga a un gran volumen de acciones. Como esa limitación no figura en la propia ley, la Comisión Nacional tradicionalmente ha exigido a los oferentes que incluyeran ese compromiso en el folleto de su oferta. E.ON así lo hizo y se abstuvo de comprar acciones de Endesa en el mercado. Como ya he indicado antes, a eso pudo contribuir además el potencial deseo de E.ON de no incurrir en una conducta que la propia Comisión Nacional había considerado contraria al deber de pasividad de los gestores de Endesa en su carta de 12 de septiembre de 2005. Por el contrario, tanto Acciona como ENEL compraron libremente acciones en el mercado y afirmaron públicamente que no tenían intención de franquear los umbrales que obligan a lanzar una opa. Más adelante, no obstante, cuando ya controlaban conjuntamente el 46 por ciento del capital de Endesa, optaron por concertarse públicamente para lanzar una opa conjunta si fracasaba la de E.ON, cosa por lo demás casi segura porque entre las dos empresas concertadas ya habían secado el mercado y hecho casi imposible que E.ON alcanzara la mayoría del capital.

El domingo pasado se corrió la maratón en Madrid y una analogía con ese deporte puede ilustrar la enorme ventaja con que partieron ENEL y Acciona frente a E.ON y la inviabilidad de que la Comisión Nacional hubiera permitido competir libremente al oferente inicial, E.ON, con los dos competidores de facto. Imaginemos un maratón en el que se inscriben dos corredores, Gas Natural y E.ON. La carrera se interrumpe durante muchos meses, pero la Comisión Nacional exige a ambos corredores que se mantengan en la salida, sin avanzar un paso. Tras muchos meses de espera, poco antes del comienzo oficial de la carrera, uno de los corredores, Gas Natural, se retira y el otro, E.ON, se queda solo. Entre tanto, han hecho acto de presencia por las calles dos espontáneos, Acciona y luego ENEL, que no se inscriben en su día en la carrera y aseguran además que no tienen intención de correr los 42 kilómetros de la prueba. Los dos espontáneos van avanzando, sin embargo, por el circuito urbano a la chita callando y, cuando llegan al kilómetro 20 del recorrido, es decir, casi a la mitad, anuncian de repente que también ellos quieren competir. Si los árbitros de la competición no lo impiden y no expulsan del maratón a los dos espontáneos, ¿qué deberá pensar el corredor que, por seguir las indicaciones oficiales, se quedó en la salida y ve cómo el maratón lo ganan dos espontáneos que no estaban inscritos y partieron con tan gran ventaja respecto a él?

Si volvemos al terreno de lo jurídico, observaremos que en el tramo final de la opa sobre Endesa compitieron, por un lado, un oferente, E.ON, sujeto a las limitaciones del tradicional régimen de opa intencional a priori, y, por otro, dos competidores de facto, ENEL y Acciona, que siguieron una estrategia de opa a posteriori, esto es, con toma de control previa, fórmula que será admisible en el futuro pero que no lo era todavía. En tan desigual lucha, los oferentes a posteriori, repletos de acciones de Endesa, tenían todo a su favor frente al oferente a priori, sometido por la Comisión Nacional a un forzoso ayuno. Esto me lleva a la tercera conclusión. La Comisión Nacional, tras su elogiable advertencia del viernes 23 de marzo, actuó luego como un tigre de papel y se arrugó frente a ENEL y Acciona. Su pasividad dejó en la más absoluta indefensión al único oferente autorizado, la empresa alemana E.ON. Por eso, a mi juicio, la decisión del Consejo de la CNMV del lunes 2 de abril, o por mejor decir su no decisión, fue equivocada y dio la razón a quienes en otras ocasiones han dicho que la Comisión Nacional es débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Esa acusación, injusta en muchos casos, contra la que yo me he batido, no lo fue en este. Por eso, una vez concluida la reunión del Consejo, ante el especial interés de algunos de sus miembros en que no trascendiera al exterior que se había celebrado, les tuve que anunciar que trascendería de forma indirecta porque pensaba hacer pública de inmediato mi intención de dimitir.

El tiempo transcurrido desde que efectué aquel anuncio me ha reafirmado en mi convicción. A mi juicio, la decisión del consejo de 2 de abril resquebraja la autoridad moral de una institución como la Comisión Nacional y el principio de confianza legítima de quienes, como E.ON, siguieron escrupulosamente sus indicaciones. Téngase presente, además, que el comité ejecutivo propuso tan solo el mero inicio, la incoación de un expediente sancionador, cuya tramitación llevaría tiempo y cuya resolución final, en caso de haber concluido en infracción muy grave, hubiera correspondido no a la Comisión Nacional sino al ministro de Economía y Hacienda. La propuesta ni siquiera contempló medidas más drásticas, como la suspensión de los derechos de voto de ENEL y Acciona o incluso una declaración de nulidad radical de las compras de acciones efectuadas en fraude de ley. Por desgracia, el Consejo de la Comisión Nacional no se atrevió el lunes 2 de abril a decir públicamente lo que ya estaba en germen en su propio acuerdo del 23 de marzo, esto es, que la difusión pública del acuerdo entre ENEl y Acciona era contrario al artículo 60 de la Ley del Mercado de Valores y, en consecuencia, podría dar origen a responsabilidades administrativas.

Quiero subrayar que mi grave discrepancia con el acuerdo del consejo de 2 de abril no entraña que ponga en duda la honestidad y buena fe de los que lo apoyaron. Sus puntos de vista no fueron arbitrarios y se basaron en largos y documentados razonamientos jurídicos. No me compete a mí exponerlos en toda su riqueza; me encantaría que ellos mismos lo hicieran y que se hagan públicas la sucesivas actas de los consejos para que SS.SS y la opinión pública puedan valorar los méritos de una y otra postura. No hay a mi juicio motivo alguno por el que tales actas y documentos no pudieran hacerse públicos en su integridad o al menos con los expurgos que sean precisos. Sin pretender agotar los argumentos que se expusieron en defensa del punto de vista mayoritario en el consejo, los más destacados fueron la existencia de un vacío regulatorio, la ausencia de una prohibición normativa expresa del anuncio de opas futuras, la falta de tipicidad legal de la posible infracción de ENEL y Acciona o la supuesta obligación para ENEl y Acciona de dar publicidad al concierto alcanzado para lanzar una opa a la vista del requerimiento efectuado por la propia Comisión Nacional el jueves 23 de marzo y de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores que regula la obligación de los emisores de valores de difundir información al mercado. En suma, que discrepe gravemente de la decisión del consejo no implica que me considere en posesión de la verdad absoluta y que desprecie los puntos de vista en que se basaron otros. Reconozco mi propio error al no haber insistido durante el consejo de 2 de abril en que la directora del Tesoro y Política Financiera en su condición de consejera nata y representante del Gobierno se abstuviera de votar e incluso abandonara la sala donde se celebraban las deliberaciones, como aconseja la recomendación 8 del código unificado cuando un miembro del consejo tiene un conflicto de interés. Parece claro que aquella decisión entrañaba para ella un potencial conflicto entre el deseo aparente del Gobierno de que no prosperara la opa de E.ON y la obligación de la Comisión Nacional de tutelar los derechos del único oferente autorizado en el procedimiento, que era E.ON.

La buena fe con la que actuamos todos los miembros del consejo no es incompatible con que nos viéramos influidos psicológicamente por el deseo de que se llegara a esa solución a la española que había intuido el ministro de Industria en la Cadena SER. Mi interés por la psicología y la toma de decisiones colectivas me han familiarizado con los múltiples sesgos inconscientes a los que sucumbimos todos cuando adoptamos decisiones que creemos libres. Así, quien conozca los experimentos y estudios de científicos sociales como Milgram, Asch, Festinger o Jarvis sabrá lo influenciable que es el entendimiento humano y la facilidad con la que de buena fe sucumbimos a nuestras conveniencias o a las de aquellos a los que apreciamos.

Aunque hechos de buena fe, los argumentos a favor de la no incoación de un expediente sancionador contra ENEL y Acciona me parecieron poco convincentes aquel lunes 2 de abril, pero a la luz de lo que han manifestado públicamente después el Consejo de la Comisión Nacional y una legión de miembros y portavoces del Gobierno a raíz de mi anuncio de dimisión, aquellos argumentos me parecen todavía menos congruentes. Para explicar esa incongruencia, haré un razonamiento por analogía, una técnica discursiva que siempre encierra peligro, pues, como dice el refrán, cuando alguien señala la luna los necios se quedan mirando el dedo. A pesar de ese peligro, permítame trazar una analogía entre el anuncio de futura dimisión que yo hice el 2 de abril y el anuncio de futura opa que hicieron ENEL y Acciona una semana antes. Ojalá que ambos anuncios, el de mi dimisión y el de la opa de ENEL y Acciona, no acaben tan revueltos en la mente de algunos como la mili y las empanadillas en una célebre y memorable parodia televisiva.

Como se recordará, ante la situación derivada de mi anuncio de dimisión, el Consejo de la Comisión Nacional difundió hace unos días un comunicado en el que constata el perjuicio que a la Comisión Nacional le está causando el anuncio de dimisión de su presidente. Estas circunstancias están sometiendo a la Comisión Nacional a un régimen de interinidad que compromete gravemente su normal funcionamiento. Por eso -concluye el comunicado-, el Consejo de la CNMV espera de las instituciones y de la responsabilidad de quienes las dirigen el urgente restablecimiento de la normalidad necesaria. Así pues, el Consejo de la CNMV atribuye graves efectos perturbadores al mero anuncio de un acto futuro. El anuncio -se dice- causa un perjuicio constatable, provoca un régimen de interinidad y compromete gravemente el normal funcionamiento de las cosas. De ahí el llamamiento final a que las instituciones y la responsabilidad de quienes las dirigen restablezcan con urgencia la normalidad necesaria. En suma, el mero anuncio de un hecho futuro puede tener consecuencias funestas y aquí no vale la doctrina de que lo que no está prohibido está permitido ni cabe invocar tampoco vacío legal alguno. Ante el efecto perturbador de un anuncio, hay que restablecer con urgencia la normalidad necesaria. El razonamiento tiene lógica porque en el mundo real -y no digamos en el financiero- las cosas surten efecto desde que se anuncian, sin esperar a que se produzcan -compra con el rumor, vende con el dato, dice el aforismo bursátil-. Ahora bien, esa razonable doctrina sobre el efecto perturbador del anuncio de un acto futuro, ¿no es también aplicable al anuncio de una opa futura? Quienes consideraron perturbador mi anuncio de dimisión y solicitaron el urgente restablecimiento de la normalidad, ¿por qué no consideraron también perturbador para E.ON el anuncio de opa futura de ENEL y Acciona y reclamaron el urgente restablecimiento de la normalidad necesaria?, ¿por qué mis anuncios, como presidente de la CNMV, son más perturbadores que los de Enel y Acciona?, ¿debiera acaso preguntarme, como en el soneto de Lope de Vega, qué tengo yo que mis anuncios perturban?
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