ANÁlisis comparativo del tribunal administrativo de contrataciones públicas de la república de panamá frente al tribunal administrativo de contratos públicos de aragóN”






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Sexto. Por lo que se refiere a la impugnación de la adjudicación del contrato a la empresa ARESA MARINE SL, la empresa recurrente afirma que no dispone de los requisitos de solvencia financiera y técnica. Fundamenta este hecho en diversa documentación que, según la recurrente, acredita que la empresa incumple los requisitos exigidos en el cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Afirma que “Aresa Marine S.L. (documento n.2 11) es una empresa que en 2011 vendió sólo 38.798,73 euros; que presentó las cuentas de 2011 en agosto de 2012 justo antes del concurso; que tiene un patrimonio neto de 3.500 euros; y que no tuvo actividad ni en 2010 ni en 2009 ni en 2008 (documento n.12)”. Afirma también que “Aresa Marine S.L. no tiene ni la clasificación ISO-9001-2008. Se pedirá prueba pericial independiente que rehaga la valoración hecha por la mesa de la oferta de Aresa Marine S.L”.

Tales afirmaciones justifican también en este caso, a juicio del Tribunal, la anulación de la adjudicación, y que, para asegurar la igualdad de condiciones, se solicite por la Mesa de contratación la subsanación de la documentación necesaria a la empresa ARESA MARINE S.L. En efecto, la documentación aportada analizada, la existente inicialmente en el expediente y la aportada por los interesados, pone en cuestión los siguientes requisitos:

Respecto de la solvencia económica y financiera, la empresa adjudicataria ha aportado una declaración de que la cifra de negocios durante los años 2009, 2010 y 2011 es superior a la exigida, firmada por una persona perteneciente a la dirección de la empresa, contabilizando todas las actividades internacionales realizadas por el grupo al que pertenece. Sin embargo, los datos aportados por la recurrente, en las alegaciones de NEUMÁTICAS DE VIGO S.A.U. y también por la empresa SEA RIBS LDA, cuyo recurso ha sido inadmitido por falta de legitimación activa, consistente en certificaciones del Registro Mercantil, acreditan que la cifra de negocios de esta empresa es inferior a la requerida. En efecto, consta que la empresa adjudicataria fue constituida el 9 de diciembre de 2008 con una denominación social distinta, concretamente KANAKAREDES S.L., que cambió de denominación social por la actual ARESA MARINE S.L el 25 de agosto de 2011.Como se expuso anteriormente, no se concretan los vínculos que unen a esta empresa con un grupo de empresas para acreditar su solvencia por medios ajenos (por ejemplo, al amparo del artículo 63 del TRLCSP, según resolución de este Tribunal de 117/2012, de 23 de mayo), y, sin embargo, las certificaciones del Registro Mercantil muestran una actividad económica muy inferior a la exigida por el cuadro resumen del pliego de condiciones, que en el punto 7.1, exige que la cifra de negocios en el período 2009-2011 sea, al menos en cada año, el precio de licitación del contrato. Existe incluso un informe de una consultora (Europyme Advance), aportado por la empresa adjudicataria, de 23 de noviembre de 2012 en el que se contesta que dado que la empresa comenzó su actividad económica en el año 2012 y dado que su cifra de negocios es inferior a un millón de euros, no debe tributar por el Impuesto de actividades económicas. A estos efectos, no puede considerarse como suficiente la aportación de la cifra de negocios del año 2012 y las previsiones de 2013, como hace la empresa, pues, aunque pueda acreditar su solvencia actual, no es éste el requisito exigido en el pliego. Incluso en el informe del órgano de contratación remitido para el recurso 005/2013 se afirma que “se considera conveniente que desde la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior, como Oficina de Tramitación del expediente de contratación, se soliciten las aclaraciones pertinentes a la empresa ARESA MARINE, S.L. con carácter previo a la formalización del contrato de suministro”.

Por lo que se refiere a la acreditación de su solvencia técnica por medio de la certificación ISO 9001-2008, exigida en el punto 7.2 del cuadro resumen del pliego, se comprueba que figura a nombre de una empresa distinta DRASSANES D’ARENYS S.A., cuya relación con la empresa adjudicataria tampoco se ha logrado acreditar por la adjudicataria. A estos efectos, tampoco es suficiente la alegación de que por los cambios en la estructura societaria del grupo en el ejercicio 2013 va a otorgarse una certificación a la empresa adjudicataria, pues este requisito debe cumplimentarse en el momento de la presentación de las ofertas y no posteriormente, tal y como ha establecido este Tribunal en reiteradas resoluciones correspondientes a los recursos 157/11 (FD 5), 215/11 (FD 5), 30/12 (FD 3 y 5). Pues bien, ante todas estas circunstancias, este Tribunal considera que la empresa adjudicataria debe acreditar correctamente su solvencia económica y técnica en estos extremos, lo que no logra con la documentación presentada. Por ello, procede anular la adjudicación realizada, declarando que la documentación por dicha empresa presentada es, en principio, insuficiente para acreditar tanto su solvencia financiera como técnica, y retrotrayendo las actuaciones para que la Mesa de contratación proporcione a la empresa adjudicataria la oportunidad de subsanar dichas deficiencias, o, en su caso, proceda a su exclusión del procedimiento, solicitando a tal efecto las aclaraciones y documentos que se consideren procedentes.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha

ACUERDA:

Primero. Inadmitir el recurso interpuesto por D. J.L.S., en representación de la empresa SEA RIBS LDA por no disponer de legitimación activa para recurrir el acto de adjudicación del contrato.

Segundo. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. A.G.N., en representación de la Unión Temporal de Empresas EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, S.A.U. (EKINSA), NÁUTICA SANIBASA, S.L. y ESTALEIROS DO NORTE LDA y, en consecuencia: a) Anular la exclusión acordada por la Mesa de contratación el 26 de noviembre de 2012, retrotrayendo las actuaciones para que dicho órgano administrativo motive a la UTE recurrente los requisitos concretos que debe acreditar o subsanar de entre los exigidos por el pliego, realizando posteriormente una nueva valoración de la adecuación de la oferta a los pliegos. b) Anular la adjudicación a la empresa ARESA MARINE S.L., ante la deficiente acreditación de la solvencia económica y técnica, retrotrayendo las actuaciones para que la Mesa de contratación solicite a dicha empresa la subsanación de la documentación necesaria para acreditar que cumple con los requisitos expresados en el pliego, en los términos expuestos en esta resolución.

Tercero. Levantar la suspensión del procedimiento producida de conformidad con el artículo 45 del TRLCSP.

Cuarto. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición de los recursos por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

1 Autoridad, competencia y territorio

2 Constitución de Panamá Artículo 4: “La República de Panamá acata las normas de Derecho Internacional.” A través de una Ley orgáina los Tratados Internacionales se hacen parte de la legislación interna de Panamá.

3 Constitución de España de 1978 artículo 103…

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley…”

4 Cfr. La estructura organizacional del Consejo de Estado Colombiano. http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/index/subcategoria/213/386/Organigrama

5 “…Transcurrido un día hábil después de que la entidad contratante haya publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” las resoluciones, el cuadro de cotizaciones de compras menores o los actos administrativos mencionados en este artículo, se darán por notificados. De considerarse agraviado el proponente con la decisión adoptada por la entidad, podrá interponer el recurso de impugnación que establece esta Ley o el recurso de apelación contra la resolución administrativa del contrato, salvo las excepciones que establece la presente Ley.

Es obligación de los proponentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en los procesos de selección de contratista en los cuales participa y, para ello, debe verificar con frecuencia, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, todos los anuncios y notificaciones con respecto a los actos públicos”.

6 Entidad estatal cuyo carácter técnico de fiscalización y control de gasto público garantiza la correcta utilización de los recursos del Estado panameño.

7 CASSAGNE, Juan Carlos; Derecho Administrativo I, Séptima Edición Actualizada, editorial Lexis-Nexis/Albeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, pág. 90-91.

8 Proyecto de Decreto___/2013 de___de___,del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicas de Aragón y de los procedimientos de revisión en materia de Contratación del Sector Publico de su competencia, Departamento de Hacienda y Administración Publica, Secretaria Técnica General, Disponible en: www.aragon.es .Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón . (en línea)

(Consultado: 15/8/2013)

9 La Constitución Colombiana hace una especial distinción en su “Articulo 189. Corresponde al Presidente de la Republica como Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa…”

10 Derecho Especial de Petición, incorporada en la nueva Ley de Contratación cuya competencia se encuentra en la Dirección General de Contrataciones Públicas, para el reclamo de todo acto ilegal o arbitrario ocurrido desde la convocatoria del acto público hasta antes de ser adjudicado mediante Resolución.

11 Si bien el interés social y orden público son conceptos jurídicamente indeterminados, reconocidos constitucionalmente, la entidad que invoque esta causal debe especificar en detalle a la administración, la relación con estos dos conceptos.

12 Cuando este caso es atendido por el Tribunal de Contrataciones Públicas se hace como un recurso formal y se entenderá agotada la vía.

13 Dentro de un mismo acto público, la entidad podrá convocar varios ítems que guardan relación en cuanto al objeto, adjudicando individualmente cada uno, a uno o varios proveedores.

14 RAZQUIN LIZARRAGA, MARTÍN Mº. “LA LEY DE CONTRATOS DEL SERCTOR PÚBLICO: BALANCE CRÍTICO, APLICACIÓN Y NOVEDADES, EN ESPECIAL PARA LOS ENTES LOCALES.” EN: Revista De Administración Pública Número 186. Septiembre-Diciembre de 2011. Documento 2. Pp.53-89. Disponible en: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1 . (en línea).

(Consultado 9/9/2013)

15 RAZQUIN, op.cit., 2011. Pág. 59

16 Al referirnos al órgano de contratación, tal como se califica en España, lo equiparamos a lo conceptuado como entidad contratante en Panamá.

17Administraciones Publicas, Entes, Organismos o entidades con personería jurídica creadas para el interés general que no tengan carácter industrial o mercantil y aquel que financie en más de 50% su actividad o controle su gestión o nombre más allá de la mitad de los miembros de sus órganos de administración, control o vigilancia, Asociaciones de derecho privado, constituidas por los entes, órganos o entidades que son poderes adjudicadores.

18 RUBIALES SANZ, IÑIGO “CONTENIDO Y ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN DE REFORMATIO IN PEIUS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.” EN: Revista De Administración Pública Número 190. Enero-Abril de 20113. Jurisprudencia - I. Comentarios monográficos. Documento 3. Pp.241-276. Disponible en: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1 . (en línea).

(Consultado 9/9/2013)

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