Tribunal contencioso administrativo del huila






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títuloTribunal contencioso administrativo del huila
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Quinta de Decisión
Neiva, veintiséis (26) de mayo de dos mil diez (2010)
Magistrado Ponente : DR. JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Acción : TUTELA

Actor : MIGUEL FERNANDO MORENO CABRERA –

VÍCTOR ALBERTO CARVAJAL

Demandado : ALCALDÍA DE NEIVA – JUEZ QUINTO ADMINIS-

TRATIVO DE NEIVA

Providencia : SENTENCIA

Radicación : 41 001 23 31 000-2010-00199-00

Acta : Nº 56


MIGUEL FERNANDO MORENO CABRERA y VÍCTOR ALBERTO CARVAJAL instauran acción de tutela contra la Alcaldía de Neiva y el Juez Quinto Administrativo de Neiva, a fin de que les sean amparados los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, a la salud y el acceso a la justicia.

I.- HECHOS
En síntesis los tutelantes exponen lo siguiente:
1.- Los accionantes promovieron demanda en ejercicio de la acción popular contra el Municipio de Neiva, correspondiéndole por reparto al Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, despacho judicial que admitió la demanda propuesta en providencia del 6 de mayo de 2009.
2.- El Juez fijó el 9 de octubre de 2009 para llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, después de 5 meses de hacer sido admitida la demanda, en contravía a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, argumentando exceso de trabajo; posteriormente el 9 de marzo de 2010 postergó la citada audiencia para el 9 de junio de 2010 atendiendo la petición de la entidad demandada porque el comité de conciliación no se había pronunciado al respecto, lo cual a criterio de los actores populares significa que cualquier administración puede argumentar e inventar cualquier cosa con tal de dilatar la acción” (fl. 2).
3.- El juez permite que la parte demandante omita formalidades, pero no comprendió lo que querían decir cuando solicitaron las medidas cautelares al precisar que “…SI BIEN ES CLARO LA PARTE OMITIO LO QUE QUIZAS QUERIAMOS DECIR, PERO NO PERCIBIMOS QUE UN JUEZ QUE TENGA LA FORMACION SUFICIENTE E INSTRUIDO DE FORMA HUMANISTICA COMO LO AMERITA UNOS DE LOS VALORES DE NUESTRA CARTA MAGNA Y QUE SE PRESUME QUE TIENE LA CAPACIAD DE RAZOCINEO (SIC) Y MENTALIDAD EN PROTEGER NUESTROS DERECHOS QUE TACITAMENTE TUVO QUE HABER TOMADO DE FORMA LOGICA CUANDO ESTUDIO LOS HECHOS QUE DESCRIBIMOS” (fl. 3). No entienden como el juez admite una excusa irrazonable e incoherente para aplazar el pacto de cumplimiento, pues lo único que logra es dilatar y poner en riesgo los derechos colectivos invocados.
4.- Como se están violando los derechos de los niños (artículo 44 C.P.), pidieron e imploraron que se tomaran las medidas cautelares para evitar un eminente peligro dado que se han presentado varios accidentes, incluso los demandantes han estado a punto de convertirse en víctimas y victimarios pues a diario se movilizan a píe, en motocicleta o en automóvil.
5.- El juez para decidir los memoriales presentados se toma días e incluso semanas; además, cuando se aplazó el pacto de cumplimiento “…recurrimos al juez dando los mismos motivos que estamos dando actualmente y de forma enfática se pronuncio DE MANERA SINICA (sic) que éramos nosotros los que no queríamos conciliar a sabiendas que ese día fuimos con el respectivo proyecto que hicimos para dar tramite de forma inmediata y no dilatar más el proceso pues nuestro único interés era la utilidad social del mismo” (fl. 5); tampoco se les notificó el memorial de la Alcaldía de Neiva donde solicitaba plazo.

6.- Solicitaron “AL JUEZ QUE RECONSIDERA EL TIEMPO DONDE POSTERGO EL PACTO Y NOS ENCONTRAMOS DE MANERA ASOMBROSA QUE ahora era la parte demandante que no tenía animo conciliatorio si nuestro único propósito era que se castigara la ineptitud del funcionario administrativo como lo establece la ley 472 de 1992… Pues era claro que la ley dice que debe ser por causa justificada y era notable que esa causa no era para darle tramite pues era de índole injustificada.” (fl. 5 – 6).


II.- PRETENSIONES
Los tutelantes solicitan lo siguiente:
“…
Tutelar mi derecho fundamental a la vida y los derechos mencionados en los DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA, en consecuencia ordenar POR ECONOMIA PROCESAL EN LA MISMA SENTENCIA A LA ALCALDIA DE NEIVA
1. Que en un término no mayor a lo legal y constitucional de acuerdo a legislación de la acción de tutela se tomen las medidas pertinentes que ayuden a cesar el peligro eminente.
2. Cerrar la vía calle 1c con carrera 21 y 22 y por un tiempo determinado que a su libre albedrío le parezca necesario para la demolición de andenes y recuperar el espacio público ocupado por los habitantes de esta mortal avenida y hacer los debidos andenes para la circulación peatonal.
3. Ordenase inspección judicial en hora pico para que evalúen de forma profesional los riesgos y tomar medidas pertinentes de forma oficiosa para la cesación de los mismos.
4. tutelar por conexión directa el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles.
5. tutelar las pretensiones de la acción popular ya demanda.
6. las medidas cautelares de forma oficiosa crea el tribunal que sea necesario” (fls. 5-6)


III.- ACTUACIONES
1.- Mediante proveído de fecha 18 de mayo de 2010, se admitió la acción, disponiendo en dicho proveído su notificación al Alcalde Municipal de Neiva y al Juez Quinto Administrativo de Neiva. En la misma providencia se solicitó al Juez información sobre el estado en que se encuentra la acción popular radicada bajo el número 41 001 33 31 005-2009-00115-00 instaurada por los tutelantes contra la Alcaldía de Neiva, así como las providencias proferidas (fl. 34).
2.- En la citada fecha, la Secretaría de la Corporación libró los oficios Nº SG-01701 a SG-1704, notificando el auto admisorio y solicitando la información requerida (fls. 25 a 39).


III.- RESPUESTA A LA ACCIÓN DE TUTELA
1.- JUEZ QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA.
Mediante Oficio Nº 140 del 19 mayo de 2010, el titular del Juzgado Quinto Administrativo de Neiva solicita abstenerse de conceder la tutela por cuanto dicho despacho judicial no ha vulnerado ningún derecho; lo anterior con fundamento, en síntesis, en los siguientes argumentos:
a) Los señores Víctor Alberto Carvajal Vargas y Miguel Fernando Moreno Cabrera el 4 de mayo de 2009 presentaron demandada en acción popular contra el Municipio de Neiva, siendo recibida por el despacho el 5 del mismo mes y año; en el expediente se encuentran las siguientes actuaciones procesales: i) El 9 de mayo de 2009 fue admitida la demanda y se negó las medidas cautelares solicitadas; ii) Mediante providencia del 9 de octubre de 2009 se fijó como fecha para la realización audiencia de pacto de cumplimiento el 3 de marzo de 2010, diligencia realizada en la fecha indicada contando con la presencia de los actores, donde atendiendo la solicitud de aplazamiento formulada por el apoderado de la entidad demandada, se fijó como nueva fecha el 9 de junio de 2010, decisión que fue notificada por estrados; iii) En providencia del 15 de marzo de 2010 se declaró fallida la audiencia especial de pacto de cumplimiento, atendiendo la petición formulada por los actores en memorial presentado el 5 del mismo mes y año; iv) En providencia del 19 de abril de 2010 se resuelve en forma desfavorable el recurso de reposición interpuesto por los actores contra el auto del 15 de marzo de 2010; y v) El 14 de mayo de 2010 se abrió el proceso a pruebas, providencia que se encuentra surtiendo la correspondiente notificación y ejecutoria.
b) La acción ha sido adelantada con eficiencia, eficacia y celeridad, dado el carácter constitucional de la misma y hasta donde ha sido humanamente posible debido a la excesiva carga laboral que se maneja en el despacho y el insuficiente número de empleados con que se cuenta para tal fin. En la actualidad se encuentran en trámite más de 900 procesos, de los cuales 134 son acciones populares, por lo tanto la mayor parte del tiempo el despacho se dedica a adelantar diligencias de testimonios, audiencias de pacto de cumplimiento e inspecciones judiciales; prueba de ello es que en el transcurso del año se han adelantado 112 audiencias, proferido 88 sentencias y 345 auto interlocutorios, entre otras actuaciones.
c) Destaca que inició labores como Juez Quinto el 1° de abril de 2009, encontrando un gran atraso, por cuanto se hallaban procesos sin decretar pruebas desde el año 2006, sin notificar desde el 2007, pendientes de correr traslado de la demanda y de las excepciones desde de 2006, ejecutivos sin trámite desde 2005 y aproximadamente 20 incidentes de desacato sin tramitar. En la actualidad ya se han decretado las pruebas en procesos de los años 2006 y 2007, se están fijando en lista procesos del año 2009 y las excepciones presentadas en el año 2008; está al día las notificaciones personales de las demandas y sólo se encuentra un incidente pendiente de resolver de fondo.
d) En cuanto al memorial presentado por la entidad demandada solicitando aplazamiento de la audiencia, el despacho lo consideró prueba idónea, atendiendo la presunción de buena fe (artículo 83 C.P.), razón por la cual fijó como nueva fecha para la realización del pacto de cumplimiento el 9 de junio de 2010, decisión adoptada en la audiencia pública celebrada el 3 de marzo, con la presencia de los actores, notificada por estrados a los comparecientes, quienes no interpusieron ningún recurso. Respecto a las medidas cautelares solicitadas que fueron negadas en el auto admisorio (6 de mayo de 2009), no fue recurrido; además, los actores no piden una medida cautelar sino que hacen alusión a la practica de una prueba (numeral 1° acápite de Medidas Cautelares), lo solicitado en el numeral 2 tampoco era procedente porque no existe medida previa que deba ser garantizada mediante una caución y el despacho consideró que los hechos narrados no revestían la gravedad e inminencia para decretar oficiosamente una medida cautelar.
e) No es cierto que los actores hayan solicitado al despacho reconsiderar la segunda fecha señalada para la audiencia de pacto de cumplimiento, por el contrario en el memorial del 5 de marzo de 2010 expresan que “por eso solicitamos al Juez que dicte un auto, donde de por terminado o fallida la audiencia de pacto, ya que la parte demandada, no tiene argumento fuertes para su asistencia”, razón por la cual se accedió a lo pedido; además, tampoco solicitaron nueva fecha, ni señalaron de manera expresa que estuviesen interesados en presentar un proyecto de pacto.
f) Los oficios o solicitudes presentados por las partes no son susceptibles de ser notificados, pues lo que se debe notificar son las providencias judiciales, lo cual se hizo en debida forma en la citada acción popular.
g) Debido a la falta de respeto y decoro con que se redactó el escrito de tutela, al utilizar palabras ofensivas e irónicas contra el titular del despacho, tales como “NO SE LES ANTOJO LA GANA”, “PERO NO PERCIBIMOS QUE UN JUEZ QUE TENGA LA FORMACIÓN SUFICIENTE E INSTRUIDO DE FORMA HUMANÍSTICA… Y QUE SE PRESUME QUE TIENE LA CAPACIDAD DE RAZOCINEO Y MENTALIDAD” y “se pronunció DE FORMA SINICA”, solicita se tomen las medidas correctivas a que haya lugar en contra de los tutelantes.
2.- ALCALDÍA DE NEIVA
El ente territorial, a través de apoderado judicial, solicita se declare improcedente la acción impetrada por cuanto lo pretendido por los accionantes se refiere a la protección de los derechos colectivos presuntamente vulnerados, los cuales cuentan para su defensa con otros medios judiciales como es la acción popular, que se está tramitando en el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.
En cuanto a los hechos manifiesta que en el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva se tramita acción popular, radicación 2009-00115, interpuesta por los tutelantes contra el Municipio de Neiva cuyas pretensiones son: “1. Solicita se ordene el espacio público al bien común ya que ha sido ocupado por los vecinos del sector. 2. Dar vía libre al espacio público para que las personas circulen por las aceras sin poner en peligro sus vidas. 3) Demolición de las casas esquineras que obstruyeron la visibilidad de los carros que viene de cada lado así como también que sus propietarios sean indemnizados. 4. Que la administración habilite otra vía aledaña para que la vía tratada solo quede una vía y así descongestionar evitar los accidentes que a menudo se presentan y se deje de usar la doble vía que se encuentra actualmente. 5) Una vez puesta en marcha la vía aledaña al sector, la administración deberá poner los respectivos semáforos con su debida señalización.”
El auto admisorio fue notificado al Municipio el 8 de septiembre de 2009, procediéndose a la contestación mediante escrito radicado el 22 del mismo mes y año; como la audiencia de pacto de cumplimiento se fijó para el 3 de marzo de 2010, en memorial del 25 de febrero se solicitó su aplazamiento porque el asunto no había sido puesto en consideración del Comité de Conciliación, tal como lo prevé el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009. La petición fue aceptada por el Juez disponiendo como nueva fecha para la Audiencia de pacto de cumplimiento el 9 de junio de 2010; esta circunstancia no vulnera derecho alguno por cuanto la petición se fundamentaba en una justa causa.
Señala que la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana adelanta proceso, radicado 5859, por la presunta vulneración de normas urbanísticas por viviendas por fuera de paramento, contra residentes en la Calle 1C entre carreras 21 y 22 del Barrio San Martín, siendo el querellante Miguel Fernando Moreno. Además, en sesión del 11 de marzo de 2010 –Acta 007- se sometió la citada acción popular al conocimiento del Comité de Conciliación.
Concluye señalando que “…se ha previsto a la acción de Tutela de un procedimiento preferente para reclamar la protección de los derechos fundamentales si el interesado no dispone de otro medio de defensa judicial, situación ajena al presente asunto, como quiera que el Accionante dispone de otros medios judiciales de los cuales viene haciendo uso para la protección de derechos colectivos y no derechos fundamentales. Ahora, si bien se ha establecido la salvedad constitucional de ser procedente, como mecanismo transitorio, ante la existencia de un perjuicio irremediable, pero como lo ha dicho la Corte Constitucional, deben aparecer las características de INMINENCIA, URGENCIA, GRAVEDAD E IMPOSTERGABILIDAD que se deben dar respecto del perjuicio irremediable, según lo ha precisado la Corte Constitucional, porque, se insiste, el demandante tiene, en principio, las acciones que la Ley le otorga para defender sus derechos”.


IV.- PRUEBAS ALLEGADAS AL EXPEDIENTE
Al expediente fueron allegados los siguientes medios probatorios:
1.- Escrito de fecha 4 de mayo de 2009, mediante el cual los señores Víctor Alberto Carvajal y Miguel Fernando Moreno Cabrera instauran demanda en acción popular contra la Alcaldía de Neiva por la presunta violación de los derechos e intereses colectivos consagrados en los literales d), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998 y los derechos de los niños, como consecuencia de la “falta de señalización, su gran inclinación y por su gran peligro especialmente en el cruce que deben afrontar los temerarios conductores por la poca visibilidad que tienen por las casas ubicadas en las esquinas… en el sector de la calle 1 C con carreras 21 y 21; radicada en la misma fecha ante la Oficina Judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva (fls. 45 a 48).
2.- Mediante auto del 6 de mayo de 2009 el Juzgado Quinto del Circuito Judicial de Neiva admite la demanda en ejercicio de la acción popular propuesta por Víctor Alberto Carvajal Vargas y Miguel Fernando Moreno contra el Municipio de Neiva y niega las medidas previas solicitadas (fls. 51-52).
3.- Notificación personal de fecha 8 de septiembre de 2009, al Alcalde del Municipio de Neiva de la providencia de admisión demanda (fl. 53).
4.- Auto de fecha 9 de octubre de 2009 proferido por el Juzgado Quinto del Circuito Judicial Administrativo de Neiva, mediante el cual fija el 3 de marzo de 2010 para llevar a efecto la audiencia de pacto de cumplimiento (fl. 54).

5.- Escrito presentado ante la Secretaría del Juzgado Quinto Administrativo de Neiva el 26 de febrero de 2010, suscrito por el Director del Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Neiva, mediante el cual solicita aplazar la audiencia de pacto de cumplimiento fijada para el 3 de marzo de 2010, dado que “el asunto de la referencia no se ha podido someter a consideración del comité de conciliación, instancia administrativa donde se estudian, analizan y debaten las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho en cuestión y se determina si hay lugar o no a pacto que obligue a la administración” (fl. 55).
6.- Diligencia de Audiencia Pública de Pacto de Cumplimiento del 3 de marzo de 2010, dentro de la acción popular incoada por Miguel Fernando Moreno Cabrera y Víctor Alberto Carvajal Vargas, donde se dejó consignado que “…se recibió Oficio de fecha 25 de febrero de 2010 del Apoderado del Municipio de Neiva solicitando que se fije nueva fecha para la realización de la presente audiencia por cuanto no se ha podido someter el presente asunto al Comité de Conciliación, ante lo anterior, el Despacho estima procedente la solicitud y en consecuencia se fija la nueva fecha para realizar la Audiencia de Pacto, el día miércoles 09 de Junio de 2010 a partir de las 08:30 a.m. quedando las partes asistentes NOTIFICADAS EN ESTRADOS, atendiendo a que el Despacho no tiene en su agenda fecha próxima distinta a la señalada por la Congestión Judicial que se afronta…” (fl. 56).
7.- Memorial de fecha 5 de marzo de 2010 suscrito por los demandantes, mediante el cual solicitan al Juzgado Quinto Administrativo que “…cambie su decisión acerca de la…, sobre el aplazamiento para el 9 de junio de 2010…” al considerar que el oficio presentado por la entidad no es una excusa válida para no asistir a la audiencia, agregan que “Por esto solicitamos al Juez que dicte un auto, donde de por terminado o fallida la audiencia de pacto, ya que la parte demandada, no tiene argumento fuertes para su no asistencia.” (fl. 57)
8.- Proveído del 15 de marzo de 2010 mediante el cual el Juzgado Quinto del Circuito Judicial Administrativo de Neiva, declara fallida la audiencia especial de pacto de cumplimiento por no existir ánimo conciliatorio entre las partes y dispone continuar el trámite del proceso (fl. 58).
9.- La decisión anterior fue recurrida por los actores populares mediante escrito del 23 de marzo de 2010, siendo decidido en forma desfavorable en proveído del 19 de abril de 2010, al considerar que quienes no poseen ánimo conciliatorio son los demandantes pues de manera expresa solicitaron declarar fallida la audiencia de conciliación (fls. 59 y 60).
10.- Mediante providencia del 14 de mayo de 2010 el Juzgado Quinto del Circuito Judicial Administrativo de Neiva decreta las pruebas solicitadas por las partes y las de oficio que estima pertinentes (fls. 63-64).
11.- Acta de Comité de Conciliación Número 007 de 2010 del Departamento Administrativo Jurídico de la Alcaldía de Neiva, realizada el 11 de marzo de 2010, donde se analizaron, entre otras, la acción popular de Miguel Fernando Moreno, donde se decide que “no hay lugar a pacto de cumplimiento…” (fls. 84 a 104).
12.- Proceso con radicación 5859 adelantado en la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Neiva, donde figura como querellante, Miguel Fernando Perdomo; querellado, residentes en la cll 1C con cras. 21 y 22 Barrio San Martín; contravención, viviendas fuera de paramento; fecha de iniciación, 4 de septiembre de 2009 (fl. 108 a 115).


V.- CONSIDERACIONES
Según se advierte del escrito de tutela, pretenden los accionantes la protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, a la salud y el acceso de la administración de justicia, y en consecuencia por economía procesal se ordene a la Alcaldía de Neiva cerrar la vía calle 1C entre carreras 21 y 22 para así demoler los andenes y recuperar el espacio público ocupado por los habitantes del sector, ordenar una inspección judicial para que se evalúen los riesgos y las medidas pertinentes para cesar los mismos; tutelar por conexión directa el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles; decidir las pretensiones de la acción popular incoada y adoptar las medidas cautelares que se estimen convenientes.
Con el fin de establecer si la Alcaldía de Neiva y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva han vulnerado los derechos fundamentales invocados se analizaran los siguientes aspectos:
1.- IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
La acción de tutela fue consagrada en la Constitución Política de 1991, como un mecanismo instrumento por medio del cual cualquier persona puede reclamar ante los jueces la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; igualmente establece el citado precepto constitucional que procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (artículo 86).
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó la acción de tutela, estableciendo el trámite que se debe cumplir dicha acción constitucional, indicando entre otros aspectos los eventos en los cuales la tutela es improcedente, así:
Art. 6o.- Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1o) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficiencia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
“…
3o) Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violaos en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
“…”
De otra parte, el artículo 2° del Decreto 306 de 1992 determina los derechos susceptibles de ser protegidos por la acción de tutela, precepto cuyo texto es el siguiente:
De conformidad con el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto, no puede ser utilizada para ser respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.”
Además, la jurisprudencia respecto a la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos colectivos ha precisado:
En forma congruente, la Ley 472 de 1998 establece, de manera enunciativa, la lista de derechos e intereses colectivos que pueden protegerse mediante acción popular y el trámite respectivo.  La jurisprudencia constitucional ha señalado que, con la entrada en vigencia de la Ley 472, la acción de tutela adquirió definitivamente carácter subsidiario para la protección de los derechos colectivos, por lo que su procedencia se torna excepcional, razón por la cual el juez constitucional debe ser especialmente cuidadoso al momento de determinar si la acción procedente es la acción popular o la acción de tutela[2].

 

No obstante, esta Corporación ha precisado que la vulneración de un derecho colectivo puede conllevar a la afección de derechos fundamentales, supuesto en el cual las acciones populares no “pueden revestirse de una naturaleza que les permita extender su protección también a ellos”[3] y la acción de tutela se torna en el mecanismo idóneo para preservarlos.

 

En este orden de ideas, es fácil inferir que el hecho de que se pretenda la protección de un derecho colectivo no implica per se la improcedencia de la acción de tutela, pues existen circunstancias que hacen necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela[4].

 

Esta Corte ha determinado como reglas de ponderación que el juez debe tener en cuenta en el momento de conceder una acción de tutela en los casos en los que de la amenaza de un derecho colectivo se derive la violación de derechos fundamentales, las siguientes[5]:

 

i) debe existir conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la amenaza o vulneración de un derecho fundamental; (ii) el accionante debe ser la persona directamente afectada en su derecho fundamental; (iii) la vulneración del derecho fundamental no debe ser hipotética sino que debe encontrarse expresamente probada en el expediente; (iv) la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado y no del derecho colectivo, aunque por efecto de la decisión este último resulte protegido y (v) debe estar acreditado que las acciones populares no son un mecanismo idóneo en el caso concreto para la protección efectiva del derecho fundamental vulnerado”.
Una vez se encuentren plenamente identificados los anteriores requisitos, el juez deberá proteger los derechos fundamentales que se encuentran amenazados o vulnerados, siempre y cuando ellos se particularicen en conculcaciones fundamentales individualizables[6].
[2]T-182 de 2008.

[3] T-771 de 2001.

[4] T-888 de 2008.

[5] Ver Sentencias SU-067 de 1993, T-254 de 1993, T-500 de 1994, SU-429 de 1997, T-244 de 1998, T-644 de 1999, T-1451 de 2000, SU 1116 de 2001, T-1527 de 2001, T-576 de 2005, T-022 de 2008 y T-182 de 2008.

[6] T-125 de 2008.”1

2.- LA ACCIÓN POPULAR PROPUESTA
De acuerdo a los elementos de prueba obrantes en el expediente, se encuentra acreditado lo siguiente:
2.1.- El 4 de mayo de 2010, los señores Víctor Alberto Carvajal Vargas y Miguel Fernando Moreno Cabrera instauran demanda en ejercicio de la acción popular contra la Alcaldía de Neiva con el objeto de lograr la protección de los derechos e intereses colectivos consagrados en los literales d), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998 y los derechos de los niños, debido a la ocupación del espacio público de la vía ubicada en la calle 1C entre carreras 21 y 22; cuyas pretensiones son:
1. Ordénese que sea restituido el espacio público al bien común ya que ha sido ocupado por los vecinos del sector.
2. Dar vía libre al espacio público para que las personas circulen por las aceras sin poner en peligro sus vidas.
3. Demolición de las casas esquineras que obstruyen la visibilidad de los carros que vienen de cada lado así como también que sus propietarios sean indemnizados.
4. Que la administración habilite otra vía aledaña para que la vía tratada solo quede una vía y así descongestionar evitar los accidentes que a menudo se presentan y se deje de usar la doble vía que se encuentra actualmente.
5. Unas (sic) vez (sic) puestas en marcha la vía aledaña al sector la administración deberá poner los respectivos semáforos con su debida señalización.” (fl. 47)
2.2.- La demanda instaurada correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, despacho judicial que admitió la acción propuesta en providencia del 6 de mayo de 2009 (fl. 51-52).
2.3.- En proveído del 15 de marzo de 2010 el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva declara fallida la audiencia de pacto de cumplimiento por no existir ánimo conciliatorio entre las partes y dispone continuar el trámite del proceso (fl. 58).
2.4.- Mediante auto del 14 de mayo de 2010 el citado despacho judicial abre el proceso a pruebas (fls. 63-64), providencia que se encuentra surtiendo la correspondiente notificación y ejecutoria.

3.- CASO CONCRETO
Como ya se enunció, en este caso los accionantes mediante el ejercicio de la presente acción pretenden el amparo, por conexión directa con derechos fundamentales –a la vida, integridad personal a la salud y el acceso a la justicia- los derechos colectivos y en consecuencia se ordene a la Alcaldía de Neiva cerrar la vía calle 1C entre carreras 21 y 22, por un tiempo determinado a fin de demoler los andenes y recuperar el espacio público ocupado por los habitantes del sector; tutelar por conexión directa el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles; tutelar las pretensiones de la acción popular impetrada.
Lo anterior significa que en concreto se solicita que esta Corporación decida las pretensiones de la acción popular instaurada por los accionantes, que actualmente cursa en el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.
Si bien el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé los eventos de improcedencia de la acción de tutela, entre ellos, cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que se utilice para evitar un perjuicio irremediable y cuando se pretenda proteger derechos colectivos previstos en el artículo 88 de la Constitución Política, atendiendo el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, la Sala analizará si se acredita la afectación, de manera directa, específica y debidamente probada, de los derechos fundamentales invocados.
En este caso la Sala considera que no se acredita la afectación de los derechos fundamentales invocados -a la vida, integridad personal, a la salud y el acceso a la justicia- por cuanto los riesgos por accidentes presentados en la citada vía conforme el flujo vehicular son mínimos, así se infiere de lo expuesto en el Acta del Comité de Conciliación Nº 007 de 2010 del Departamento Administrativo Jurídico de la Alcaldía de Neiva, al señalar que “…la Secretaría de Tránsito y transporte de Neiva mediante oficio STTD-0029 del 26 de febrero de 2010, manifiesta que no es cierto que la vía comprendida entre la calle 1C con carreras 21 y 22, revista peligrosidad por cuanto el índice de accidentabilidad conforme el flujo vehicular de la vía es mínimo, lo cual se puede constatar con el Registro de Accidente de Tránsito que arroja el SIAT” (fls. 98-99); además, la vía cuenta la debida señalización horizontal (franjas) y vertical (pare), cumpliendo así los parámetros legales (Ley 769 de 2002 y Resolución 1050 de 2004 del Ministerio de Transporte).
De otra parte, sobre la presunta invasión del espacio público por parte de propietarios de viviendas ubicadas en la calle 1C entre calles 21 y 22 del Barrio San Martín, tampoco está acredita dado que la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana el 4 de septiembre de 2009 inició proceso para determinar si las viviendas se encuentran fuera del paramento.

En cuanto a la afectación del derecho de acceso a la justica, para la Sala es evidente que en el trámite de la acción popular incoada por los actores, el A quo se ajustó a las ritualidades previstas en la Ley 472 de 1998 que regula este tipo de acción.
Respecto a los reparos formulados por los accionantes sobre algunas providencias dictadas en el proceso de la referencia se deben hacer las siguientes precisiones:
a) Sobre la petición de aplazamiento de la audiencia de pacto de cumplimiento el artículo 27 de la Ley 472 de 1998 en el inciso 4° prevé que “Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para la audiencia,…”, en este caso previamente a la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento fijada para el 3 de marzo de 2010 el Director del Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Neiva había solicitado el aplazamiento de la misma debido a que el Comité de Conciliación no se había pronunciado respecto a las pretensiones de los actores, lo cual a juicio de esta Sala sí es una excusa válida.
b) En cuanto a las medidas cautelares que fueron negadas en el auto que admitió la demanda, tal como lo indicó el Juez, del contenido del escrito de demanda no se infiere el peligro inminente para decretarlas.
c) En lo referente a la providencia del 15 de marzo de 2010 mediante la cual se declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento al no existir ánimo conciliatorio es claro que el juez atendió la petición formulada por los accionantes en el memorial del 5 de marzo de 2010 cuando expresan que “Por eso solicitamos al Juez que dicte un auto, donde de por terminado o fallida la audiencia de pacto, ya que la parte demandada, no tiene argumento fuertes (sic) para su no asistencia.” (fl. 57); además, en el recurso de reposición interpuesto contra la citada providencia no pretende que se modifique la decisión sino que se corrija lo expuesto en la parte motiva, dado que en el memorial indican “Buscamos que corrija lo expuesto y que de constancia que el hecho de habernos presentado el 03 de marzo para la audiencia, demuestra nuestro gran interés en la conciliación, pero esta no fue recompensada o equilibrad con la de la parte demandada” (fl. 59).

De otra parte, atendiendo los principios de economía, celeridad y eficacia previstos en el artículo 5° de la Ley 472 de 1998, resultaría inoficioso ordenar la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento por cuanto conforme lo señalado en el Acta de Comité de Conciliación Número N° 007 de 2010 del Departamento Administrativo de la Alcaldía de Neiva al ente territorial no le asiste ánimo conciliatorio.
Por lo anterior, no es viable la procedencia de la acción incoada por cuanto la acción popular, que se encuentra en trámite, es el mecanismo idóneo y eficaz para la defensa de los derechos e intereses colectivos y del contenido del escrito de tutela no se advierte violación de los derechos fundamentales invocados.
Así las cosas, al existir otro medio de defensa judicial que tiene carácter constitucional y al no advertirse ni acreditarse el perjuicio irremediable que permita tutelar los derechos fundamentales invocados por esta vía, se negará por improcedente el amparo solicitado.
En mérito a lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NIÉGASE por improcedente el amparo solicitado por los señores Miguel Fernando Moreno Cabrera y Víctor Alberto Carvajal.
SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente esta providencia o por el medio más expedito –vía fax y/o telegráfica- a las partes, en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuera impugnada esta sentencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Magistrado

ENRIQUE DUSSÁN CABRERA GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA

Magistrado Magistrado


1 Corte Constitucional. Sentencia T-734 octubre 15 de 2009. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

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