Resumen: El trabajo consta de dos partes. En la primera se analizan los distintos modelos de renta básica (RB) y la potencialidad de éstos para hacer frente a los retos que afrontan las políticas públicas.






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títuloResumen: El trabajo consta de dos partes. En la primera se analizan los distintos modelos de renta básica (RB) y la potencialidad de éstos para hacer frente a los retos que afrontan las políticas públicas.
fecha de publicación06.08.2017
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TÍTULO: Percepción social y viabilidad de la renta básica en el nivel municipal: la perspectiva sociológica en el debate sobre la renta básica
AUTORES:

Enrique García Escamilla (Facultad de Trabajo Social. Univ. de Castilla-La Mancha)

David Muñoz Rodríguez (Dep. de Sociología y Antrología Social. Univ. de València)

CONTACTO: enrique.garcia@uclm.es
RESUMEN:

El trabajo consta de dos partes. En la primera se analizan los distintos modelos de renta básica (RB) y la potencialidad de éstos para hacer frente a los retos que afrontan las políticas públicas. Se exponen las razones por las que se estima el denominado modelo fuerte de RB como uno de los más eficientes, especialmente en lo referente a la lucha contra las nuevas formas de pobreza y los procesos de precarización. En la segunda parte se presentan los resultados de un estudio sobre la viabilidad de la RB en el nivel municipal a partir de un estudio de caso en los municipios de Alfafar (Valencia) y La Orotava (Tenerife). La primera parte analiza las fuentes de financiación y realiza una propuesta sobre el proceso de implantación progresiva de la RB, aportando las tipologías y las cifras de la población beneficiaría en cada fase. En la segunda parte se despliega una estrategia cualitativa para aproximarnos a los discursos de distintos agentes sociales en relación a la RB y a sus implicaciones. En concreto se realizan 10 grupos de discusión (cinco en cada municipio estudiado), con un criterio de distribución de las personas participantes en función de la edad, la ocupación, el nivel de estudios y la renta media del barrio donde residen. Los resultados cumplen un doble objetivo en relación al estudio de la RB: aportan elementos sobre la viabilidad económica y las posibilidades de implantación de la propuesta y, a la vez, ofrecen una aproximación sociológica a la percepción de la ciudadanía sobre una propuesta que con un gran potencial para transformar el panorama de las políticas públicas y que actualmente está en el debate social sobre la lucha por evitar el desmantelamiento de los estados del bienestar.

PALABRAS CLAVE:

Renta básica, políticas públicas, estado del bienestar, vulnerabilidad social.

1. No hay empleo para todas: el surgimiento de las RMI en el marco de la U.E.

Durante el año 1985, se firma el Acta Única, que concretaba la voluntad de los países firmantes (entre ellos el Estado español) de abrir las fronteras para mercancías y capitales el 1 de enero de 1993. Igualmente se acordaba llegar antes de esa fecha a un acuerdo sobre las políticas económicas de lo que entonces aun, se denominaba Comunidad Europea. Desde ese mismo momento, en que se concretan los primeros pasos de lo que será el llamado Tratado de Maastricht, con sus claros objetivos de crear un Banco Central Europeo y poner en marcha una moneda única común, se comienza a hablar entre los distintos gobiernos europeos de aquella U.E. a doce, sobre qué hacer con las gentes más empobrecidas. Se asume que ya nunca volveríamos a conocer sociedades de pleno empleo y que en adelante debíamos convivir con un porcentaje de desempleo estructural. Por ello se entendió que era el momento de atender a quienes se iban a quedar fuera del mercado laboral de manera permanente, digamos que se evidencia un problema estructural, que implica que las sociedades de la U.E. deben habituarse y convivir con la falta de empleo (Fernández Durán, 1996). Éste es el punto de partida de las llamadas rentas mínimas de inserción (RMI), que nacen como derecho subjetivo para atender a las gentes empobrecidas (la llamada pobreza extrema).

Entre 1986 y 1989 se continuaba con estas reflexiones y debates, sobre qué tipo RMI se debería aconsejar a los futuros Estados miembros de la U.E.. Fue durante 1989 cuando se llegó al acuerdo entre los diferentes Gobiernos de que el modelo debía ser la RMI francesa, que había nacido el año anterior. De esta manera se cierra el debate y se establece una propuesta referente (Sáez, 2004).

El gobierno central español de entonces, el PSOE, incluyó la RMI en los paquetes de transferencias a las comunidades autónomas, eludiendo cualquier compromiso desde el gobierno central de marcar un mínimo desarrollo normativo común. De esa manera es como se inicia un proceso de creación de RMI desiguales según los territorios. En los veinte años siguientes, la mayoría de las normativas autonómicas mantienen las “ayudas de emergencia social” como núcleo fundamental de las prestaciones que desarrollan. El cambio fundamental es la incorporación para acceder a esta prestación de la llamada contraprestación (compromisos de actividades que las personas perceptoras deben realizar a cambio de la ayuda). Sólo la Comunidad Autónoma Vasca pone en marcha una RMI parecida a la francesa, en 1989, que se sumaba a las Ayudas de Emergencia Social ya existentes en dicha comunidad, modificando de ese modo la realidad de las medidas para atender a las personas en situación de pobreza extrema en dicho territorio (Sáez, 2004).

Desde entonces hasta hoy, los cambios en los enunciados de leyes o decretos de gobiernos autonómicos, no han llevado a un cambio en el resto de autonomías que permita hablar de que exista realmente un derecho sujetivo en forma de RMI. Igualmente en el marco de la actual U.E. esa recomendación que se lanzaba en 1989 para todos los Estados, ha llevado a la no implantación de una RMI en la mayoría de los actuales países miembros de la U.E., incrementándose las desigualdades en los marcos niveles de protección social de los distintos países (Iglesias Fernández, 2006).

2. Características fundamentales de las RMI1

Cada comunidad autónoma marca diferentes requisitos de acceso, así como distintas cuantías y plazos de disfrute de las prestaciones, pero podemos decir que todas tienen unos principios básicos:

  • Se trata de subsidios diferenciales o complementarios que elevan los ingresos propios de las personas a un mínimo establecido por cada comunidad autónoma.

  • Los perceptores de dichas ayudas son las unidades familiares o unidades económicas de convivencia.

  • Requieren la demostración de necesidad y la comprobación de medios.

  • La edad mínima de percepción de dichas ayudas son los 25 años (18 años en algunas excepciones).

  • Requieren un periodo que oscila entre los 2 y 3 años de empadronamiento.

  • Incorporan de forma expresa los llamados dispositivos de inserción, conocidos como itinerarios o contratos de contraprestación, establecidos entre el beneficiario y la Administración Pública.

Desde nuestra perspectiva y en el marco de la comparación con la renta básica (que se explica más adelante), las principales carencias que encontramos en las RMI son las siguientes:

  • No son un derecho universal, no todos los ciudadanos pueden acceder, sino únicamente las familias pobres que pueden demostrar que se encuentran dentro de la definición oficial. No se erradica, sino que permanece, el estigma de la pobreza.

  • No son incondicionales, ya que su concesión están sujeta al compromiso de inserción. No se erradica sino que permanece el estigma del parado y se generaliza el estigma del subsidiario, estimulando a su vez las trampas de la pobreza y del paro.

  • Introducen un elevado coste de gestión debido a los complicados procesos de tramitación y de seguimiento y control.

En resumen podemos decir que las RMI atropellan los principios de universalidad e incondicionalidad y, parcialmente, de individualidad.
3. De los ingresos mínimos a los ingresos suficientes: Rentas Básicas débiles

Desde hace años se vienen planteando propuestas de Rentas de Básicas Ciudadanía que tratan de superar las anteriormente descritas rentas mínimas, pasando de poner la centralidad en el empleo al reparto de la renta (Iglesias Fernández, 1995; Raventós, 2001). De manera general se concibe la Renta Básica de ciudadanía como un ingreso de carácter individual, universal, incondicional y suficiente para toda persona por el hecho de serlo. Ahora bien, cabe distinguir entre distintas Rentas Básicas, siendo los modelos débiles o fuertes:

  • en función de si buscan una reforma del sistema o la transformación social

  • si la contemplan como un fin en si mismo o como un instrumento de transformación social.

  • En definitiva si parte de modelos de corte liberal y asistencial o desde modelos de justicia social (Sáez, 2004).

Desde nuestro punto de vista, los modelos débiles podrían ser considerados positivos siempre y cuando supongan un paso hacia la consolidación del modelo fuerte (como veremos más adelante). Es decir, únicamente pueden ser aceptados siempre y cuando cumplan estas condiciones mínimas:

  • Han de ser concedidos individualmente a cada persona, por lo menos a partir de los 16 años.

  • No han de exigir ninguna contrapartida, tanto en términos de trabajo, como estudios, etc.

  • La cuantía a percibir ha de ser, por lo menos, igual a la determinada por el umbral de pobreza.

  • Han de reconocer y estar encaminados hacia el modelo fuerte, basando su implantación en un proceso de debate y movilización desde la base social (Iglesias Fernández, 2004).

Con estas condiciones apuntadas, podemos enumerar algunos elementos, que harían de los modelos débiles instrumentos útiles en la lucha contra la pobreza:

  • Es un mecanismo de redistribución de la renta. Este sistema contribuirá significativamente a redistribuir la renta más equitativamente, la RB se enfrenta y va directamente contra la pobreza, siempre y cuando la cantidad que se establezca como RB sea igual a la considerada como umbral de pobreza. (y no inferior como se acepta en los modelos débiles)

  • Da seguridad económica. Este derecho a la renta, y la correspondiente cantidad que se asigne a la misma, supone un colchón económico que permite al/la ciudadano/a y al/la trabajador/a defenderse mejor de las contingencias a las que hoy se ve expuesto/a.

  • Se convierte en un fondo de resistencia para la lucha de clases. A su vez, a los sindicatos les daría un mayor poder para enfrentarse a la patronal, especialmente cuando tuvieran que recurrir a la huelga, ya que la RB se convierte en estas situaciones de conflicto en un fondo de resistencia que puede utilizar cada trabajador/a contra el miedo al despido, al paro, a la pérdida de las remuneraciones salariales.

  • Permite iniciar otros modos de vida. Supone una medida liberadora que nos saque del salario del miedo,2 en vez de aceptar las leyes de la Economía de Mercado con su aumento de la inseguridad y las diferencias sociales. La RB podría utilizarse como fondo de referencia desde donde comenzar otros ámbitos de autonomía individual y colectiva, ámbitos nuevos de consumo, de formas productivas colectivas dentro y al margen del mercado, etc.

  • Contribuye a luchar por la igualdad de género. Fomentar la igualdad de la mujer y el hombre en el mercado de trabajo. En el caso de la mujer, esta podrá enfrentarse a las relaciones patriarcales dentro de la familia en mejores condiciones económicas (Aguado, 2002).

  • Contribuye a eliminar los estigmas sociales. El hecho de refundir todas las prestaciones sociales en la RB permitiría eliminar el estigma de paro y sus correspondientes subsidios, el estigma de la pensión y sus correspondientes prestaciones sociales, el estigma de la pobreza y sus correspondientes limosnas (públicas y privadas), y el estigma de la marginación.

  • Podemos subrayar que la RB se convierte ella misma en un pilar del nuevo sistema de bienestar para este nuevo milenio, nuevo en el sentido de que las prestaciones pasan a basarse en el concepto de ciudadano/a y no en la condición de trabajadores/as de la población.

  • La RB, incluso en sus fases de aplicación débil pero transitoria, siempre que no conlleve una contraprestación laboral, y seamos conscientes de que es una alternativa asistencial, puede facilitar la mejora y dignidad de la atención a ciertos colectivos. En estas condiciones, y con este grado de consciencia, esta característica ya justificaría el interés social por este nuevo derecho (Iglesias Fernández, 2003).


4.- Una apuesta por instrumentos de transformación social: la Renta Básica de las Iguales.

Una vez vistas líneas principales de los modelos débiles de rentas básicas, pasamos a desgranar las características de los modelos fuertes, dentro de los cuales nos centramos en la Renta Básica de las Iguales (RBis) (Iglesias Fernández, 2003). Desde estos modelos se entiende la RBis no como un fin en sí misma, sino como un instrumento fundamental en la lucha contra la desigualdad y por la transformación social. La principal justificación proviene de la necesidad de construir otras relaciones sociales, al margen de la lógica del productivismo y el consumismo, en las que el valor del trabajo sea social y no individual. Se plantean como un recurso para profundizar en la libertad real de las personas, dado que asegura la base material para poder disfrutar de todos los demás derechos humanos. En este sentido, la RBis podría equipararse a la propuesta de garantía de ingresos realizada por Gorz (1997) y definida como una medida de reformismo radical que contribuiría a abrir nuevos escenarios de autonomía desde los cuales poder transitar hacia la superación de la sociedad salarial.
Las características instrumentales y políticas que definen a la RBis frente a los modelos débiles son:

  • Individual: la persona como sujeto de derecho en igualdad, no la familia.

  • Universal: sin motivos de exclusión, independiente de la situación personal.

  • Incondicional: no sujeta a contrapartidas ni laborales, ni de ingresos.

  • Equitativa: la cuantía será igual para todas las personas, como mínimo el equivalente al umbral de la pobreza (50% de la renta per cápita)

  • Refundición de las prestaciones actuales (ingresos de inserción, subsidios de desempleo o agrarios, pensiones...).

  • Fondo social: un porcentaje de la RBis individual iría a constituir un Fondo de Renta Básica para mejorar los bienes colectivos. Todas las personas tendrían el derecho a participar y decidir cómo se asignarían las partidas.

  • Desde la base social: la RBis nace con una idea fundamental de movilización desde las personas y movimientos sociales, de abajo a arriba (Iglesias Fernández, 2003).

La principal diferencia con los modelos débiles es la penúltima de las características que hemos enumerado. La RBis contempla la creación de un fondo colectivo, compuesto por una parte del total de las prestaciones individuales. Es decir, se contemplan dos vías para percibir la RBis: una individual, en la que cada individuo cobraría el 80% del total de la prestación a la que tuviera derecho y, por otra parte, una parte colectiva, que supondría la creación de un fondo con el 20% restante de todas las personas. Esta parte colectiva tendría como requisito la articulación de medidas por las que todas las personas tuvieran que decidir a qué se destina el fondo. Esto tendría, al menos, dos consecuencias. En primer lugar, una vez que la RBis va vinculada al PIB, la creación de este fondo colectivo implicaría un mecanismo de aseguramiento de una parte del PIB vinculado a inversiones públicas. En segundo lugar, los mecanismos de decisión podrían suponer un factor positivo en la mejora de los sistemas democráticos (aumento de la participación en la toma de decisiones, mejora de la rendición de cuentas, etc.).
5. Aproximación a la implantación de la RBis: los discursos y la viabilidad económica

En el presente apartado se recogen de manera sintética los principales resultados de los estudios de viabilidad desarrollados en dos municipios, Alfafar (Valencia) y La Orotava (Tenerife). En primer lugar, mediante el uso de grupos de discusión se intenta una aproximación a las percepciones de la ciudadanía respecto a la RBis como propuesta y a la posible implantación de la misma. En segundo lugar se apuntan parte de los resultados relativos al estudio del coste de implantación de la RBis y a las posibles fuentes de financiación. Una versión ampliada de los resultados de ambas estrategias de investigación puede ser consultada en López y Sáez (2011) y García y Sáez (2010).

5.1. Los discursos sobre la implantación de una renta básica

El recurso a las técnicas cualitativas nos permite acercarnos al carácter socialmente construido de la realidad. En este sentido, cualquiera que fuera el modelo de renta básica que se llegase a implantar, generaría necesariamente un proceso de creación de representaciones colectivas sobre la misma. Los grupos de discusión nos posibilitan una aproximación a las percepciones actuales sobre la propuesta (en nuestro caso sobre el modelo de RBis), lo que a su vez facilita información sobre las posibles tendencias discursivas en el supuesto de una implantación de la RBis3. No obstante, ha de quedar claro que no se trata de un ejercicio prospectivo en sentido estricto, sino que lo que se recogen son los discursos en tiempo presente, esto es, sin que la propuesta haya sido puesta en marcha.

En el conjunto de los dos estudios, el de Alfafar y el de La Orotava, se han realizado doce grupos de discusión. Cada grupo estuvo conformado por un mínimo de seis personas, siendo ocho el número máximo de personas participantes en un grupo. Los distintos grupos han estado compuestos por personas con características que son significativas para la recopilación de discursos en relación la RBis y que pueden aproximarnos a la saturación discursiva. Dichas características están especialmente referidas a la posición respecto al mercado laboral, aunque también al género, a la edad y, teniendo en cuenta el nivel territorial en el que se han enmarcado los estudios, el tipo de barrio de residencia. De este modo los grupos quedaron conformados de la siguiente forma:

2 Grupos de hombres y mujeres trabajadores estables por cuenta ajena.

2 Grupos de hombres y mujeres autónomos y empresarios.

2 Grupos de hombres y mujeres de 25 a 35 años.

2 Grupos de hombres y mujeres de 55 a 65 años.

2 Grupos de hombres y mujeres que viven en barrios con baja renta per capita.

2 Grupos de hombres y mujeres que viven en barrios con alta renta per capita.

En la presente comunicación no se aporta el informe exhaustivo de los resultados de la explotación de los discursos de los grupos. Nos limitamos a señalar las principales líneas discursivas relativas a dos dimensiones de análisis: las resistencias o percepciones negativas o escépticas y las percepciones positivas o favorables. No entramos en el análisis diferenciado para las distintas categorías que se utilizaron para conformar la muestra. Para una lectura más atenta de los resultados se puede consultar la versión publicada de ambos informes (López y Sáez, 2011; García y Sáez, 2010).

Respecto a los discursos escépticos o resistentes a la implantación de la RBis, la principal línea tiene que ver con sus posibles efectos sobre la demanda de empleo. En los distintos grupos ha aparecido como central la duda sobre si el hecho de contar con unos ingresos garantizados no desanimaría a la gente en la búsqueda de empleo y, por extensión, en la formación y la educación. Esta primera resistencia se percibe como una cuestión que podría provocar a su vez otros efectos perversos. Por una parte, se apunta la posibilidad de que la caída en la demanda deje sin cubrir empleos penosos pero que son necesarios para el funcionamiento de la sociedad (tareas de limpieza, recogida de basura, trabajos que requieren gran esfuerzo físico, etc.). Por otra parte, la posible caída de la población activa podría poner en cuestión la viabilidad económica de la RBis: al haber menos cantidad de gente produciendo el PIB podría caer, con lo que la posibilidad de seguir financiando la RBis se vería comprometida.

Entroncando con otro tipo de resistencias, se percibe como una posibilidad negativa el que la RBis pudiera incrementar la debilitación de los lazos sociales y comunitarios. El razonamiento de esta percepción es que el hecho de contar con un dinero que es apropiado individualmente, los sujetos pueden desarrollar aún más un individualismo que es reconocido por los y las informantes como muy vigente y pernicioso para los vínculos sociales, pudiendo además intensificar las tendencias consumistas.

En la línea del anterior razonamiento, otra de las dudas se refiere al proceso de implantación de la RBis. Se cuestiona si no debiera estimularse primero la participación y después desarrollar la RBis. La implantación de un nuevo derecho con tantas implicaciones plantea la necesidad de un proceso de demanda social del mismo, que favorezca las actitudes responsables en el disfrute del derecho mismo. En este mismo sentido, se percibe la propuesta como de difícil consecución, cuasi utópica, por la falta de voluntad política y la falta de madurez de la sociedad para encajar una medida de este tipo.

En lo que se refiere a las percepciones favorables a la implantación de la RBis, una línea discursiva central es la necesidad de contar con una fuente segura de ingresos. Se plantea que la RBis significaría la solución a muchos problemas de la gente, pues ayudaría a que éstas pudieran cubrir sus necesidades básicas. Este ingreso se percibe asimismo como una fuente de protección frente a la precariedad laboral: contar con una prestación asegurada puede aumentar la capacidad de negociación a la hora de aceptar un empleo, lo que reduciría la precariedad y podría incrementar los salarios, especialmente los de aquellos puestos de trabajo más penosos.

Los discursos sobre los posibles efectos positivos en el ámbito laboral se intercalan en las percepciones sobre el posible cambio en los valores. Se indica que la RBis facilitaría un mayor grado de vocación en el desarrollo de carreras profesionales: así como se incrementa la capacidad de negociación, también aumentarían las posibilidades de resistencia en situaciones de desempleo hasta encontrar un empleo que no solo sea adecuado en las condiciones materiales, sino que también se aproxime a las preferencias y los valores de cada persona.

En este mismo sentido, se vincula la posibilidad de mayor capacidad de acercar empleo y valores con la posibilidad de que se incremente el altruismo y la participación en redes sociales voluntarias. La disponibilidad de los mínimos vitales asegurados se vincula en los discursos con una mayor propensión a la colaboración en espacios constituidos con la finalidad de ayudar a terceros. En síntesis, los discursos favorables plantean que la RBis cubriría las necesidades humanas fundamentales, garantizaría la libertad y conllevaría el empoderamiento de las personas, ayudando a mejorar las condiciones de vida y el sentido de ésta.

5.2. La viabilidad económica

En el presente apartado presentamos los resultados referentes al municipio de La Orotava. Al hacer la estimación en el nivel municipal sería necesario mostrar los resultados por separado de cada uno de los territorios estudiados. No obstante, esto sería reiterativo y, para los objetivos del presente papel, es suficiente señalar las principales líneas de cómo habría de calcularse el coste y cuáles serían las posibles vías de financiación.

El primer paso del proceso es precisar el horizonte económico sobre el que el Ayuntamiento, institución encargada de gestionar este derecho, irá incorporando a los diversos colectivos; en este caso, el periodo elegido está dividido en cuatro fases de cinco años cada una. El proceso completo durará 20 años.

El segundo paso consiste en establecer la cuantía que percibirá mensualmente cada residente como RBis. Para La Orotava se ha establecido que la RBis que percibirá cada una de las personas sea, por lo menos, igual a la determinada por el umbral de pobreza. La definición de este umbral la tomamos de la Unión Europea (UE), que establece que su cuantía sea la mitad de la renta mediana disponible. No obstante, introducimos una modificación y referimos este umbral a la mitad de la renta per capita. En este caso, Cuadro 1, la RBis aplicada en los cálculos para el municipio de La Orotava era en 2010 de 9.934 euros anuales o de 828 euros mensuales por persona residente.

Cuadro 1. Umbral de pobreza y RBis para La Orotava en 2010.



Fuente: Elaboración propia con datos INE.

El tercer paso consiste en establecer un criterio de prioridad, que será la situación social y económica de desamparo en que se encuentran los diversos colectivos que conforman la población total del municipio; este criterio vendrá determinado por el nivel de ingresos, si los tienen, etc. Con las estadísticas disponibles, intentaremos conseguir el mayor desglose posible. Una primera visión la ofrece el Cuadro 2, donde aparecen los colectivos designados como de emergencia social, o de necesidad de ayuda inmediata. Habitualmente, estos grupos están compuestos por personas con muy pocos recursos económicos, es decir, en situación de algún grado de pobreza. Dicho cuadro presenta una fotografía de la aplicación de estos criterios al proceso de implantación de la RBis al municipio de La Orotava.

Cuadro 2. Incorporación de los colectivos de emergencia social.



Fuente: Elaboración propia con datos INE.

La primera fase de emergencia social se prolongará durante los primeros 5 años. En esta primera fase, se incorporan unas 14.894 personas (o un 35,04% de la población total), y con un coste de 147.949.549 euros (o un 17,52% del PIB del municipio). Todas ellas ya está padeciendo algún tipo de disfunción social: violencia de género, discapacidad, marginación, enfermedades crónicas o de larga duración, drogadicción, pobreza, paro, etc. Como decíamos, el desglose del horizonte económico en fases permite la incorporación progresiva de los colectivos que se mencionan, de acuerdo con sus posibilidades financieras y su capacidad política para asociar al proyecto el resto de instituciones que señalamos más abajo en el Cuadro 3 sobre Fuentes institucionales de financiación.

Dentro de esta fase, y a efectos de dosificar los recursos del municipio, hay la opción de incorporar en los dos primeros años, a aquellas personas que más necesitan disfrutar de este derecho de forma permanente, y que, algunas de ellas, ya están recibiendo algún tipo de ayuda social. Unas 1.074 personas (2,53% de la población total del municipio) percibirían la RBis, con un coste anual de 10.668.579 euros, lo que significa una financiación del 1,26 del PIB que se genera en La Orotava. Como la RBis sustituye todo otro tipo de prestación, el dinero que ya se destina a estas ayudas suavizaría el peso de la financiación que aparece en el Cuadro 1.

Durante los tres años siguientes de la primera fase, habría que abordar el contingente más fuerte de personas necesitadas dentro de este periodo de emergencia social: las personas en paro y la incorporación de un fuerte número de personas en situación de pobreza. Las personas en paro ascendían en 2010 a 5.197, y las personas pobres (sin definir) que incorporamos en este tramo de tiempo ascienden a 8.623 (según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares Canarios del Instituto Canario de Estadística). Es decir, ambos grupos suman 13.820 personas, y suponen un coste de 137.280.970 euros, una cantidad que se escapa obviamente de las posibilidades de financiación del presupuesto municipal, que para 2010 era de algo menos de 37 millones de euros. Durante este periodo es cuando hay que preparar la aceptación e incorporación de las instituciones que señalamos en el Cuadro 3, a la financiación estimada. Sin ella, no sólo es imposible su aplicación al segundo periodo de la primera fase, sino desarrollar la segunda fase de emergencia social y de ampliarla posteriormente en los últimos 10 años al resto de los habitantes del municipio.

Cuadro 3. Reparto de la carga financiera



Fuente: Elaboración propia

La segunda fase de emergencia social se prolongará durante los segundos 5 años. En esta segunda fase, se incorporarán aquellas personas que perciben algún tipo de prestación, como las pensiones no contributivas y contributivas, más el resto de las personas que quedan pobres (todavía sin ubicar): unas 8.542 personas (o un 20,10% de la población total), y con un coste de 84.851.957 euros (o un 10,05% del PIB del municipio). Conseguida la totalidad de las fases de emergencia social, se impone abordar la fase posterior, la compuesta por la tercera y cuarta fase del proyecto de RBis en La Orotava en los siguientes 10 años (Cuadro 4). Aquí hay que desglosar en colectivos el resto de la población inactiva y la que tiene ocupación para aplicarles algún criterio de incorporación preferencial. La experiencia de las fases previas indicará caminos y modificaciones a incorporar en las fases pendientes. Como resumen, digamos que: a) en la fase de emergencia total, se han incorporado 23.436 personas (55,14% de la población total, y con un coste de 232,8 millones de euros (27,57% del PIB de La Orotava); b) en la fase posterior, se incorporarán otras 19.070 personas (44,86% de la población total) y con un coste de 189,4 millones de euros (22,43% del PIB de La Orotava); c) la suma de ambas fases asciende a la incorporación de 42.506 personas y un coste de 422,2 millones de euros.

Cuadro 4. Incorporación del resto de la población



Fuente: Elaboración propia

Como hemos podido comprobar, los recursos del Consistorio son a todas luces insuficientes. A lo más, pueden y deben financiar algunos de los colectivos de la fase emergente. De hecho, con la cantidad del Presupuesto que dedica al Gasto Social en el 2010, puede financiar una parte de los colectivos con prioridad en la I Fase de emergencia social. Ahora bien, la solución más adecuada y lógica es apelar e incorporar otras instituciones oficiales y privadas, como ocurre con tantas otras ayudas sociales. Aparte del que ya se hace del gasto público dedicado a educación, salud, pensiones, asistencia social, etc. En el Cuadro 4 explicamos como los recursos financieros han de ser aportados básicamente por las diversas Administraciones del Estado, entidades oficiales que ya están dedicando recursos para atender estos colectivos. También incluimos las Cajas de Ahorro y las Fundaciones privadas que actúan en el municipio, las primeras porque están obligadas a dedicar una parte de los beneficios anuales a obras socia- les, mientras que las segundas, en base a las exenciones fiscales que reciben, dicen dedicar recursos a actividades culturales y benéficas de la propia localidad. El esfuerzo financiero anual que han de hacer estas entidades (públicas y privadas) puede considerarse leve si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la Administración central sólo tendría que dedicar un 2% por año; el Gobierno autonómico, 1,5%; el Cabildo, el 1%; el Ayuntamiento, el 0,4%; todas la Cajas en conjunto, el 0,075%; y todas las Fundaciones, el 0,025%.

6. Conclusiones

La RBis constituye un nuevo derecho ciudadano mediante el cual toda persona, por el mero hecho de nacer, ha de disponer de unos ingresos regulares y permanentes que le permitan cubrir sus necesidades básicas. Es individual, universal e incondicional. No constituye una prestación asistencial, sino que es un derecho ciudadano. La RBis se justifica filosóficamente de dos maneras: bien por el derecho de toda persona a disfrutar de una parte de los recursos naturales y de la riqueza social obtenida a partir de los mismos, o bien como un instrumento para la transformación de la sociedad capitalista hacia una sociedad más justa.

El derecho a la RBis puede implementarse de diversas formas que se han definido como modelo fuerte y modelos débiles. En este trabajo se apuesta por un modelo fuerte de renta básica, dado que los modelos débiles o parciales renuncian a defender los requisitos esenciales de individualidad, universalidad e incondicionalidad, así como el que la cantidad a percibir sea igual o superior a la establecida por el umbral de pobreza.

La implantación de la RBis supone una profunda reestructuración de la distribución de la renta. Con ella, la ciudadanía se convierte en el primer sujeto con derecho al producto social y sólo posteriormente entrarán a participar en el mismo la actividad laboral y la propiedad del capital. Ello implica una profunda transformación de las relaciones sociales actuales. La RBis parte de la distribución de la riqueza ya existente, de acuerdo con parámetros y criterios distintos de los actuales. La producción de nueva riqueza facilitará la implantación de la RBis, pero no es un requisito imprescindible para el establecimiento de la misma.

La RBis es económicamente viable, dado que ya existe la riqueza a distribuir. En este trabajo se analiza el coste de la RBis en sus diversas modalidades y las distintas fuentes de financiación posibles, concluyendo que su establecimiento es posible en términos estrictamente económicos. Sin embargo, es evidente que la propuesta puede encontrarse con importantes obstáculos de naturaleza política e ideológica que habrán de resolverse a través de procesos democráticos.

Hemos visto como en los discursos se alternan las percepciones escépticas y las favorables, aunque en ninguno de los grupos de discusión ha aparecido una oposición frontal a la propuesta en sí, sino dudas sobre aspectos concretos de la misma o de su implantación. Por tanto, la RBis no es rechazada de plano en las percepciones de las personas que han formado parte de la muestra, lo que probablemente sea extrapolable a una parte considerable de la población. Especialmente, la aplicación de este derecho supone una gran disminución de la incertidumbre respecto a la seguridad material frente a las necesidades básicas. Establece, asimismo, la eliminación de la pobreza y permite la afirmación de la independencia personal, liberando a una parte de la población de que su único ingreso tenga que depender exclusivamente del mercado laboral. Por ello, la RBis tendrá como consecuencia una fundamental modificación de las relaciones sociales en el mercado de trabajo, al convertir la obligación de trabajar en el derecho al trabajo, tal como se observa en las percepciones de los informantes. Sin embargo, no se prevé que la RBis dé lugar a un aumento sustancial de la población inactiva, ni constituya un estímulo para los aumentos salariales, excepto en el caso de trabajadores con tareas peligrosas o desagradables y salarios muy bajos.

El mayor obstáculo para la implantación de la RBis no es técnico ni económico, sino político. Pensamos que la principal dificultad para su implementación reside en las resistencias de los agentes económicos que se benefician de la situación actual. Estas posiciones han de resolverse mediante la creación de una opinión social favorable a la RBis, por medio de la argumentación, el debate y la convicción, hasta lograr construir una composición de fuerzas sociales que haga posible una sociedad más justa y armónica. Existen ya personas y colectivos que están trabajando y movilizándose por la RBis en todo el territorio del estado español y en otros países y a cuyos objetivos y tareas es necesario incorporarse y participar.

Bibliografía

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- Iglesias Fernández, José (2003) Las rentas básicas. El modelo fuerte de implantación territorial, Barcelona, El Viejo Topo.

- Iglesias Fernández, José (1995) “Del reparto del trabajo al reparto de la renta”, Mientras tanto, 61; pp. 73-95.

- López, Zebensuí y Sáez, Manuel (coords.) (2011) Por el derecho a una vida digna: estudio sobre la viabilidad social y económica de la renta básica de las iguales en el municipio de La Orotava, Archipiélago Canario, Málaga, Zambra.

- Raventós, Daniel (2001) La Renta Básica: por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna, Barcelona, Ariel.

- Sáez, Manuel (2004) "La Renta Básica y mucho más: una realidad de lucha en el territorio español", en Iglesias Fernández, José.; Busqueta, Josep M. y Sáez, Manuel, Todo sobre la Renta Básica, Barcelona, Virus Editorial / Baladre; pp. 17-60.


1 El siguiente apartado está basado en la información extraída de Iglesias Fernández, 2003.

2 Miedo en el sentido de la dependencia de un ingreso, sea este el salario, la prestación de desempleo, el subsidio familiar, la renta mínima de inserción, contingencia a la que todos los ciudadanos no propietarios estamos sujetos.

3 Junto con los grupos de discusión se realizaron también entrevistas estructuradas a informantes clave (cargos públicos, miembros de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales, profesores/as universitarios/as, maestros/as, etc.).

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